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Por Sara Ruiz | Sara Lopera · 06 de Agosto de 2018

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A propósito del último día del gobierno de Juan Manuel Santos, La Silla Paisa hace un balance de cómo quedó la región en siete claves, definidas tras hablar con doce fuentes entre políticos, funcionarios y expertos de los cuatro departamentos, y de cómo quedaron los proyectos que Caldas, Risaralda, Quindío y Antioquia esperaban con más ganas del Gobierno.

Encontramos que el Presidente saliente deja una región más conectada, con más plata visible y obras tangibles; pero el saldo, a pesar de la inversión, es más de expectativas con lo que dejó empezado.

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El Eje, con más para estar agradecido que Antioquia

Aunque Antioquia es más grande y Santos le estuvo coqueteando todo su gobierno para ganarse el corazón de su gente, en materia económica no la dejó tan bien como a Caldas, Quindío y Risaralda.

Aquí mostramos algunos datos que lo prueban:

En Antioquia el nivel de vida fue notablemente superior al total nacional, cosa que, aunque venía mejorando progresivamente, no era así cuando llegó al poder en 2010.

Fue el departamento del país en que Santos entregó más casas gratis (15 mil), en el que más invirtió después de Bogotá y uno de los que tuvo más estudiantes en Ser Pilo Paga (el 2.2 por ciento de los alumnos de Once de 2014, 2015 y 2016). Además, fue el segundo departamento del país con más infraestructura deportiva (con 86 escenarios por 55 mil millones).

Pero fracasó en otras metas que se propuso, como conectar todos los municipios del país a internet. En Antioquia logró hacerlo en 105 de los 125.

Por ejemplo, el gobierno Uribe logró bajarle más la pobreza monetaria -que mide la población que gana menos de lo necesario para cubrir sus necesidades básicas- que Santos en sus 8 años. El primero se la bajó en 17 puntos; el segundo en diez.

Contrario a lo que sucede en Caldas y Risaralda, uno de los reclamos de Antioquia, a pesar de la Ley de Regalías, es la reducción de la inversión en el Programa de Alimentación Escolar desde el 2015, que según la Gerencia de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Maná, el caso más grave es el de 2017 a 2018, en que bajó 10 mil millones de 2017 a 2018 y la mitad de lo que, según la entidad, se debió entregar. Según datos del Ministerio de Educación, los recursos del Gobierno para el PAE en Antioquia del 2017 al 2018 bajó en 6.3 mil millones.

Además, no logró bajarle el desempleo más que el promedio nacional (2.3 por ciento), cosa que sí logró, además de otras, en los tres departamentos del Eje Cafetero.

En sus ocho años, el desempleo en Risaralda bajó 9 puntos; en Caldas 4.7, en Quindío 4.2.

En Risaralda y Quindío la desigualdad disminuyó en más del 10 por ciento, más de lo que disminuyó a nivel nacional. En Quindío y en Caldas la pobreza monetaria disminuyó progresivamente desde 2010, y en Risaralda terminó siendo mucho menor que la del promedio nacional.

Santos dejó conectados a internet a todos los municipios de los tres departamentos del Eje, pagó la mitad de lo que costó la construcción del Centro de Convenciones de Pereira, el más grande de la región; y buena parte del Centro cultural Rogelio Salmona, de la universidad de Caldas, obras que son claves para la movida empresarial, turística y educativa de Pereira y Manizales que, según en Banco Mundial, son las dos primeras ciudades en Colombia en favorabilidad para hacer negocios y montar empresa.

En ese sentido, los secretarios de Planeación de Caldas y Risaralda, por su parte, nos resaltaron a la cofinanciación en la construcción de 20 megacolegios por 74 mil millones en Risaralda y 80 mil para 27 proyectos en Caldas.

 
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Puras vías rodando

Como a todo el país, y como se lo propuso, el Gobierno Santos dejó a los paisas bien dotados de carreteras y los megaproyectos que conectan Antioquia con el Eje y Medellín con el mar, andando. Pero lo que prometió con más contundencia no lo cumplió.

Para las vías grandes el Gobierno dio resultados. En Caldas, por ejemplo, dejó la intersección La Fuente, que conecta Manizales con la Vía Panamericana, por 300 mil millones de pesos; le metió 1.8 billones de pesos a Pacífico III, que conecta Medellín con las capitales del Eje Cafetero y les facilita el comercio entre ellas. En Antioquia, uno de los resultados clave de Santos fue el desembolso de un tercio de la plata para empezar a construir el Túnel del Toyo, el más largo de Latinoamérica según la ANI, que une Medellín con Urabá y reduce la mitad el trayecto de la capital a la salida al mar, y dejó avanzadas buena parte de las 4g Mar 1 y Mar 2 en el Occidente y Urabá, y Pacífico 2 en el Suroeste.  

En vías primarias, secundarias y terciarias, el Gobierno dejó 178 proyectos por 591 mil millones de pesos, de los cuales 339 fueron para Antioquia y 251 mil para el Eje Cafetero, de un total de 8 billones en todo el país.

No obstante, a Santos le quedó por cumplir -además del Tranvía de la 80 en Medellín, para el nunca hubo plata- el túnel de la Línea, que atraviesa la cordillera central y une el Quindío con el centro del país.

La Línea, que reduce la distancia entre Calarcá y Cajamarca entre 40 y 90 minutos, lo adjudicó el gobierno de Álvaro Uribe en el 2008. Inicialmente, el proyecto se entregaría en 2013, pero el gobierno lo aplazó para noviembre de 2016, luego de varias prórrogas del contratista. En noviembre de ese año, Carlos Collins, accionista mayoritario de la Unión Temporal que lo estaba construyendo, incumplió con el plazo, ante lo cual Invías adjudicó un nuevo contrato a mediados de 2017 Conconcreto y a la polémica constructora Solarte y Solarte.

La idea, según dijo el Instituto Nacional de Vías era que para el primer semestre de 2018 estuviera lista la obra, que ha costado 2,2 billones de pesos, cuando en un principio estaba presupuestada en 629 mil millones.

Pero en marzo de este año, Santos reconoció que su gobierno no alcanzaría a entregar la obra. Y apenas esta semana entregaron los primeros cuatro kilómetros. La idea es que a mediados de 2019, once años después de adjudicada la obra, esté lista. 

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La deuda en salud, en lista de espera

Antioquia es de los departamentos con el sistema de salud más complejo porque tiene las tarifas de servicios médicos más altas del país y la salud pública es muy débil frente a la privada, según le dijo a La Silla el ministro Alejandro Gaviria.

Con eso, tiene un hueco presupuestal de 370 mil millones de pesos hace tres años de servicios hospitalarios de los pacientes pobres que Santos se va sin resolver.

El hasta hoy Presidente se despide de Antioquia con 82.9 mil millones en inversión en salud para 234 proyectos; de un total de 600 mil millones y 2.533 proyectos invertidos en todos los departamentos en sus ocho años de gobierno. A pesar de eso, la deuda pesa e incluye parte de los servicios por fuera del Plan de Beneficios en Salud (antes Programa Obligatorio de Salud) para el régimen subsidiado (la población de escasos recursos).

Eso, según la ley 715 de 2001, lo deberían pagar los departamentos con parte de la plata que le llega de la Nación a través del Sistema General de Participaciones. No obstante, cada año esos recursos se queda cortos y la deuda crece, hasta el punto de desatar peleas entre el Gobierno Nacional y el Gobernación de Antioquia por quién debería pagar esa plata.

La más notoria es la del caso Savia Salud, la EPS más grande del departamento con 1.7 millones de usuarios, que, como contamos, está reestructurándose para ganar nuevos socios y cubrir su deuda, pues los bonos 100 mil millones que prometió a transferir el Gobierno no pudieron concretarse porque Savia no cumplía con requisitos para recibir la plata.

La semana pasada el Gobierno dejó listo un proyecto de ley en el que propone que ahora sea la Nación la que cubra los gastos del No PBS o No POS; pero la solución de la deuda de aquí para atrás depende en buena parte de la voluntad del nuevo gobierno y de lo que pueda ceder el Gobernador para ayudar a pagar.

 
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Crecieron los aeropuertos, pero Aerocafé quedó viendo un chispero

En su plan de revolucionar la infraestructura, Santos le puso una torre de control nueva y le amplió la pista al aeropuerto de Matecaña, en Pereira, por unos 56 mil millones de pesos; le metió unos 70 mil en mejoras al aeropuerto de El Edén, en Quindío, y 80 mil al de La Nubia, en Caldas. En Antioquia, amplió el aeropuerto José María Córdova de Rionegro, por 350 mil millones, e invirtió 60 mil en los de Carepa y Medellín.

No obstante, para el que más pedía la región, en el más polémico y más quedado, todavía no hay billete ni cemento. El Aeropuerto del Café, que está pensándose desde hace más de 40 años y tratando de sacarse a la luz desde hace más de 15, había empezado dos años antes de que Santos llegara a la Presidencia, con la palanca de Óscar Iván Zuluaga en Hacienda y Uribe en la Presidencia.

En 2009, su entonces gerente (y hoy secretario de Ambiente de Bogotá), Francisco Cruz Prada, había anunciado que la construcción de ese megaproyecto iba en un 40 por ciento y viento en popa, con una inversión de cerca de 100 mil millones de pesos, aunque sin cierre financiero. Pero el año en que Santos llegó a la Presidencia, La Patria destapó una olla de presunta corrupción en los contratistas del aeropuerto, que terminó en 2016 con una investigación por presunto detrimento patrimonial por 90 mil millones contra el exgerente y otros 30 exfuncionarios.

Ese lío tendría que ver con debilidades técnicas que bloquearon el proyecto en 2012, cuando Aerocivil consideró que faltaban estudios y diseños técnicos, además de un compromiso presupuestal del Gobierno Nacional. 

Los estudios le dieron la vía libre a la continuación de la megaobra y Santos prometió invertir 50 mil millones de pesos para arrancar a construir la primera fase del aeropuerto, que seguiría financiando en buena parte el gobierno con vigencias futuras.

Un año después, la plata no se había desembolsado y el entonces vicepresidente Germán Vargas dijo que no había plata para el aeropuerto. En 2015 el Gobierno se comprometió a invertir 10 mil millones en las obras frenadas y a terminar la primera fase del proyecto para 2020, en diciembre de 2016 se suponía que estaría listo el cierre financiero por 360 millones de pesos, con parte de la plata de la venta de Isagén y 60 mil millones del Gobierno Nacional, pero Aerocivil anunció que el aeropuerto no tenía permisos de construcción actualizados, y hubo un nuevo frenazo.

Para finales del 2017, el ministro de Transporte Germán Cardona dijo que el proyecto iba “a largo plazo” y necesitaba que se avanzara más en los estudios técnicos de las fases dos y tres y de un estudio económico de Findeter antes de hacerlo despegar en forma. Mientras tanto, el Gobierno le metió 6 mil millones al aeropuerto La Nubia - el que sería reemplazaría Aerocafé una vez arranque a funcionar. 

La crítica más frecuente que le hacen a Santos los gremios, la Gobernación y los políticos de Caldas es precisamente la falta de voluntad con Aerocafé, pues han adelantado los estudios que Aerocivil ha pedido, el Gobierno sigue dando largas: después de ocho años la construcción no ha pasado a la segunda fase y aún no hay cierre financiero.

 
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La paz, en marcha y con resultados a medias

Los logros de la paz en una de las regiones más azotadas por el conflicto, donde han convergido más de cinco grupos armados, son de mostrar en general, pero es más lo que queda por delante.

Con los Acuerdos de paz, Santos logró desmovilizar cinco frentes guerrilleros que incidían en Antioquia por el Norte, el Bajo Cauca, el Occidente y los límites del Urabá con Chocó. Los agrupó en tres de las 19 zonas veredales y dos de los siete campamentos de capacitación instalados en todo el país. Así, Antioquia fue la que tuvo más puntos de concentración, y hoy en la región hay cuatro espacios territoriales de capacitación. 

Los Acuerdos priorizaron para el posconflicto 21 de los 125 municipios de Antioquia, en el Norte, Bajo Cauca, Nordeste y Urabá. En ellos se adelantan programas en zonas rurales a diez años especificados según cada municipio, para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de esos territorios azotados por el conflicto.

En el marco del desminado humanitario -Antioquia ha sido el departamento con más víctimas civiles de minas antipersonales (con 1.147)- el Gobierno, desde la firma de los acuerdos, ha declarado desde 2016 ocho municipios libres de minas; y priorizó a Briceño, en el Norte de Antioquia, para hacer un piloto de desminado, que ya va en su segunda fase, con 19 mil metros cuadrados descontaminados. 

En ese municipio también comenzó, desde antes de la firma de los acuerdos, el piloto de sustitución de cultivos, que ya lo tienen avanzado con 546 hectáreas libres de coca según el Programa Nacional Integral para la Sustitución de Cultivos, Pero la meta de Santos, de 800 hectáreas, no se ha alcanzado.

En total van 2.500 cultivos de coca eliminados en los cinco municipios donde se adelanta el PNIS -Ituango, Briceño, Cáceres, Tarazá y Anorí-, pero en el departamento los cultivos ilícitos siguen creciendo.

Según los datos más recientes del Observatorio de Drogas de Colombia (2016) y Unodc (2017), hay 8.885 hectáreas de coca en el departamento, un 165 por ciento más de las que había cuando Santos llegó a la Presidencia, Eso fortalece lo que han criticado el Gobierno de Estados Unidos y la oposición uribista, que recuerda que las hectáreas de coca cultivadas en el país crecieron en un 11 por ciento de 2016 a 2017.

El panorama de aquí para adelante, a pesar de la paz en marcha, no es alentador.

Aunque el 2017 fue el año con menos víctimas por minas antipersonales, como contó La Silla, según el Comité Internacional de la Cruz Roja, en lo que va del año hay nueve víctimas de minas en Ituango, El Bagre, Tarazá y Valdivia, de los cuales solo el primero hace parte de los 23 municipios antioqueños que están en plan de despeje.

Además, en los 11 municipios donde el PNIS va en marcha en el departamento las muertes no han parado.

Para el 27 de junio, Tarazá, Cáceres e Ituango estaban en el top diez de municipios del país con aumento numérico de homicidios con respecto al año pasado, según la Fiscalía.

En Valdivia, Cáceres y Tarazá, donde hay más familias inscritas, una pelea entre Clan del Golfo y los Caparrapos, están asediando a las comunidades, matando a líderes sociales e intimidando a la población.

En Briceño e Ituango, por su parte, es donde se han gestado las dos disidencias de la región, la del Frente 36, la de ‘Cabuyo’; y la del 18, frente concentrado en ese municipio, y del cual, según cálculos de miembros de la exguerrilla, van siete asesinados después de la paz. Allí, por ejemplo, la sustitución de cultivos no ha podido despegar porque, hasta nueva orden, por la emergencia de Hidroituango que se desató en mayo, la ONU y el gobierno no han vuelto a inscribir a las familias que están siendo amenazadas por Clan del Golfo y disidencias.

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Las víctimas quedaron reconocidas, con la expectativa de la reparación

De los 8 millones de víctimas registradas por el Gobierno, 1.5 millones son antioqueñas y cafeteras. Santos puso en marcha, con la Ley de Víctimas, un proceso para reconocerlas, caracterizarlas y repararlas, pero a pesar de los resultados que ha tenido, es más lo que falta.

Hasta mayo de este año, el Gobierno Nacional le entregó a la Unidad para las Víctimas diez billones de pesos y Antioquia, el departamento concentra la mitad de solicitudes de indemnización de todo el país, recibió 2,3 billones de ese presupuesto.

También le dio atención psicosocial a más de 22 mil personas en 60 municipios antioqueños desde el 2012, e instaló mesas de víctimas en todos. Según cifras de la Red Nacional de Información, los hechos victimizantes en el marco del conflicto disminuyeron: en 2014 ocurrieron 315 mil y en lo que va corrido de 2018, es de 14 mil.

En cuanto a restitución de tierras, Antioquia, con 20 mil, es el departamento con mayor número de solicitudes. La entidad ya ha intervenido más de la mitad. A nueve mil personas en Antioquia les fueron restituidas sus tierras.

Aunque hay resultados, todavía falta mucho para tres años que le quedan de vigencia a la ley de víctimas.

En agosto de 2017, cuando Santos posesionó a Yolanda Pinto, la nueva directora de la Unidad de Víctimas, aceptó que el Estado no tenía los recursos para reparar a las 6.9 millones de víctimas del conflicto armado. Su inversión no alcanzó para reparar económicamente ni a un millón.

Hasta 2017, según el balance final del Gobierno, en los tres municipios del Eje Cafetero se indemnizaron más de 25 mil personas, el 12 por ciento de las víctimas sujetas a reparación en sus tres departamentos. Para el 2017 se habían restituido 294 hectáreas en Caldas y solo cuatro en Risaralda.

 
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La pequeña minería quedó maniatada

Siendo Antioquia el departamento que más títulos mineros y regalías por minería mueve, la situación de los pequeños y medianos mineros informales sigue igual de enredada que cuando llegó Santos, un momento en que su antecesor había hecho despegar a los dueños grandes del oro.

Según cuatro fuentes de asociaciones mineras a nivel departamental y nacional, los ocho años de gobierno de Santos, lejos de mejorar sus condiciones, dejaron decretos que les impidió seguir trabajando.

Cuando Santos apenas comenzó su gobierno, la Corte Constitucional tumbó la Ley 1382 de 2010 que pretendía modificar el Código de Minas y formalizar la actividad de pequeños mineros tradicionales; y dio un plazo de dos años para hacer las reformas necesarias. Hoy, ocho años después, el Congreso no lo hizo y los decretos de Santos terminaron por empeorar la situación.

El más conocido y el que les ha causado más daño fue el Decreto 2235 del 2012, “el decreto terrorista” como lo llaman algunos mineros informales, que permite a la Policía y Ejército destruir la maquinaria de quienes estuvieran extrayendo oro sin licencias ni títulos.

Por eso, principalmente, se dio el paro nacional minero en 2013, en el que el gobierno pactó con el gremio que iba a presentar un proyecto de ley que fijara las diferencias entre la minería informal, artesanal y criminal; a crear un protocolo para que no se le destruyera la maquinaria a los mineros sin vínculos con grupos armados ilegales; y a proteger las áreas de minería artesanal para que los pequeños y medianos mineros tuvieran donde trabajar.

En Antioquia, según nos dijo Germán Arce, Ministro de Minas, en los ocho años de Santos se logró pasar a la legalidad a cuatro mil mineros ilegales, se cedieron dos de las seis Áreas de Reserva Especial del departamento a medianos mineros y se inscribieron más de 23 mil mineros de subsistencia (barequeros y chatarreros) en el Sistema de Información Minero.

Pero eso es poco para Rubén Darío Gómez, secretario general de la Confederación Nacional de Mineros de Colombia -que agrupa a 11 asociaciones mineras en Antioquia -, quien explica que no son ni el diez por ciento de quienes esperan contar con el aval del Estado.

Además el Gobierno nunca presentó el proyecto de ley por lo que sigue rigiendo el Código de Minas del 2001, el que le abrió las puertas a las grandes multinacionales y dejó en el limbo a todos los mineros tradicionales del país. Eso es porque puso en igualdad de condiciones el pequeño minero y el gran inversionista y puso nuevas reglas para la expedición del título minero, por ejemplo, eliminó el requisito de contar con licencia ambiental en la fase de exploración.

Pero los pequeños y medianos mineros quedaron más maniatados porque de las seis áreas de reserva disponibles en Antioquia en cuatro, según Gómez, es imposible hacerlas productivas a punta de pico y pala porque los minerales están a más de 20 metros de profundidad. “Eso es condenar al pequeño minero a la pobreza”, afirma.

Por otro lado, en el Eje y el Suroeste antioqueño las poblaciones se han manifestado en contra de la megaminería en los últimos años. Así lo demuestra la primera consulta popular que se hizo en julio del año pasado en Pijao, sur del Quindío, en la que sus habitantes le dijeron no a los proyectos de minería de metales, y que ya casi todos los municipios de la región aurífera y cafetera antioqueña están declarados libres de minería.

Por la misma vía, este año protestaron habitantes de Quinchía, Risaralda, contra el proyecto minero ‘Miraflores’ de la empresa Seafield Resources Ltd, y la consulta popular en Córdoba y Salento, en Quindío, para decidir si quieren la actividad en su territorio, que ya tiene vía libre del Tribunal Administrativo para realizarse este año.

Por A o por B, los pequeños mineros no fueron los mejor librados después de la era Santos.

 

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