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Por Jineth Prieto · 29 de Marzo de 2019

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Un artículo del Plan Nacional de Desarrollo que hasta ahora había pasado desapercibido, podría convertirse en el salvavidas de la Zona Franca de Cúcuta. 

La movida viene planeándose desde hace varios meses en el departamento, y, como pocas veces pasa, logró unir en un propósito común a la clase política y empresarial.

 

Tiene que ver con el manejo de ese complejo empresarial que, aunque se creó hace hace más de medio siglo y es uno de los más antiguos del país, no ha logrado despegar.

El gobernador William Villamizar, impulsado por un sector de los empresarios locales, logró mover a la bancada en el Congreso para que el Ministerio de Comercio incluyera en el Plan un artículo que le dio dientes a la cesión a los gobiernos locales de las zonas francas en frontera (la única que existe con esas características es la de Cúcuta).

Si bien la discusión no es nueva,  en esta ocasión se estableció específicamente que quienes las tengan delegadas podrán usar sus activos para comercializarlos siempre y cuando respeten la destinación de zona franca.

Eso es clave porque hasta ahora lo que había sucedido en Norte es que la Gobernación tenía delegada una zona que solo podía administrar cobrando arriendos, pagando vigilancia y un puñado de personal administrativo.

Y en el lado de los empresarios no había incentivo para invertir porque no tenían posibilidad de comprar las bodegas y cualquier mejora era de propiedad del Estado.

Tanto es así que a poco más de 50 años de creada, de las 27 hectáreas que comprende la Zona Franca, solo 11 estaban desarrolladas -y  deterioradas-, y el restante son lotes abandonados que hay que recuperar. 

Por lo que abriendo la posibilidad de que se comercialice esa zona, y más cuando con la crisis venezolana las expectativas están puestas en un pronto cambio de gobierno que reactive la frontera, le daría gasolina a ese proyecto.

Sobretodo porque de aprobarse el artículo, los rendimientos serían reinvertidos completamente en la misma Zona Franca.

Eso debido a que aunque en 2016 la Nación le cedió la administración a la Gobernación, ésta a su vez se la delegó a la Corporación Zona Franca (pertenece en 98% al departamento y en 2% a la Asociación Colombiana de Medianas y Pequeñas Industrias, Acopi), que por ser sin ánimo de lucro tiene la obligación de poner toda la plata que reciba dentro del mismo proyecto que administra. 

El artículo en sí mismo es un gana-gana porque de reactivarse la Zona Franca, además de los empresarios, los políticos se beneficiarían debido a que tendrían injerencia en un proyecto con activos muy rentables y en el que convergen intereses de varios sectores (de hecho en los 90 estos complejos eran considerados fortines regionales).

Como la apuesta regional es que la Zona Franca finalmente tenga un operador aduanero local -actualmente la Zona Franca de Quindío es la que lo opera porque no habían ofertas regionales -, con el artículo del Plan se empezó a tender la pista para que el empatanado proyecto finalmente despegue.

CONTEXTO

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