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Por Natalia Arenas · 14 de Diciembre de 2016

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El pasado 5 de diciembre, Eddil Caicedo, secretario general del consejo comunitario de Yurumanguí, recibió en su celular un mensaje de texto que decía: “Vea parranda de hijueputa robas al colegio y por ustedes haberse atravesado a dejar sembrar coca bamos a picar como cebolla a voz, Arbey, a Lucho y otros (sic)”.

Casi simultáneamente otro mensaje llegó al celular de Jesús Arbey Díaz, el representante legal del mismo consejo: “gran malparido de hoy no pasas que te piquemos por parado, la coca la van a ver muertos y voz te ba peor y tu familia (sic)”.

Ese consejo comunitario, localizado sobre el río Yurumanguí a tres horas del casco urbano de Buenaventura por lancha, había tomado hacía poco la decisión de no permitir la siembra de coca en su territorio, luego de que un grupo de la misma comunidad propusiera retomar la siembra como una alternativa para salir de pobres.

Como ya había hecho antes, Yurumanguí decidió resistir a la tentación. Y lo sigue haciendo a pesar de las amenazas.

La resistencia

“Sabemos que ustedes no tienen ninguna culpa que nosotros estemos comiendo mierda señor Eddil Caicedo, pero es que ya estamos cansados de seguir comiendo mierda. Si [dicen] no a la siembra de cultivos ilícitos ¿qué otra alternativa tienen ustedes para nosotros, que sea algo inmediato? Nuestra piel y nuestro estómago ya están cansados. Si con esto tenemos la muerte pues bienvenida sea la muerte. La siembra de coca en gran parte le hace un bien al territorio.”

Así habló Mundo, líder del “grupo El Buen Vivir” que promueve la siembra de la coca en el territorio en la asamblea extraordinaria que se celebró el pasado 29 y 30 de octubre en la vereda San Antonio, en la parte media del río Yurumanguí. El grupo está compuesto por unos 50 yurumanguireños. Son conocidos, vecinos y familiares de las 3 mil personas que viven sobre el río.   

La reunión se convocó de afán porque por primera vez la petición de sembrar coca venía desde adentro. 

En el 2007 había habido coca en su territorio pero los que la sembraron llegaron de afuera, cuenta Rolando Caicedo, líder de Yurumanguí y diputado del Valle elegido sobre todo por las comunidades rurales de Buenaventura. Fueron 27 hectáreas plantadas por las Farc. 

En esa oportunidad, los yurumanguireños hicieron una asamblea similar a la de finales de octubre y de allí salió el mandato para que los mismos miembros del consejo erradicaran las matas y dejaran por escrito la constancia de que en Yurumanguí no se sembraría coca. Nunca. 

Una decisión que convirtió a Yurumanguí, en la rural y apartada Buenaventura, en una isla libre de cultivos de coca.

Aunque el Valle del Cauca no se ha caracterizado por ser un gran cultivador de la mata, el último informe de Unodc mostró que los cultivos han crecido. El departamento pasó de tener 561 hectáreas cultivadas en el 2014 a 690 en el 2015, un aumento del 23 por ciento. Sigue siendo un área pequeña comparada con Nariño, por ejemplo, el primer departamento con más cultivos a nivel nacional. O con las 2.089 hectáreas que tenía el mismo Valle en 2008.

La coca que sí existe afecta sobre todo a los consejos comunitarios afros que se constituyeron a lo largo de los ríos, especialmente en el norte y en el sur del municipio de Buenaventura.

Así ocurre en todo el país según la Unodc: el 17 por ciento de la coca de todo el país está sembrada en consejos comunitarios afros, lo que hace a los negros la segunda comunidad más afectada. Además, según ese informe, ha venido creciendo: entre 2014 y 2015 las hectáreas sembradas en esos terrenos aumentaron en un 51 por ciento, pasando de 10.626 a 16.030 hectáreas.

Por eso el caso de Yurumanguí es un ejemplo de resistencia, a pesar de la pobreza y el abandono.

El problema es que en los últimos seis años la situación ha cambiado: ya no son rentables ni la minería artesanal de oro que se hace en la parte alta del río, ni la explotación de madera en la parte media, ni la pesca en la desembocadura del río en el Pacífico.

La situación se ha complicado porque cada vez es más difícil sacar y vender los productos que se consiguen y transportan a Buenaventura. Además, los cultivos tardan mucho tiempo en dar frutos y mientras tanto, la gente no tiene otras formas de conseguir recursos.

Por eso, cuando unos inversionistas de afuera, (“paisas”, como los llaman en Yurumanguí, “narcos”, como los llaman los expertos que han analizado la región), trajeron nuevamente la propuesta de sembrar coca, el grupo del ‘Buen vivir’ decidió cogerles la caña.

“Decían que ya había terrenos, que ya había inversiones y compromisos. Que les iban a dar las semillas, que les daban un anticipo”, cuenta Álvaro Arroyo, yurumanguireño, y líder del consejo comunitario.

“Decían que nos miráramos, que estamos peor de pobres que los de los otros consejos comunitarios. Que miráramos como están los del río Naya, donde hasta los niños de 8 años tienen motor”, agrega Rolando Caicedo, refiriéndose al motor de las lanchas que en las comunidades que viven en los ríos es señal de riqueza.

Hasta el día anterior de la asamblea, el “grupo del buen vivir” había recorrido el río de arriba a abajo, convocando con sus argumentos a la comunidad para que los apoyaran en su intención de sembrar coca. 

A San Antonio llegaron unas 200 personas, delegados de las 13 veredas sobre el río, a decidir si dado que las condiciones de pobreza no mejoran, y que sus vecinos de otros consejos comunitarios están sembrando coca sin persecución ni aspersión, ellos también deberían meterse en el negocio. Era el único punto de la agenda.

A pesar de la premura, la junta del consejo comunitario decidió invitar a la asamblea a tres representantes de los consejos comunitarios vecinos del río Naya, Mayorquín y Cajambre. La idea era hacer una suerte de foro, en la que ellos contaran en su experiencia, qué ventajas y desventajas les había dejado la siembra de coca en sus territorios y contestaran preguntas de los yurumanguireños.

“La coca da es para tomar”, dijo Wisman Benitez, miembro de la junta del consejo comunitario del Naya, el río que divide los departamentos de Cauca y Valle. “Para los que raspan, que son los que la traban, cogemos los 30 mil, los 50 mil y hoy los tenemos, mañana los gastamos. En tema de convivencia no nos ha ido muy bien porque si usted hoy consigue 10 mil pesos, el otro también quiere esos 10 mil pesos y quiere hasta tener más y eso se complica”.

“Con el tema de la minería y de la coca ya la gente no cree en la organización, ni en los consejos comunitarios ni en la junta sobre todo”, agregó Alfonso Cuero Bravo del consejo comunitario de Cajambre.

Aún así, Mundo, el representante del grupo el “Buen vivir”, no se mostró convencido. “Señor Alfonso y señor Wisman, gracias por por decirnos y contarnos las consecuencias que han vivido en los ríos de ustedes. Pero entonces el río Yurumanguí y su grupo por un mejor vivir va a sembrar la coca, la va a sembrar; entonces con esa experiencia que ya tenemos que nos acabaron de ilustrar ustedes lo vamos hacer de una forma muy diferente”, dijo en la reunión. 

Cuando fue el turno de hablar de los delegados de las 13 veredas, la mayoría se inclinó contra la propuesta. Entre afiches y cartas, resolvieron que a pesar de las condiciones precarias en las que viven, traer la coca no iba a solucionar el problema. Por el contrario, como dice Caicedo, la coca sería la puerta para que llegara más destrucción de su territorio.

Yurumanguí también ha resistido a la minería ilegal. A pesar de la insistencia de los habitantes por usar maquinaria que les permita sacar más oro, en Yurumanguí solo se permite usar motobombas, y de un calibre específico. En la parte alta del río, en la vereda de Juntas, los habitantes sacan el oro con bateas y está proscrita la maquinaria pesada como las retroexcavadoras que han dejado entrar otros consejos comunitarios vecinos.

Lo han logrado a punto de mantenerse unidos a pesar de las amenazas y la presión de los grupos armados ilegales como las Farc, que han hecho presencia allá desde los 90 a través de los frentes 6 y 30, en los bordes del parque nacional de los Farallones de Cali. Y de los paramilitares, que en 2001 desplazaron a varias familias luego de masacrar a siete personas en la vereda El Firme, en la desembocadura del río.

Sin embargo, las nuevas amenazas preocupan porque podrían estar llegando desde la misma comunidad, como reconocieron algunos líderes y como quedó escrito en el acta de la asamblea en la que quedó escrito que frente “cualquier acto de violencia o situación que ponga en riesgo y atente contra la integridad de los líderes del río Yurumanguí” harían responsables al “grupo del buen vivir”.

Aunque la autoría de las amenazas no se ha probado por ahora, Caicedo es firme en reafirmar que no van a ceder.

Lo hace en un tono casi que de guerra: “No vamos a claudicar. Le pedimos a Dios que ningún compañero caiga. Pero que si cae, eso no nos va a detener. Todo lo contrario, ya lo hemos evaluado y lo hemos decidido así, eso nos dará más fuerza para seguir adelante. Tendrán que acabarnos a todos”.

El caso de Yurumanguí no es un caso aislado en el país como reconoce el experto en drogas Daniel Mauricio Rico que le dijo a La Silla Pacífico que ha conocido procesos parecidos en el Meta y en Guaviare, sobre todo de comunidades indígenas. Sin embargo, dice, sí son la consecuencia de que el Estado fortalece a unas comunidades y promete proyectos productivos para rechazar la bonanza que puede generar la coca pero al final, los deja solos.

“Es el lado complicado del empoderamiento local. Los que han asumido esta causa terminan siendo víctimas de una violencia implacable”, resume.

Ese riesgo ocurre cuando en Buenaventura, como en muchos otros lugares del país, hay una reorganización de fuerzas en los territorios tras la salida de las Farc ahora que se firmó el Acuerdo de Paz. El caso de Yurumanguí puede ser un termómetro de si en este escenario, el poder local le va a ganar el pulso a los nuevos actores armados que se quieren imponer.  

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