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Por Sara Lopera · 31 de Marzo de 2019

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En medio de la tensión entre indígenas y el Gobierno Nacional por la Minga que ya lleva más de dos semanas, se hizo viral un video en el que el senador Álvaro Uribe llama a la directora de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para pedirle que reciba a algunas personas, incluyendo líderes uribistas, de Riosucio, Caldas.

Más allá de la controversia en medios porque la directora, Myriam Martínez, le dice “presidente” al expresidente y senador, y porque éste le pida un favor a una funcionaria que depende de su ahijado político, el presidente Iván Duque, el fondo del asunto puede impactar en la minga.

Eso porque los apadrinados por Uribe para tener una cita con la funcionaria buscan incidir en un proceso en el que la ANT debe definir cuánta tierra le titulará a uno de los resguardos indígenas más antiguos de Colombia y porque la llamadita ya tuvo efectos.

La ayudita que pidió Uribe

El video de la llamada fue grabado el 13 de marzo en la convención del Centro Democrático en Manizales.

Ese día, cuando los precandidatos uribistas del departamentos se estaban presentando, los de Riosucio, municipio al noroccidente de Caldas, le contaron a Uribe que campesinos de su municipio estaban preocupados porque podrían perder sus tierras por reclamaciones de los indígenas.

Cuatro resguardos de Riosucio llevan décadas pidiéndole al Estado que reconozca títulos coloniales que tienen desde 1627. Los indígenas eran el 75 por ciento del total de sus habitantes en 2005, según el censo del Dane, y tienen un gran poder local.

La preocupación viene de un grupo que se reconoce como mestizo campesino y que no está de acuerdo con que sus tierras hagan parte de un título colectivo, porque con ello se quedarían sin poder vender, explotar o usar la tierra como quieran.

La preocupación concreta por la que Uribe llamó a la directora Martínez es porque en 2016, en una sentencia de tutela, la Corte Constitucional ordenó a la ANT priorizar el proceso de delimitación y titulación de tierras del resguardo emberá chamí Cañamomo y Lomaprieta, y hacerlo en máximo 18 meses.

Ese es el segundo resguardo más grande del municipio y el primero con más población censada, con 22.503 indígenas, el 37 por ciento de los habitantes de Riosucio, según datos de la sentencia.

En el área que reclama el resguardo hay entre 1.300 y 1.500 propiedades privadas con escrituras públicas, le contó a La Silla el exgobernador de Cañamono, Carlos Eduardo Gómez. Eso crea el choque concreto entre quienes se identifican como campesinos y el resguardo.

Para resolver esa tensión, la Corte le ordenó a la Agencia conformar un grupo de expertos que, tras un estudio, diera recomendaciones sobre cómo hacer la delimitación.

La Agencia conformó el grupo a inicios del 2018, liderado por un antropólogo, un sociólogo, un historiador y un abogado, y con representantes de todos los sectores del municipio.

En julio recibió el informe que le dejó claro a la ANT el lío en el que está metida pues, aunque los indígenas son dueños de parte de los predios que piden incluir en el resguardo, otros fueron adquiridos de forma legal por particulares no indígenas.

Además, un pedazo de tierra que reclama el resguardo se cruza con zonas urbanas; y existe otro conflicto porque dentro del área están la comunidad indígena Cumba y la afrodescendiente Guamal, que exigen no quedar dentro del resguardo.

El estudio muestra todos los intereses que confluyen en ese terreno.

El 6 de agosto, un día antes de que Duque llegara a la Casa de Nariño, la Agencia sacó una resolución donde dice que adoptan las recomendaciones hechas por el grupo y reconoce la existencia del resguardo.

Eso es importante para el resguardo porque aunque ya está legalmente constituido en Caldas, ese reconocimiento de la Agencia lo acerca más a la entrega del título colectivo.

El sector no indígena quedó inconforme y quiere que la Agencia mande otra comisión. Una que “no sea sesgada”, según le dijo a La Silla un riosuceño uribista que estuvo en la reunión con Uribe: “el gobierno de Santos, un gobierno de izquierda, solo tuvo en cuenta a los indígenas y nunca nos escuchó a nosotros”.

Por la misma línea está el representante a la Cámara y uribista Fernando Gómez, quien también estuvo en la reunión. “Fueron ocho años en los que no escucharon a los campesinos”, dijo a La Silla, “el Gobierno anterior fue muy laxo y alcahueteó a los indígenas”.

Según los dos uribistas, el municipio no es de mayoría indígena y los resguardos se han aprovechado de que reciben ayudas estatales por el enfoque diferencial para presionar a otras personas a entrar a los censos que realizan cada año.

“Los están desalojando de sus tierras, les quitan sus escrituras, los amenazan con dejar de recibir los beneficios de Familias en Acción, adulto mayor y salud”; le dijo Gómez a La Silla.

Esa versión la desmienten, por aparte, la gobernadora del resguardo San Lorenzo, Elizabeth Betancur; el del resguardo Nuestra Señora Candelaria de la Montaña, Carlos Durán; el exgobernador de Cañamomo, Carlos Eduardo Gómez; y el vocero del Consejo Regional Indígena de Caldas (Cridec), Norman David Bañol.

Todos le aseguraron a La Silla que el censo es completamente voluntario porque consiste en que cada persona se declare o no indígena, y que todas las acciones que han llevado para reclamar la tierra son judiciales y no de hechos.

Por ejemplo, el mismo año que la Corte sacó la sentencia, el resguardo Cañamomo inició un proceso en la Unidad de Restitución de Tierras URT para pedir una reparación colectiva, según le contó a La Silla el exgobernador Gómez.

Con esta reparación también quieren lograr una titulación colectiva, y con ella, el reconocimiento a su autoridad ambiental y el respeto a las formas de manejar su territorio, según nos explicó Gómez.

Por eso, en noviembre del 2018, el Juzgado Primero especializado en Restitución de Tierras de Pereira publicó una lista con más de 600 predios de Riosucio que están dentro de las 6.856 hectáreas que reclama el resguardo como territorio ancestral, para que sus dueños se presenten en el Juzgado a intervenir en ese proceso con las pruebas necesarias.

Al igual que Cañamomo, otros dos resguardos de Riosucio ya han reclamado títulos colectivos.

En noviembre la URT le restituyó 6.706 hectáreas al resguardo de San Lorenzo; y el resguardo Escopetera y Pirza tiene en trámite otro proceso por 437 hectáreas.

“No es que los indígenas le estén quitando las tierras a nadie. Se trata de reclamos justos validados por jueces de la Corte Constitucional y de la Unidad de Restitución de Tierras”, le dijo a La Silla el alcalde indígena del municipio Bernardo Arley Hernández.

Ese enfrentamiento entre indígenas y mestizos lleva años en Riosucio, según el senador uribista Carlos Felipe Mejía, quien le contó a La Silla que en los cuatro años anteriores hizo más de nueve intervenciones pidiéndole al Gobierno Santos que solucionara de fondo el problema, pero que no lo escucharon.

De hecho, el 1 de marzo de este año, antes de la llamada de Uribe, el Senador le mandó una carta a la directora Martínez y a la Ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, pidiendo atención al tema.

Al final de la carta dice: “Solicito de manera urgente revisar y reconsiderar lo que definió la comisión de expertos, escuchando a una comisión de habitantes del Municipio de Riosucio (...) así como solicito que escuchando estos argumentos, pueda también intervenir en el proceso que adelanta el Juzgado de Restitución”.

Con todo eso, lo que quiere ese sector de habitantes de Riosucio, con apoyo del Centro Democrático, es que la Agencia reconsidere lo que se hizo en el Gobierno Santos.

Para eso mismo fue la llamada de Uribe, una llamada que surtió efecto.

La Agencia ya atendió el llamado uribista

Gracias a la llamada, el lunes 18 de marzo, cinco días después de la convención uribista, un grupo de riosuceños en compañía del representante Gómez y el senador Mejía visitaron a la directora Martínez para contarle su preocupación.

“Fuimos una comisión de varios partidos políticos”, nos contó un uribista que participó de la reunión; otro de los asistentes nos dijo que también fueron representantes de campesinos y afros.

Los dos nos pidieron no revelar sus nombres porque aseguran que podrían correr peligro o ser amenazados por tratarse de un tema de tierras.

La comisión de políticos que fue a la Agencia salió de una mesa de coalición que hace seis meses crearon los partidos Centro Democrático, Conservador, Liberal, Mira, La U y Cambio Radical para tener un candidato único a la Alcaldía que pueda arrebatarle a la dirigencia indígena el poder, que ha ganado por dos períodos seguidos.

Eso nos contaron por aparte las dos fuentes de Riosucio y los uribistas Antonio Corrales, diputado, y Jorge Alberto Betancurt, concejal de Manizales.

Los atendió la misma directora Martínez al inicio de la reunión, y luego los dejó con la directora de Asuntos Étnicos, Lena Tatiana Acosta, que los escuchó casi dos horas.

Según el representante Gómez, la reunión no fue para pedir favores concretos o beneficios a nadie.

“Le pedimos el favor de que le pusiera el ojo al tema, que se respete lo que los indígenas se han ganado históricamente, pero que no abusen y quieran ganar tierra que no les pertenece”, nos contó el uribista de Riosucio.

“También pedimos que se evaluara la posibilidad de enviar un nuevo grupo de expertos de la Agencia para el tema del resguardo”, nos contó otro de los asistentes.

La ANT le respondió a La Silla que la conclusión de la reunión es que los asistentes enviarán una petición formal para que la Agencia presente a toda la comunidad de Riosucio el resultado del estudio.

Le preguntamos al Ministerio del Interior sobre las medidas que piensan tomar frente al tema y a la carta que les envió el Senador, pero para el cierre de esta historia no habíamos recibido sus respuestas.

El senador Mejía le contó a La Silla qué obtuvieron: “logramos que la Agencia se comprometiera a ir personalmente al municipio a explicar la sentencia de la Corte, a escuchar a toda la comunidad que no se sintió escuchada y a mirar qué es lo que está pasando realmente”.

Otro de los asistentes, que no dio su nombre por temor a represalias en el municipio, le dijo a La Silla que el acuerdo fue más allá. Dice que la Agencia “va a designar una comisión que viaje a Riosucio y recoja elementos de prueba que ayuden a determinar la delimitación de este resguardo, teniendo en cuenta los derechos adquiridos de terceros”.

Es decir, que la ANT va a reabrir la discusión, como quieren afros, campesinos y políticos de todos los partidos no indígenas.

Justo esta semana, los congresistas Gómez y Mejía radicaron un proyecto de ley por el bicentenario de Riosucio, que propone que el Gobierno cree una comisión intersectorial con varias de sus entidades y personas del municipio para definir temas como el censo, la extensión de los resguardos o las zonas comunes del municipio.

El senador Mejía asegura que todavía no han socializado el proyecto con el Gobierno.

Frente a la llamada y la participación del Centro Democrático, el Cridec publicó el jueves un comunicado denunciando persecución en contra de los pueblos indígenas de Riosucio por parte del Centro Democrático.

“Estamos muy preocupados y dejamos la constancia de que no estamos de acuerdo con esas intromisiones políticas en el nivel ejecutivo”, nos dijo su vocero Norman David Bañol.

Las actuaciones de la Agencia y el Gobierno estarán por verse.

Por ahora, el acercamiento de un sector de habitantes del municipio a la Agencia de Tierras a través del partido de Gobierno, le da más razones a los indígenas de Riosucio para permanecer en la Minga, que exige que Iván Duque los escuche, y que al parecer va para largo.

Comentarios (5)

#EnvidiaPorNoSerQuienAcabóConLasFARC

31 de Marzo

0 Seguidores

Los fanáticos enemigos d la paz con las FARC, mienten para aterrorizar a la p...+ ver más

Los fanáticos enemigos d la paz con las FARC, mienten para aterrorizar a la población. Hasta los cuantos muertos innecesarios ,llegará uribe, con sus lineas rojas, para hacer un acuerdo d paz con el ELN?MODULACIÓN pide uribe a la corte y al negro, q les habló conmucha claridad,pero el nola tiene.Habló el patrón del mal solo queda obedecer o morir

DIDUNDI

31 de Marzo

3 Seguidores

Las llamaditas d..El Presidente.. siempre tienen q funcionar.
Hay q ir bu...+ ver más

Las llamaditas d..El Presidente.. siempre tienen q funcionar.
Hay q ir buscando una salida digna para Duribe, acorde A SU TALANTE y q no lo deje x lo menos...en + ridículo dl q está.
Lo q falta es q Furibe se presente a la minga y de la cara como el PRESIDENTE q ES.
Excesiva soberbia d parte dl gbno, se requiere un representante haga presencia con VOZ Y VOTO, y q' mejor q el Presidente Furibe?

Nepomuceno Yusunguaira

31 de Marzo

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Y como siempre, del lado de los despojadores. Este país solo descansará el día en que el Todopoderoso llame a rendir cuentas a ese miserable auspiciador del paramilitarismo.

Y como siempre, del lado de los despojadores. Este país solo descansará el día en que el Todopoderoso llame a rendir cuentas a ese miserable auspiciador del paramilitarismo.

Julián Darío Bonilla Montenegro

01 de Abril

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Eso de mantener los títulos de las personas como si fueran de carácter nobiliario es una falla de nuestra cultura política. No solo es el caso con Uribe; recuerdo cuando asistí a un evento que organizaba Ernesto Samper y el séquito de lagartos que lo seguían en esas actividades lo llamaban "presidente" o se referían a él como "el presidente Samper". Nos quedaría mejor una monarquía, ¿cierto?

Eso de mantener los títulos de las personas como si fueran de carácter nobiliario es una falla de nuestra cultura política. No solo es el caso con Uribe; recuerdo cuando asistí a un evento que organizaba Ernesto Samper y el séquito de lagartos que lo seguían en esas actividades lo llamaban "presidente" o se referían a él como "el presidente Samper". Nos quedaría mejor una monarquía, ¿cierto?

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