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Por Sara Lopera · 13 de Diciembre de 2019

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En tres semanas se posesiona el nuevo gobernador de Risaralda Víctor Manuel Tamayo, y con él crece la posibilidad de que la Corporación Autónoma de Risaralda, Carder, regrese a las manos del representante liberal Diego Patiño, quien hasta hace cuatro años era el padrino de la entidad.

La Carder está cuestionada por sus malos manejos, pues la Contraloría General ha encontrado 79 hallazgos fiscales y disciplinarios en los últimos dos años, y el Procurador Fernando Carrillo ha dicho que, con 66, es la corporación que tiene más procesos abiertos. 

Aparte, lleva 20 meses en ascuas: por recusaciones de veedurías y movidas políticas, ya van ocho intentos fallidos para poner director en propiedad.

La última decisión fue aplazar la elección hasta el otro año, y el candidato que más suena es el exdirector Julio César Gómez, amigo personal del representante Patiño y aliado del nuevo gobernador, quien presidirá la junta directiva a partir del primero de enero.

El poder del Representante en la Carder viene desde 1986, cuando fue el director de Planeación allí; y luego cuando el fallecido liberal Alberto Arias, aliado suyo, estuvo al mando por 14 años, desde 1996 hasta 2010.

Ese año, Arias renunció para lanzarse a la Gobernación con el apoyo de Patiño, que ya estaba en la Cámara de Representantes; quedó como encargado Juan Manuel Álvarez, quien trabajaba allí desde 1993 en la parte jurídica y era uno de los funcionarios de más confianza de Arias.

Álvarez dirigió la Carder entre 2010 y 2015, pero con él Patiño perdió poder. Eso porque el entonces director se alejó de sus toldas, y se acercó al entonces gobernador Carlos Botero.

En 2016, cuando Álvarez se reeligió, el Consejo de Estado lo tumbó por una demanda que le puso, entre otros, el abogado liberal Fredy Arias, hoy funcionario de la unidad de seguimiento y auditoría de Regalías de la Contraloría.

La demanda fue porque no está permitido que un director se reelija más de una vez. Aunque Álvarez argumentó que era su primera reelección, pues la primera vez que fungió como director fue un encargo, el Consejo de Estado lo suspendió mientras fallaba, y quedó como encargado Julio César Gómez, su subdirector de gestión ambiental y territorial.

Tras 10 meses, a finales de 2016, la alianza godo-liberal de Samy Merheg y Juan Pablo Gallo logró elegir como director a Leandro Jaramillo, el actual gerente de Aguas y Aguas de Pereira a quien destituyeron a inicios del año pasado porque en su elección la junta ignoró las recusaciones que ciudadanos le hicieron a varios de sus miembros.

Desde marzo de 2018 está en el cargo Martha Mónica Restrepo, exsecretaria de Planeación departamental y de las entrañas del gobernador Sigifredo Salazar.

Patiño, además de que es uno de los superpoderosos del departamento, fue de los que quedó mejor parado en las elecciones de octubre pasado pues ganó con Tamayo y con el alcalde de Pereira electo Carlos Maya; y su hijo Juan Diego fue el diputado más votado. 

Patiño, recargado, va por más

El lunes 2 de noviembre la junta directiva de la Carder se reunió por octava vez para intentar nombrar un director definitivo. Medios locales y cinco políticos de distintas orillas coincidieron por aparte en que el exdirector Julio César Gómez sería el elegido.  

Gómez es de la entrañas del representante Patiño, pues fue su secretario de Gobierno cuando fue gobernador en 1996; director encargado por diez meses en 2016 con su impulso; y gerente de su campaña a la Cámara en 2018. 

Este año ambos se la jugaron de frente por la candidatura de Tamayo, aún cuando el partido tenía la directriz del expresidente César Gaviria de apoyar al godo Diego Naranjo. 

En los últimos meses, Patiño y Gómez se estuvieron moviendo para conseguir mayorías en la junta directiva de la Carder, que componen el gobernador Salazar, dos delegados del presidente Iván Duque, cuatro alcaldes, dos representantes del sector privado, dos de las organizaciones ambientales y dos de grupos étnicos. 

Aunque esas movidas parecían exitosas, porque el nombre de Gómez era el que sonaba más fuerte, la elección se volvió a enredar.

El día de la reunión la Veeduría Ciudadana de la Carder, que componen varias organizaciones ambientales del departamento, pidió aplazar la decisión porque, "no hay un mecanismo de meritocracia para elegirlo entre los más de 50 candidatos habilitados”. 

Además, apareció un documento de 17 páginas de Clemencia Cecilia del Carmen Rodríguez, una ciudadana de la que no conseguimos información que argumenta que los 13 miembros de la junta estarían impedidos para votar por tener un interés particular y directo en la elección. 

Por ejemplo, asegura que los cuatro alcaldes están impedidos porque sus municipios actualmente tienen investigaciones en la Carder por presuntas infracciones al medio ambiente.

“Yo no puedo ser quien intervenga en la elección de quien va a dirigir la entidad que me vigila y que me está investigando”, explica el concejal del Polo y excandidato a la Alcaldía de Pereira, Carlos Alfredo Crosthwaite, quien fue el que armó los argumentos jurídicos de la recusación. 

En los últimos 20 meses se hicieron recusaciones parecidas a diferentes consejeros o a los candidatos habilitados; e incluso este año el Gobernador aplazó la decisión por un correo falso supuestamente firmado por el senador petrista Gustavo Bolívar, que advertía que si elegían un director en aquel momento, estarían violando la ley. 

Con eso, por octava vez la junta aplazó la decisión, y la novela en la que se enfrentan la casa conservadora de los Merheg y el gobernador Salazar con los liberales de la cuerda de Patiño, tendrá nuevo capítulo el año que viene.

Más posibilidades para Patiño y más ojos encima

Antes de que se convoque a la junta en 2020 para elegir al nuevo director, ésta tendrá que renovarse.

El mayor cambio se dará con la elección de los cuatro alcaldes, que escogen los 14 mandatarios locales del departamento en una asamblea. Allí el gobernador Tamayo arranca con ventaja, pues la mitad de ellos lo apoyaron en campaña. 

También cambiará el vocero de las ONG ambientales pues el actual, Mario Jiménez, quedó por fuera de la lista de aspirantes a ese cupo después de que la procuradura ambiental, Luz Elena Agudelo, advirtió que no cumplía con los requisitos.

Mientras eso se define, la Carder tendrá que enfrentar las investigaciones de Procuraduría y Contraloría; y los cuestionamientos de los veedores que siguen haciendo control político. 

En el último año, la Procuraduría declaró sujeto de derecho al Río Otún por su extrema contaminación, y responsabilizó a la Carder por permitir “la amenaza y vulneración de los derechos colectivos y del ambiente” al no hacerle control a los desechos y vertimientos. 

La Carder también aparece en dos investigaciones que abrió la Procuraduría este año a varias corporaciones; la primera, por el subregistro de permisos para la tala de árboles; y la segunda, por licencias de construcción en zonas protegidas de Pereira y Dosquebradas. 

A parte, esta semana Caracol publicó una nota polémica sobre las CAR, en la que el procurador Fernando Carrillo dice que son entidades entregadas a “la clase política regional y al clientelismo”, y dice que la de Risaralda es la que tiene más expedientes abiertos, entre investigaciones preliminares, disciplinarias y quejas. 

Le solicitamos a la Procuraduría la información exacta de los 66 expedientes abiertos de la Carder, pero para el cierre de esta historia no nos había llegado. 

Luego de las declaraciones de Carrillo en Caracol, la actual directora de la Carder Martha Mónica Restrepo dijo que le va a pedir más información al ente de control sobre los funcionarios implicados, y reveló que internamente tienen 80 investigaciones disciplinarias a funcionarios, de las que no le dio más detalles a La Silla Paisa.

Así mismo, en las auditorías de 2017 y 2018, la Contraloría encontró hallazgos fiscales por más de 255 mil millones de pesos, principalmente por presuntos recursos desviados, deudas de contratistas no cobradas, y el no seguimiento a obras de inversión en protección ambiental. 

Por todo eso, la Veeduría Ciudadana argumenta que la entidad está en enredos porque sus directivos son políticos y no técnicos, y por eso sigue presionando porque se aplique meritocracia en la elección del nuevo director. 

Incluso, luego de la última sesión, según nos contó una de sus voceras, Viviana Tamayo, le hará una petición formal al presidente Iván Duque de cambiar a su delegado en la junta, el empresario uribista Eduardo Castrillón. 

Eso porque en esa sesión la veeduría pidió meritocracia y Castrillón les respondió que “esa solicitud es un irrespeto y un obstáculo”, y que “ese cargo no es técnico sino que requiere muchas otras cosas", según quedó escrito en el acta de ese día. 

“En Risaralda hay muy pocos puestos importantes, todas son entidades con presupuesto reducido, por eso la Carder se la pelean tanto”, explica un político del primer círculo del gobernador electo Tamayo, para explicar el poder de la Carder para mover burocracia. 

Así, en unas semanas, con Patiño por delante, arrancará la carrera por quedarse con una de las entidades que mueve más recursos y poder en el departamento.

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