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Por Tatiana Duque · 24 de Noviembre de 2019

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Ayer en la tarde el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, anunció en Cali un refuerzo en la seguridad de casi mil uniformados, un centro conjunto de inteligencia con la Fiscalía y hasta la publicación de un ‘cartel de vándalos’ que, según el Gobierno, habrían ocasionado los desmanes en unidades residenciales y barrios el jueves en la noche.

Lo que pasó en la ciudad no fue menor: al centro de emergencias llegaron en menos de dos horas más de mil llamadas de gente pidiendo auxilio ante la posibilidad de que “alguien” se metiera en sus casas tras el toque de queda impuesto por el alcalde Maurice Armitage; además caleños desde sus casas estaban armados y recibían a bala a cualquiera que no les fuera conocido o disparaban al aire ante cualquier ruido extraño.

La ciudad en toque de queda mostró una cara inusual, pero conocida: la de la herencia de violencia tras ser epicentro de al menos cuatro carteles narco, la de mayor cantidad de homicidios en el país por año y la de la segregación social.

Un cóctel que sumado al uso de redes sociales generó una bola de nieve que se mantuvo hasta ayer en la mañana.

Por lo que, posiblemente, la acción policiva no sea la única que deba tomarse tras una semana de manifestaciones en todo el país donde el Gobierno quedó contra las cuerdas, y que falta por ver si la “conversación nacional” que propuso el presidente Iván Duque es lo suficientemente amplia para incluir lo que mostró la noche del jueves en la capital valluna.

Ante el desbordamiento, el toque de queda

Cali entró en toque de queda por primera vez en cuatro décadas (la última vez fue en 1971) y hasta ayer el alcalde Maurice Armitage seguía defendiendo la medida, que replicó Bogotá, ante “unos desadaptados que se dedican a sembrar el miedo”.

Para la manifestación del paro se usó toda la fuerza policial de la ciudad que es de aproximadamente 5 mil uniformados (que incluso la ONU ha dicho que son muy pocos para una capital), ya que asistieron más de 20 mil personas, por lo que puntos que siempre son calientes como el oriente quedaron sin protección permanente.

“¿Qué pasó? como la capacidad era estrecha, el oriente de Cali se quedó sin pie de fuerza para cuidar estos puntos. De por sí el pie de fuerza es insuficiente para toda la ciudad”, nos dijo una alta fuente de la Alcaldía que estuvo con Armitage en el puesto de mando de ese día.

Aunque Armitage estaba reticente a tomar la decisión del toque de queda, según esa misma fuente, las llamadas de gerentes de comercios como el D1 y un accionista de Unicentro para advertir de disturbios; y los reportes de saqueos en una panadería y un supermercado en el oriente aceleraron la decisión.

La medida prevista a partir de las 7 de la noche fue anunciada a las 3 de la tarde “para que la gente tuviera la posibilidad de irse a sus casas”, dijo Armitage después, toda vez que para ese momento el sistema MIO no estaba funcionando y en puntos como el sur de la ciudad ya había bloqueos.

Eso generó, de acuerdo al investigador en seguridad y experto de nuestra Red Pacífico Álvaro Pretel, una sensación de que quien violara el toque de queda buscaba hacer daño. “El que esté afuera es un delincuente, que causa reacciones violentas de la gente que está cumpliendo la medida”. 

Y de ahí en adelante hubo hechos que las autoridades no relacionan con el paro.

Ese jueves solo hubo 2 homicidios en Cali, asociados con sicariato.

Pero la ciudad fue otra.

“Una ciudad distinta” y caos en el océano de Twitter y WhatsApp

Hablamos con 20 personas que vivieron los desmanes de la noche del jueves en los cuatro puntos de la ciudad. 

Encontramos al menos tres particularidades: se informaron de lo que pasaba por Whatsapp y redes sociales; se armaron de lo que tuvieran a la mano con sus vecinos (similar a lo de Bogotá) y estaban llevados por el miedo.

”Rondaron toda la unidad, estábamos custodiando”

Alejandro, Brisas de los Álamos

Tres nos confirmaron que vieron a desconocidos entrar a sus unidades residenciales; otra persona nos dijo que un familiar fue atacado directamente. 

“Empezaron a tratar de meterse a la unidad, eran los de Guaduales y Floralia y se empezó a poner bastante tensa la cosa. Rondaron toda la unidad, los vecinos estábamos custodiando por delante y por detrás para que no se fueran a meter”, nos dijo Alejandro Corrales, quien vive en Brisas de los Álamos, al norte. 

Al suegro de Wilson Morales, quien vive en Fortaleza, al suroriente, “lo alcanzó a golpear uno de los hombres que se iba a meter a la unidad”. Lizeth Romero, quien vive en Calipso, al suoriente, nos dijo que “se entraron a la unidad a robar” y que sus vecinos sacaron a los desconocidos a punta de palos y cuchillos. “No había militares ni policías. Uno los llamaba y no contestaban”. 

Todos nos dijeron que ante la zozobra cogieron lo que tuvieron a la mano para defenderse, algunos hasta con armas de fuego.

“Era una ciudad distinta”, nos dijo Daniela, una egresada de Univalle.

“Arriba tenían un arma. Apenas había algún alboroto él desde la terraza disparaba tiros al aire”, nos dijo Daniela, quien pensó en armarse con un soplete y vive en el sur; “mi esposo sacó dos armas y estábamos en alerta”, nos dijo Estéfani, quien vive en Meléndez.

”Se entraron en la unidad a robar”

Lizeth, barrio Calipso

“Unos decían que hay que defenderse y todo el mundo salió dispuesto a pelear”, nos dijo Juan Pablo, un conductor; “Mi papá salió con un machete, y yo iba a salir con un palo de una escoba, y estaba en la puerta si de pronto tenía que defender a mi papá”, nos dijo Lina, quien vive en Villa del Parque, al norte.

La sensación de miedo aumentó con las cadenas de chat que llegaban.

“Llegaba un audio de (que querían) llegar a Jardin Plaza, que iban a robar porque el pueblo debía tener su navidad. Es un miedo que yo no recuerdo haber sentido antes, entré a la casa yo temblaba, no me podía controlar, y también por lo de mis amigas, decían que ya llegaban (delincuentes), eso aumentó el susto”, nos dijo Kelly, quien vive en una unidad en Alto Jordán, al sur.

Entre las 7 y 9 de la noche del jueves al CAD de Cali llegaron 1.069 llamadas de emergencia, cuando lo normal es que no sean más de 100 en promedio; y a los funcionarios pendientes del puesto de mando unificado llegaron entre 700 y 800 mensajes de audios y videos por Whatsapp.

“Todos los audios son el mismo reporte y tienen un patrón: la gente dice ‘se metieron a la unidad del vecino, vienen a la mía’. Se escuchan disparos, y hay mucho ruido de gente alterada”, nos dijo un funcionario que tuvo que recibir llamadas de emergencia.

Hasta la publicación de esta historia, a la Fiscalía no había llegado ninguna denuncia por robos a casas el jueves. 

”Mi esposo sacó dos armas, estábamos en alerta”

Estefani, barrio Meléndez

Con la Alcaldía, las autoridades tratan de convertir las llamadas de emergencia en líneas de investigación para judicializar a presuntos responsables, que fue lo que el ministro Trujillo llamó ‘el cartel de los vándalos’ ayer tras su consejo de seguridad en Cali.

Tanto en Cali como en Bogotá, Whatsapp terminó siendo un articulador y a la vez un megáfono de las situaciones que pasaban en los barrios.

Como la información que se transmite en Whatsapp y Twitter es lineal y viene de todo aquel que tiene acceso a un celular con datos, la mayoría de los consultados nos dijo que pasó la información que le llegaba a otros chats, por lo que lo único claro en ese momento era la sensación de caos. 

Eso explica por qué en menos de dos horas videos de personas defendiéndose con armas de alto calibre se hicieron virales en las redes.

Incluso, twitteros en Bogotá reportaron que anoche circulaba en Whatsapp un audio advirtiendo de una “asonada de 2 a 5 de la mañana”, una cadena que arrancó en Cali en la tarde del jueves después de que Armitage anunció el toque de queda.

A eso se sumó la sensación de que medios y autoridades no estaban diciendo la verdad de lo que realmente estaba provocando los desórdenes.

Mientras las autoridades en Cali y Bogotá hablaron de “ataques coordinados”,

Twitteros (reales y bots) posicionaron mensajes de descrédito a autoridades y medios

A ese caos virtual ayudó que ayer en la mañana en el centro Cali se hicieran virales videos y reportes de que nuevos ataques estaban ocurriendo ahora en los comercios.

Lo que ocurrió, de acuerdo a la Policía, es que en la mañana en la céntrica zona comercial hubo un intento de robo y los comerciantes corrieron para detener a los delincuentes, lo que generó nuevamente el pánico.

Aunque llegó el Ejército a la zona y pidió a la gente que abriera sus negocios, la gente seguía asustada. La situación la explica este video:

Para evitar un nuevo pánico colectivo, funcionarios de la Alcaldía comenzaron a visitar puntos de la ciudad y el secretario de seguridad, Andrés Villamizar, descartó el toque de queda y la ley seca.

E invitando a la gente a salir el viernes en la noche.

A la que se unieron esta mañana los comerciantes del centro de Cali.

Si bien la sensación de caos y pánico se trasladó a Bogotá, en Cali lo que pasó también dejó en relevancia dos situaciones menos virales, pero permanentes: muchos ciudadanos están armados y en la capital valluna hay una bomba social de segregación.

Un cóctel de peligro: armas y ‘gente rara’

Los videos y testimonios que encontramos dan cuenta que en Cali hay una alta disponibilidad de armas para quien quiera usarlas, lo que además muestra “lo que está dispuesta la gente a hacer ante un hecho violento”, nos dijo el investigador Pretel.

 

Como contamos en esta historia es incierto el número de armas que hay en la ciudad, según la Alcaldía y la Sijín. En Colombia, el Ejército indica que hay 687 mil armas con salvoconducto.

Armas que provienen como contó El Tiempo hace ocho días del tráfico de carteles y grupos ilegales que convergen cerca de Cali (como el norte del Cauca); pero además, como contamos de armerías ilegales y de fabricación nacional del Estado. 

La disposición a tener un arma pone de relevancia otro factor: la cultura narco que sigue en la ciudad.

Cali fue epicentro de al menos tres carteles de droga: norte del Valle, centro del Valle, de Cali y del Pacífico; además del nacimiento o influencia de cinco guerrillas: Quintin Lame, M19, el Frente 30 de las Farc, ELN y EPL. 

Como contó hoy en su columna el experto de la Red Pacífico Oscar Parra, una vez los carteles se disuelven “sus estructuras base quedaron dispersas, entrenadas y permearon las zonas más vulnerables de la ciudad en su población más joven”, que no son organizados, pero sí más violentos.

A un grupo poblacional dispuesto a estar armado se suma la cara de segregación que Cali mostró el jueves. 

“Cali demostró que además de miedo a la inseguridad le tiene miedo a los pobres”, nos dijo el funcionario de la Alcaldía que estuvo al frente de las llamadas de emergencia, sobre el tipo de alertas ciudadanas que recibió en el puesto de mando unificado. 

Dentro de los testimonios que recogimos encontramos además que los que se armaron para defender sus casas también lo hicieron porque vieron lo que llamaron “gente rara”.

“Acá esta unidad está rodeada de invasiones, claro entonces los malandrines de allí estaban haciendo eso”, concluyó Kelly, quien vive en Alto Jordán, en el sur. “Estuvo todo calmado, sin embargo se veían personas muy raras”, nos dijo Sandra, quien vive en el oriente: “Se enfrentaron gamines con policías”, nos dijo Alexander, quien vive en Buenos Aires.

Por ser la capital más rica y poblada del Pacífico, Cali terminó siendo receptor de miles de víctimas del conflicto armado (más de 200 mil según la Unidad de Víctimas), asentadas en los barrios más pobres de la ciudad como Ladera (Siloé) y el Distrito de Aguablanca, históricamente estigmatizados por sus altos niveles de violencia.

Además, según estimaciones de Propacífico, de casi el 36 por ciento de población migrante que tiene Cali, el 16% proviene del departamento del Cauca, 12% de Nariño, 2% del Chocó.

Para Ray Charrupi, activista afro y director de la organización Chao Racismo, que trabaja con poblaciones de Siloé y Aguablanca, en Cali hay una bomba social causada por la división social entre ‘ricos’ y ‘pobres’ de la ciudad.

“La mayor frontera invisible en Cali es la autopista Simón Bolívar, porque todo el que vive de ahí hacia el oriente es un discriminado en Cali; y todo el que vive de la circunvalar hasta Siloé y Meléndez es otro discriminado”, nos dijo, al resaltar que en general, el caos en Cali ocurrió por la falta de un “objetivo social claro” dentro del llamado al paro. 

De acuerdo con el último boletín técnico del Dane, 15.7 por ciento de los caleños (1.8 millones de personas) tiene pobreza monetaria, sumada a la falta de oportunidades de una población sin empleo (12.6 por ciento) hace que los niveles de desigualdad sigan siendo altos.

“No es que la población en condición de desplazamiento per sé incrementara los niveles de violencia. La llegada de pobladores a sectores marginados aumenta la violencia debido a las interacciones entre la criminalidad, pobreza y falta de oportunidades”, explicó en esta columna en la Red Pacífico el investigador Álvaro Pretel.

Es también por esta realidad de la bomba social en Cali que desde la Gobernación y la Alcaldía, una petición frecuente en las últimas horas -además de más elementos de seguridad- fue el de programas sociales estatales para atender a la población excluida del sistema.

El próximo miércoles arranca la “conversación nacional” que prometió el presidente Duque y de cómo se desarrolle y si en la agenda entra la situación específica caleña dependerá si comienzan a cambiar las caras desconocidas pero visibles de la capital del Valle.

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