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Por Sara Lopera · 17 de Marzo de 2019

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El pasado viernes, en el parque principal de San Francisco, un pueblo del Oriente de Antioquia a dos horas de Medellín, el CTI de la Fiscalía capturó al concejal de la Alianza Verde Ancizar de Jesús Morales por tráfico de droga y utilización de menores para ello.

El martes, luego de legalizar la captura y de que un juez le ordenara medida de aseguramiento, medios como Caracol Radio, La FM, Noticias Uno y El Colombiano replicaron la noticia con la información de la Fiscalía.

Pero Morales, además de ser concejal, hace parte tres organizaciones sociales; es reconocido en el pueblo por su liderazgo en procesos de formación de jóvenes y niños, y prevención de consumo de drogas; y venía denunciando desde el año pasado el aumento del microtráfico y la delincuencia en el municipio.

Por eso, y por las pruebas que presentó la Fiscalía en su audiencia, varias organizaciones sociales de Antioquia aseguran que se trata de un montaje judicial de los criminales para quitarle la voz a Morales.

Jíbaro o líder social

“Concejal de San Francisco era jíbaro y usaba menores para vender droga”, tituló Caracol Radio; mientras que organizaciones sociales de Antioquia se movieron en redes tachando el caso como un montaje judicial.

La Silla Paisa tuvo acceso a los audios de la audiencia de legalización de captura y medida de aseguramiento. 

Todo comenzó por denuncias que recibió la Fiscalía el 27 de septiembre de que el concejal Morales utilizó y amenazó a un joven de 17 años para que vendiera marihuana en el casco urbano y las veredas de San Francisco. 

Luego de cuatro meses de investigarlo, la Fiscalía pidió  a un juez que le permitiera capturarlo. Lo hizo sustentada en las declaraciones del adolescente, de su madre y de un hombre que no se identificó por seguridad, según la Fiscalía. 

También mostraron como prueba interceptaciones al celular del Concejal que no reprodujeron en la audiencia pero citó el fiscal del caso. 

En una de esas llamadas un hombre le dice a Morales: “le iba a decir que me consiguiera de esos marranos crespos, pero la pepa”. 

El fiscal interpreta que Morales está hablando en lenguaje cifrado sobre semillas de marihuana tipo ‘creepy’ y que está pactando negocios. 

Además, le encontraron una escopeta y 13 cartuchos en su casa, ubicada en la vereda Boquerón, a 45 minutos del casco urbano de San Francisco. 

En la otra casa que allanaron, alquilada por Morales en un barrio del pueblo, no encontraron nada.

Con esas pruebas, la Fiscalía pidió encarcelar a Morales por tratarse de un delito grave que involucra a un menor de edad, sumado a que se trata de un funcionario público que podría obstruir la justicia si lo dejan en libertad. 

El juez aceptó.

A Morales lo están defendiendo un grupo de abogados de la Corporación Jurídica Libertad, que por lo general acompaña procesos judiciales de líderes sociales y defensores de derechos humanos. 

Una de las pruebas más contundentes que tienen para defenderlo, según Johan Giraldo, uno de los abogados, es que el joven que declaró en su contra en octubre, había sido denunciado por el Concejal un mes antes por robo y venta de drogas en San Francisco. 

Es decir que el testigo estrella de la Fiscalía tendría un motivo para vengarse del Concejal, y podría haber cometido otros.

Para probarlo tienen un certificado que les entregó el intendente Silvio Javier Oquendo, comandante de la Estación de Policía de San Francisco, y que leyeron en la audiencia.

Oquendo cuenta que en septiembre el Concejal “nos reportó la presencia en el municipio de un grupo de personas dedicadas a la comercialización de estupefacientes”. Dentro de esa descripción está el nombre y la ubicación del joven que luego lo denunció en Fiscalía.

La Silla Paisa confirmó que el joven que menciona el fiscal es el mismo que menciona el intendente Oquendo en la carta. Su nombre es Jean Carlos Soto, y como dijo la Fiscalía en la audiencia, ya es mayor de edad. 

Sobre las llamadas, el abogado Giraldo argumenta que la Fiscalía no presentó directamente los audios sino “una interpretación del investigador que coge frases de manera descontextualizada”.

También presentaron las certificaciones de líderes sociales, funcionarios de la Alcaldía y habitantes del pueblo dando constancia de que además de concejal, Morales es líder social que trabaja en la prevención de consumo de drogas en niños y jóvenes. 

Frente a la escopeta, argumentaron que la mayoría de personas que viven en el campo tienen una para cazar. 

Para el juez esas pruebas no desestiman los indicios de la Fiscalía, y resaltó que todas las cartas que presentó la defensa estuvieran impresas en el mismo papel y con un formato parecido. 

Giraldo le dijo a La Silla que tuvieron solo un día para recoger las pruebas, por lo que enviaron un formato de muestra para llenar la información, recibieron las cartas por correo electrónico y las presentaron impresas en la audiencia. 

Morales no aceptó ningún cargo y Giraldo apeló la decisión del juez. “La Fiscalía cometió un error muy grande al haberse quedado solo con una versión de la historia”, nos dijo.

La otra parte de la historia

La otra versión, según Giraldo, es que el Concejal, lejos de ser un jíbaro, es un líder social desde que era adolescente y su trabajo en el pueblo se ha destacado por todo lo contrario.

Eso nos lo confirmaron por aparte siete personas con quienes habló La Silla Paisa: el presidente del Concejo, el comisario de familia del Municipio, dos líderes sociales, un directivo del colegio, una habitante del pueblo que no es cercana a Morales y el párroco.

En los tres años que lleva en el Concejo le ha exigido a la Alcadía campañas de prevención de consumo y ha colaborado en ellas, como nos contó Norberto Quinchía, presidente del Concejo y elegido por el partido Conservador.

“Nos llama a rendir cuentas en los debates para que contemos qué estamos haciendo para evitar el consumo de drogas en los niños y adolescentes. En él siempre hemos encontrado un apoyo, ha sido un puente entre nosotros y la comunidad”, le dijo a La Silla el comisario de familia, José René Jaramillo.

En el 2016, 2017 y 2018, Morales apoyó a la Comisaría en el desarrollo de la Semana de la Juventud del pueblo, gestionando la logística del evento y convocando a los niños y jóvenes de las veredas.

“Dudo mucho que sea cierto eso que le imputan, no concuerda con el perfil y con lo que conocemos, siempre ha denunciado la explotación, maltrato y abuso de niños”, afirmó Jaramillo.

Hasta en la Mesa de Derechos Humanos y Protección Humanitaria del Oriente Antioqueño, con presencia de Policía, Alcaldía, Defensoría del Pueblo y otras organizaciones, Morales denunció en mayo del año pasado el aumento del microtráfico a las autoridades.

Pero su trayectoria va más allá del Concejo. Morales tiene alrededor de 30 años y la mitad de su vida ha estado en organizaciones sociales y asociaciones campesinas de la región.  

Cuando tenía 16 años se integró a la Asociación de Campesinos de Antioquia, ACA, una organización que se creó en los años noventa y que incentiva la soberanía alimentaria y fortalece procesos comunitarios de poblaciones víctimas del conflicto en diferentes regiones del departamento, como nos contó Pilar Parra, líder de la ACA desde sus inicios.

La asociación llegó a San Francisco en 2006, cuando Morales y su familia vivían en el casco urbano, desplazados por segunda vez de la vereda Boquerón, por enfrentamientos entre Ejército, paramilitares y guerrilla de las Farc.

Empezó formándose como promotor campesino, uno de los proyectos que tiene ACA y que consiste en capacitar a la comunidad en la parte técnica para que tengan huertas agroecológicas.

Luego, en 2008, creó la escuela juvenil de realización audiovisual en San Francisco Producciones el Retorno, como nos contó Parra, porque quería que “los jóvenes se apropiaran y narraran los retornos de las familias a sus veredas”.

La escuela se mantiene y actualmente tienen semilleros audiovisuales, artísticos y teatrales, y proyectan cine en las casas culturales de las veredas, donde los jóvenes le enseñan a los niños.

En 2010 Morales hizo su primer documental, Una puñalada en el corazón, sobre el asesinato de su primo Oreste de Jesús Morales, un caso de ejecución extrajudicial ocurrido el 13 de marzo de 2003 en su vereda, el Boquerón.

Ese año, lideró el proceso de sustitución de cultivos ilícitos que realizó Naciones Unidas en el municipio; y se encargó de hablar con las familias para convencerlas de dejar de cultivar la coca para reemplazarla por café y cacao.

De allí salió la Asociación de Familias Guardabosques de San Francisco, Asofagua, donde Morales fue presidente por varios años; también fue presidente de la asociación de juntas de acción comunal Asocomunal durante cuatro años.

Decidió lanzarse al Concejo porque su papá también había sido concejal y porque quería impulsar más los proyectos de ACA y Asofagua desde allí, como nos contó Jaime Gómez, líder de la ACA y quien conoce su recorrido en el pueblo.

El Concejal también hace parte del Movimiento social por la vida y la defensa del territorio del oriente antioqueño, Movete, que le hace oposición a las centrales hidroeléctricas y defiende los recursos naturales.

Ellos sacaron un comunicado, con la firma de casi 50 organizaciones sociales más, denunciando un montaje judicial contra Morales y exigiendo su libertad.

Según su esposa Paola Rodas, ella y Morales se sostienen de los ingresos por ser concejal, un cultivo de maíz que tienen en la finca, algunos trabajos que salen esporádicamente con la ACA y la venta de fiambres a los turistas que visitan el municipio.

“En pueblo pequeño se sabe todo, acá el que es malo todo el mundo lo reconoce, entonces a mí que no me vengan a decir que Ancizar, un muchacho que todos conocemos, es lo que la Fiscalía está diciendo”, nos dijo un directivo del colegio que nos pidió no revelar su nombre por seguridad y asegura que no es amigo de Morales.

El abogado de Morales nos dijo que “representa más peligro para la sociedad que Ancizar esté encerrado, porque era de las pocas personas que se atrevía a denunciar ese flagelo, ¿ahora quién se va a atrever a hacerlo después de esto?”.

La Fiscalía estuvo esta semana en el pueblo hablando con el Alcalde, el presidente del Concejo y el Comandante de la Policía, recogiendo sus versiones. Tiene cuatro meses para mostrarle al juez las pruebas de que el líder social y concejal Ancizar Morales es un jíbaro en la audiencia de imputación de cargos.

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