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Por Sara Ruiz · 13 de Junio de 2019

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El Ministerio del Interior oficializó los acuerdos a los que llegaron EPM, constructora y operadora de Hidroituango, y la comunidad indígena de Orobajo, de la etnia Nutabe, a la que la hidroeléctrica le inundó el territorio ancestral en que vivía.

Los inundaron en contra de su voluntad, como contó La Silla en una crónica que hizo parte de un especial llamado Tierra de Resistentes. Aunque estaban en la zona de influencia del proyecto, solo hace dos años el Ministerio del Interior los reconoció como pueblo indígena al que se debía consultar previamente un proyecto como esa megaobra.

 

Por eso, los nuevos acuerdos son el resultado de una consulta previa que terminó siendo posterior, pues empezó con la hidroeléctrica terminando su construcción.

Técnicamente fue un proceso de restablecimiento de derechos que duró 13 meses, del 11 de mayo del 2018 al 7 de junio de 2019, y terminó con que las 60 familias indígenas nutabe, dispersas por Sabanalarga, Peque e Ituango, están cerca de volver a vivir en un solo espacio, como pedían.

Según el acta de Acuerdo, a la que tuvo acceso La Silla Paisa, Hidroituango deberá hacer tres grandes cosas:

  • Comprar y darles un predio de 500 hectáreas en el cañón del río Cauca, cerca de donde vivían los Nutabe, para reparar el impacto de la pérdida de su territorio.

Los indígenas tendrán la última palabra en elegir el terreno, que debe estar en la zona de influencia de Hidroituango y cerca de su aldea inundada, debe permitirles pescar, navegar el río y sembrar café para reemplazar el barequeo -un tipo de minería artesanal- que los sostenía y que ya no pueden hacer por el nivel del agua del embalse.

  • Construirles una escuela con restaurante, un parque infantil, una casa comunitaria, un sistema de acueducto y alcantarillado, una granja para productos de autoconsumo y un vivero comunitario. Para eso tiene dos años y medio.

  • Implementar, en un plazo de entre uno y dos años, proyectos de recuperación de memoria cultural, de entrenamiento en atención de desastres y protección de recursos naturales para la guardia indígena, y de capacitación para hacer artesanías y utensilios tradicionales, entre otras.

El costo de esos compromisos, según nos dijo el gerente de Hidroituango Gustavo Jiménez, será de aproximadamente 5 mil millones de pesos.

Eso equivale al 5 por ciento de lo que ha invertido EPM a nivel social y ambiental después de la emergencia de abril de 2018, por lo que pinta sencillo cumplirle a los últimos nutabe.

CONTEXTO

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