Uso de cookies

La Silla Vacía usa Cookies para mejorar la experiencia de nuestros usuarios. Al continuar navegando acepta nuestra política.

listo

Por Jineth Prieto · 13 de Junio de 2019

3610

0

Ayer la Procuraduría General de la Nación anuló la formulación de pliego de cargos que fue emitido en febrero contra el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, en el proceso que le adelanta por golpear a un concejal.

Como la decisión no toca la resolución que suspendió por tres meses a Hernández, y que fue la que motivó la designación de Germán Torres Prieto como alcalde encargado de la ciudad hasta que finalice esa sanción, por ahora todo sigue igual en el edificio municipal.

Sin embargo, como la anulación del pliego de cargos obliga a que se alargue el proceso debido a que todos los plazos se devuelven a ese punto, esa determinación le podría jugar en contra a Hernández.

El lío jurídico

Luego de que Rodolfo Hernández golpeara al concejal de la ASI, Jhon Claro, dentro de la Alcaldía, la Procuraduría abrió un proceso verbal (es más rápido que el normal) en su contra y lo suspendió provisionalmente tres meses de su cargo mientras lo investigaba por esos hechos.

 

En ese entonces, ese ente de control dijo que tomaba la decisión por considerar que las denuncias sobre agresiones de Hernández durante su administración eran varias y consideraba que para evitar que siguieran ocurriendo y que el Alcalde intentara torpedear la investigación, era mejor apartarlo de su cargo.

Luego, en febrero de este año, la Procuraduría le formuló pliego de cargos a Hernández.

En ese documento es cuando el ente de control le notifica al investigado las razones por las que cree que cometió una falta y la califica en dos sentidos.

Por un lado, dice si fue leve, grave o gravísima, y además establece si fue a título de culpa (sin intención) o de dolo (con intención).

Este punto es clave porque dependiendo de lo que considere se anticipa si el fallo puede terminar en una suspensión o en una destitución con inhabilidad para ejercer cargos públicos, y fue ahí donde se enredó el proceso de Hernández.

Luego de dos meses de juicio y cuando ya estaba en su etapa final, Julio César Ortiz, el abogado de Hernández, argumentó que todo el proceso debía ser anulado porque la Procuraduría cuando calificó la falta estableció que era “más que leve” y esa clasificación no existe en la ley.

Como en efecto Ortíz tenía razón, la Procuraduría decidió que todo el proceso debía anularse hasta el punto en el que se cometió el error, es decir, hasta febrero de este año.

Pero como esa fecha es posterior a la decisión que decretó la suspensión provisional no la toca y sigue completamente vigente.

Es decir, la terna y la designación de Germán Torres Prieto en reemplazo de Hernández mientras se cumple el plazo, no se modifican. Sin embargo, esa decisión sí abre una puerta que puede jugarle en contra al suspendido Alcalde.

El posible efecto boomerang

Durante toda la novela de la suspensión de Hernández ha habido tres momentos decisivos.

- Cuando la emitieron, que fue al día siguiente del golpe, es decir, el 29 noviembre del año pasado.

- Cuando el Tribunal Administrativo de Santander la revocó el 19 de diciembre del año pasado por considerar que un funcionario elegido por voto popular no podía ser sacado de su cargo por la Procuraduría provisionalmente.

- Cuando el Consejo de Estado la revivió a inicios de mayo de este año tras determinar que la Procuraduría sí podía suspenderlo.

La última es clave porque más allá de las sombras que rodearon la formulación de la terna, el defensor de Hernández había empezado a mover la idea de que jurídicamente la suspensión ya no era válida.

Su principal argumento era que el juicio ya estaba en la etapa final y en todo ese tiempo el Alcalde no había torpedeado la investigación ni golpeado a nadie más, que fueron las motivaciones de esa determinación.

Pero como ahora, por solicitud de la misma de defensa de Hernández, el juicio vuelve a su etapa inicial, ese argumento se cae.

Así que si la Procuraduría quisiera ampliar la suspensión -por ley puede decretarla por otro periodo igual, es decir, otros tres meses-, podría hacerlo.

Que se abra esa puerta es un revés para Hernández por dos razones principalmente.

Primero, porque hasta ahora ha dejado claro que quiere terminar su periodo, y su administración justo empezará a entregar obras claves y no estaría ahí para entregarlas.

Y segundo porque, aunque en dos semanas arranca la ley de garantías y Torres no podrá entregar contratación directa ni modificar las plantas de personal hasta que se acaben las elecciones, entre noviembre y diciembre sí podría moverse.

Por ejemplo, podría generar disponibilidad presupuestal con ayuda del Concejo, que por lo que se vio desde su posesión, sí es afín a él, y empezar a contratar.

Lo que está por verse es el efecto electoral que pueda tener en las locales de octubre lo que pase de ahora en adelante.

Hernández ha seguido con sus programas de Facebook Live hablando contra la corrupción, y por lo menos por lo que se ha visto hasta ahora, no se ha visto afectada su popularidad, que, como ha contado La Silla, tiene teflón.

Sin embargo, como no ha definido su candidato aún y en las encuestas que se han conocido hasta ahora ningún alternativo ha despegado, el rol que asuma estando suspendido -y si le alargan esa sanción- será clave, sobre todo, porque dentro de sus planes sí está sacarle punta a la campaña.

CONTEXTO

Las historias más vistas en La Silla Vacia