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Por LaSillaVacia.com · 08 de Enero de 2018

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Para quienes tomaron un descanso antes de arrancar el 2018, hicimos una selección de noticias (no necesariamente están en orden de importancia) que ocurrieron en las últimas dos semanas en Antioquia y el Eje Cafetero.

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El paro cívico por peajes en Urabá que se volvió violento

El paro, convocado por un Comité de Iniciativa Ciudadana, exige al gobierno y a la ANI la reubicación de tres peajes en la vía al mar que atraviesa los municipios de Apartadó, Carepa, Chigorodó, Turbo y Necoclí. Esto, con el fin de que los habitantes del Eje Bananero -que son en su mayoría de estratos 1, 2 y 3- no tengan que pagar por la movilización entre un municipio y otro.

La manifestación, que empezó pacífica el 27 de diciembre, para el puente de Reyes había dejado un muerto en Turbo, 36 capturados, dos casetas y una patrulla de Policía quemadas, y las alcaldías de Carepa, Chigorodó y Apartadó saqueadas.

Con esa situación, el Comité Cívico levantó el paro y la ANI suspendió por un mes el cobro de esos tres peajes, pero aún el gobierno no ha instalado una mesa de diálogo, requisito de la comunidad urabaense manifestante.

El cese de actividades indefinido de comerciantes y trabajadores bananeros empezó el 3 de enero. A la iniciativa se sumaron sindicalistas, educadores, comerciantes, bananeros y la comunidad de cuatro de los cinco municipios urabaenses que atraviesa la vía al mar.

 
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Rifirrafe entre Comunidad de Paz de San José de Apartadó y el Gobernador de Antioquia

La Comunidad de Paz de San José, ubicada a media hora de la cabecera municipal de Apartadó, denunció que en la mañana del 29 de diciembre entraron a una de sus aldeas cinco paramilitares con la intención de asesinar a su representante legal.

Como casi todas las alertas que enciende ese grupo de casi 600 personas víctimas del conflicto entre paramilitares, guerrillas y Ejército, el suceso tuvo resonancia nacional porque el territorio debe ser protegido por el Estado según órdenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Ante los hechos, el gobernador Luis Pérez dijo que no habían sido paramilitares los que entraron a atacar la aldea, sino personas de la misma comunidad que querían atracar un granero de la aldea.

“Puede llegar el momento que pase lo que le pasaba al pastorcito mentiroso, que de tanto hacer menciones sin fundamento, cuando verdaderamente necesita la participación del Estado, ya, pues, no había forma”, dijo el Gobernador (minuto 7:37)

La Comunidad de Paz rechazó las declaraciones de Pérez y alegó que las amenazas de muerte que han recibido en los últimos años han sido ignoradas por el Estado y que “Para el Alto Gobierno, la “verdad” es la respuesta falsa que se inventan los victimarios y jamás el relato doloroso de las víctimas”.

 
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Federico destaca sus logros en seguridad y lo amenazan otra vez

Con la captura de alrededor de 1303 integrantes de grupos criminales y 577 homicidios en el 2017 (33 más que el 2016), el Alcalde de Medellín cerró su primera mitad de mandato.

Federico ha explicado los homicidios como consecuencia de los golpes a las bandas criminales (la última fue la captura de alias ‘Tom’ en diciembre) y su teoría fue respaldada por el quinto intento de asesinato que recibió los primeros días de 2018.

La Policía explicó que ese plan de muerte contra Gutiérrez consistió en el hallazgo de dos fusiles en un sofá que llegó a la Terminal de Transportes del Norte de la ciudad.

La noticia salió a la luz en el segundo aniversario de esta Alcaldía y, como contó la revista Semana, hasta ahora no ha habido capturas ni avances en las investigaciones de los atentados anteriores, que empezaron en febrero de 2016.

Federico seguirá priorizando la seguridad en el municipio a través de 265 nuevos policías en el Centro de la ciudad, planes de escolarización en los barrios y la asignación de diez fiscales especializados (uno por cada Odín) para atacar homicidios, hurtos y extorsiones.

 
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En marzo se define qué pasará con la concesión de la Ruta del Café

Un tribunal de arbitramento en Bogotá aplazó para el 5 de marzo la decisión de definir en si el manejo de la carretera que conecta Caldas, Risaralda, Quindío y el Norte del Valle, seguirá en manos de la concesión Autopistas del Café. El fallo estaba programado para diciembre.

La medida del Tribunal se espera tras el informe de la Contraloría General, que advirtió en agosto de 2017 un presunto detrimento patrimonial por más de 218 mil millones de pesos en la construcción, mantenimiento y operación de esa vía, que está a cargo de Autopistas del Café desde 1996.

A eso se suma que las obras viales ya terminaron de construirse completamente y que los contratistas ya recuperaron la inversión en las obras. Por eso, está latente la discusión de si seguir o no cobrando peajes de esa vía hasta que el Tribunal falle.

Mientras tanto, Guido Echeverri, gobernador de Caldas, le contó a Caracol Radio que ha estado conversando con la gerencia de esa concesión para iniciar otros proyectos viales en el Eje Cafetero.
 

Los jueces decidirán si el contrato, que se vence en 2027, sigue en manos de Autopistas del Café, o si el manejo de las vías es devuelto al Estado.

 
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Cambio de naturaleza jurídica de Aguas y Aguas de Pereira con la lupa encima

La empresa pública que maneja el acueducto de Pereira pasó este diciembre de ser una Sociedad Anónima a una Sociedad de Acciones Simplificada. Esa decisión fue tomada por la junta de socios de Aguas y Aguas sin haber consultado al Concejo Municipal, lo cual no va contra la Ley, pero generó malestar entre algunos corporados.

Ese cambio ha causado revuelo en el Concejo porque, aunque la empresa sigue estando en manos del municipio (que tiene el 98,74 por ciento de la compañía), ya no tiene la obligación de establecer junta directiva ni de vender acciones a través de subasta pública, como contó Caracol Radio. 

En la lista de accionistas está la Empresa de Energía de Pereira, que es mixta, y esto le ha llamado la atención al concejal Carlos Alfredo Crosthwaite, que alega que Aguas y Aguas podría empezar a privatizarse a través de la venta de acciones.

 
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Funcionarios de la Alcaldía de Manizales se van con Mario Castaño

Como contó La Patria, el secretario General de Manizales John Robert Osorio y el jefe de Prensa Jhon Fredy Franco, le presentaron la renuncia a José Octavio Cardona para unirse a la campaña al Senado del liberal Mario Castaño.

Ese candidato, que se convirtió en el principal elector y único representante liberal a la Cámara por Caldas, fue el padrino del alcalde Cardona en las elecciones de 2015, fue su mayor aportante en la campaña y trabajó con él en la Licorera de Caldas.

Según La Patria, Franco había trabajado antes con Castaño y sería el jefe de prensa del candidato para las elecciones de marzo, y Osorio tendría el cargo de jefe de campaña o de debate.

 
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Despedido del director de noticias de RCN en Quindío por pisar callos

Juan Diego Lozano, quien era director del noticiero de RCN en la capital quindiana desde hacía cinco años, recibió el 21 de diciembre una carta de despido "por motivos empresariales", según contó en sus redes sociales. Lozano es uno de los principales voceros de denuncias ciudadanas y cuestionamientos de instituciones públicas en ese departamento.

La decisión fue asumida por el periodista como un atentado contra la libertad de prensa, porque en su carrera en la emisora, de más de 18 años, ha incomodado con sus historias a la clase política local como el Alcalde de Armenia, el Gobernador del Quindío, y la exgobernadora Sandra Paola Hurtado.

Una de las últimas denuncias de Lozano en RCN consistió en que la alcaldía de Carlos Mario Álvarez, disidente del liberalismo local de Luz Piedad Valencia (quien lo apoyó para llegar al poder), estaría acercándose al candidato antioqueño al Senado, Julián Bedoya. Sin embargo, aún no hay pruebas de que esas denuncias tengan qué ver con su salida del medio.

  


 

 

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