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Por Sara Ruiz · 11 de Enero de 2019

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La carta de la multinacional Gran Colombia Gold en la que le pide al Gobierno intervención militar, policial o “de cualquier otra fuerza” en el Nordeste antioqueño y en Marmato, Caldas, donde tiene sus títulos mineros, es una papa caliente para el presidente Iván Duque.

La carta, que se filtró hace unos días desde la misma compañía canadiense y llegó a manos de la Confederación Nacional de Mineros de Colombia, Conalminercol, es la primera prueba que tiene el Presidente para mostrar, por un lado, qué tan jugado está con las grandes mineras que lo apoyaron en campaña; y por otro, si es capaz de resolver los líos de miles de mineros tradicionales, informales, que no han podido llegar a acuerdos con la multinacional para formalizarse.

La prueba para Duque

La carta que Gran Colombia Gold le mandó al Gobierno en noviembre fue a raíz de un plantón al que convocó la Mesa Minera de Segovia y Remedios, que representa los 13 mil mineros informales que hay en ambos municipios, pidiendo alternativas para su formalización.

El temor de la multinacional es que ese plantón sea la antesala de un paro que afecte su operación y por eso le pidieron al Gobierno intervenir.

La Silla Paisa supo que el Ministerio de Minas, la Agencia Nacional de Minería, la Procuraduría y la Gobernación de Antioquia están redactando una respuesta unificada y ninguna de esas partes va a hablar hasta que salga ese comunicado por lo delicado del tema.

Lo que respondan puede marcar la pauta de la relación entre el Gobierno y el sector minero.  

El presidente tiene el reto de formalizar mineros pequeños y ancestrales, un asunto que Santos prometió, pero que no pudo resolver y que Duque también prometió siendo precandidato y en sus talleres Construyendo País en las regiones.

Gran Colombia Gold tiene varios títulos mineros en dos zonas donde la minería es el mayor porcentaje de la economía local.

Una parte está en Segovia y Remedios, Nordeste antioqueño, donde la mitad de la población vive de la minería directa o indirectamente; y la otra parte está en Marmato, en el Noroeste de Caldas, donde más del 85 por ciento de su gente depende del oro.

Continental adquirió buena parte de las minas de Segovia en el último tramo de la segunda presidencia de Álvaro Uribe; y ese mismo año obtuvo otras en Marmato, Caldas, a través de una fusión con Medoro Resources, también canadiense.

En Segovia la pequeña minería existe hace más de cinco décadas, en Marmato hace cinco siglos; y a pesar de que esa compañía llegó a comprar las tierras que hace años explotan, hay una pelea constante entre estos y la empresa porque la única alternativa para formalizarse es a través de ella, y a pocos mineros los convence hacerlo.

“A mí me pagan una onza 3 millones de pesos, y con la multinacional la onza me valdría alrededor de 1 millón 200 mil pesos. Eso no nos alcanza porque con eso tenemos que pagar seguridad social y cubrir la nómina, que dependiendo de cada mina son entre 80 y 600 empleados”, nos explicó Yarley Marín, vicepresidente de la Mesa Minera de Segovia y Remedios.

La pelea en Segovia y Remedios es entre la multinacional y la Mesa Minera.

Luego del paro del 2017, que organizó la Mesa, duró 43 días y paralizó las actividades económicas en la región, se discute en el marco de una mesa de soluciones interinstitucional (donde están la Gobernación, las alcaldías, Corantioquia, el Ministerio de Minas, la ANM, la mesa minera de Segovia y Remedios y Gran Colombia) una alternativa para que los mineros se formalicen a través de subcontratos con la empresa o con otros titulares de la zona.

Pero hasta ahora no hay soluciones. Incluso, en octubre pasado el procurador regional, Ricardo Leyva, se levantó de la mesa y le envió una carta al Gobernador de Antioquia alegando que después de un año no se había podido llegar a un acuerdo por falta de voluntad de las partes.

A ese lío se suma la presencia de grupos ilegales como el Clan del Golfo y la guerrilla del ELN, que se lucra tanto de la explotación del oro como de la extorsión a mineros formales e informales.

De hecho, una de las quejas de Conalminercol, la asociación que reúne pequeños y medianos mineros en todo el país, es que, con la carta, Gran Colombia Gold está metiendo en el mismo saco a mineros tradicionales como a grupos ilegales.

En Marmato, la relación también es tensa.

El gobierno departamental ha buscado sentar en una mesa a Gran Colombia Gold y a los mineros, para encontrar un modo de formalizarlos a través de contratos con la empresa, pero no se ha podido.

El argumento de los mineros es que quisieran que en las zonas reconocidas como ancestralmente mineras pudieran formalizarse sin necesidad de asociarse a empresas grandes, como le había dicho a La Silla Luz Stella Ramírez, directora de Conalminercol.

“La propuesta de la multinacional no ofrece garantías ni estabilidad para los mineros en el trabajo, tiene muchas cláusulas. También nos ha faltado asesoría jurídica para presentar propuestas”, nos dijo un minero informal local.

Para más líos, la vía jurídica que tiene Gran Colombia como dueña del suelo y del subsuelo para defender la explotación de sus minas no funciona.

La multinacional se mantiene enviándole a la Agencia Nacional de Minería amparos administrativos o solicitudes de desalojo de mineros informales, y pocas veces logran que se hagan efectivos, sea porque los alcaldes no los cumplen, o porque las comunidades se oponen.

Según alega la empresa, hay 85 amparos que la Agencia Nacional de Minería les ha solicitado al alcalde de Marmato, pero de esos solo uno se ha ejecutado, al parecer, por un conflicto de interés del Alcalde, que también es minero informal, según un funcionario del municipio que nos pidió off the record para no entrar en polémicas.

Intentamos comunicarnos con el mandatario para tener su versión, pero no fue posible.

En Segovia y Remedios pasa igual. La multinacional ha solicitado 212 amparos administrativos, de los cuales la Gobernación ha concedido 25 y los alcaldes solo han ejecutado dos.

Las fuentes locales y empresarios que consultamos nos explicaron que eso pasa porque hay un arraigo tan fuerte de la comunidad hacia los mineros, que los mismos alcaldes tienen la presión de la comunidad para dejarlos donde están.

“Aquí viene la Policía con la Alcaldía y la Gobernación a decirnos: venimos a hacer efectivo un amparo administrativo. ¿Están de acuerdo o no? Nosotros decimos que no, ellos toman nota y se van”, le dijo a La Silla Yarley Marín.

Ese arraigo, incluso, muchas veces sobrepasa al Estado.

En julio de 2017, 200 marmateños impidieron que la Policía capturara a un minero que llevaba, sin licencia, unos explosivos que utilizan tradicionalmente para extraer el oro en los socavones.

“El minero no va a dejar, de la noche a la mañana, una costumbre de 400 años. Nuestros padres andaban con el explosivo de arriba para abajo”, le dijo en su momento a La Patria uno de los mineros que llegó a impedir el arresto.

En un foro del Centro Democrático en Bucaramanga en agosto de 2017, Duque dijo que formalizaría a los mineros pequeños a través de “un registro único minero que incluya a los artesanales, pequeños y medianos mineros, y que permita la formalización, mejorando los estándares ambientales y sociales de manera gradual -basado en incentivos”.

Pero la única alternativa para avanzar en la formalización parte del diálogo entre los mineros y las multinacionales, que ahora, con la carta, está más roto.

Por eso, si Duque decide mandar Fuerza Pública, como lo dice la carta, podría dar un espaldarazo a las multinacionales mineras que se sintieron representadas con sus propuestas y lo apoyaron en campaña, buscando que combatiera la minería ilegal, como contamos.

Prueba de la correspondencia con los mineros grandes es que el Ministerio de Minas y Energía apelara en diciembre pasado el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de suspender la entrega de títulos mineros hasta que no se delimitaran las zonas que se pueden explotar de las que no, y continuó con la ventanilla minera abierta hasta que el Tribunal falle en segunda instancia.

Más, cuando Álvaro Uribe, su padrino político, fue el que le adjudicó los títulos mineros a Gran Colombia Gold en Segovia y Remedios en la recta final de su periodo presidencial, en el que le metió el acelerador a los títulos mineros.

En el mandato Uribe las hectáreas tituladas pasaron de 1,13 millones a 8,53 millones, como contó La Silla, entre ellas las de Segovia y Remedios, y dos de sus exministros fueron directivos de empresas mineras.

Puntualmente, María Consuelo Araújo, su exministra de Cultura y excanciller -hoy gerente del Transmilenio- salió del Gobierno a presidir Gran Colombia Gold, y estuvo ahí hasta junio de 2010, cuando Uribe estaba de salida en la Presidencia. Bajo su mando es que la multinacional adquirió los títulos en el Nordeste.

Hernán Martínez, su exministro de Minas hasta 2010, en 2011 se volvió miembro de Junta Directiva de Medoro Resources, que explotaba en Marmato y se fusionó con Gran Colombia ese mismo año.

Pero si Duque decide darle gusto a la Gran Colombia Gold, también podría echarle más leña al fuego de las movilizaciones sociales que ya le han estallado como pasó con los estudiantes, como han planeado los cocaleros y que podría crecérsele con los mineros.

De hecho, ayer en la tarde ya hubo una reunión de mineros informales del Nordeste antioqueño y del noroccidente de Caldas en Marmato para decidir cómo responder si el Gobierno le dice “sí” a la petición de Gran Colombia Gold y despliega Ejército y Policía en las minas donde trabajan.

“Ojalá no tengamos que acudir a las vías de hecho, que es lo que tenemos”, le dijo un minero a La Silla.

El sigilo con el que el Gobierno está manejando la respuesta a la carta, muestra que aunque ya había recibido otra parecida, esta puede marcar un nuevo rumbo en la relación con la multinacional y con los mineros en general.

La carta

Esta no es la primera vez que Gran Colombia Gold le manda una carta a Duque.

En julio pasado, a pocos días de la posesión del Presidente, ya le habían enviado otra en la que le pedían acciones para evitar que la Mesa Minera convocara a un plantón donde “pretenden obligar a la población a comenzar un paro de actividades sin ningún tipo de fundamento ni credibilidad”.

Sin embargo, la última carta no solo fue filtrada por la propia multinacional, algo novedoso y que muestra que alguien adentro quería que se hiciera público su descontento.

También tiene un tono muy distinto.  

Según tres empresarios mineros que consultó La Silla por aparte, esta carta tiene un tono imprudente y desesperado porque exige medidas impopulares para la empresa.

Por ejemplo, en la primera carta usan términos como “nos colma la impotencia al ver que las instituciones del Estado no toman cartas en el asunto” o “esperamos que se tomen las decisiones pertinentes” y no dicen explicitamente cuáles.

Pero en la última ya dicen cosas como “el tratamiento que se nos ha dado por parte del Gobierno, la falta de protección y asistencia para proteger mineros ilegales no es el mismo que se la ha dado a otras compañías mineras” o “solicitamos despliegue militar y policial, así como de cualquier otra fuerza”.

Por eso la reacción del Gobierno puede sentar un precedente sobre cuál va a ser la postura del Gobierno frente al sector minero, apenas en el arranque de su presidencia. Los ojos de los pequeños y grandes mineros están puestos en la respuesta. 

Comentarios (3)

Elizabeth Prado

11 de Enero

6 Seguidores

Esas cartas son para preparar una demanda internacional de inversión.

Esas cartas son para preparar una demanda internacional de inversión.

DIDUNDI

12 de Enero

3 Seguidores

De inversión y/o intervención con el tal conflicto d falso patriotismo q qui...+ ver más

De inversión y/o intervención con el tal conflicto d falso patriotismo q quieren imponer en contra d Venezuela q, en últimas no deja d ser + q el distractor perfecto para la auliaudiencia crónica?

lomagrande

28 de Febrero

0 Seguidores

Esa invasión ya está autorizada con permisos ya cedidos...y qué podemos esp...+ ver más

Esa invasión ya está autorizada con permisos ya cedidos...y qué podemos esperar los colombianos de manos de estos gobernantes que no piensan en la patria sino el bolsillo propio..ejemplo hidroituango..ya se dieron cuenta quienes son los culpables y ahora Duque sabemos a quien obedece..nada que hacer ¡pobre Colombia...mientras unos se llevan el oro, los otros comen mierda!

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