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Por Sara Ruiz · 08 de Enero de 2019

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Con estos nueve puntos desatrasamos a los que se dieron un merecido descanso y se desconectaron de la realidad regional en las fiestas decembrinas.

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A pesar de los refuerzos del Gobierno, la guerra en el Bajo Cauca se alborotó

A dos meses de que el presidente Iván Duque hiciera un consejo de seguridad en Caucasia, de que llegaran al Bajo Cauca más de 700 soldados y policías, y en pleno “cese al fuego” por Navidad del Clan del Golfo, la violencia no dio tregua.

El 26 de diciembre, en la zona que más disputan el Clan del Golfo y los Caparrapos, mataron a Javier Enrique Tapias, miembro de la Asociación Campesina del Bajo Cauca y de la Junta de Acción Comunal de Ocó Bajo, corregimiento El Doce, Tarazá, y beneficiario del Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos, Pnis.

También murió Irma Vianey Restrepo, quien lo acompañaba, y trabajaba en una escuela rural, según dijo la alcaldesa de Tarazá a Caracol.

Dos días después hubo otro homicidio en el mismo municipio, al mototaxista Luis Fernando Villa.

En la semana de Navidad, en El Bagre, donde el miedo ha ido creciendo en los últimos meses con panfletos amenazantes y homicidios, una granada explotó en una discoteca y dejó más de 20 heridos.

Y un sacerdote del corregimiento de Cuturú, de Caucasia, salió desplazado por amenazas contra su vida, aumentando la lista de desplazados que creció en el 2018.

Las fiestas cerraron, en pleno puente de reyes, con el asesinato de José Solano, presidente de Junta de Acción Comunal del municipio de Zaragoza y militante del Centro Democrático.

Como respuesta a la racha de violencia, a la estrategia del Gobierno para combatir los grupos ilegales la reforzó con otro consejo de seguridad el 28 de diciembre que trajo más soldados y policías.

 
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La Anla le metió más presión a EPM

El 27 de diciembre la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, Anla, citó a Hidroituango a una reunión de control y seguimiento, en la que le asignó 28 requerimientos de inmediato cumplimento, es decir, estudios para empezar a entregar a partir de esta semana, según la Anla.

Además le sumó otras especificaciones a los 10 requisitos que ya le había encomendado: nueve con plazo de un mes, y otro de cuatro meses.

Como la responsable del proyecto es EPM, socia y administradora del proyecto Hidroituango, ésta debe resolver las peticiones.

John Maya, gerente encargado de EPM, le dijo a Caracol Radio “hay unos requerimientos que podremos entregar y otros no (...) Son elementos muy elaborados”, como presentar estudios mensuales sobre la batimetría (profundidad de la presa y del río Cauca) y los efectos de la sedimentación en los túneles y zonas por donde pasa el agua, explicó.

Si EPM no cumple esas peticiones en el tiempo estimado, la Anla la puede sancionar hasta con multas.

Ese paquete de solicitudes ambientales se suman a la multa que le impuso la Anla en septiembre, por 2.419 millones de pesos, por no acatar viejas medidas de manejo ambiental del proyecto, los hallazgos disciplinarios y penales de la Contraloría por irregularidades en permisos e información ambiental, y las indagaciones de la Anla y de la Fiscalía sobre las licencias ambientales.

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En el arranque del último año de ‘Fico’, una racha de homicidios golpeó su estrategia de seguridad...

Además de que el 2018 en Medellín cerró con 44 homicidios más que todo el 2017, durante las vacaciones hubo varios asesinatos que mostraron una vez más que la meta de la Alcaldía de reducir los homicidios está lejos de cumplirse.

En la víspera de Navidad, la Comuna 13, una de las zonas que más dio de qué hablar por muertes violentas y donde hay al menos dos peleas distintas entre combos, contó tres asesinados en tres barrios.

El 28 de diciembre, una balacera en una discoteca dejó tres muertos; el 30 fue el día más violento del 2018 con 7 asesinatos; y en dos semanas mataron a dos profesores universitarios.

Esa serie de muertes le costaron críticas al alcalde Federico Gutiérrez, que tiene como principal bandera golpear a la criminalidad y que no ha tenido éxito en reducir los homicidios, pues la tasa viene en aumento desde 2015.

Las críticas llegaron al ámbito nacional de cuenta de Gustavo Petro, con quien el mandatario ya ha tenido encontronazos.

El Alcalde y su secretario de Seguridad respondieron que en sus tres años de gobierno tienen una tasa promedio de homicidios más baja que la de las cuatro administraciones anteriores.

Pero a esa respuesta le siguieron más críticas.

Así, Gutiérrez arrancó el año con una de sus banderas políticas aporreadas.

 
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...Pero le entró un aire con el contrato para buses eléctricos

El 27 de diciembre, la empresa municipal Metroplús adjudicó la licitación para comprar una flota de 64 buses eléctricos por 75 mil millones de pesos, proyecto que hace parte del plan de Gutiérrez de que Medellín sea la capital de la movilidad eléctrica en América Latina.

Escogió, entre cuatro proponentes (dos de ellos descalificados), al consorcio Green Medellín, conformado por dos empresas de la multinacional BYD: la china de energías renovables BYD Industry Company Limited (con el 31 por ciento de participación) y la filial colombiana de vehículos BYD Colombia (con el 69 por ciento).

BYD había estado probando buses eléctricos en Medellín y Bogotá, y participó en la licitación para renovar parte de la flota del Transmilenio el semestre pasado, como contó La Silla Cachaca.

Ese contrato fue un papayazo porque en un principio el Alcalde dijo que compraría al menos 55 buses eléctricos, y el contrato le dio para comprar 9 más.

 
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Duque celebró obra uribista, elogió a Pérez y rechazó a Fajardo

Para iniciar la última fase de construcción del túnel de Oriente, que conecta el Valle de Aburrá con el de San Nicolás (donde queda el aeropuerto de Rionegro), el presidente Iván Duque visitó Medellín.

Estuvo con la ministra de Transporte Ángela María Orozco, el gobernador de Antioquia Luis Pérez, el exgobernador y dirigente uribista Luis Alfredo Ramos, dirigentes del Comité Intergremial de Antioquia, Fenalco, la Cámara de Comercio de Medellín, Augura y algunos congresistas y políticos locales.  

El acto fue un gasolinazo del Presidente para Luis Pérez, cuyos megaproyectos andan a paso de tortuga, como hemos contado, y quien ahora tendrá al túnel para mostrar.

Ese proyecto, además, es uribista. Lo creó y entregó en concesión Álvaro Uribe cuando era gobernador (1995-1997) y la construcción la inauguró Luis Alfredo Ramos en el 2011.

Eso, luego de que estuviera frenado durante las administraciones de Guillermo y Aníbal Gaviria, porque al proyecto le faltaban estudios técnicos y ambientales, según le dijo el segundo a La Silla.

Duque felicitó y pidió un aplauso para Pérez, pues cuando llegó a la Gobernación hace tres años reanudó las obras que en la gobernación anterior, de Sergio Fajardo, estuvieron frenadas por 32 meses (pues en 2012 la Anla suspendió la construcción y le quitó a Cornare la competencia sobre el proyecto por tres años, mientras que Fajardo consideraba que el túnel no era prioritario y no hizo nada para que avanzara).

“Aquí lo que vemos es que una obra que había estado paralizada por casi tres años necesitó el empuje de un gobernador para sacarla adelante, hacerla realidad (...) Cuando hay este manejo, se logran transformaciones”, dijo Duque elogiando a Pérez y puyando a Fajardo.

Pero las flores no fueron solo para Pérez, ni las puyas solo para su exrival en campaña.

“Usted (Luis Pérez) tuvo visión. La tuvo también el doctor Luis Alfredo que está acá. Ojalá esta visión la hubieran tenido los que dejaron paralizar esta obra. La hubiéramos tenido antes”.

 
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En Caldas hubo pelea con el cambio de estatutos de la Licorera

El 19 de diciembre la Asamblea departamental debatió una reforma a los estatutos de de la Industria Licorera de Caldas ILC, fuente de ingresos grande del departamento, y la aprobó casi por unanimidad.

Entre las medidas que reforman los estatutos está que dos de los cuatro miembros de Junta Directiva que nombra el Gobernador se queden durante dos años más con el fin de “dar continuidad a las políticas de la empresa”, según le dijo a La Silla gerente de la ILC, Luis Roberto Rivas.

También permite que la Licorera venda otros productos además de licor, como bebidas no alcohólicas y souvenirs; y le añadió a la empresa actividades como seleccionar comercializadores y distribuidores con evaluaciones de riesgo financiero y perfil técnico y jurídico.

En el debate, el diputado Juan Sebastián Gómez, de uno de los partidos de coalición del Gobernador, La U, dijo que el senador Mario Castaño había llamando varios diputados para pedirles que votaran en contra el proyecto de ordenanza. La Silla lo confirmó con otras dos fuentes que lo saben de primera mano.

“A mí (Mario Castaño) me llamó tres días antes del debate y me dijo que el proyecto no se podía aprobar porque significaba privatizar la empresa e iba en contra de los distribuidores, y que el gerente Luis Roberto y el gobernador Guido querían quedar atornillados”, le dijo a La Silla un diputado que nos pidió el off para no casar peleas.

Pero el senador Castaño nos dijo que aunque el proyecto no se había socializado antes, se hizo con “oscurantismo” y por eso no está de acuerdo con él, no ha leído los estatutos aún y es falso que hubiera interferido en el debate: “yo no les voy dar la oportunidad de hacer campaña con eso”, justificó.

El diputado Jorge Hernán Aguirre, del equipo del senador y quien votó en contra -pero quien le aseguró a La Silla que su posición no estuvo influenciada por Castaño- nos explicó que las medidas le dan más dientes a la Junta Directiva para que el Gobernador y el gerente mantengan el poder incluso después del cambio de gobierno, y para que sus decisiones pasen por encima de la Asamblea, y eso puede abrirle un espacio a la privatización.

En todo caso, la ordenanza pasó con pocas modificaciones por parte de los diputados, con dos de los tres sindicatos de la Licorera de acuerdo, y con la fuerza del gobernador Echeverri respaldada por mayorías.

 
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Los investigados por el nuevo caso de corrupción de Quindío quedaron libres por ahora

Días antes de salir a vacaciones contamos que presuntas irregularidades en contratación que empantanan de nuevo el poder vargasllerista quindiano, en cabeza de la exgobernadora Sandra Paola Hurtado.

La última semana de diciembre, un juez de garantías de Armenia tumbó la medida de aseguramiento que había pedido la Fiscalía contra los contratistas y funcionarios de la administración de Sandra Paola Hurtado, que están envueltos en ese escándalo de pago de coimas para supuesta financiación de la campaña a la Gobernación del 2015, entre otras cosas.

Eso, por falta de argumentos para mantenerlos en la cárcel durante las audiencias.

 
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Octavio Cardona puso a vender buñuelos y café en espacio público sin convocatoria

En plenas fiestas decembrinas, la Alcaldía de Manizales instaló dos casetas para ventas particulares de buñuelos y café en pleno espacio público.

Lo raro es que la idea de instalar la caseta de buñuelos, y de que el negocio fuera para la tienda “Buñuelos y más…” fue de Wilmar Granada, amigo de infancia del Alcalde, como contó La Patria, quien es dueño de varios bares y cafés en el sector El Cable.

Se trata de un proyecto piloto para mejorar el espacio público zonas donde supuestamente hay consumo de droga y líos de orden público, según le dijo el Alcalde a ese diario.

Pero la forma de asignar ese proyecto, y que lo hicieran en plena vía pública, dejó inconformidades entre algunos manizaleños.

 
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Otro escándalo le da más guerra al precandidato uribista a la Gobernación de Antioquia

La semana que pasó aumentaron las denuncias contra del concejal liberal de Medellín Bernardo Alejandro Guerra, que, como hemos contado, ha ido sacando a la luz desde hace tres meses el exdirector de Catastro de la Gobernación de Luis Pérez, Jorge Hugo Elejalde.

La última consiste en que EPM, empresa municipal, tiene un contrato desde hace 20 años con la empresa de seguros Coassist Limitada, del hermano del concejal Guerra (y por ende de Andrés Guerra), Juan José Guerra.

El contrato consiste en que la aseguradora le cobra a los usuarios, en las facturas de servicios públicos de EPM, pólizas para asegurar el pago de estos en caso de incapacidad o muerte.

EPM le explicó a W Radio que no hay inhabilidad porque no es EPM la que le paga a Coassist, sino que Coassist le paga a EPM por el servicio de recaudo en sus facturas.

Esa denuncia se suma a los contratos de otros hermanos del concejal y del candidato, Federico y Fanny Patricia, para pauta publicitaria con Telemedellín.

 

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