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Por Sara Ruiz · 09 de Julio de 2018

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Hace poco más de medio año, Ituango quitó su última trinchera. Después de que el Ejército retirara el último bulto de arena, en ese municipio no se respira paz, sino cada vez más zozobra.

El frente 18 de las Farc, que se armó hace más de 30 años para conquistar el norte de Antioquia, acababa de entregar en junio sus armas y ya no había por qué proteger como búnkeres la Alcaldía y los batallones del Ejército y la Policía.

Salvo a tres exmilicianos de las Farc que los mataron, según la Policía y los rumores del pueblo, por cuentas pendientes entre sus mismos socios o por venganzas de hacía años, las muertes violentas desaparecieron.

Ahora los homicidios casi triplican los de todo el año pasado (en 2017 hubo 14 y en lo que va del 2018 van 41, según datos de la Policía Nacional); en las últimas dos semanas, dos presidentes de juntas de Acción Comunal, un barequero del río Cauca (cerca de la emergencia de Hidroituango) y un familiar de uno de esos presidentes han sido asesinados, y el alcalde Hernán Álvarez denunció que un grupo ilegal que desconoce lo declaró objetivo militar.

Ni él, ni comerciantes, ni exguerrilleros, ni cocaleros, ni policías, ni líderes campesinos saben a ciencia cierta cuáles son los grupos que les arrebatan la promesa del posconflicto.

En el casco urbano, solo ven pasar jóvenes en moto, y sin casco, que actúa como sicarios, al estilo de las comunas de Medellín, o ponen granadas para atacar a sus enemigos. Uno de esos últimos ataques mató a una niña de tres años.

En la zona rural, ven pasar por sus caseríos, varias veces en la misma semana, hombres de civil o de camuflado, que no habían visto antes por ahí, que van en grupos de a cinco o de a diez.

Por lo general llegan al caserío, buscan al presidente de la Junta de Acción Comunal o a algún líder, se presentan como disidencias de las Farc o Autodefensas Gaitanistas y les dicen algo así, según nuestras fuentes en el territorio, muchas veces con una amabilidad de la que se extrañan: “Nosotros queremos volver a poner orden aquí, a brindarles seguridad, como lo hacían las Farc (...) Vea, no se dejen engañar por el Gobierno, nosotros les compramos la coca a mejor precio del que les ofrecía la guerrilla”.

Así, les proponen volver a la época en que las Farc les ponía las reglas de convivencia, cobraba “impuestos de guerra” para prevenir que volvieran los días aciagos -como los de las masacres del Aro y La Granja y el asesinato de Jesús María Valle, el que denunció la presencia de paramilitares en Ituango- además de asegurarles ingresos por sembrar coca.

Mientras tanto, los ituanguinos -según más de 20 fuentes del municipio con que conversamos, casi todas en condición de anonimato por seguridad- están sumidos en un silencio que, recuerdan, hace dos décadas era antesala de los ríos de sangre.

Fortín de guerra en oferta

Ituango, un municipio de 23 mil habitantes a seis horas de Medellín, es uno de los 169 priorizados por el Gobierno para el posconflicto. Lo que quiere decir que en ellos están en marcha los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdets), que determinan proyectos de desarrollo y de inversión estatal a cuatro años concertados con la comunidad.

También en Ituango, en una vereda a tres horas de la cabecera municipal hay un espacio territorial de capacitación y reincorporación, donde inicialmente se concentraron unos 273 excombatientes del frente 18 de la Farc, y ahora permanecen la mitad.

La mayoría de ellos ya recibieron los beneficios iniciales de la reincorporación, pero han tenido demoras para la adquisición de tierras para proyectos productivos, según le dijeron a La Silla por aparte “Elmer Arrieta”, otrora del frente 18, y una excombatiente que vive en el Espacio Territorial. “Es un tema que se ha venido dilatando mucho. Hasta el momento ninguno de los proyectos se ha desembolsado”, le dijo a La Silla la segunda.

Tampoco han conseguido la tranquilidad que anhelaban porque Ituango, como en otros municipios priorizados, está empezando a ser ocupado por grupos reciclados con ganas de plata ilegal ante la incapacidad de este gobierno y del Estado de asegurar la paz territorial prevista en el Acuerdo de Paz.

Es un punto estratégico. Conecta los cultivos de coca y la minería ilegal del Bajo Cauca y del Sur de Córdoba con la salida al mar de Urabá, y a su vez, sirve como punto de paso de las armas que vienen de Medellín para el norte del país. Es un corredor selvático, donde también han abundado cultivos ilícitos, que antes de la firma de la paz dominaban las Farc.

El excomandante "Elmer Arrieta", que se conoce esa ruta al derecho y al revés, traza un mapa, la de la coca, que va desde los límites de Ituango con Tarazá, zona de la guerra del Bajo Cauca entre disidencias, Caparrapos y AGC, hasta Peque, en el Occidente Antioqueño, que conecta al Norte con la salida al mar de Urabá.

Señala el camino entre el Bajo Cauca y los corregimientos de Santa Rita, La Granja, el paso por el río Ituango y el camino que se bifurca hacia el Occidente y hacia la vereda Santa Lucía, donde sus compañeros están concentrados. “Todo esto está lleno de paramilitares. También hay disidencias del 36, algunos del 18”, explica.

En Ituango se cruzan, entonces, el Clan del Golfo por Urabá y el Occidente; disidencias del Frente 36, Clan del Golfo y Caparrapos por el Bajo Cauca, Briceño y Yarumal, e incluso bandas criminales desde el Valle de Aburrá: el Ejército tiene identificada la presencia de los Pachelly, banda de Bello, al Norte de Medellín, que sube de vez en cuando a Ituango y a ese corredor para controlar la producción y comercialización de la coca que expenden, según le dijo a La Silla el Brigadier General del Ejército Juan Carlos Ramírez.

En este momento, el Ejército tiene identificados 31 disidentes del frente 36 en el municipio, unos 50 miembros del Clan del Golfo o las AGC más 11 hombres del frente 18 que al parecer se están moviendo conjuntamente con la disidencia del 36, que está al mando de alias ‘Cabuyo’.

Aquí la Policía sirve para recoger cadáveres. Parece que rigiera la ley del ‘no me toques, yo no te toco’, como en la época de los paramilitares

Por ser ese corredor, contó el General, el Ejército declaró en enero que Ituango sería el municipio que priorizaría en Antioquia, con 1.110 soldados desplegados por núcleos para desminado, erradicación, construcción de placas huella y otras misiones; más 85 policías. Es el mismo número de soldados y policías que ha estado siempre patrullando, pero con tareas distintas para abordar el posconflicto y los grupos armados que con él llegaron a Ituango.

Ellos han erradicado 283 hectáreas de coca en lo que va del año, han capturado 11 miembros del Clan del Golfo y a su cabecilla, alias “Brayan” (el que mandó a matar dos miembros del Partido Farc en Peque, límite suroccidental con Ituango, en plena campaña a las legislativas) y, dice el General, han golpeado el 32 por ciento de la disidencia del Frente 36 y un 8 por ciento de la disidencia del 18.

No obstante, en el pueblo la gente no percibe esa presencia. “Aquí la Policía sirve para recoger cadáveres. Parece que rigiera la ley del ‘no me toques, yo no te toco’, como en la época de los paramilitares”, le dijo a La Silla un líder que está recorriendo permanentemente las veredas y conoce bien las comunidades.

En eso coincidieron, por aparte, dos funcionarios de la Alcaldía que nos pidieron reserva de identidad por lo delicado que es afirmarlo, y el excabecilla Arrieta. Este último nos dijo que cuando camina la zona aledaña al espacio territorial de Santa Lucía, campesinos le comentan que “el Ejército es el mismo, la Policía es la misma que cuando estábamos en guerra”, y eso les genera desconfianza, pues les recuerda la complicidad de la Fuerza Pública con los paramilitares en las masacres de finales de los años 90.

El General dice que es difícil llegar a tiempo cuando hay riesgo en una vereda por la complejidad del relieve del municipio; que en vez de eso, los grupos de soldados están permanentemente en algunas veredas cumpliendo objetivos particulares.

La presencia permanente de soldados y policías en zonas específicas, sin embargo, no es sinónimo de seguridad para los pobladores. Uno de los casos que nos pusieron de ejemplo, por aparte una excombatiente y un habitante del casco urbano, fue el de Robinson Alirio Oquendo, un exmiliciano de las Farc que estaba en pleno proceso de reincorporación, y que asesinaron a una cuadra de la estación de Policía, en el parque principal de Ituango, el 28 de marzo.

Hasta ahora no se sabe quién lo asesinó -como sucede con los otros siete muertos de las Farc que van desde agosto de 2017-, y la Policía presume, como en los demás casos, que fue retaliación por sus acciones del pasado, según nos dijo una fuente anónima de esa institución, y el alcalde Hernán Álvarez.

Uno de los funcionarios que nos pidió anonimato por seguridad, nos contó que el líder de una de las juntas de Acción Comunal teme por su vida y se quiere ir de su vereda por el simple hecho de que hay Ejército arrancando coca y removiendo minas antipersonales allí. “Cree que en cualquier momento un grupo va a llegar a buscarlo para matarlo, solo porque deja que en su zona haya Ejército erradicando”, nos dijo el funcionario. Aunque nos dio el nombre del líder, nos pidió no publicarlo por su seguridad.

A esa incertidumbre se suma la desconfianza.

La erradicación forzosa del Ejército hizo que en marzo alrededor de 400 cultivadores de coca de los corregimientos de El Aro y Santa Rita que no se habían preinscrito en el Plan Integral de Sustitución voluntaria (Pnis) se concentraran en el pueblo para protestar. Aunque el Gobierno amplió el plazo para que los que quedaron por fuera entraran al Pnis, los soldados siguieron arrancando matas.

Una líder cocalera del municipio que critica que la Fuerza Pública nunca llega a tiempo nos lo puso en estos términos: “Ahora me encontré con mi mayor de la Policía y me dijo: ‘¡Qué bueno verla! Yo creí que la habían matado’”.

Mientras los grupos avanzan, la paz se congela

Además del miedo que siente, la gente de Ituango aún no ve por las carreteras las bondades de la paz. La seguridad que ha prometido el posconflicto ha despertado una economía que hasta ahora permanece dormida allí. Pero no la que quería la gente.

En marzo llegaron el Ministerio de Minas y la Gobernación de Antioquia a presentarles a los habitantes del municipio el potencial minero que tienen sus tierras, y las 44 solicitudes mineras de oro, plata, cobre, platino, arena y grava que están en curso. El rechazo en el campesinado fue generalizado, con el argumento de que su vocación es  agrícola.

Más beneficios les ha llegado con Hidroituango, que está a una hora de la cabecera municipal bajando por una carretera pavimentada hace seis años. “Si no fuera por ese charco, no tendríamos una vía buena”, nos dijo un funcionario de la Alcaldía.

Hay una lista de cosas por las que la gente del pueblo le agradece a EPM. Entre ellas, una imponente cancha sintética a las afueras del casco urbano, mil cien empleos formales para la gente del municipio, proyectos productivos para más de 400 personas (según datos de la Alcaldía) y la vía pavimentada que redujo entre dos y tres horas el trayecto a Medellín desde 2012.

Pero con esos beneficios, y luego de la emergencia, llegaron coletazos. Más allá de los barequeros que de la orilla del río debieron asentarse en dos campamentos improvisados al pie de la carretera porque los desplazó la crecida del río y los problemas en la vía con la construcción de la presa, la crisis reciente subió hasta la zona cocalera y la inscripción de las familias en el Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos ilícitos (Pnis) se quedó a medio camino con la emergencia.

Mientras que su municipio vecino, Briceño, es el único en Antioquia que firmó ya el acuerdo colectivo de sustitución voluntaria, el proceso de inscripciones individuales en Ituango para el Pnis está parado porque 1.018 de 1.794 personas faltan por inscribirse al programa, pues el 17 de mayo, cuando EPM anunció el riesgo de colapso de la presa, la delegación de la ONU y del Gobierno Nacional decidieron abandonar la zona hasta que fuera seguro regresar.

No regresarán hasta que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo les dé luz verde, le dijo a La Silla Luis Fernando Pineda, coordinador en Antioquia del Pnis. Hasta ahora no hay fecha.

Entre tanto, los campesinos siguen recibiendo, cada vez con más intensidad, intimidaciones por parte de disidencias del 36 y del Clan del Golfo. Tal es la presión que la Coccam y la Asociación de Campesinos de Ituango (ACI), que defienden el proceso de sustitución en las 54 veredas cocaleras del municipio (son 101 en total), están quietas por el miedo que tienen sus cabezas visibles.

“En cada vereda teníamos tres líderes. Ahora no se está moviendo ninguno”, nos dijo uno de los representantes de Coccam y ACI, que nos pidió no revelar su nombre porque teme que lo maten. Nos contó que desde diciembre, cuando comenzaban las preinscripciones por veredas, “personas que no conocemos nos dijeron que por un palito que arrancáramos, hasta ahí llegábamos”.

De hecho, José Abraham García, uno de los dos presidentes de las Juntas de Acción Comunal asesinados en el último mes, es de la vereda Pascuitá, una de las que firmó acuerdo colectivo con el Gobierno. Según nos dijeron, por aparte, dos habitantes de la vereda, García estaba en proceso de dejar la presidencia de la Junta, donde llevaba más de diez años, por las intimidaciones de grupos armados.

“Siempre llegaba uno y lo llamaba: “Venga, presidente”. Luego aparece el otro, igual. Llegan agresivos, de camuflado, y uno no sabe cuál es cuál”, nos dijo una de las vecinas de Pascuitá que se fue al casco urbano, como otros de sus vecinos, un día después de que lo asesinaran.

El proceso en Ituango arranca sin un disidente. Pero cuando empiezan a matar a los que eran milicianos, es que se empiezan a ir. Empiezan a verse en peligro

Excombatiente del Frente 18 de las Farc

En la zona que alberga a la Farc también hay nuevas señales de disidencias. Este año salió el primero, alias “Ramiro”, que lo identificaron sus compañeros del espacio territorial porque publicó un video desde la selva anunciando su rearme.

“El proceso en Ituango arranca sin un disidente. Pero cuando empiezan a matar a los que eran milicianos, es que se empiezan a ir. Empiezan a verse en peligro”, nos dijo una excombatiente que vive en la zona veredal y nos pidió no citarla por seguridad.

No saben cuántos se han ido a las disidencias, según la exguerrillera, porque muchos se fueron para fincas en otras veredas a cultivar apenas entregaron la última arma y no los tienen en el radar. Pero tienen la teoría de que es porque se sienten inseguros. Como nos dijo Arrieta, “hay una incertidumbre total porque cuando no entra una amenaza de las AGC, entra un comentario de las disidencias”.

Además, alega que no hay tierras para desarrollar los proyectos productivos porque no se ha desembolsado la plata para arrancar y las tierras para hacerlo no están listas. Se desilusionan y se van. De los 273 que se agruparon a finales de 2016, quedan en el espacio territorial 120 excombatientes.

“Aquí uno nada sabe. El golpe avisa”

La Personería de Ituango tiene registradas 273 familias que se han desplazado este año. Pero pueden ser muchas más.

“Son personas que llegan adonde el Alcalde a pedirle pasajes para una, dos, tres personas. Pero los que tienen con qué pagar el bus se van sin decir nada”, nos dijo el secretario de Desarrollo Social, Jhon Sucerquia. Se van de las veredas porque los amenazan, o porque asesinan alguno de sus familiares, pero más que todo, en el casco urbano, se van porque los extorsionan.

Este año, hombres, sin identificarse, secuestraron por doce días a Javier Upegui, ganadero del corregimiento Santa Lucía, a cambio de 800 millones de pesos (según nos contó su hija). Su familia pagó y no denunció para evitar más problemas.

Es normal que a un alcalde lo amenacen

Hernán Álvarez, Alcalde de Ituango

También el dueño de una miscelánea, Omar Flórez, tuvo que irse del municipio porque llegó un joven de civil a pedirle 25 millones de pesos de vacuna a nombre del Frente 36 de las Farc. Flórez denunció, al joven lo capturaron, y luego le llegó el mensaje de que si no conseguía un abogado para su agresor y lo sacaba de la cárcel, debía irse. Se fue.

El Alcalde, Hernán Álvarez, también está amenazado. Conversamos con él y nos dijo que no sospechaba qué grupo pudo ser el que lo llamó tres veces a decirle que era “objetivo militar”. Tampoco sospecha qué acción suya pudo desencadenar las intimidaciones. Nos dijo que no se preocupa porque “es normal que a un alcalde lo amenacen”.

La última amenazada fue la presidenta del Concejo de Ituango, oriunda del corregimiento de Santa Rita, quien le contó a La Silla que desde junio personas de civil la visitan en su casa y le dicen que deje el pueblo. Esta semana se fue a Medellín.

Una mujer de la zona urbana, cuando le preguntamos cómo percibía la seguridad en su municipio, después de guardar silencio unos segundos y respirar profundo nos lo dijo así: “Nada. Aquí nadie habla. Nadie sabe nada. El golpe avisa”.

Ituango dejó de ser una trinchera de las Farc pero no logró transitar hacia la paz. Allá, por ahora, se perdió la oportunidad que abrió el acuerdo de la Habana.

Comentarios (18)

Elizabeth Prado

09 de Julio

5 Seguidores

1.Gracias a LSV por estos valientes reportajes. No creo que sea necesario individualizar las fuentes dadas las circunstancias. /Al país se le vendió la idea de que después del acuerdo con las FARC viviríamos en un reino de felicidad. Y aunque fue un primer paso importante, no le debería sorprender a nadie que los vacíos de poder que dejó las FARC, estén tratando de ser copados por otros grupos.

1.Gracias a LSV por estos valientes reportajes. No creo que sea necesario individualizar las fuentes dadas las circunstancias. /Al país se le vendió la idea de que después del acuerdo con las FARC viviríamos en un reino de felicidad. Y aunque fue un primer paso importante, no le debería sorprender a nadie que los vacíos de poder que dejó las FARC, estén tratando de ser copados por otros grupos.

Souther

09 de Julio

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Sra. Prado, era claro para cualquier persona seria que el acuerdo era para tra...+ ver más

Sra. Prado, era claro para cualquier persona seria que el acuerdo era para tratar de empezar a construir la paz, no era una solución inmediata ni mágica. Ahora bien, tampoco ha sido el apocalipsis que vendió el Centro Democrático, q

Andres Felipe Garcia Rovira

09 de Julio

2 Seguidores

Respuesta mediocre propia de alguien sin criterio, claro que ha sido un apocal...+ ver más

Respuesta mediocre propia de alguien sin criterio, claro que ha sido un apocalipsis, porque es un pesimo negocio es ceder el estado a cambio de nada, inconsistencia dinamica destrucción de la institucionalidad y ahora tenemos la coca para empezar la guerra otra vez, asi que claramente no es ni siquiera una victoria pirrica es una rendición que no le aporta nada al pais y si destruye. Patetico.

Gustavo Adolfo

09 de Julio

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¿Ceder cual Estado? En regiones como Ituango el único Estado eran las FARC. ...+ ver más

¿Ceder cual Estado? En regiones como Ituango el único Estado eran las FARC. El proceso de paz es un típico caso de negociación entre actores armados que ceden poder militar a cambio de participación en el poder político. Le recomiendo leer a Charles Tilly para que entienda como se desarrolla el proceso de creación de un Estado centralizado.

Andres Felipe Garcia Rovira

10 de Julio

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Gustavo Adolfo conoce la zona de la que esta hablando? sabe donde estaba el bl...+ ver más

Gustavo Adolfo conoce la zona de la que esta hablando? sabe donde estaba el bloque minero de las AUC, ha oido hablar de Rocio Arias, de la masacre de Segovia, esa zona dejo de ser hace mucho de las FARC, y mi recomendación es que lea prensa desde 1988 podra ilustrarse de como el bajo cauca antioqueño hacia el nudo del paramillo se volvio con el magdalena medio zonas emblematicas de la autodefensa

Elizabeth Prado

09 de Julio

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2. "Lo advertí", dirán varios, pero ahora es irrelevante. Está sobre-diagnosticado: Hasta que el Estado no llegue efectivamente con su TODA oferta institucional a estas regiones y mientras exista el incentivo económico del narcotráfico y la minería ilegal, no habrá PAZ, fírmese lo que se firme. Tan fácil y evidente como difícil de aplicar en la práctica según lo demuestra nuestra historia.

2. "Lo advertí", dirán varios, pero ahora es irrelevante. Está sobre-diagnosticado: Hasta que el Estado no llegue efectivamente con su TODA oferta institucional a estas regiones y mientras exista el incentivo económico del narcotráfico y la minería ilegal, no habrá PAZ, fírmese lo que se firme. Tan fácil y evidente como difícil de aplicar en la práctica según lo demuestra nuestra historia.

Souther

09 de Julio

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El narcotráfico no se va a acabar nunca y menos con la misma política de los...+ ver más

El narcotráfico no se va a acabar nunca y menos con la misma política de los tiempos de Reagan. Eso es más evidente que cualquier otra cosa.

Elizabeth Prado

09 de Julio

5 Seguidores

3. Es necesario dejar los discursos extremistas, de lado y lado, sobre la visión del país y el acuerdo de paz y enfocarse en llegar a las regiones. Pienso que la voluntad política es importante, pero más aún la efectiva organización del Estado, sus mecanismos de coordinación y la buena gerencia pública. Algo no ha funcionado bien hasta ahora, en todos los gobiernos y no se por qué.

3. Es necesario dejar los discursos extremistas, de lado y lado, sobre la visión del país y el acuerdo de paz y enfocarse en llegar a las regiones. Pienso que la voluntad política es importante, pero más aún la efectiva organización del Estado, sus mecanismos de coordinación y la buena gerencia pública. Algo no ha funcionado bien hasta ahora, en todos los gobiernos y no se por qué.

Souther

09 de Julio

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En eso tiene usted razón, pero claramente venimos de una época de discursos ...+ ver más

En eso tiene usted razón, pero claramente venimos de una época de discursos extremistas. No es claro si el nuevo gobierno va realmente a buscar "llegar a las regiones" o si simplemente mandará los drones y avionetas fumigadoras.

Andres Felipe Garcia Rovira

09 de Julio

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Me decia un ingeniero que conoce la zona que el programa mas rapido de sustitu...+ ver más

Me decia un ingeniero que conoce la zona que el programa mas rapido de sustitución de cultivos era dejar que Hidroituango se desbordara porque en esos municipios del bajo cauca antioqueño solo hay coca hasta donde la vista alcanza,al otro lado de la montaña hay mineria ilegal, en esta zona la guerra no fue por la retoma de la tierra sino por el control de los negocios ilegales de la mafia.

Marleny Barrera López

09 de Julio

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El Estado no se toma en serio la institucionalidad, pero mientras la sociedad lo normalice y justifique, todas estas personas de la Colombia rural, no van a tener un buen futuro, ni nosotros. Esa respuesta del mayor de Policía enseña el desprecio por su función. Ningún narco es más fuerte que un Estado. Recuerdo la frase de Gilberto Tobón, Guacho está forrado en dólares por eso no lo ven.

El Estado no se toma en serio la institucionalidad, pero mientras la sociedad lo normalice y justifique, todas estas personas de la Colombia rural, no van a tener un buen futuro, ni nosotros. Esa respuesta del mayor de Policía enseña el desprecio por su función. Ningún narco es más fuerte que un Estado. Recuerdo la frase de Gilberto Tobón, Guacho está forrado en dólares por eso no lo ven.

José Saramago ..

09 de Julio

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alias 'el Contador' vinculado al cartel de Sinaloa ya le puso precio...+ ver más

alias 'el Contador' vinculado al cartel de Sinaloa ya le puso precio a la cabeza de alias 'Guacho'.
Alias 'el Contador' es un sujeto que es aun mas poderoso, y es el que manda en Tumaco y Nariño.
Se cree que es un mito, pero no lo es, es de esos personajes sin foto con un poder en la sombra que siempre se mueve con 150 hombres.
esto de alias Guacho lo puso en evidencia y eso no lo perdonara.

Ronald-T

09 de Julio

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Por ahora Santos y su Ministro de Defensa nos deben esas vidas perdidas, por l...+ ver más

Por ahora Santos y su Ministro de Defensa nos deben esas vidas perdidas, por lo menos por omisión o negligencia ya que parece que la cosa no fuera con ellos. La deuda pasará a Duque y espero que, en el peor de los casos, no se acreciente. Esto no aguanta carreta de Gobierno ni de políticos de izquierda o de derecha. Hay que unirse en torno a parar esa barbarie antes que monstruo siga creciendo.

DIWALY

10 de Julio

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Pienso que no solo Ituango perdió la posibilidad de hacer la paz, Yo diría q...+ ver más

Pienso que no solo Ituango perdió la posibilidad de hacer la paz, Yo diría que Colombia perdió la oportunidad de hacer la paz. Si bien este territorio por sus condiciones se constituía en el laboratorio para probar que la paz es posible, también sus contingencias y coyunturas permitirán ver que fallo el experimento y el rearme y re-acomodo territorial en todo el el país es inevitable.

José Saramago ..

10 de Julio

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Eso es lo que pasa cuando se desmonta la Seguridad Democrática. Seguridad y J...+ ver más

Eso es lo que pasa cuando se desmonta la Seguridad Democrática. Seguridad y Justicia son dos pilares fundamentales para llevar de forma integra todo lo demás empezando por la educación y el trabajo. Las causas por las que asesinan a los lideres sociales son diversas, pero haya que atacarlas de raíz todas ellas. por ejemplo el narcotrafico. La corrupción es otro mal que hay que erradicar.

DIWALY

10 de Julio

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http://pacifista.co/cinco-claves-para-entender-la-ola-de-violencia-contra-los-...+ ver más

http://pacifista.co/cinco-claves-para-entender-la-ola-de-violencia-contra-los-lideres-sociales/

Cinco claves para entender la ola de violencia contra los líderes sociales

De acuerdo con un estudio de Codhes y el Centro Nacional de Consultoría, los municipios en donde se está implementando el Acuerdo de Paz son unos de los más afectados.

José Saramago ..

11 de Julio

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Recuperar el monopolio del uso legítimo de las armas por el Estado es l...+ ver más


Recuperar el monopolio del uso legítimo de las armas por el Estado es la tarea fundamental.
Con el Plebiscito y después a través de la Comisión de Voceros del NO, se advertido que el desmantelamiento de la seguridad, de la política contra los cultivos de coca y la tolerancia al narcotrafico, iba a hacer imposible la paz territorial. Era una cosa apenas obvia. pero es que no quieren escuchar.

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