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Por Sara Ruiz · 16 de Enero de 2019

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Hace una semana se cumplió el plazo que tenía el Clan del Golfo para solicitar someterse a la justicia a través de un decreto ley diseñado exclusivamente para ellos. Pero nadie se sometió, y por eso el decreto, que se creó para cumplir con los Acuerdos de La Habana, solo quedó sirviendo para que la Fiscalía tenga más dientes contra este y otros grupos.

 

El decreto con fuerza de ley que sacó el expresidente Juan Manuel Santos el pasado 9 de julio, a menos de un mes de dejar la Presidencia, surgió para cumplir el compromiso del Acuerdo Final de La Habana de “crear un proyecto de ley para promover el sometimiento o acogimiento a la justicia de las organizaciones criminales” en el marco de la justicia ordinaria, “para garantizar la seguridad en los territorios”.

Desde antes, venían avanzando acercamientos entre abogados del Clan del Golfo y el Gobierno, en cabeza del entonces vicepresidente Óscar Naranjo y con la participación del Senador del Polo Iván Cepeda y del exnegociador con el ELN, José Noé Ríos.

Ese proceso lo marcó la intención pública que manifestó el jefe del Clan, Dairo Antonio Úsuga alias “Otoniel”, de acogerse a la justicia. En septiembre de 2017 dijo en un video: “queremos hacer parte del fin del conflicto para el desarme total de los grupos armados (...) hemos expresado nuestra intención de alcanzar una salida digna y voluntaria con garantías que lleven a la reconciliación”.

Con ese antecedente, la norma terminó hecha a la medida del Clan; algo que se evidencia, como contamos, en que este era el único grupo armado que quería someterse y cumplía con las características que exigía para dar beneficios a sometimientos colectivos.

 

Eso es, porque si bien el Clan tenía seis meses para decir que quería someterse, el resto del decreto, como las herramientas para pelearles, no tiene fecha de vencimiento.

El sometimiento de Santos murió...

El viceministro de Política Criminal, Juan Francisco Espinosa, le contó a La Silla que no hubo solicitud del Clan. “Se requería una verdadera voluntad de acogerse a la justicia por parte de dichas organizaciones. Sin embargo, no la mostraron”, explicó.

Aclaró que con la prórroga de la Ley 418 o de orden público, que existe desde el Gobierno Samper y se prorroga cada cuatro años para que los gobiernos puedan ofrecer incentivos en negociaciones con grupos armados ilegales, puede haber sometimientos individuales.

Pero el sometimiento colectivo, como lo buscaban el Clan del Golfo y el Gobierno Santos, quedó descartado por ahora.

La explicación es que no hubo suficiente zanahoria.

En eso coincidieron por aparte el exministro de Justicia, Enrique Gil; una alta fuente de la Fiscalía que nos pidió no mencionarla para no meterse en líos con el Fiscal General; una fuente del Alto Gobierno que nos pidió no citarla porque no está autorizado para dar declaraciones sobre ese tema; el abogado penalista Michell Pineda, que ha defendido exparamilitares, y la senadora uribista Paola Holguín, una de las que más se ha metido en el tema.

“Si le ofrece a un bandido como “Otoniel” una rebaja del 50 por ciento de la pena, pasaría 25 años encanado y eso no sería una garantía para él”, le explicó Holguín a La Silla.

“No era atractiva porque tenían que someterse con todo su grupo y no individualmente, como suele ocurrir. Los integrantes de la organización que no tenían órdenes de captura le dijeron a "Otoniel" que no estaban dispuestos a entregarse”, nos dijo la fuente de Fiscalía. “Lo único que los beneficiaba era que la pena se cumplía en colonias agrícolas”, añadió.

Además, el cambio de gobierno al uribismo, que tenía como meta acabar con los grupos armados por la fuerza, pudo crear un ambiente menos favorable para que el Clan se sometiera, más cuando el gobierno Duque redobló la presencia de la fuerza pública en donde está el Clan y lanzó el plan “El que la hace la paga”.

La senadora Holguín le contó a La Silla en que el Consejo Superior de Política Criminal -que revisa los proyectos penales y en el que se se discutió el decreto de sometimiento antes de que pasara a Congreso- no se ha discutido si se prorrogará o no la ley.

Holguín, que fue autora de un proyecto de ley fallido para que bandas criminales como la Oficina de Envigado se sometieran, dijo que tampoco se ha hablado al respecto en el Congreso; y que si llega a tocarse en febrero, cuando las sesiones extras empiecen, puede ocurrir que la ley de sometimiento se revise y se prorrogue con algunas modificaciones.

Mientras eso no ocurra, el decreto de sometimiento sirve es al Fiscal.

...pero no los dientes para el Fiscal

El Ministerio de Justicia redactó el decreto de la mano de la Fiscalía, que ha estado a cargo de los sometimientos individuales, y esta metió varios artículos que le dan herramientas específicas para pelear contra los grupos armados grandes como el Clan, las disidencias de las Farc o el EPL.

Entre ellas aumentó los plazos para investigar a sus miembros, autorizó que sus investigadores o Fiscales actúen como agentes encubiertos, y les permitió hacer operaciones diversas, como usar armas y droga incautada o incluso abrir cuentas, para avanzar en sus investigaciones encubiertas.

También creó el delito de asesoramiento a grupos criminales, para que contadores, abogados o médicos de integrantes de esos grupos puedan ser condenados, y aumentó las penas para quienes porten armas y uniformes en zonas que dejaron las Farc o donde hay Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial.

Eso da herramientas para que el Fiscal logre más resultados, que sumados a los escándalos locales de corrupción que ha destapado en todo el país podrían hacer contrapeso a los cuestionamientos que carga.

Así, mientras la Fiscalía ganó con una ley hecha para tener más poder, el Clan del Golfo se quedó mirando para el techo con una norma que no sirvió.

 

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