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Por Sara Lopera · 15 de Noviembre de 2018

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En dos semanas el Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, tendrá que explicarle a la Corte Constitucional qué ha hecho para prevenir los desplazamientos intraurbanos y atender a los desplazados que han llegado del resto del país, una oportunidad para que se debata abiertamente si su política de atención a las víctimas ha sido débil, como dicen sus opositores.

El llamado de la Corte se da en el marco del seguimiento a la sentencia T-025 de 2004, sobre desplazamiento forzado. Convocó a Gutiérrez porque el año pasado 83 familias se desplazaron a la fuerza en cinco grandes hechos dentro de la ciudad, la Personería registró ese mismo año desplazamientos individuales de más de siete mil personas, y han llegado casi seis mil del resto de Antioquia.

El último desplazamiento masivo había ocurrido en mayo de 2013, cuando cerca de cien familias de La Loma, en el corregimiento de San Cristóbal, salieron de sus casas por amenazas de bandas. Desde eso, se implementaron protocolos de prevención y entre 2014 y 2016 no se reportó ninguno.

Esos protocolos, reconocidos nacionalmente, se lograron en parte por el trabajo que encabezó la entonces directora del Equipo de Atención y Reparación a Víctimas, Luz Patricia Correa, que contamos como una imprescindible de Medellín porque estuvo durante nueve años al frente de ese equipo acompañando a 600 personas a regresar a sus hogares.

De hecho, en mayo de 2016, en un encuentro de capitales sobre desplazamiento, el Ministerio del Interior invitó a Correa y a las víctimas a contarle al Gobierno y a otras administraciones locales cómo hacer un retorno dentro de la ciudad.

Sin embargo, con Gutiérrez las dinámicas dentro del Equipo empezaron a cambiar, y de entrada su presupuesto cayó de 15.400 millones de pesos en 2015, a 9.107 millones en 2016, el primer año del Alcalde.

Además, en enero de este año Luis Bernardo Vélez, quien era el secretario de Inclusión Social y ahora es precandidato a la Alcaldía por firmas, decidió sacar a Correa, según nos dijo, porque quería implementar un nuevo enfoque de atención que pretendía ser menos asistencialista y solo este mes se viene a conocer.

Un nuevo enfoque...

La Mesa de Víctimas de Medellín, que ya estaba inconforme con la salida de Correa, lo está más ahora porque no les han explicado en qué consiste el nuevo enfoque.

Aneidalyt Delgado, representante de la Mesa, le dijo a La Silla que varias veces han solicitado información sobre ese tema y no les dan respuesta.

“La Mesa ya les dio un tiempo prudencial para mostrarlo. A partir de la próxima semana vamos a exigir respuesta. Si no, empezaremos a movilizarnos y a hacernos sentir con la nueva Secretaria”, nos dijo.

Vélez nos explicó que la idea era apuntarle al emprendimiento y a las alianzas público privadas para darle a las víctimas oportunidades diferentes a recibir subsidios.

Su reemplazo, Maria Paulina Suárez, quien venía de ser su subsecretaria de Poblaciones Vulnerables, se lo explicó a La Silla de otra manera.

Dijo que ya está listo el nuevo enfoque, uno “poblacional de derechos y curso de vida”, con el que las víctimas podrán acceder a todas las ofertas de la Alcaldía y no solo a las del Equipo de Atención de Víctimas. Sin embargo, eso no va a generar ningún cambio en los cinco componentes del Equipo.  

Dos personas dentro del Equipo de Atención de Víctimas, que -por aparte- le hablaron a La Silla con la condición de no ser citadas para evitar problemas en la Alcaldía, nos dijeron que desde la salida de Correa no se ha implementado nada nuevo y que por el contrario, la gestión va de para atrás.

Ha sido más bien un declive

Una de esas fuentes del Equipo dice que el único cambio ha sido la articulación de sus programas con la Escuela para la Inclusión de Medellín, que capacita a población vulnerable en oficios para ayudarla a conseguir empleo.

Sin embargo, de las 853 personas beneficiadas con la Escuela solo 68, el ocho por ciento, son víctimas, según datos de la Secretaría de Inclusión Social.

Al final, de las 324.687 víctimas registradas en Medellín, desde 2016 apenas 1.300 han sido beneficiadas con empleos y 2.200 han podido acceder a oferta educativa. En total, son menos de 3 mil las favorecidas.

Por esa realidad, Delgado explica que desde la Mesa han gestionado sus propios proyectos productivos, pero no reciben el respaldo del Equipo de Víctimas.

Las dos fuentes coincidieron en que en julio, cuando llegó la nueva directora Laura Hernández, el entonces Secretario de Gobierno, Santiago Gómez, les pidió terminar el contrato de 20 personas porque no se necesitaba tanta gente, y que eso ayuda a explicar el declive.

De hecho, otras dos fuentes, un exfuncionario y un contratista que pidieron off the record, le dijeron a La Silla que Hernández llegó a esa dirección como cuota directa del exsecretario Gómez, pero los dos negaron conocerse y la secretaria Suárez negó que fuera cierto que ese personal saliera por orden de Gómez.

En todo caso, con esa decisión se fueron, por ejemplo, cuatro contratistas que trabajaban en Prevención y Protección, una de las líneas del Equipo que se encarga de estar en el territorio identificando los riesgos y amenazas de la comunidad.

Otra de las razones para el declive, según los dos funcionarios, es que la nueva directora no tiene experiencia en víctimas. Hernández fue contratista de la Secretaría de Seguridad desde que comenzó la alcaldía de Gutiérrez y es abogada especialista en derecho de familia.

“Ella, que debería estar en la dirección técnica, convocando a la institucionalidad en torno a las víctimas, consiguiendo nuevas oportunidades para ellas, está haciendo trabajo administrativo”, dijo una de las fuentes que está dentro del Equipo.

Otras dos personas que consultamos y que estuvieron allí en años pasados, coinciden en que con la nueva administración se ha perdido capacidad de articularse con las otras instituciones.

“Antes en el terreno estaba la propia Directora, el Vicealcalde (cuando existía esa figura en la anterior administración), otros secretarios de despacho, Policía, Procuraduría, toda la institucionalidad. Ahora el trabajo lo hacen cinco contratistas aislados que no logran impactar en el contexto violento de la ciudad”, dijo uno de ellos.

Por todo eso, fuentes de adentro, víctimas y exfuncionarios sienten que la institución que fue insignia está perdiendo la capacidad de impacto en una de las ciudades con más víctimas del conflicto.

A pesar de ese duro panorama, hay una luz.

La recuperación

Hace unas semanas la secretaria Suárez tomó la decisión de contratar nuevamente veinte personas para el Equipo de Atención a Víctimas porque, según nos dijo, el aumento de desplazados requiere mayor asistencia.

Además, la entidad ha recuperado presupuesto, pues en 2017 fue de 14.661 millones y este año de 15.523 millones.

Una de las personas del Equipo nos dijo que ese aumento, la nueva contratación de personal y la creación de un nuevo modelo, responden a la cantidad de derechos de petición que han llegado a la oficina los últimos meses pidiendo explicaciones sobre la gestión y a la presión ciudadana al Alcalde para mostrar resultados en materia de víctimas.

Mientras tanto, el Alcalde argumenta que las cifras son graves pero menores a las de gobiernos anteriores, que los cabecillas de las bandas son los llamados a responder por el aumento de desplazados y que la llegada de otros desplazados de afuera ha dificultado la atención.

Todo eso tendrá que exponerlo el próximo 29 de noviembre ante la Corte.

Comentarios (1)

Diego Gómez

16 de Noviembre

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Construyendo argumentos para informar a mis allegados!.

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