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Por Sara Ruiz · 13 de Abril de 2019

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El viernes llegó por primera vez el Gobierno Nacional a escuchar a los habitantes de Jericó, uno de los 13 municipios que le han dicho No a la minería en el Suroeste antioqueño a través de acuerdos municipales, y donde la multinacional AngloGold Ashanti está a punto de pedir la licencia ambiental para extraer cobre en sus montañas.

Estuvieron la presidenta de la Agencia Nacional de Minería y las viceministras de Minas y de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. De parte de la Gobernación estuvieron delegados de las secretarías de Minas y de Medio Ambiente y de Corantioquia; también el representante de Presidencia en esa entidad ambiental, el empresario uribista Pedro Miguel Estrada.

El Gobierno llegó por iniciativa del representante a la Cámara por el Centro Democrático Juan Fernando Espinal, quien es oriundo de Jericó, y allí fue el más votado en las elecciones parlamentarias pasadas.

Espinal armó una comisión accidental de seguimiento a la situación minero ambiental en el Suroeste dentro de la comisión quinta, a la cual pertenece, y que integran los uribistas César Eugenio Martínez y John Jairo Berrío, los conservadores Nicolás Albeiro Echeverri y Germán Blanco -que también tiene parte de su bastión electoral en el Suroeste- y el congresista del Polo Democrático, abanderado del tema minero, Jorge Gómez.

El Gobierno Nacional, convocado por el Partido del Presidente, llegó a Jericó en pleno año electoral, justo cuando los humos de los movimientos antimineros están más subidos, y cuando el expresidente Álvaro Uribe, quien otorgó la licencia de exploración de ese proyecto en su segundo gobierno, manifestó su respaldo a los antimineros por Twitter.

El malestar es de varios

AngloGold entró a explorar al corregimiento de Palocabildo, el único que tiene Jericó, hace más de diez años, para determinar dónde se construiría la mina Quebradona, que es subterránea y busca extraer 77 por ciento cobre, 15 por ciento oro, y 8 por ciento plata y molibdeno. (AngloGold es la misma multinacional que en Cajamarca, Tolima, tuvo que frenar en 2017 su proyecto aurífero La Colosa, por una consulta popular que prohibió la minería en la zona).

El proyecto le entregaría al Gobierno regalías por 450 millones de dólares en 21 años; de lo cual el 20 por ciento le correspondería a Jericó, según nos dijo Juan Camilo Quintero, gerente corporativo de la empresa.

Pero esa noticia no les gusta a todos los jericoanos.

En esos primeros años de exploración silenciosa en Jericó, llegó al municipio Fernando Jaramillo, un docente escolar jubilado, a quien todos en el pueblo reconocen como el principal líder opositor del proyecto Quebradona.

Es el coordinador de la mesa ambiental del pueblo, una de las 80 que capacita Corantioquia en los municipios que cubre esa autoridad, y que tienen el fin de velar por la protección de los recursos naturales en su territorios.

En el caso concreto de Jericó, la mesa ambiental es más que todo antiminera.

“Cuando llegué, AngloGold hacía parte de la mesa ambiental. También concejales y el alcalde, que en ese momento eran prominería. Hoy la mesa es antiminera en su totalidad”, nos contó Jaramillo.

La mesa ambiental tiene desde 2013 un periódico de circulación mensual que se llama Despierta Jericó, que publica artículos de coyuntura en el municipio, y también de opinión contra la minería y en defensa de las vertientes de agua del municipio, pues que esta se contamine o se acabe es su principal argumento para oponerse al proyecto.

A esa oposición, nivel regional, se suma el Cinturón Occidental Ambiental COA, una organización fundada en 2011 que aglutina comunidades campesinas e indígenas de los municipios de Caramanta, Valparaíso, Támesis, Jericó, Tarso, Pueblorrico, Andes y Jardín. Defienden la vocación agrícola de esa zona y rechaza cualquier actividad minera.

El COA, que trabaja en alianza con las mesas ambientales, algunos concejales, administraciones municipales y organizaciones comunales, llevó campesinos e indígenas de otros municipios a la audiencia pública que organizó el congresista Espinal.

Del vecino Pueblo Rico llegaron en buses 40 indígenas del resguardo Embera chamí Bernardino Panchí. Los convocó Yamid González, uno de los voceros del COA en ese municipio.

De Fredonia, por ejemplo, llegaron estudiantes de colegio y habitantes de las veredas La Garrucha y La Mina, donde antes AngloGold y ahora la canadiense  Bellhaven Copper & Gold está explorando para sacar oro.

“La minería da plata por un tiempo, pero la plata uno no se la puede tomar, como el agua”, nos dijo Erika Adarve, una de las habitantes de La Garrucha, que se quedó afuera del teatro, con tres niños y cuatro adolescentes que no dejaron entrar a la audiencia por ser menores de edad.

De Támesis, municipio aledaño que también toca Quebradona, llegaron tres buses de escalera con alrededor de 130 personas, nos dijo Herman Vergara, vocero del COA en ese municipio, que se llama Comité por la defensa ambiental del territorio, Codeate.

Pero además de los movimientos sociales, la minera Quebradona tiene en contra a la Iglesia católica, en cabeza del obispo de Jericó Noel Antonio Londoño. Ese es un respaldo clave por el arraigo religioso que tiene el municipio (es cuna de la única santa colombiana, Laura Montoya).

En la audiencia estuvo sentado en la mesa principal con los congresistas, el Alcalde y las autoridades del Gobierno.

Desde que llegó al municipio, hace cinco años, el obispo se ha opuesto a la minería en Jericó. “Dicen que van a llegar con empleos, pero los empleos se van a acabar cuando se acabe de extraer el metal. Además, donde llega una mina pululan las bandas criminales, la prostitución y la plata fácil”, le dijo el obispo a La Silla Paisa.

Aparte de esos apoyos, hace tres años, cuando AngloGold empezó a comprar terrenos en los límites entre Jericó y la vereda La Oculta de Támesis para instalar los campamentos de sus ingenieros y hacer perforaciones en el suelo, los dueños de fincas recreativas, ganaderas y de cultivos de cítricos se unieron contra ella.

El movimiento antiminero tomó más fuerza.

El refuerzo de los finqueros

En octubre de 2016, un grupo de 228 propietarios de tierras en Jericó y La Oculta crearon un movimiento con el nombre de Mesa Técnica del Suroeste y empezaron a acercarse al movimiento Codeate, para trabajar juntos.

Eso, con el fin no solo de cuidar el medio ambiente y el agua que irriga la zona, sino de prevenir que la región tenga afectaciones sociales. Es decir, que Jericó y Támesis no se conviertan en un municipio como los del Magdalena Medio o el Bajo Cauca, donde hay grupos criminales extrayendo oro.

“Si llegan sueldos más altos, aumenta la plata, y con ella las cantinas, los prostíbulos, etcétera. Se afecta el tejido social”, nos dijo uno de los finqueros.

Otra de sus preocupaciones es que con la minera llegan nuevos empleos (la empresa promete hasta 2.200 en la etapa de construcción y 550 en la de operación) con salarios más altos y estables que los de un jornalero que cultiva naranjas, aguacates o café, y eso puede generar un cambio en la vocación agrícola en la región.

En la lista de voluntarios de la Mesa Técnica están, entre otros, Gabriel Abad y Claudia Vásquez, que tienen una empresa de publicidad; Catalina Mesa, directora de la película Jericó, el vuelo infinito de los días; Héctor Abad, el escritor; José Alberto Vélez, expresidente de Argos; Luis Carlos Uribe, expresidente de Familia; el diputado de La U Norman Correa y el precandidato a la Gobernación Mauricio Tobón.

Además de participar en marchas y hacer videos explicando por qué no quieren la minería en el Suroeste (como el que difundió Álvaro Uribe esta semana), buscaron al abogado Rodrigo Negrete, consultor que ha defendido las consultas populares en contra de la minería, como la de Cajamarca en 2017.

Con su asesoría, los concejos municipales de 13 municipios del Suroeste han firmado acuerdos municipales en los últimos dos años que prohíben la minería, nos contó el líder ambientalista de Jericó Fernando Jaramillo.

Por ejemplo, los finqueros aportaron plata para traer los tres buses que llegaron de Támesis a la audiencia, y para los pasajes del abogado Negrete, el geólogo Julio Fierro, y el economista especialista en Derecho minero-energético Álvaro Pardo, quienes vienen asesorando a los movimientos antimineros del Suroeste desde entonces.

Otra de sus movidas fue buscar al exministro de Minas y Energía de Ernesto Samper, Jorge Eduardo Cock, quien redactó un folleto explicando los perjuicios de la minería de metales en el Suroeste, y repartió 5 mil ejemplares en Jericó y Támesis el año pasado. También grabó cuñas radiales explicando los perjuicios de la minería en la zona, según nos contó.

La recarga uribista (y el Gobierno)

Además de ese impulso de hace años, el debate en torno a Quebradona se agitó más este año, por dos cosas.

Una, cuando el Alcalde de Jericó prohibió que la minera siguiera explorando en el municipio, según el último acuerdo que firmó el Concejo, un documento que no se sabe si es válido pues hay un debate jurídico sobre si ese tipo de decisiones pueden frenar proyectos mineros que tienen títulos otorgados por el Gobierno Nacional.

Dos, porque luego de diez años de exploración, AngloGold está a punto de terminar los estudios ambientales para radicarlos ante la Anla el próximo mes. Su idea, si les dan la licencia, es empezar a explotar en el 2022.

Eso hizo que en febrero, en el marco de un encuentro de militantes del Centro Democrático del Suroeste, dirigentes de Jericó le pidieran ayuda al expresidente Álvaro Uribe porque las familias del pueblo se estaban dividiendo entre prominería y antiminería, es decir, entre los que trabajan en la mina y los que no; según nos contó Libia Stella Osorio, aspirante uribista a la Alcaldía, quien estuvo allí.

“Ese día (Uribe) dijo que le preocupaba que llegara un proyecto minero que acabe con lo bonito y lo verde en el Suroeste. Fue muy enfático en que hay que proteger el agua”, nos contó el representante Espinal, que también fue a esa reunión.

Espinal nos dijo que empezó a organizar la audiencia desde enero y el 16 de marzo solicitó autorización en el Congreso para hacerla.

Luego, según supimos de primera mano, dos cacaos de la Mesa Técnica -que nos pidieron no mencionar porque quieren mantenerse con bajo perfil- buscaron al Expresidente para contarle su preocupación por la llegada de la mina.

Y los sorprendió compartiendo uno de sus videos por Twitter.

En la audiencia del viernes, que coordinó el representante Espinal, la comisión accidental se comprometió a convertirse en permanente, y crear una mesa de trabajo con AngloGold, el Gobierno, la Iglesia, concejales y representantes de mesas ambientales; y hacerle al proyecto un debate de control político.

“Hay un mensaje claro: el gobierno de Iván Duque lleva ocho meses, y aquí está sentado”, dijo Espinal al cierre de la audiencia, que duró poco más de cinco horas.

“En ocho años, el anterior gobierno nunca vino. Esto apenas inicia para buscar soluciones”, remató entre aplausos. Aplausos que pueden convertirse en más votos en octubre.

 

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