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Por Sara Ruiz · 20 de Febrero de 2019

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La política de seguridad del presidente Iván Duque y su decisión de no apostarle a la sustitución de cultivos ilícitos como se acordó en La Habana, comenzó a materializarse en Ituango, municipio priorizado para el posconflicto, uno de los 20 donde más creció la coca en 2017, y donde hierve la guerra entre Clan del Golfo y disidencias.

Unas 650 familias campesinas de Santa Rita, el corregimiento que tiene más avanzado el proceso de sustitución en todo Ituango, están inscritas en el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito, Pnis, desde mayo de 2018. Desde entonces están esperando que arranque la sustitución, pero el Ejército llegó hace 10 días a arrancar sus matas de coca.

En respuesta, la semana pasada cocaleros de Santa Rita hicieron una movilización de tres días para pedir el arranque de la sustitución antes de que la Fuerza Pública erradique, protestas similares a las que ya se empezaron a ver en otras regiones y se han venido calentando.

El caso, marcado por Hidroituango

El 4 de febrero se cumplieron nueve meses desde la última vez que funcionarios del Pnis fueron a Ituango.

El 4 de mayo, justo el día que terminaron de inscribir a las familias de las 23 veredas de Santa Rita y estaban a punto de salir a inscribir a más cocaleros en El Aro, corregimiento aledaño y famoso por una masacre que cometieron los paramilitares en 1997, el taponamiento de uno de los túneles de Hidroituango tumbó uno de los puentes que comunica a ese municipio con Medellín.

Por esa contingencia, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito Unodc, con la que el Gobierno subcontrató la ejecución del Pnis, les prohibió regresar hasta noviembre. Y ahora EPM no les ha dejado pasar el carro oficial por el ferry para atravesar la presa, una vía a Ituango que no existía antes de la emergencia.

Con esos líos, los funcionarios del Pnis han dejado esperando a los campesinos dos veces.

A pesar de eso, en algunas veredas de Santa Rita los campesinos han ido dando pasos para la sustitución con la ilusión de que llegue pronto el Pnis a avanzar con los proyectos y a desembolsar los pagos mensuales.

En concreto, han estado “sembrando café, caña y pasto”, le dijo a La Silla el presidente de Junta de Acción Comunal de una vereda a media hora del casco urbano de Santa Rita, que no nombramos por su seguridad. Pero esos negocios, nos dijo, no son tan rentables como la coca.

Pero hasta ahora, lo que han llegado son soldados dispuestos a erradicar.

Por eso, el miércoles pasado se reunieron en el casco urbano de Santa Rita alrededor de 400 personas. Allí a los cocaleros se unieron comerciantes del casco urbano, para los que la sustitución también es -o era- una esperanza.

“Si le erradican la coca a los campesinos, entonces no les compran el arroz, la gasolina, los venenos” a esos comerciantes, nos explicó Dorancé Durango, cabeza local de la Coordinadora de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana, Coccam, organización que ha sido afín a las Farc y que es operadora de la asistencia técnica del Pnis en varias partes del país.

También se manifestaron cultivadores de coca del vecino El Aro, donde 500 familias esperan inscribirse individualmente.

El sábado, los 23 presidentes de Junta de Acción Comunal de Santa Rita acordaron con el secretario de Gobierno y el Personero de Ituango levantar el paro siempre y cuando el Pnis adelantara su próxima visita, que estaba programada para el 6 de marzo, para este viernes 22 de febrero.

En todo caso, los campesinos ya están preparados en caso de que no arranque la sustitución. “Si nos aplazan más las reuniones del Pnis, inmediatamente habrá movilización, y más grande, con las 52 veredas inscritas en Ituango”, nos dijo el coordinador Durango.

Los cocaleros de Ituango ya habían protestado por ese mismo choque de trenes entre sustitución y erradicación en abril de 2018, cuando soldados erradicaron en dos veredas de El Aro, donde ya había un acuerdo colectivo para parar de cultivar.

Por eso, el Pnis acordó acelerar la inscripción individual, pero no volvió y ahora van 668 hectáreas erradicadas en ese corregimiento, según fuentes de la Secretaría de Gobierno de Antioquia.

La huella del gobierno Duque

Las nuevas quejas de los cocaleros de Santa Rita tienen relación con la nueva política de seguridad que Duque presentó hace menos de dos semanas.

El despliegue de militares a veredas con cocaleros ya inscritos individualmente en el Pnis se puede explicar con la declaración que nos dio, a comienzos de enero, un miembro de la Fuerza Pública que no nos dejó citarlo por no ser vocero oficial, y que muestra que se trata de una medida para luchar contra los grupos ilegales de la región.

"Van a llegar pelotones de hombres que solo se van a encargar de erradicar manualmente. Antes de Duque no teníamos una directriz clara”, dijo.

“Desde agosto del 2018 a hoy, el Ejército triplicó su número de hombres en el Bajo Cauca, el Norte y el Sur de Córdoba, donde se focaliza hoy la guerra. Con Duque se fortaleció toda la estrategia militar, porque antes de que él llegara acá no dábamos abasto", añadió.

Frente a eso, el general de la Séptima División del Ejército, el general Juan Carlos Ramírez, le dijo a La Silla que la llegada de soldados a erradicar a Santa Rita obedece al Plan Bicentenario de las Fuerzas Militares, que aterriza la nueva Política de Seguridad y Defensa.

Esa política, como contó La Silla, incluye un capítulo que cambia la lógica del Pnis, pues dice que se debe eliminar la intermediación de organizaciones sociales como la Coccam, que han sido claves para la implementación del punto de drogas del Acuerdo con las Farc.

Esa idea de eliminar mediadores la materializa el general Ramírez: “Donde hay sembrados hay erradicación, inclusive asistida con las familias inscritas”.

Luis Fernando Pineda, coordinador del Pnis en Antioquia, coincide en que el cambio se debe al nuevo Gobierno.

“En el gobierno anterior, primero era el Pnis y luego la erradicación”, dijo. “El Ejército no erradicaba ni en los municipios inscritos colectivamente”.

“La metida de soldados a Santa Rita muestra la asimetría entre los propósitos de erradicación y sustitución. Ahora (con Duque) puede ser que el énfasis sea erradicar y luego sustituir”, añadió.

Pero puede haber una luz

A pesar de la tensa situación, la sustitución todavía puede avanzar.

Pineda le dijo a La Silla que los retrasos del Pnis en Ituango han sido más que todo por la emergencia de la hidroeléctrica y porque en agosto, en los últimos días de presidencia de Juan Manuel Santos, al ver que no se ejecutaban, el Gobierno trasladó los recursos para la implementación en Ituango a otra parte.

Cuando llegó Duque la cosa siguió igual, y solo hasta enero volvió a haber recursos para el Pnis, con el fondo Colombia en Paz.

Con esa plata, el programa espera hacer la inscripción individual de las 1.200 familias que están cobijadas por el acuerdo colectivo de Ituango, pero faltan las 3.000 que están pendientes de lo mismo en los aledaños Valdivia y Campamento.

Por su parte, el consejero Archila le dijo a La Silla que en los municipios donde haya inscripciones colectivas a la espera de dar el siguiente paso e inscribirse individualmente, “les vamos a cumplir”.

De lo que pase en los próximos días dependerá si en Ituango por fin despega la sustitución, o si se convierte en un caso más en que los cocaleros le muestren los dientes a Duque.

 

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