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Por Sara Ruiz · 01 de Abril de 2019

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El jueves, la fundación Pares publicó una denuncia por presunta corrupción contra el aspirante luisperista-uribista a la Gobernación de Antioquia, Mauricio Tobón. Al día siguiente se conoció un fallo de pérdida de investidura en primera instancia contra el concejal liberal de Medellín Bernardo Alejandro Guerra, hermano mayor del precandidato uribista Andrés Guerra.

Esas dos noticias muestran que a siete meses de las elecciones locales, empezó a salpicar lodo en la campaña al primer cargo de Antioquia, justo a los dos candidatos que hasta ahora han pintado fuertes.

La pelea que pasó de claro a oscuro

Desde noviembre pasado, el exjefe de Catastro de la Gobernación y precandidato a la alcaldía de Frontino, Jorge Hugo Elejalde, empezó a denunciar penalmente al tres veces seguidas concejal de Medellín, Bernardo Alejandro Guerra.

Así inició una pelea que contamos entre dos casas políticas liberales: la de los Guerra y la de los Elejalde, cercanos a los Gaviria Correa y al gobernador Luis Pérez.

En los últimos cuatro meses, Elejalde presentó cinco denuncias penales a distintos organismos de control en contra de Guerra, pero solo dos han tenido consecuencias.

La primera denuncia de Elejalde se trata de unos contratos de la fundación Sembremos País y la emisora Ondas de la Montaña, propiedad de los hermanos Guerra Hoyos, con Telemedellín, el canal municipal de televisión. Contratos ejecutados mientras Guerra era concejal, cargo que tiene entre sus funciones aprobar el presupuesto de ese canal y otras entidades públicas, y mientras Andrés Guerra dirigía un programa en Ondas de La Montaña, en plena precampaña electoral, con el que pautaba la Contraloría municipal.

A la denuncia se sumaron otros contratos directos de ese canal público con Fanny Patricia Guerra, hermana del concejal y el precandidato Andrés.

Por ese caso la Procuraduría General abrió una indagación preliminar en diciembre; pero en Tribunal de Antioquia no le declaró pérdida de investidura por eso.

La segunda denuncia se trata de un contrato de hace 20 años de EPM, empresa pública del municipio, y la empresa de seguros Coassist Limitada, de propiedad de Juan José Guerra, también hermano del concejal y del precandidato. El contrato consiste en que la aseguradora le cobra a los usuarios, en las facturas de servicios públicos de EPM, pólizas para asegurar el pago de estos en caso de incapacidad o muerte.

La tercera denuncia consiste en que Guerra aprobó la sobretasa ambiental para el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, entidad en la que trabaja su hija Alejandra. Esa también la evaluó el Tribunal, pero no fue causa de pérdida de investidura.

De esas cinco denuncias reventaron dos en un fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia, el 21 de marzo, que declaró en primera instancia la pérdida de investidura del concejal.

  • La primera tiene que ver con la defensa en el Concejo de beneficios para los afectados por el desplome del edificio Space en 2013, pues entre ellos estaba su hija Alejandra, dueña de un apartamento en uno de los edificios de la firma CDO que el Municipio ordenó evacuar cuando sucedió la tragedia.

    Según Elejalde y el Tribunal, Guerra propuso una comisión accidental en el Concejo que decidió exonerar del pago del impuesto predial a los damnificados por los líos de la constructora CDO hasta 2023, y de esa manera benefició a su hija.

  • La segunda denuncia se debe a que, para el Tribunal, Guerra violó las normas de financiación en su última campaña al Concejo por una donación de 42 millones de pesos  de la corporación Estudios por Medellín, que que constituyó el 80 por ciento de las donaciones totales de su campaña cuando el máximo permitido por donante es el diez por ciento.

El concejal Guerra anunció el fin de semana que va a apelar ante el Consejo de Estado, y se defendió en rueda de prensa diciendo que en el caso de CDO veló por el interés general sobre el particular; que la corporación Estudios Medellín no donó a su campaña sino que recaudaba donaciones de particulares, que no excedió los topes electorales y el Partido Liberal, el CNE y la Registraduría certificaron que la financiación de su campaña no tenía líos.

Pero ahí no se queda la cosa, pues otra de las denuncias de Elejalde van directamente en contra del precandidato Andrés Guerra: su esposa, María Clara Arroyave, fue contratista del Instituto Tecnológico Metropolitano, que es del municipio, mientras su cuñado Bernardo Alejandro era concejal.

Ese caso se convirtió en una denuncia del mismo ITM ante la Procuraduría del Valle de Aburrá, porque al momento de contratarla no habría revelado su conflicto de interés.

Además, una carta que publicó Elejalde tras el fallo dice “contra todos los hermanos Guerra (incluido el precandidato Andrés) hay una demanda de acción popular que se tramita en el Juzgado 35 Administrativo de Medellín, dado que los hermanos del concejal, la esposa de Andrés Guerra y una prima de ellos tienen contratos con el Municipio de Medellín y varias de sus entidades descentralizadas, incluida EPM”.

Con al menos esa demanda, ya el lío político del concejal Guerra toca a su hermano.

El día que salió en medios esa decisión judicial, Guerra se pronunció por redes a favor de su hermano y recordó su distancia de él en el plano político.

Esa decisión judicial salió al público justo la semana en que empezó la última etapa de la carrera por el aval del Centro Democrático para la Gobernación, por lo que le podría abrir espacio al otro precandidato uribista, el diputado Wilson Gómez, o a los que podrían terminar en una consulta interpartidista con la ficha uribista, como contamos: el conservador Juan Camilo Restrepo Gómez, ficha del cacao Manuel Santiago Mejía; o el exgerente del Idea de Luis Pérez, Mauricio Tobón.

Pero a Tobón se le está enlodando el camino.

Una Idea cuestionada

El miércoles  el subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila publicó una investigación en la revista Semana sobre presuntas movidas irregulares de una empresa creada por el banco de segundo piso de Antioquia, el Idea, cuando estaba al mando del hoy precandidato Tobón.

Esa denuncia sale de una investigación previa del diputado Luis Peláez, del Polo Democrático y el único de oposición al Gobernador Luis Pérez, quien hizo un debate sobre el tema en noviembre que no tuvo mayor eco en la opinión pública.

La denuncia de Ávila argumenta que la empresa, llamada Valor+, la constituyó Tobón en el Idea como camino para saltarse las reglas de contratación pública; tiene aliados cuestionados como Furel, constructora del capturado Hernán Moreno; y contrata servicios de infraestructura TIC con entidades públicas a través de aliados sin experiencia y con sobrecostos.

También dice que Valor+ beneficiaría políticos aliados de Tobón y del gobernador Pérez, pues en su junta están el liberal y gerente del Ferrocarril de Antioquia Omar Hoyos, el exdiputado también liberal Adolfo León Palacio y el hijo del condenado César Pérez, César Augusto Pérez González.

Según contó Ávila, también está en esa junta la esposa del senador conservador Juan Diego Gómez, uno de los principales aliados de Tobón desde que empezó su carrera para la Gobernación y quien lo acompaña en su búsqueda por el coaval conservador, según sabemos de primera mano.

Aunque los entes de control no han dicho nada, medios como Caracol RadioEl Colombiano y Blu Radio replicaron la denuncia de Ávila. También se movió en redes sociales.

Esa publicación hizo que Mauricio Tobón respondiera por Twitter anunciando que lo estaban calumniando, atacando al diputado Peláez y anunciando que contrataría al mediático penalista de derecha Abelardo de la Espriella para defenderlo.

Por eso, esa investigación puede ser una piedra en el zapato para Tobón, justo cuando le entregó a la Registraduría 136 mil firmas que recogió en menos de dos meses, y viajó a Bogotá a pedir el coaval conservador con el empujón de los Conservadores de Vida, grupo que lidera el senador Gómez.

Aparte, golpea a Luis Pérez en los últimos meses de una administración en la que ha procurado limpiarse de ruidos, como hemos contado.

Más allá de cómo evolucione el escándalo, juega a favor de Juan Camilo Restrepo Gómez, su rival para concursar por la bendición de los godos; y también de Mauricio Pérez, antecesor de Tobón en el Idea y ficha fajardista para volver a la Gobernación.

Curiosamente, según el documento, una de las fuentes de la investigación de Ávila, es el precandidato Pérez.

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