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Por Sara Ruiz · 15 de Agosto de 2019

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Ayer el gerente de EPM, Jorge Londoño de la Cuesta, y el secretario de Hacienda de Medellín, Orlando Uribe, anunciaron en rueda de prensa que los ingresos de la empresa crecieron en los últimos seis meses y que la plata que le transfiere al municipio creció, durante el cuatrienio de ‘Fico’ Gutiérrez, en un 16 por ciento frente a la administración pasada.

Mientras celebran, la estrategia del gerente Londoño para no afectar la plata que EPM transfiere a Medellín para inversión pública en los próximos años está tardando más de lo esperado.

Como contó La Silla Paisa, para lograr ese plan el Concejo de Medellín le aprobó a EPM vender sus acciones en ISA -con lo que espera recibir 1.8 billones de pesos-; dio el visto bueno para que vendiera sus dos empresas en Chile, por 2.5 billones; y aceptó que recortara gastos internos y aplazara inversiones en servicios públicos por otros 3 billones. 

Esos 7.3 billones servirían para tener liquidez o bajar la deuda, pagar gastos que trajo consigo la crisis y mantener viva la gallina de los huevos de oro para Medellín, por lo menos en lo que restaba del gobierno de ‘Fico’. Es decir, hasta diciembre.

El plan beneficiaba a la Alcaldía saliente porque le permitió mantener las transferencias para el municipio por encima de un billón de pesos, mientras preveía que en 2020 y 2021, los primeros dos años del alcalde entrante, los giros bajarían a 769 mil millones y 1 billón, respectivamente.

Han pasado diez meses y el plan va lento. Además, es incierto si Hidroituango se salva o no, por lo cual no hay pasos del todo firmes.

El plan inicial aún no da frutos

El plan era que las ventas de las empresas de EPM en Chile (el parque eólico Los Cururos y Aguas de Antofagasta) y de su participación en ISA -los negocios que le darían ingresos frescos- arrancaran en diciembre de 2018 y terminaran entre agosto y diciembre de este año, según la exposición que le hizo el gerente Londoño al Concejo en octubre de 2018.

Esa meta no se va a cumplir completa.

La primera etapa de la enajenación de ISA, que consistió en ofrecer las acciones al sector solidario, como obliga la ley, se efectuó en marzo. EPM vendió el 13 por ciento de sus acciones en la empresa por 234 mil millones de pesos, algo que les asegura, según el Gerente, liquidez para el resto de este año.

La segunda fase, ofrecer el resto de acciones al mercado, planea tenerla lista a finales de octubre; aunque hace poco estaba considerando esperar a que el Gobierno Nacional saliera a vender su parte en esa generadora de energía.


El Gobierno Nacional anunció quiere vender sus acciones en ISA, lo que probablemente aumentaría el valor de las acciones, y por eso EPM había decidido mantener la suspensión, pues si vende en un solo paquete con la Nación, podría recibir más plata.

El lío es que, como contó La Silla, la venta de acciones de la Nación podría tomar hasta el próximo año o incluso no darse, porque es complejo valorar una empresa tan grande, con tres unidades de negocio, presente en cuatro países y que cubre la mayor parte de la generación de la energía en el país, y porque sería una medida impopular en el Congreso.

EPM tenía la opción de vender mejor a cambio de tardar más en hacerlo, lo cual habría aumentado los niveles de endeudamiento a partir del 2021 y por tanto bajarle la calificación crediticia.

Si vende ya, EPM no se arriesga a quedarse esperando a Duque y a que la deuda aumente; pero sí puede afectar su imagen porque, si finalmente el Gobierno da el paso y el precio de las acciones sube, quedaría la duda de por qué vendió más barato.

Aparte, no es seguro que las desinversiones de Chile se cierren pronto.

Según el Gerente, “por condiciones de mercado, está fluyendo más la desinversión en el parque eólico Los Cururos (que se vendería en menos de 500 mil millones), y se estaría cerrando a finales de 2019”.

La enajenación de Aguas de Antofagasta, más importante en términos financieros porque esperan que produzca 2 billones, está más enredada. El gerente le dijo al Concejo de Medellín el pasado 3 de julio que, “por algunos temas internos en Chile, de requisitos normativos y regulatorios, no alcanza a hacerse en 2019 sino en 2020”.

Por esas demoras, los huecos que hoy se deberían estar llenando con el plan inicial se están tapando por otro lado; y las incertidumbres siguen.

Los huecos ahora se tapan así

Para el 30 de junio, la proporción de la deuda del grupo EPM sobre su indicador Ebitda (una medida financiera de las utilidades que da la operación de una empresa) era de 4.07, cuando no debería pasar de 3.5 so pena que la calificación de su deuda pierda el grado de inversión.

Si no mejora, la empresa está en riesgo de entrar en el grado especulativo, lo cual llevaría a que se tuviera que pagar más intereses cuando requiera endeudarse, y eso afectaría las inversiones que haga EPM en el futuro; y tocaría a su vez las utilidades.

Antes de que eso pase, EPM emitió bonos afuera por 1.380 millones de dólares para pagar unos que se vencían este año y recomprar anticipadamente otros que se vencían en el 2021.

Aunque no sabemos si estaba en los planes iniciales de desinversión de EPM, no estuvo en su presentación inicial al Concejo y solo le contó el pasado 3 de junio, argumentando que ese canje de deuda le asegura la liquidez para terminar de construir el proyecto, que aún no se sabe si se salvará.

Tampoco se sabe si las aseguradoras van a pagar aún los seguros por los daños de la obra y la plata que ha dejado de recibir la empresa por el retraso en la operación de la hidroeléctrica.

El mejor escenario sería que cubrieran todo: el proyecto está asegurado por 2.500 millones de dólares para daños materiales, 628 por lucro cesante y 17 por los daños a terceros o inclumplimiento del contrato por parte de EPM.

El Gerente dijo en la rueda de prensa ayer que calcula que a más tardar en septiembre las aseguradoras confirmen si pagan, y que tardará más saber cuánto. Eso quiere decir que la duda probablemente la herede su sucesor, así como el próximo alcalde.

Esa incertidumbre crecería si EPM decide participar en las subastas para comprar parte de la quebrada Electricaribe. Tiene hasta mediados de septiembre para decidir, pues se cumple el plazo del Gobierno para que presenten ofertas los inversionistas precalificados, entre los cuales ya está EPM. 

Eso quiere decir que le tocará definirse sin saber con certeza el tamaño y costo de los daños de Hidroituango, ni cuánto van a asumir las aseguradoras.

De participar y ganar, EPM tendría que invertir desde 3.7 billones de pesos (si compra una de sus partes, Caribemar) hasta ocho billones (si se queda con Caribesol y Caribemar), según información oficial de Electricaribe.

Aunque eso le podría dar un potencial de crecimiento, como quien gane debe hacer inversiones a corto plazo, no es claro que EPM se meta y nuble un poco más el panorama.

Aunque eso está por verse, igual que las respuestas de las aseguradoras y si proyecto energético más ambicioso del país sale a adelante o no, por ahora las medidas que EPM escogió para salvarse a sí misma durante su peor crisis solo han asegurado plata para que invierta en Medellín su jefe de turno.

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