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Por Jineth Prieto | Ana León · 09 de Abril de 2018

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Mientras el Washington Post en marzo de este año dedicó un artículo a hablar de cómo Colombia se podría convertir en el principal proveedor de marihuana legal en todo el mundo, en Barichara, Santander, uno de los municipios que está a punto de convertirse en pionero de ese mercado en el país, estalló una pelea social.

Cannavida, la empresa que está ad portas de cultivar tres hectáreas de matas en una vereda de ese municipio, está librando un pulso con un sector de los campesinos que temen que el proyecto no solo les afecte el agua que consumen, sino que esa nueva economía termine con la tranquilidad de su pueblo, considerado el “más bonito” de Colombia.

Allí, la semana pasada, tuvo lugar la primera marcha contra un proyecto de este tipo en el país, algo que mostró que al no contemplar a las comunidades, la industria que tiene el potencial para convertirse en el nuevo oro de Colombia, podría chocarse con la misma resistencia de la gente si como las mineras no aprende las lecciones.

El vacío

La historia de Cannavida en Barichara está metida en medio de un cruce de versiones entre la comunidad y la empresa.

 

La del sector de los habitantes que se oponen a que se desarrolle su proyecto en la vereda Santa Helena, ubicada a 9 kilómetros del casco urbano del municipio, es que desde el inicio la empresa llegó con mentiras.

Tres habitantes de la vereda nos dijeron, por aparte, que la primera vez que escucharon del proyecto fue durante los primeros meses de 2016, cuando uno de los socios de la empresa les contó que tenían la idea de sembrar plantas aromáticas en la región.

Según esas mismas versiones -todas concuerdan en los detalles- solo fue hasta cuando el Congreso aprobó la ley que permitía el uso y cultivo de la marihuana medicinal en el país que se enteraron de que ese era el sembradío que quería desarrollar Cannavida.

La versión de Juan Carlos Rey, que para ese momento era Vicepresidente de la empresa y el encargado de las relaciones con la comunidad, es que desde inicios de 2016 -cuando llegaron al municipio- les hablaron de que lo que querían sembrar era marihuana.

El conflicto solo estalló hasta un año y medio después cuando una máquina llegó a perforar un pozo en los terrenos de Cannavida.

Eso, para los habitantes de la vereda Santa Helena, marcó el inicio formal de un proyecto que la empresa dice que ha socializado, pero que los líderes aseguran que no tienen claridad de cómo va a funcionar ni cómo los va afectar.

La escena guarda el mismo patrón que el de varios de los grandes proyectos petroleros o mineros en Colombia cuando están en etapa de socialización: las comunidades en donde van a ejercer su influencia denuncian que no los tuvieron en cuenta.

El problema de fondo en el caso de los cultivos de marihuana medicinal es que, a diferencia de esos proyectos, el Estado no reglamentó cómo debía ser el acercamiento con las comunidades.

Según le explicó a La Silla Andrés López, director del Fondo Nacional de Estupefacientes del Ministerio de Salud, tal y como está la norma, las empresas tienen discrecionalidad para socializar.

“Eso hace parte de la estrategia social de ellos. Nosotros no tenemos injerencia en ella”, explicó.

El vacío es grande teniendo en cuenta que por ignorar a los habitantes de sus zonas de influencia, varios megaproyectos han detonado conflictos sociales.

En todo el país se han promovido más de 40 consultas para prohibir la minería en sus territorios, y en San Martín, César, los habitantes están revolucionados con la posibilidad de la implementación del fracking en su territorio para extraer petróleo y está buscando la manera de frenarlo.

También, por esa misma razón, fue que tras las denuncias de colectivos ambientalistas, la Corte Constitucional echó para atrás la delimitación del Páramo de Santurbán, que a la postre fue el primero que se protegió en el país.

Si bien el caso de Barichara hasta ahora es la excepción y de los 30 proyectos de sembradíos de marihuana medicinal en el país ninguno ha registrado hasta el momento un conflicto social, debido a que la proyección está en que el país tiene la capacidad de producir el 44% del mercado mundial, ese municipio se puede convertir en el primer botón de la muestra.  

Sobre todo, porque es de los pocos en los que ha iniciado un proyecto de marihuana medicinal, que no ha vivido en medio del conflicto ni tiene cultivos ilícitos.

El conflicto

Cannavida llegó a Barichara porque al estar ubicado en zona de bosque seco tropical, el municipio tiene 13 horas de sol diaria y esa es una condición que favorece la siembra de marihuana.

Aunque la empresa compró dos lotes que suman 17,5 hectáreas, según le explicaron a La Silla, solo 3 serán sembradas con cannabis.

El área restante estará distribuida entre el laboratorio, invernaderos, las oficinas y la planta que servirá para extraer las propiedades de la mata y elaborar los productos médicos, que básicamente serán aceites, pomadas y pastillas para el tratamiento de pacientes con cáncer, epilepsia, parkinson, entre otros.

Además, ocho hectáreas serán utilizadas para hacer un proyecto de reforestación de especies nativas que sería no solo su compensación ambiental sino que también podría favorecer el microclima de la vereda.

Según Cannavida, el agua, que es el eje de la discordia, saldrá de la lluvia que captarán durante todo el tiempo, y en épocas de sequía extrema será extraída a través del pozo, que fue el que detonó el conflicto social.

Sobre el pozo el argumento de la empresa es que aún cuando se use no afectaría el suministro de las veredas porque el agua sería subterránea y, según dos estudios (uno pagado por la empresa y otro que contrató la Alcaldía), ese caudal no tiene injerencia en las aguas superficiales (ríos y quebradas), que es la que consumen en la zona.

En total, estiman que cada planta gastará 0,6 litros de agua cuando estén en su etapa adulta, y que según lo cálculos aproximados (aún no son definitivos porque deben hacer una siembra de prueba y definir el número de matas que caben en las 3 hectáreas) basados en las certificaciones del Ideam, lo que recolecten será suficiente para mantener el cultivo.

Sin embargo, en el lado de los habitantes tienen temor por varias razones.

La primera, porque sienten que les han dificultado el acceso a la información.

Según Cannavida, desde 2016 hasta ahora ha realizado 715 socializaciones en el municipio (la gran mayoría casa a casa) en las que ha dado a conocer los alcances de su proyecto. Según los líderes que se oponen, en la práctica esas reuniones no han servido para debatir sino para que ellos escuchen lo que la empresa quiere decirles sin lugar a responder dudas de fondo.

“Cuando hemos intentado conocer todos los detalles para entender qué es lo que va a pasar no nos dan razón, nos mandan a buscar la información”, dijo a La Silla Fulgerman Ortiz, líder de la zona.

Por eso, nos explicaron en Barichara, han optado por pedir información a entidades oficiales. Pero con esa técnica tampoco han tenido éxito porque la empresa es privada y los documentos que han aportado también lo son.

La Silla conoció copia de las respuestas que les han entregado en la Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS, y en la Gobernación de Santander y en todas han quedado restringidos. 

Los habitantes también guardan dudas respecto al uso del pozo, porque aunque los estudios dicen que no se afectarían los caudales de ríos y quebradas, eso solo aplicaría para los nacimientos anteriores a ese punto de captación, y como en los puntos posteriores no hay claridad, es que habitantes del municipio de Cabrera (que queda más abajo del punto del pozo) se han sumado a la oposición al proyecto.

Adicionalmente, está el estigma con el que dicen que podrían cargar por tener en sus tierras sembradíos de marihuana, un factor que es clave en Barichara debido a que ese es un municipio conservador.

En la zona también hay denuncias de líderes que dicen que no los han dejado hablar en las reuniones que ha hecho Cannavida.

Mauricio Chinchilla, líder de la vereda Santa Helena (lugar del proyecto), le contó a La Silla que en una reunión de socialización lo dejaron entrar pero le dijeron que la condición era que no podía hablar.

En Cannavida nos aseguraron que sí los dejaron entrar y que la petición fue que no sabotearan el evento porque ya lo habían hecho en ocasiones anteriores.

Cualquiera que sea la versión real, lo que sí está claro, por ahora, es que la distancia entre las dos partes ha ido creciendo y que escaló tras la marcha del fin de semana pasada.

Dos días después de la movilización, la empresa volvió a decir que no afectará el agua de la zona y además sugirió que los líderes que convocaron la protesta lo habían hecho porque Cannavida se había negado a financiarles un proyecto de $861 millones para recuperar quebradas en la región.

Cuando La Silla le preguntó a Alexandra Rodríguez, asesora legal de Cannavida por detalles sobre esa denuncia nos dijo que lo que les parecía raro es que los principales opositores al proyecto les hubieran presentado la propuesta; sin embargo, encontramos que existe una explicación para ello.

Además de que el proyecto para recuperar las quebradas empezó a ser formulado desde 2015 -el año anterior a que Cannavida llegara a Barichara-; ha sido presentado a otras organizaciones; e incluso, está buscando financiación pública con el Fondo de Patrimonio Ambiental.

Si bien es cierto que los líderes de Santa Helena se lo presentaron a Cannavida, lo hicieron, según nos relató Juan Carlos Rey, quien para la fecha era el Vicepresidente de la compañía, porque ellos les habían dicho que querían contribuir al desarrollo de la zona.

“Ellos nos presentaron el proyecto porque estábamos mirando en ese momento cómo aportar a la comunidad e indagamos al respecto” explicó Rey. “Sería impreciso decir que los habitantes condicionaron ese proyecto de alguna manera. Eso no es cierto”.

La desconfianza de los habitantes de la zona también ha crecido por las accidentadas relaciones de los socios de la empresa.

Yaron Marzel, el representante legal y uno de los fundadores de Cannavida, es un abogado que se dedicó a litigar en Canadá para pacientes que debían usar marihuana medicinal.

En su país fue investigado por presuntos cobros ilegales a pacientes en Canadá para acceder a marihuana medicinal, pero, según ha dicho en Colombia y un certificado del Colegio Canadiense de Abogados que le aportó a La Silla, las pruebas en su contra no fueron suficientes y le archivaron el proceso.

Cuando Marzel llegó a Colombia lo hizo de la mano de Juan Carlos Rey, un administrador de empresas que tiene experiencia en la industria farmacológica.

Inicialmente, ambos se presentaron como socios del proyecto, pero las relaciones se fueron deteriorando y al final terminaron partiendo cobijas, también en medio de versiones encontradas.

Ahora mientras que Rey denunció a Marzel por estafa, Marzel hizo lo mismo con Rey pero acusándolo de injuria, calumnia, administración desleal y uso indebido de información privilegiada. Ese episodio aún no se ha resuelto.

“Cómo vamos a confiar en una empresa que tiene esa carta de presentación”, dijo a La Silla una fuente del municipio que pidió la reserva de su nombre porque dijo que no quería meterse en problemas.

Lo que falta

En Colombia hay más de 30 empresas con licencia del Ministerio de Salud para producir extractos de marihuana con fines medicinales y 66 con licencia del Ministerio de Justicia para sembrarla.

(Minjusticia puede entregar dos tipos de licencias a cada empresa -una para marihuana psicoactiva o otra para marihuana no psicoactiva-,  siempre y cuando el Minsalud ya les haya aprobado la de producción).

Aunque Cannavida fue una de las primeras en obtener todos los permisos, aún tiene mucho camino por recorrer para arrancar dentro de la industria de marihuana medicinal.

Primero porque su licencia fue una de las seis que se autorizaron bajo el decreto de 2015; y cuando salió la ley en 2016 tuvo que iniciar un proceso de recertificación y aún está pasando documentos para cumplir con ese requerimiento.

También, porque aún no les han autorizado el cupo de producción (cuánta marihuana pueden sembrar), algo que hasta ahora solo tienen cuatro empresas en el país.

Para que les den vía libre tienen que presentar un plan de negocios muy detallado en el que demuestren que ya tienen contratos con compradores debidamente autorizados, (esa es la manera en la que el Estado se asegura de que la empresa no termine comercializando en el mercado ilegal),  y eso solo lo presentarán hasta este mes.

Además, el primer cupo que les entregarán es para hacer hacer tres cosechas de prueba con el fin de caracterizar y certificar las semillas, y como la flor se puede recoger cada cuatro meses, solo eso se demorará un año adicional partiendo de que la siembra iniciara la próxima semana.

Eso, sin contar la espera para que el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, termine el proceso de certificación que implica coger las variedades de marihuana colombiana, analizarlas, clasificarlas y registrarlas como cualquier otro cultivo en el país.

Según le dijeron a La Silla en Cannavida, todo está dado para que empiece a producir a mediados de 2019: sin embargo, si el conflicto social en Barichara sigue creciendo, puede que así como en los proyectos de minería e hidrocarburos, el de la marihuana medicinal en ese municipio deba invertir más tiempo para ganarse la licencia social.

El siguiente round estará en la audiencia pública con la que los opositores a la siembra de marihuana en Barichara quieren volver a poner en la agenda de los medios el pulso.

Esta semana definirán cuando la convocarán.

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marihuana y drogas a Barichara, fue el expresidente conservador Belisario Betancur (BB) q vive alla gran parte del año. Los locales dicen q BB aprovechando la belleza dl pueblo, se puso a promover festivalitos d arte y con estos llegaron los artistas y sus drogas. Es increible q Cannavida, con tantas opciones q tienen en Colombia para realizar ese negocio, escogieran el peor sitio para eso.

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Los ‘patiamarillos’ (como les dicen a los Barichara xq su tierra es amarilla/estéril, x eso son muy pobres) así como se revolcaron a protestar contra Cannavida, ojala tuvieran la misma berrakera para protestar x los políticos corruptos q ellos han elegido y reelegido, como su alcalde preso Israel Agon d CR. Ahi si me da mucha pena, pero los patiamarillos están muy acobardados y pasan de cómplices.

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