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Por Sara Ruiz · 12 de Septiembre de 2018

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El miércoles pasado se acabó la primera tanda de sesiones en que el Concejo de Medellín discute las medidas que propone EPM para recuperarse de la emergencia Hidroituango, y para salvarse en los próximos tres años que se va a retrasar el proyecto. 

La junta directiva de la empresa, en cabeza del alcalde Federico Gutiérrez, calcula que para eso necesita siete billones de pesos, casi la mitad de los ingresos del Grupo EPM en 2017 y el 96 por ciento de la inversión proyectada de EPM para servicios públicos en Antioquia entre 2018 y 2020.

La plata es para pagar los costos que hasta ahora ha traído la crisis, para no perder liquidez y para que  EPM siga siendo la gallina de los huevos de oro de Medellín, a la que le transfiere anualmente el 55 por ciento de sus utilidades.

Las medidas generan polémica porque implican salir de un negocio que EPM, según la Contraloría de Medellín, compró más caro de la cuenta antes de la crisis y porque vendería su participación en ISA, que genera dividendos constantemente. También está la duda de por qué EPM está tomando medidas para salir de activos sin saber todavía si la hidroeléctrica se salva o no.

Pero a pesar de eso, el proyecto de Acuerdo es garantía de que no se reducirán los recursos que le girará EPM al municipio para que Gutiérrez haga inversión social en la recta final de su administración.

En todo caso, en el peor panorama, el lío le tocará al alcalde siguiente.

El plan de la junta

Tres de los siete billones que espera conseguir EPM son para hacerle frente a la contingencia en las comunidades afectadas, pagar sanciones ambientales y reparar la casa de máquinas. Los otros cuatro billones los necesita para mantener la plata que ya no va a recibir en los próximos tres años por la demora en el proyecto y para seguir prestando servicios públicos mientras empieza a funcionar la presa.

EPM necesita salir a vender porque los mercados financieros la están observando y, si no muestra que al menos está en el proceso de conseguir liquidez, las calificadoras de riesgo le bajarían su calificación, se le haría más caro endeudarse y los prestamistas internacionales como el BID, Japan Bank y el Banco de Desarrollo de Brasil podrían pedirle más rápido los 9,2 billones que les debe a todos en total.

Para llenar esos dos huecos la Junta decidió, de un lado, tomar dos medidas internas. Una es aplazar inversiones en proyectos de energía en los siguientes tres años por alrededor de 2 billones de pesos. La otra es ahorrar entre 500 mil millones y un billón a través de la reducción de costos de viáticos y no renovando el 10 por ciento de los contratos a término fijo, lo que podría impactar en la calidad de servicios como mantenimiento de redes de energía, agua y alcantarillado, además de sobrecargar a los empleados, según le explicó a La Silla Carlos Aguirre, miembro del Sindicato de Trabajadores de EPM.

Con la plata que se ahorre, la empresa repararía comunidades afectadas por la emergencia y arreglaría la casa de máquinas. Para el resto, planea vender la participación del 10,17 por ciento que tiene en ISA, que hoy vale en bolsa 1,5 billones de pesos; las empresas Aguas de Antofagasta (Adasa), por 2 billones, y parque Los Cururos, en Chile, junto con otras participaciones minoritarias en empresas nacionales, por 0,5 billones.

 

Espera cerrar esos negocios en julio de 2019. Pero los cuestionamientos de la Contraloría y de la opinión pública sobre ellos, más que todo sobre Adasa, dejan dudas de que logre recoger esa plata.

Las preguntas alrededor

Las concejales María Paulina Aguinaga, uribista, y Luz María Múnera, del Polo Democrático, han hecho dos críticas sobre la decisión. 

La primera es que, para ellas, EPM no debería vender ISA porque es una empresa que le genera utilidades constantes de entre 40 mil y 60 mil millones de pesos anuales, y tiene un valor especial porque es patrimonio público dentro del país. Por eso, EPM debería más bien vender sus filiales en el exterior, que no son solo las de Chile, sino las que están en Panamá, México y El Salvador. Todas estas le dieron a EPM ingresos por 5 billones de pesos el año pasado, el 35 por ciento del total anual de ingresos del Grupo EPM.

La segunda crítica, que está relacionada con la primera, es que EPM supuestamente quiere salir a vender rápido Adasa (una venta que puede hacer sin autorización del Concejo porque los activos están por fuera de territorio colombiano) porque habría sido un mal negocio.

Eso dijo la Contraloría de Medellín en un informe de auditoría de 2016. Dice que los 965 millones de dólares que pagó EPM para explotar ese negocio de desalinización de agua a 30 años -que hoy equivalen a 2,96 billones de pesos- fueron el 30 por ciento más de lo que ofreció el segundo proponente y cuatro veces el precio por el que la compró en 2003 el grupo Luksic, el que se lo vendió a EPM.

El otro activo en el exterior que quiere vender es el parque eólico Los Cururos, también en Chile, que tiene encima un deterioro del valor de sus activos por 259 mil millones de pesos debido a la caída de los precios de energía en ese país, lo que equivale al 54 por ciento de lo que invirtió EPM en 2014. .

Así, según la concejal Aguinaga, vender Adasa no sería por la emergencia sino porque EPM está aprovechando la crisis para salir de negocios malos. Por eso pide que venda sus filiales en el exterior para evitar más riesgos de pérdidas, y quedarse con ISA, que a su juicio sí garantiza ingresos constantes.

A esa crítica de Aguinaga sobre la rentabilidad de las empresas en el exterior se suma otro informe de la Contraloría, de febrero de 2018, que dice que otro de los proyectos que EPM tiene en el exterior, la Hidroeléctrica del Teribe (HET) en Panamá, empezó costando 50 millones de dólares y once años después va en 314 millones.

El problema es que EPM necesita vender ya. Según el gerente Londoño, las calificadoras de riesgo están pendientes de verlo vender activos para tener liquidez, algo que exigen para no bajarle la calificación. Para eso es clave mostrar pasos firmes antes de 2019.

Varios concejales alegan que para tomar la decisión sobre las ventas necesitan tiempo y que EPM les muestre todos los panoramas posibles. Pero el tiempo juega contra la empresa porque, como se saben sus afugias, entre más pase el tiempo el mercado seguramente le ofrecerá menos por lo que venda, según le explicó a La Silla el profesor y consultor en economía, Luis Guillermo Vélez.

Mientras se sabe si las ventas y los ahorros funcionan, y si Hidroituango es viable o no, a Medellín, la dueña de EPM, no le toca apretarse el cinturón. Por ahora.

Todo en juego, menos lo del último año de 'Fico'

Incluso si todo sale bien, para el 2020, cuando habrá un nuevo alcalde, las transferencias para inversión social del municipio bajarán en un 30 por ciento con respecto a las proyectadas para 2019, y el 36 por ciento con respecto a las de 2018.

Por eso, el próximo alcalde va a enfrentar un arranque con vacas flacas por cuenta de la crisis de la empresa, que aporta el 19 por ciento de todos los ingresos de Medellín.

Orlando Uribe, Secretario de Hacienda del municipio, le explicó a La Silla que por la emergencia las transferencias ya bajaron 100 mil millones del año pasado a este.

También dijo que “el municipio ya está en la dinámica presupuestal en torno al cierre del Plan de Desarrollo”, y que por eso no era viable reducir más las transferencias y bajar la presión de que EPM arroje y reparta utilidades.

Sobre si es posible usar recursos de otras fuentes para la inversión social, para que el 2020 no pinte tan negro en ese frente, Uribe dice que es normal que en el primer año de una administración no entre tanta plata como en los tres años siguientes.

Explicó que cuando Gutiérrez llegó en 2016, también le tocó una disminución de transferencias por 174 mil millones de pesos (fueron 817 mil millones) con respecto al 2015. “Tal cual nos tocó a nosotros, el alcalde que llegue deberá armar su plan de Desarrollo con los recursos que le lleguen”, nos dijo el Secretario.

Pero esta vez la disminución de recursos para el 2020 será de 343 mil millones, el doble de lo que bajaron en 2016, y 1.8 veces más de lo que invirtió Gutiérrez solo en educación con las transferencias de EPM en su primer año de Gobierno.

Lo que el Alcalde no quiere recortar son los gastos de inversión específicos para impulsar proyectos que necesita terminar, que quedarán claros con el presupuesto para 2019 que presentará la Secretaría de Hacienda al Concejo en octubre, el mismo mes en que tomará la decisión de si vender los activos de ISA o no.

Se trata de 1,1 billones de pesos que generalmente van a inversión de las secretarías de Inclusión Social, Educación, Desarrollo Económico, infraestructura Física y el Instituto de Vivienda Isvimed, pero esas prioridades pueden cambiar dependiendo de cómo esté la ejecución de metas del Plan de Desarrollo.

Según los cálculos de EPM, en 2021 las transferencias serán de 1 billón de pesos frente a los 1,2 del año pasado, antes de la crisis, y solo en 2022, el tercero de los cuatro años de administración del próximo alcalde, esas transferencias se recuperarán y llegarán a 2,8 billones.

Eso solo si Hidroituango sobrevive y empieza a operar. Si no, las utilidades -y por tanto las transferencias- pueden volver a caer.

Decida lo que decida el Concejo, donde hay mayorías para vender las acciones de ISA, los efectos de la emergencia no los asumirá quien toma las decisiones hoy, sino el que llegue después.

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