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Por Laura Soto · 22 de Mayo de 2019

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Hoy en la noche el Observatorio de Democracia de la Universidad de los Andes presentará en Cali los resultados del Barómetro de las Américas para el Pacífico, una encuesta financiada por Usaid que mide la percepción de los colombianos en seis regiones y no solo en sus capitales. (Ver el informe completo aquí)

Los resultados de la encuesta, que se realiza en 27 países del continente desde 2004, son muy similares a los de 2017: pese a que el Pacífico es epicentro del reencauche de la violencia, con la aparición de disidencias, asesinatos de líderes sociales y aumento de cultivos ilícitos, sigue creyendo en el proceso de paz y apostándole al posconflicto.

La encuesta cara a cara se realizó con 1663 personas en 47 municipios entre septiembre y diciembre de 2018. En el Pacífico se realizó en Popayán y Puracé en Cauca; Cumbal, Ipiales y Tumaco en Nariño; y Ginebra, Cali, Buenaventura y Florida en Valle. No incluyó municipios de Chocó.

Estas son algunas de sus conclusiones:

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El Pacífico sigue creyendo en el Proceso de Paz

A dos años de la firma del Acuerdo de Paz el apoyo a los acuerdos sigue siendo el mismo que en 2016, pese a que esta región ha sido una de las que más ha sufrido la violencia de las disidencias y la lentitud con la que avanza la implementación.

En 2016 el apoyo era del 48.3 por ciento, y a finales de 2018 era de 48.1, casi el mismo de la media nacional. Sin embargo el apoyo de otras regiones como Bogotá, el Caribe o la Amazonía han crecido y superan al del Pacífico que en 2016 aparecía en primer lugar.

Es probable que el apoyo siga constante porque concentra poblaciones afines a la implementación de los Acuerdos, como consejos comunitarios y cabildos indígenas.

Además, es la segunda región después de la Amazonía que ve la negociación como la mejor forma para solucionar el conflicto con la guerrilla (75.6 por ciento frente a 69.5 de la media nacional). Algo similar ocurre frente a la reconciliación donde el Pacífico también ocupa el segundo lugar: el 60.5 por ciento ve posible el perdón y la reconciliación con las Farc, sobrepasando la media nacional (51.2 por ciento).

Esto es correspondiente a la tendencia de la región de apoyar la salida pacífica al conflicto que se demostró desde el plebiscito donde ganó el Sí en todos los departamentos.

Pero pese a las buenas intenciones aún hay largo camino para lograr la verdadera reintegración en los municipios más golpeados.

Si bien el 73.7 por ciento no tiene problema en tener un desmovilizado como vecino, solo el 40.6 por ciento aprueba que sus hijos estudien con hijos de desmovilizados, lo que demuestra el difícil reto de lograr la integración en el día a día.

 
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Apoya la redistribución de tierras, pero no tanto los beneficios para desmovilizados

Ambos son temas que están en la implementación de los Acuerdos, pero son percibidos de forma opuesta entre los encuestados. Muestran que la región que tiene históricos conflictos de tierras apoyan la redistribución para dejar atrás la guerra; pero en la participación política de la exguerrilla no tienen tanta acogida, un tema clave de cara a las elecciones de octubre, sobre todo porque el partido Farc quiere ganar puestos en concejos, asambleas y alcaldías locales.

En el tema de tierras, la redistribución de baldíos tiene un apoyo del 90.5 por ciento, una cifra que supera la media nacional de 84.6 por ciento; así como la sustitución de cultivos que tiene el 83.8 por ciento, un poco menos de la media nacional (85.8 por ciento).

Esto tiene lógica teniendo en cuenta que Cauca es el segundo departamento con la distribución de tierras más desigual del país; y desde las comunidades y los gobernadores hay apoyo a la sustitución de cultivos ilícitos, como ocurre en Nariño, departamento con la mayor cantidad de hoja de coca sembrada del país.

Pero el apoyo baja frente a las garantías para los partidos de los excombatientes, con un respaldo del 32.4 por ciento de los encuestados. Esta cifra es clave teniendo en cuenta que en octubre la Farc participará en las regionales con candidatos propios en la región.

Esa percepción concuerda con los pocos votos que obtuvo el partido en su primera elección sin armas el año pasado, cuando esperaba sacar 2 millones y solo sacó poco más de 50 mil.

Pero el menor porcentaje está en el apoyo a que los exguerrilleros no vayan a la cárcel por los delitos cometidos con solo un 20.8 por ciento de aprobación, una tendencia que se explicaría en el rechazo que hay a las penas alternativas.

 
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...pero la esperanza en la implementación sigue viva

El Pacífico tiene más confianza que la media nacional a que las cosas tomarán nuevo rumbo con la implementación.

El 58.9 por ciento sigue creyendo que mejorará la seguridad, el 51.1 cree en que va a estar mejor la situación económica y el 62.2 por ciento que mejorará el acceso a la tierra, aunque en ninguno de estos frentes haya un repunte actualmente.

En el tema de seguridad, como hemos reportado en La Silla Pacífico, la región fue una de las más propensas al reencauche de la violencia y pese a la política de mano dura del gobierno Duque a la delincuencia y las disidencias, se mantienen los conflictos por el control de rutas de negocios ilegales como en el norte del Cauca, Tumaco, Buenaventura y el norte de Chocó.

En el tema económico, como contamos la semana pasada, al gobierno Duque le salió un nuevo dolor de cabeza porque en el primer trimestre del año el PIB creció solo un 2.8 por ciento frente a la expectativa del 3 por ciento.

En lo que menos creen los encuestados que habrá cambios con la implementación es en el fortalecimiento de la democracia. Solo el 42.1 por ciento lo cree así.

 
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Aunque son blanco de amenazas, hay más gente participando en Juntas de Acción Comunal

Un dato interesante frente a la participación cívica está en que desde 2016 ha crecido el número de personas en el Pacífico que dice participar en reuniones de las Juntas de Acción Comunal, con un 39.7 por ciento, frente al 35.3 por ciento del 2016 y el 21.9 por ciento del 2008.

Una posible explicación puede estar en que con la salida de las Farc y sin el control social y presión armada que ejercían en algunos territorios se abrió la posibilidad para que los liderazgos comunitarios y sociales se fortalecieran en terreno, pese a que ahora son los más amenazados y en algunos casos las mayores víctimas de asesinatos por la presencia de nuevos grupos armados en los territorios donde su liderazgo les es incómodo.

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