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Por Sara Ruiz · 22 de Octubre de 2019

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El candidato uribista a la Alcaldía de Medellín, Alfredo Ramos Maya, propone que EPM emprenda seis nuevas líneas de negocio, incluyendo el de concesiones viales.

Es una idea llamativa porque haría que esa empresa, que es cien por ciento del municipio de Medellín, pueda hacer más dinero ampliando su portafolio más allá de los servicios públicos domiciliarios.

Seis fuentes que conocen a EPM y de ese sector (dos abogados, dos ingenieros y dos economistas) coinciden en que dar ese paso es lograble.

Sin embargo, la propuesta es poco ambiciosa porque solo consiste en estudiar la expansión hacia la infraestructura vial, y no aterriza en otros aspectos como con qué capital lo haría, de qué tamaño sería esa unidad de negocio, con qué experiencia previa podría participar en las licitaciones o cuáles serían sus socios estratégicos. 

Tampoco se pone metas en resultados como cantidad de concesiones obtenidas al final de los cuatro años.

Por eso, la calificamos como humo.

El Carretómetro evalúa dos aspectos de las propuestas de los candidatos: si son muy ambiciosas y si son logrables. Para eso dibujamos un plano que cruza ambas variables y, después de investigar a profundidad sobre el tema, permite obtener cuatro resultados: las que son ambiciosas y logrables las calificamos como Transformadoras; las que son ambiciosas, pero no logrables, las calificamos como Carreta. Las que son poco ambiciosas y logrables, como Humo. Y las que son poco ambiciosas y además de eso no son logrables, les damos un Pfff.

El camino llano

Lo primero que tendría que hacer Ramos para meter a EPM en el negocio de la infraestructura es nombrar un gerente interesado hacerlo. 

Eso es sencillo porque depende totalmente de él y porque, según supimos de primera mano, parte de los consejeros que tuvo para elaborar sus propuestas en torno a EPM son dirigentes gremiales, y, según su programa de gobierno, invitará a participar al Comité Intergremial de Antioquia en la elección del gerente “y/o la Junta Directiva” de la empresa.

El segundo paso es sentar a la Junta a analizar qué tan viable es expandir sus negocios a la infraestructura vial, lo que seguramente implicaría revisar el direccionamiento estratégico de la empresa 2018-2022, que no contempla esa opción sino que se enfoca en recuperarse de la emergencia de Hidroituango y meterle la ficha a los negocios que ya tiene.

A pesar de eso, ese paso está en manos del Alcalde porque, como establecen los estatutos, es el superpoderoso de la Junta: la preside, elige cinco de sus ocho miembros, que suelen ser empresarios o académicos, y escoge otros tres, que vienen de los Comités de Desarrollo y Control Social de los Servicios Públicos Domiciliarios y son representantes de la ciudadanía que vigilan la empresa.

Por eso, Ramos tendría mayorías para ponerle una nueva pata al portafolio de negocios y empezar a revisar potenciales concesiones viales que podría adquirir o que se van a abrir.

El tercer paso sería ampliar el objeto social de EPM, que hoy es prestar servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, distribución de energía y gas, aseo, manejo de basuras y telecomunicaciones. 

Para eso tendría que modificar los estatutos de la empresa, una movida formal, sencilla y que ya tiene Ramos en mente: según su programa de Gobierno, va a hacer una reforma estatutaria “para blindarla de la politiquería y el clientelismo”.

Esa iniciativa tiene que pasar por el Concejo, donde el Alcalde suele tener mayorías. Por ejemplo, solo una de los 21 concejales actuales le hace oposición a Federico Gutiérrez. 

Si las fuerzas políticas en el Concejo se mantienen como están, Ramos seguramente también la tendrá. 

El Centro Democrático, su partido, es el que tiene más curules (seis). Le siguen el Liberal (con tres) y dos de los concejales actuales lo apoyan; el Conservador (con tres), que está de lleno en la campaña uribista; y La U (con otros tres), que también tiene dos concejales en su campaña.

Solo con esas fuerzas, ya tendría mayoría.

Incluso si no la tiene de entrada, podría convencerlos con el argumento de que ese nuevo negocio podría aumentar las utilidades de EPM, lo que le daría mayores ingresos al Municipio, pues el 55 por ciento de las utilidades de la empresa van para inversión social de la ciudad (aunque quizás haya oposición porque abrir un nuevo negocio implica esfuerzos nuevos y riesgos de que no funcione).

Por todo lo anterior, la propuesta es lograble, pero tras el Sí del Concejo arrancaría un camino que podría ser más empinado, y depende de las concesiones en específico en las que podría participar EPM, y sobre las cuales Ramos no plantea nada concreto.

Las preguntas que quedan en el aire

Según dijo Ramos a La Silla, su idea no es que EPM construya las vías, sino que administre concesiones y subcontrate los estudios y las obras.

El candidato asegura que EPM tiene dos ventajas principales para incursionar en el negocio.

La primera es que tiene experiencia en gerencia proyectos de infraestructura, como hidroeléctricas y otras generadoras de energía, expansión y modernización de redes de acueducto y alcantarillado, y tratamiento de aguas residuales.

El problema es que esa experiencia ha sido criticada por la emergencia de su proyecto más ambicioso, Hidroituango, que la tiene golpeada por tres frentes: justamente su administración (tiene investigaciones de entes de control por el manejo social y ambiental), sus finanzas (por las desinversiones y la apretada de cinturón para responder por la emergencia) y su imagen.

La otra ventaja que ve Ramos es el músculo financiero de EPM y su credibilidad en la banca internacional, que le ha permitido endeudarse a largo plazo para hacer inversiones grandes.

El lío es que, como contamos hace dos meses, EPM está financieramente menos sólida y su demora en vender sus acciones en ISA y Aguas de Antofagasta (Adasa) en Chile, que adelanta EPM la ponen en riesgo de que sus deuda pase a grado de inversión especulativa, lo que la llevaría a tener que pagar más intereses si se endeuda.

Aparte, al próximo gobierno municipal le tocará sortear lo que pase con Hidroituango, que si bien se espera que entre a operar en 2022, sigue siendo algo incierto porque sigue sin ser claro cuál es el tamaño de los daños y si el proyecto se salva, y porque si bien la aseguradora Mapfre confirmó que cubrirá los daños y los retrasos en la operación de la obra, no se sabe en cuánto dinero se traducirá ese cubrimiento.

Con eso, para Ramos será sencillo que EPM explore el negocio, pero pasar de allí a poderlo ejecutar es algo que no está en las propuestas de Ramos. Y mientras no se ejecute, es imposible decir que la idea viable sea transformadora.

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