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Por Sara Ruiz · 24 de Marzo de 2019

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El jueves empezaron a llegar al corregimiento de Juan José, del municipio cordobés de Puerto Libertador, alrededor de 100 habitantes de tres veredas de Ituango; justo donde hay 200 familias inscritas en el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, Pnis.

Según nos dijo el secretario de Gobierno de Puerto Libertador, Rafael Martínez, este fin de semana esperan que sean más.

Esos desplazamientos son por una guerra entre el Clan del Golfo y las disidencias del frente 18 de las Farc, que como contó La Silla Caribe entraron a Córdoba a finales del año pasado repartiendo panfletos contra el Clan y sembrando minas antipersona.

Pero en las tres veredas que hoy están en vilo -La Flecha, La Esmeralda y Canturrona- no se presentaban enfrentamientos desde la firma del acuerdo con las Farc, y son un nuevo ingrediente en el coctel de guerra que encierra al municipio desde el año pasado, como contamos.

Además, son una nueva barrera para que la promesa de la sustitución de cultivos avance.

La amenaza que se veía venir

Hace tres semanas se desplazaron hacia el casco urbano de Ituango cuatro familias desde una vereda en el límite entre Córdoba y Antioquia, un trayecto que en mula tarda entre tres y cinco días.

Ese desplazamiento, junto con otros “graneaditos” que vienen desde enero -según nos contó el personero de Ituango, Juan Carlos Cárcamo- empezó a advertir que las disidencias del frente 18 de las Farc, que desde finales del año pasado aparecieron en los municipios cordobeses de Tierralta, Montelíbano y Puerto Libertador, empezaron a pelear con el Clan del Golfo en Ituango, su antiguo bastión.

La muerte de un campesino en todo el límite entre Córdoba y Antioquia por pisar una mina, también lo anticipó. Pero hasta ahora “está por esclarecerse donde ocurrió el incidente y hay varias hipótesis”, nos dijo el alcalde de Ituango, Hernán Darío Álvarez.

Uno de los desplazados, a quien no nombramos por su seguridad, nos contó que hace un año los paramilitares hicieron una reunión en la vereda, y que hace seis meses llegaron disidentes del Frente 18, a advertir que “las reglas antiguas se mantenían en pie y no querían informantes de otros”.

Pero la razón por la cual hasta ahora las familias del Cañón de Río Sucio se empezaron a desplazar es la amenaza cada vez más fuerte de minas antipersona y de hombres de camuflado que se meten a las casas de los campesinos, poniéndolos en riesgo de ser blanco del grupo enemigo, como pasaba antes de la firma.

“Ponen minas antipersona para cerrar los caminos, en los rastrojos por donde están nuestros cultivos y al lado de nuestras casas. Las desinstalan por épocas, pero pasa un mes, dos meses en que no podemos salir a mercar ni a sembrar”, nos relató el desplazado.

La Alcaldía de Ituango solo se enteró de los desplazamientos esta semana, cuando llegaron alrededor de 120 personas a Juan José, nos contó el alcalde Álvarez.

Apenas se enteraron porque es una zona donde no hay señal de teléfono, ni radio, ni televisión, y por lo difícil que es llegar desde Ituango, nos explicó el Alcalde.

La zona poblada más cercana en Ituango es el corregimiento de Santa Lucía -donde está el etcr del frente 18 de las Farc- que queda a siete horas del Cañón; mientras que el corregimiento cordobés de Juan José les queda a doce horas a lomo de mula.

Además, los desplazados que habían llegado de a poco desde enero no se atrevían a denunciar por miedo, nos dijo el Personero.

Este conflicto se suma al que hay en los límites de Ituango con el Bajo Cauca y Briceño, donde la guerra entre el Clan y los disidentes de “Cabuyo”, del frente 36 y algunos del 18, desplazó familias y silenció líderes de sustitución a mediados del año pasado, como contamos; y donde se este fin de semana el Ejército rescató una adolescente reclutada por las disidencias del 18.

Los desplazamientos también alertan sobre la fuerza que ha tomado el grupo residual del Frente 18, en buena parte por el respaldo de los Caparrapos.

Eso nos dijo nuestra fuente desplazada: “nos dimos cuenta de que el otro grupo se había unido porque no llevaban brazaletes, y al preguntarles quiénes eran, se identificaban como Caparrapos”.

Todo eso hace que la sustitución cargue un bulto grande.

El coletazo a la sustitución

En La Esmeralda, La Flecha, La Canturrona y San Pablo, donde han ocurrido los enfrentamientos, hay unas 200 familias que desde mayo del 2018 están inscritas en el Pnis.

Según Daniel Montoya, consultor del programa, este fin de semana esperan recibir en el casco urbano de Ituango a los líderes de esas veredas para que entreguen los papeles necesarios para el primer desembolso.

En dos semanas, funcionarios de la Unodc visitarán Ituango para hacer la cartografía social y ratificar los compromisos de sustitución de cultivos en Santa Lucía -corregimiento al que pertenecen esas veredas- y Santa Rita.

Pero con los desplazamientos hacia Córdoba, más las minas que a veces cierran la salida de sus caseríos, es probable que los líderes no alcancen a llegar y se demore más el proceso de sustitución.

Los desplazamientos se dan justo después de que volviera a despegar el Pnis en Ituango, pues tras las protestas de los cocaleros de Santa Rita -a siete horas en carro del cañón de Río Sucio- por la erradicación forzosa y los retrasos en las inscripciones de las familias para entrar al programa, acordaron con el Gobierno reanudarlas en junio.

También se dan cuando los funcionarios del Pnis pueden volver a cruzar el embalse de Hidroituango en el ferry, algo que por seguridad la Unodc les tenía prohibido desde mayo pasado por la emergencia, como contamos.

Así, mientras que los campesinos de Santa Rita se preparan para arrancar a sustituir, para las familias que viven en los límites con Córdoba la situación se está poniendo oscura de cuenta de la guerra.

Con esos enfrentamientos y desplazamientos, que se le atraviesan a la sustitución, Ituango se sigue perdiendo la oportunidad de la paz.

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