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Por Sara Ruiz · 20 de Diciembre de 2018

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Así como este año cayeron en desgracia la cacica Luz Piedad Valencia y el alcalde de Armenia, Carlos Mario Álvarez, por presuntamente robar plata de valorización con contratistas antioqueños, un nuevo escándalo de corrupción en Quindío también corre por cuenta de foráneos, y esta vez golpeó a la exgobernadora Sandra Paola Hurtado, por sigue siendo poderosa aunque fuera de la política.

Hurtado, quien hace un año estaba inscribiendo su fallida candidatura al Congreso, desapareció del mapa cuando Germán Vargas Lleras se quemó en la primera vuelta presidencial, época en que la Procuraduría inhabilitó a la exgobernadora por otorgar seis contratos directos sin los requisitos legales.

Ahora, con una imputación penal de la Fiscalía ante la Corte Suprema, Hurtado reaparece para seguir cayendo, justo ad portas de unas elecciones locales en las que el vargasllerismo, del que ha sido la cara visible en el Quindiío y que hoy representa el congresista Atilano Giraldo, se juega la vida.

Por lo pronto, lo que hay es la punta de un iceberg, y se ve así.

Los nuevos cuestionados

La Fiscalía capturó la semana pasada a dos exfuncionarios de la Gobernación de Sandra Paola (2012-2015): Jhon Edward Parra Peña, exdirector de análisis financiero y administrativo, y Jhon Faber Quintero Olaya, exsecretario de representación judicial y defensa. Esta semana se entregó Isabel Cristina Ortiz, exsecretaria de Aguas e Infraestructura.

También están capturados José Carlos Vergara Mendoza, de Corozal, Sucre; y su esposa, Sandra Jannette Forero Simijaca. Son representantes legales y dueños de Inalcon, una empresa bogotana de consultoría, construcción, interventoría y tratamiento de aguas, que nació en 2009 y ha contratado con entidades de Cundinamarca, Tolima, Boyacá, Vichada, Casanare, Amazonas, Risaralda y Quindío.

Cinco políticos y dos periodistas locales nos dijeron, por aparte, que no habían oído hablar de esa empresa ni de esas personas hasta las capturas

Los contratistas habrían cometido siete delitos: soborno, concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad en documento privado, apropiación de plata pública e incumplimiento de los deberes del servidor público pues, con los funcionarios de la administración de Hurtado, habrían cobrado coimas por al menos 3 mil millones de pesos.

La Fiscalía les imputa a los exfuncionarios entre dos y cuatro delitos: soborno, celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público y concierto para delinquir.

Todo eso se habría dado en cinco convenios celebrados en 2015: uno por 5 mil millones para construir y reparar los acueductos y en cuatro municipios afectados por el fenómeno de la Niña; dos de mantenimiento y recuperación de vías terciarias en nueve municipios por casi 13 mil millones, y uno para construir jardines infantiles en dos municipios, de poco más de 2 mil millones.

En ellos la Fiscalía halló irregularidades porque Inalcon no cumplía los requisitos y porque los funcionarios los habrían manipulado para que ganara esa empresa, a cambio de comisión del 15 por ciento.

Curiosamente, Inalcon no solo contrató con la Gobernación de Hurtado. La actual administración del padre Carlos Eduardo Osorio, rival político de Hurtado, la entregó cuatro contratos en el último semestre del 2018, después de que la empresa los ganara por concurso de méritos.

Tres, celebrados entre agosto y noviembre del 2018, y ya tienen acta de inicio firmada. Suman 796 millones.

Dos son para diseñar y estrucuturar sistemas de tratamiento de aguas y de alcantarillado; el otro es para formular y estructurar programas de gestión y control de pérdidas de agua potable.

El cuarto concurso, por 218 millones, para hacer estudios y diseños de sistemas de alcantarillado, estuvo enredado. La Gobernación lo revocó porque José Carlos Vergara, el gerente y dueño de la empresa, tenía un contrato vigente con otra empresa pública, lo que lo descalificaba.

Inalcon rectificó la información diciendo que no tenía contratos vigentes, y la Gobernación le devolvió la adjudicación, según le confirmó a La Silla, luego de publicado este artículo, la Secretaría Jurídica del Departamento. Aseguró que Inalcon no tiene inhabilidades para contratar.

Más allá del contratista, el golpe político no solo le cae a Sandra Paola y a sus funcionarios, sino a todo el grupo de la primera.

El timbre que le tocan a Atilano

La Fiscalía incluso dijo que la exgobernadora, “junto con un representante a la Cámara”, habrían cobrado coimas a contratistas, como lo contaron varios medios locales que estuvieron en la audiencia. Hurtado y el representante, del que la Fiscalía no dio el nombre, habrían obligado a empleados a hacerle campaña a Sandra Milena Gómez, la fallida ficha del grupo para suceder a Hurtado.

Eso empieza a zumbarle en el oído a Atilano Giraldo, vicepresidente de la Cámara de Representantes y aliado político de Hurtado en ese entonces.

Giraldo, que lleva tres periodos en el Congreso, ha sido uno de los mayores electores del departamento, y fue quien ayudó a Hurtado a obtener el aval de su partido, Cambio Radical, para las elecciones a la Gobernación en 2011.

El representante es tío de César Augusto ‘Toto’ Pareja, el novio de la exgobernadora y superpoderoso a la sombra en el Quindío.

Pareja fue el principal financiador de su campaña y, junto con su hermano Duberney Pareja (abogado de la imputada Isabel Cristina Ortiz), eran el pdoer a la sombra en la Gobernación de Hurtado.

El grupo era tan cercano que Ortiz, mientras era funcionaria, era la pareja del entonces concejal de Armenia Hernando José Mora, del grupo de Giraldo.

Todo el grupo comenzó a perder poder cuando perdieron contra en las elecciones de 2015, a la Alcaldía de Armania contra el liberalismo, y a la Gobernación contra el conservatismo y uribismo, como hemos contado.

Eso llevó a una pelea, pues aunque Giraldo fue aliado del grupo de Hurtado en esas elecciones, que ocurrieron en el año en que se celebraron los contratos cuestionados, pelearon luego de que la derrota.

Hoy Girlado es el que "tiene la chapa" de Cambio Radical en el Quindío, como nos dijo un político local, pero su fuerza ha ido mermando por los golpes de ‘Toto’ y Hurtado -quienes hace meses no aparecen en público-, aún con las cobijas partidas.

El barranco que pinta el 2019

La audiencia de imputación de cargos de Hurtado está programada para el 3 de enero en Bogotá, según la Fiscalía. Y aunque la exgobernadora no ha mencionado a Giraldo, puede que las piedras que lleva el río le peguen al congresista, quien se ha ido quedando solo, o al menos eso parece.

Por ejemplo, el exrepresentante por Cambio, Antonio Restrepo renunció al partido se acabó su periodo en el Congreso, en julio. Ahora aspira a la Gobernación por firmas “para no tener jefes políticos”, como se lo dijo a La Crónica del Quindío.

Otro ejemplo es que la exdefensora regional del Pueblo Piedad Correal, una de las precandidatas que pinta fuerte a la Alcaldía de Armenia, ha marcado distancias con Giraldo, de quien fue cercana.

Pese a que algunos medios han hablado de un respaldo del congresista a la aspiración, y un diputado se lo confirmó a La Silla, ella insiste que “con todos he hablado, pero no voy a hacer alianzas con nadie". Es decir, que no es la carta del grupo de Giraldo.

Esa mala hora del vargasllerismo y de Giraldo, la comparte el poder tradicional del Partido Liberal, que ahora tiene como rostro al viejo aliado de Luz Piedad Valencia, Luciano Grisales, que también va frío para el 2019.

"Ya nadie quiere estar cercano a los partidos”, le dijo a La Silla hace casi dos meses, cuando reporteamos la historia de los renunciados para el 2019.

Con este último revés, que le pega de primera a Hurtado y puede convertirse en dominó, se cierra un año en el que la clase política de Quindío se desinfló por cuenta de la corrupción.

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