Uso de cookies

La Silla Vacía usa Cookies para mejorar la experiencia de nuestros usuarios. Al continuar navegando acepta nuestra política.

listo

Por Jineth Prieto · 03 de Octubre de 2018

20895

0

Ayer el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, anunció en una rueda de prensa la captura de la exsecretaria de Infraestructura de la Gobernación de Santander Claudia Toledo, la de su esposo Lenin Darío Pardo Pulido, y la del contratista Andrés Mauricio Díaz Herrera por una "red de corrupción" que se habría tejido en torno a la ejecución de las obras de remodelación y reforzamiento del Estadio Alfonso López de Bucaramanga.

La decisión, más allá del impacto mediático por el juicio que arrancará contra los tres implicados, trae consigo un golpe político para el exgobernador y hoy senador de Cambio Radical, Richard Aguilar Villa, quien pese a todos los cuestionamientos que tuvo su administración por falta de transparencia, no había tenido a alguien de su primer círculo rindiendo cuentas en la Fiscalía por un escándalo de corrupción.

Esto es lo que muestra por ahora el anuncio de Martínez.

 

1

Los imputados no tendrán defensa fácil

Aunque hasta ahora arranca el proceso formal contra Claudia Yaneth Toledo, su esposo y el interventor del contrato del Estadio, y tendrán que ser vencidos en juicio para que se determine su culpabilidad, una de las claves de la investigación de la Fiscalía está en que en esta ocasión tiene un ventilador encendido.

El testigo estrella es Octavio Reyes Sarmiento, el representante legal de la Unión Temporal Reforzamiento 2015, que fue la que se quedó con la ejecución de los $22 mil millones (inicialmente costó poco más de $15 mil millones, pero luego le adicionaron $6 mil millones) de la remodelación y el reforzamiento del estadio.

Él es el que ha dado todos los detalles sobre cómo se pagaron las coimas, con qué facturas, los beneficiarios y el modus operandi al que se acudió para legalizar la salida de la plata.

Por ejemplo, La Silla supo que Reyes entregó pruebas de que los intermediarios fueron seis subcontratistas que accedieron a falsificar facturas para que la Unión Temporal pasara las cuentas de cobro a la fiducia y ésta, a su vez, desembolsara la plata.

Dentro de las seis, una que tiene sede en Yopal (y sobre la que no conseguimos detalles), fue la que le sirvió al interventor para cobrar los $592 millones que se habría apropiado; las otras fueron las que le sirvieron a Lenin Darío Pulido, esposo de Toledo, para acceder a una partida de los $2.300 millones que le entregaron, porque también hubo montos que le habrían sido desembolsados en efectivo.

Además, Reyes Sarmiento entregó pruebas de que le entregaron vía correo electrónico los pliegos de condiciones de la licitación anticipadamente para favorecerlo, aún cuando fue el único proponente.

En estos momentos Reyes Sarmiento está buscando un principio de oportunidad con la Fiscalía para obtener beneficios a cambio de esa información. Esa es la razón por la que no lo citaron a imputación.

 
2

Más que a una alta exfuncionaria, la Fiscalía tocó uno de los alfiles de Aguilar

Claudia Yaneth Toledo llegó a la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación de Santander en febrero de 2013, tras uno de los primeros remezones de la administración de Richard Aguilar.

Aunque solo fue con ese nombramiento que los reflectores se pusieron sobre ella, llegó a ese cargo con el rótulo de militante del clan Aguilar.

Además de que trabajó en la campaña de Richard en 2011 como parte de su equipo cercano y eso llevó a que la nombraran como coordinadora técnica en Infraestructura desde que arrancó esa administración; en el periodo del parapolítico Hugo Aguilar en la Gobernación (2008-2011) fue directora financiera de la Secretaría de Educación.

Eso es muy diciente porque aunque durante todo su periodo Aguilar le dio participación burocrática a los grupos políticos que lo apoyaron en campaña, ese fue el único despacho en el que no cedió el control y siempre puso a fichas de adentro de su casa.

Y es que el rol de Toledo fue determinante para la administración de Aguilar.

Aunque solo se mantuvo hasta abril de 2015 en ese cargo, ella fue quien elaboró los pliegos, adjudicó las obras y estuvo detrás del arranque de la ejecución de los principales proyectos de ese gobierno; todo en medio de una lluvia de denuncias por presunta corrupción.

Por ejemplo, y solo por nombrar algunas, Toledo fue la que adjudicó las obras del Contrato Plan, que sumadas superaron la inversión de $300 mil millones; las del controvertido Cerro del Santísimo, que -como contó La Silla- se convirtió en elefante blanco; y estuvo detrás de la compra del banco de maquinaria (hoy investigado en la Procuraduría por la presunta confección de pliegos y porque se pagaron máquinas chinas a precios de Caterpillar).

La cercanía entre Aguilar y Toledo ha sido tal, que incluso -como cuota suya- se convirtió en asesora a la Secretaría de Infraestructura de Girón, Alcaldía en la que se eligió John Abiud Ramírez con el respaldo de la maquinaria de la Gobernación en 2015. En ese cargo se mantuvo hasta junio de este año.

Así que el hecho de que ahora la Fiscalía la vaya a imputar no solo a ella sino a su esposo por peculado, falsedad y celebración irregular de contratos, puede eventualmente abrir una caja de pandora sobre cómo se manejó toda la plata que adjudicó la administración de Richard Aguilar.

3

Esta es solo la punta del iceberg

Dado que Octavio Reyes Sarmiento, el representante legal de la Unión Temporal, ha dado información tan precisa, esta es solo la primera fase de la ola de imputaciones que se realizarán por la adjudicación y ejecución de ese contrato.

Por ejemplo, las de las firmas que se prestaron para falsificar las facturas y engañar a la fiducia para que desembolsara la plata.

Además, aún falta establecer si en el entramado tuvieron algo que ver Reinaldo Castillo, quien fue el secretario que sucedió a Toledo y el que autorizó la adición de $6 mil millones al contrato en las últimas semanas del mandato de Aguilar, y Ana Wandurraga, quien fue la supervisora de la obra.

También queda sobre la mesa de preguntas el papel que jugó el entonces gobernador Richard Aguilar y si sabía de los movimientos de la Secretaría que estuvo siempre dentro de su grupo político.

Eso sin contar con que Reyes Sarmiento ejecutó, a través de su firma Ingream (una de las integrantes de la Unión Temporal del estadio), otros cinco contratos en la administración de Richard Aguilar como interventor, así que eventualmente podría contar si lo que ocurrió con las obras del Alfonso López fueron hechos aislados o si ese era un patrón dentro de esa administración.

Por ahora, La Silla supo que la Fiscalía está considerando compulsar copias a la Corte Suprema de Justicia para que investigue al ahora congresista por el lío del estadio.

 
4

Aguilar empezó a cargar formalmente con lastre propio

Sobre la carrera política de Richard Aguilar han pesado dos sombras: ser el heredero del grupo de su papá, el parapolítico Hugo Aguilar, y las denuncias sobre falta de transparencia en la inversión de los recursos de Santander cuando fue Gobernador.

En cuanto a la primera siempre se ha defendido bajo la consigna de que él no puede cargar con lo que le endilgan a su papá, y de hecho a todas las preguntas que le hicieron durante la campaña legislativa sobre su despegue en la política como la ficha de un condenado por vínculos con paramilitares respondió diciendo que solo se referiría a lo que él hiciera.

Respecto a la segunda, su imagen no ha salido afectada pese a que la Contraloría de Santander determinó hallazgos fiscales superiores a los $5 mil millones por la compra del banco de maquinaria, a que la Procuraduría le abrió un proceso verbal a Claudia Toledo por presuntamente haber direccionado la licitación, y a que ese mismo ente de control lo sancionó en primera instancia con 8 meses de suspensión por la adjudicación presuntamente irregular de un contrato de vigilancia.

Por eso, ahora que funcionarios de su primer círculo están rindiendo cuentas por corrupción en la Fiscalía con un ventilador de por medio, se pone a prueba el teflón con el que había repelido las denuncias contra su administración.

Sobre todo, porque aunque dentro de lo que se ha conocido hasta ahora él no ha sido nombrado directamente, si la Fiscalía decide pedirle a la Corte que lo investigue y determine su papel en el entramado, le colgaría un lastre adicional que tendrá que cargar hasta que finalice la indagación, o el juicio, en caso de que ese tribunal decida que hay méritos para abrirle un proceso formal.

 
5

El estadio sigue en veremos y con más enredos

En su rueda de prensa, el Fiscal General no solo anunció las capturas e imputaciones, si no que también hizo referencia a que por la información que habían recaudado, el Estadio Alfonso López no cumpliría aún con las normas de seguridad.

Es decir, que fuera de la plata que se perdió, la que se invirtió no sirvió para garantizar la estabilidad de ese escenario deportivo, que es la casa del Atlético Bucaramanga.

Eso sin contar que el contratista justificó parte de las coimas en cantidades de obra para el mejoramiento de las piscinas olímpicas y los coliseos, y eso jamás se ejecutó.

Sin embargo, ese no es el único contrato firmado para mejorar las condiciones del Estadio y la Villa Olímpica del departamento que está en la mira de entes de control.

Como contó Vanguardia hace dos meses, veedurías le pidieron a la Fiscalía que investigara la manera en la que se adjudicó un contrato por $7 mil millones en la Gobernación de Didier Tavera para cambiar la gramilla del Alfonso López y de paso remodelar varios espacios deportivos.

La Silla supo que en estos momentos se están indagando la veracidad de esas denuncias, así que seguramente la plata para el deporte en Santander seguirá dando de qué hablar.

 

Contexto

Las historias más vistas en La Silla Vacia