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Por Sara Lopera · 29 de Agosto de 2018

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Con una auditoría de 442 páginas, la Contraloría General de la Nación abrió la semana pasada un nuevo capítulo en la crisis de la Hidroeléctrica Ituango. El informe revela supuestas irregularidades en la licencia ambiental del proyecto y cuestiona las acciones de la ANLA, el Ministerio de Ambiente y EPM, asuntos todos que fueron ampliamente registrados por los medios estos días.

Lo que nadie ha mencionado hasta ahora es que la auditoría, además de cuestionar fuertemente la mega iniciativa y a los que tenían que hacerle seguimiento, legitima una lucha de meses que vienen dando varias comunidades del Bajo Cauca antioqueño que se declaran víctimas de la crisis de Hidroituango, aunque EPM no las ha reconocido oficialmente.

De 35 hallazgos administrativos que registra la Contraloría, 29 tienen presunta incidencia disciplinaria y ocho penal. Lo más importante, según Javier Gutiérrez, director de vigilancia fiscal del Medio Ambiente de esa entidad, es que las autoridades ambientales en Colombia tienen graves debilidades para controlar los proyectos hidroeléctricos, y que los procesos de licenciamiento carecen de rigor. También llama la atención sobre la inexistencia de personal capacitado para hacerle control y seguimiento al componente técnico y operativo de los proyectos hidroeléctricos, pues la ANLA se encarga únicamente de lo ambiental y lo social. En el Estudio de Impacto Ambiental la CGN detectó que EPM no dio los detalles locales necesarios, sino que presentó un informe general. Por ejemplo, no valoró el impacto ambiental por el cambio en la calidad del agua ni realizó una estimación de ecosistemas estratégicos, como los tipos de bosques que están en el área. Otro hallazgo relevante es que el Ministerio de Ambiente no le exigió a EPM el Diagnóstico Ambiental de Alternativas, con el que se determinaba si esa era la mejor opción de localización desde el punto de vista ambiental y social para desarrollar el proyecto, aún sabiendo que en el territorio hay 11 fallas geológicas reconocidas.

Las exigencias aguas abajo

Más allá de la generalidad de la auditoría, entre los 35 hallazgos se encuentran algunos que les dan la razón a los alcaldes y movimientos sociales de los municipios del Bajo Cauca (Tarazá, Cáceres, Caucasia y Nechí) que desde la emergencia de mayo vienen exigiendo que EPM los incluya como área impactada por su obra.

Esa empresa no lo hizo porque su estudio de impacto ambiental, que avaló el Ministerio de Ambiente en 2009, determinó que solo doce municipios aguas arriba tenían impacto físico, biótico y social.

EPM no reconoce hasta ahora que haya afectaciones en esas comunidades. Jorge Castaño Director Ambiental del proyecto, sostiene que, por el contrario, van a mejorar la calidad del agua aguas abajo y que el embalse está diseñado para simular las actividades normales del río, por lo que no genera mayores cambios en las dinámicas.

Aunque acepta que sí se afecta el ciclo de reproducción de los peces, por lo que deben compensar con la repoblación y para eso tienen dos planes en unas ciénagas de Caucasia. 

Ana Milena Joya, Gerente Social y Ambiental de proyectos de EPM, le dijo a La Silla Paisa que más que por un impacto, esos municipios hacen parte del plan de contingencia por un hecho “fortuito” y por eso se habla es de daños específicos.

Pero ahí, aguas abajo, aseguran que sí son víctimas por los daños que se registraron en la contingencia y porque la presa ha hecho que el río que históricamente ha sido sustento para tantos no vuelva a ser el mismo.

“Si somos afectados por la contingencia, es porque hacemos parte del área impactada”, asegura una líder de Caucasia que no concibe que se aisle una cosa de la otra.

Estar incluidos como área impactada significaría para estas poblaciones recibir inversión directa de la empresa. Por ejemplo, EPM ha recuperado más de mil kilómetros de vías en los 12 municipios que sí hacen parte. Y ha invertido en canchas, colegios, viviendas y servicios públicos.

De hecho, algunos de esos beneficios los ha recibido Valdivia, el único municipio del Bajo Cauca reconocido como parte de la zona de impacto del proyecto. Allí se invirtieron alrededor de dos mil millones de pesos en proyectos productivos de piscicultura y agricultura.

En ese municipio, sin embargo, también se quejan porque fueron los más afectados con la contingencia y los proyectos productivos no han avanzado mucho, según un líder de la Asociación de Campesinos del Bajo Cauca.

El informe de la Contraloría les da la razón a los cuatro pueblos no incluidos al señalar que allí “se evidenciaron afectaciones psicosociales severas y perturbación a la tranquilidad y proyectos de vida de los ciudadanos”, y asegura que existe “deficiente identificación, caracterización y determinación del área de influencia” de Hidroituango.

También cuestiona la forma en la que EPM realizó el censo de los afectados. El universo poblacional de la empresa es de dos mil personas a compensar, únicamente de aguas arriba (entre los que vivían en los lugares de embalse y los que trabajaban en el río), pero el ente de control habla de 26 mil que incluye a los de aguas abajo.

La Contraloría no comprende por qué si sabían que la construcción de la presa afectaría la producción de peces, EPM solo incluyó a un municipio del Bajo Cauca cuando se conoce de la actividad pesquera en Tarazá, Cáceres, Caucasia y Nechí.

Los movimientos ciudadanos y los alcaldes que tampoco están de acuerdo con lo que les ha dejado el proyecto, llevan meses organizándose para exigir respuestas tanto de la empresa como del Gobierno Nacional por los estragos del proyecto. Y la noticia de la Contraloría les da fuerza.

Así ha sido la afectación

Los habitantes de los cuatro municipios aguas abajo que están al borde del Río Cauca y que están exigiendo atención no se habían dado cuenta de que el proyecto tenía tanta incidencia en sus vidas hasta el momento de la emergencia.

Comenzó el 28 de abril cuando se advirtió el taponamiento de un túnel, y se materializó el 12 de mayo con la creciente del río. Puerto Valdivia fue el más afectado con 7 mil evacuados.

Pero más abajo también se sintió. EPM registró la evacuación de 5.763 personas en Tarazá y 3.799 en Cáceres. Y aunque dice que en Caucasia y Nechí no sucedió nada, el Alcalde de éste último registró la salida de 3.200 personas que se fueron por miedo.

Por el plan de contingencia, EPM invirtió 20 mil millones de pesos, el único dinero que hasta el momento ha dado en los cuatro municipios del Bajo Cauca, dirigidos a consejos municipales de riesgo, Puestos de Mando Unificado y albergues, kits de alimentación y aseo, adecuación de vías y de muros de contención, entre otros.

Sin embargo, en esas poblaciones sienten que lo que han padecido va mucho más allá de la situación coyuntural de la creciente que incrementó la inversión de EPM.

Hoy, cuatro meses después de aquel aviso, continúan en alerta amarilla y naranja, y nadie les asegura que no corren peligro. Además, desde los alcaldes hasta los ciudadanos de a pie sienten que nadie responde por los estragos que quedaron.

El balance que hizo EPM es menos grave del que ellos denuncian. En el Registro Único de Damnificados solo tienen a 235 familias de Puerto Valdivia que, según ellos, fueron las afectadas por la única emergencia real que sucedió el 12 de mayo cuando aumentó el caudal del río y se llevó por completo 73 viviendas y dejó daños parciales en otras 162.

Lo que EPM no ve

En estos municipios hablan de daños colaterales en materia económica, ambiental y sicológica, los cuales EPM no reconoce.

Por ejemplo, la administración de Tarazá hizo un censo en mayo que registra ocho mil afectados, más de los que cuenta EPM, entre ellos 200 comerciantes que tuvieron que cerrar los negocios, y también se registra desvalorización en un 50 por ciento de algunas propiedades de la cabecera municipal.

Además, en el registro de damnificados de EPM no están los daños de 18 familias que tuvieron pérdidas de sus cultivos de peces, entre mil y tres mil unidades, y otros que tenían pequeños cultivos de plátano, maíz y yuca de entre una y dos hectáreas. La Alcaldía se encargó de datarlo.

“Este municipio es muy vulnerable, la más mínima cosa nos daña toda la economía” dice Juan Guillermo Rivera, Secretario Planeación, quien explica que el resultado de la emergencia es el incremento del desempleo y la informalidad, pues dentro del municipio no hay oferta laboral y entonces la mayoría sale a la vía troncal a trabajar con ventas informales por el diario, por sobrevivir.

Esa vulnerabilidad va mucho más allá de Hidroituango...

El Bajo Cauca -cuyas principales actividades son la minería, la pesca y la agricultura-, con un 71 por ciento, es la segunda subregión con el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas más alto en Antioquia, según información del DANE del 2013.

Otro factor es que entre Valdivia, Tarazá y Cáceres está el 70 por ciento de la coca del departamento.

Pero además de eso, y como buena parte del país sabe, es uno de los corazones de la guerra que sigue en Colombia, una subregión históricamente golpeada por el conflicto armado en la que ahora mismo están en disputa por el territorio dos grupos residuales de las AUC.

Según una fuente off the record de la Defensoría del Pueblo que trabaja en la subregión, la emergencia de la hidroeléctrica favoreció a los grupos armados, porque sin carretera y sin trabajo en el río durante esos meses, el único dinero que hizo circular la economía fue el ilegal movido por el oro, la coca y el microtráfico.

Y aún es eso lo que impera, porque, según tres de los seis alcaldes de la subregión, la economía no despega.

En Cáceres no saben con qué recursos van a terminar de realizar las labores administrativas este año. La alcaldesa de Cáceres Sandra Patricia Durán no pudo renovar 20 contratos porque no tienen con qué pagar, la gente no paga impuestos porque está quebrada. “Nos pusieron a trabajar como bobos útiles por la emergencia y descuidamos todas las labores y obras del municipio”, dice Durán.

Nechí, que está más alejado del proyecto pero en las mismas condiciones del resto, no podrá renovar otros diez contratos en noviembre por la misma razón. En la emergencia gastaron 346 millones del presupuesto del municipio que ahora hacen falta, y obras como la de una cancha de fútbol de Indeportes y la pavimentación de vías están pausadas.

Hasta Caucasia, que es el municipio más poblado y con más actividad comercial, está resentido. Según su alcalde, Oscar Aníbal Suárez, la especulación de que la represa se venía abajo hizo que todos los inversionistas se fueran, ya no quieren invertir y los bancos tampoco quieren prestar.

Por eso el 31 de mayo pasado los cuatro alcaldes le escribieron una carta a EPM exigiendo que fueran incluidos en el área de influencia del megaproyecto. Hasta la fecha no han recibido ninguna respuesta de la empresa.

La empresa no tiene la obligación de responder por esos daños según la Gerente Social y Ambiental, y si lo hacen es por labor social, “lo que se quiere es gestionar con el Gobierno Nacional algún proyecto conjunto para dinamizar las economías del Bajo Cauca, porque decir que se va a resarcir un daño pues afortunadamente hasta hoy no ha habido”.

Indignados por lo que consideran el desconocimiento del daño, ciudadanos de los cuatro municipios crearon en medio de la contingencia el Movimiento Aguas Abajo con el aval de 11.770 firmas.

Lo dirigen líderes mineros, comerciantes, ganaderos, pescadores, ambientalistas, abogados y ciudadanos de a pie. Desde mayo venían haciendo movilizaciones y acciones jurídicas para que EPM les responda qué piensan hacer con ellos y su situación de riesgo.

Omar Cardozo, exfuncionario de Corantioquia e integrante del movimiento, fue quien se encargó de escribirle un derecho de petición a todas las autoridades competentes y a la Presidencia en mayo, exigiendo un  plan de contingencia que responda a la magnitud del problema y una respuesta por los daños psicológicos y materiales.

Pero dos meses después, el mismo Juan Manuel Santos les respondió que a la fecha no había una sola víctima por causa del proyecto; y esta semana les llegó la respuesta de EPM, que a grandes rasgos dice que el plan de contingencia ya está y que las afectaciones solo llegaron hasta Puerto Valdivia.

Los alcaldes están pesimistas. La Alcaldesa de Cáceres se quejó de la última visita de funcionarios de EPM porque dijeron que el proyecto no ha causado daños al medio ambiente.

¿Cómo no? si antes el río era caudaloso, antes se pescaba el bagre y el bocachico, ahora mantiene seco, aquí ya no hay productividad, no hay nada, no vamos a tener más opción que irnos

Alcaldesa de Cáceres

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Por la misma vía está la demanda de este año de 517 pescadores del Bajo Cauca certificados por la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca a Hidroituango porque reclaman que sus ingresos se han reducido más de la mitad por el proyecto y no han sido tenidos en cuenta.

El daño sicológico es lo que más mencionan. “Acá la gente no está pidiendo ni siquiera dinero, está pidiendo que se les devuelva la tranquilidad”, dice un líder de Tarazá.

Esvén Cortés, mandatario de Nechí, dice que el daño ya está hecho, “lo que pasó con la presa va a quedar en la retina de todas las personas, tendrán que pasar diez años o más sin ningún incidente para que la gente vuelva a confiar en el territorio”.

La Contraloría ratifica lo que vienen diciendo. Afirma que la licencia del proyecto tiene una caracterización deficiente de los afectados, y que más allá de la contingencia, la hidroeléctrica impactó sus formas de vida. También llama la atención sobre el plan de contingencia porque es muy básico y no consideró que podía pasar lo que pasó en mayo.

“Nos están dando la razón”, dice optimista Cardozo, quien cree que EPM tiene solo una parte de la culpa, pues los encargados de controlar el proyecto son entes del Estado que tendrán que responder por no haber hecho bien la tarea, refiriéndose a la ANLA y al Ministerio de Ambiente.

La Contraloría no tiene competencia para hacerle seguimiento a EPM, por eso su auditoría fue dirigida a la ANLA, que es autoridad ambiental nacional. Sin embargo, el Contralor General le trasladó los hallazgos a Procuraduría para los asuntos disciplinarios y a Fiscalía para los penales, pues son los únicos que pueden avanzar en esa investigación y sancionar.

Mientras tanto, la alerta roja para Puerto Valdivia y Puerto Antioquia en Tarazá y la amarilla y naranja para el resto de aguas abajo se mantienen hasta enero del próximo año que EPM tenga certeza del control de la presa y el futuro de Casa de Máquinas. Una zozobra postergada.

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