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Por Laura Soto · 04 de Diciembre de 2018

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Hoy a las diez de la mañana habrá una rueda de prensa de las autoridades indígenas Awá por el asesinato el domingo a la madrugada de dos de sus líderes del resguardo de Palmar Medio Imbi de Ricaurte, a tres horas de Pasto, Nariño. Estas muertes acelerarán por parte del Ministerio del Interior del Gobierno de Iván Duque una larga promesa del Estado de brindar protección colectiva a comunidades en riesgo, algo que desde los territorios llevan pidiendo hace mucho tiempo.

El Cabildo Mayor Awá de Ricaurte, Camawari, aseguró en un comunicado que ya son 12 los integrantes de su comunidad que han sido asesinados este año. Hasta ahora no hay claridad de quién los mató y por qué.

Padre e hijo asesinados

Héctor Ramiro García fundó en los años ochenta la principal organización y cabildo Awá de Nariño, la Unidad Indígena del Pueblo Awá (Unipa), en Tumaco, además de Camawari. Era conocido en la comunidad porque ldieraba la guardia indígena, porque se oponía a la minería y a los grupos armados legales e ilegales, y por defender su territorio.

“Yo lo conocí desde que fundó la Unipa, él hacía defender el gobierno propio, la Ley de Origen y hacía valer sus normas ante el control territorial”, le dijo a La Silla Rider Nastacuas, consejero mayor de Unipa.

A Héctor lo mataron hombres armados a las 12:30 de la madrugada en la casa de uno de sus hijos cuando departía con otras personas, según explicó el representante legal de Camawari, Jesús Iván Nastacuas.   

 

Pocos minutos después fue asesinado su hijo Arturo García en la Casa de la Cultura del resguardo Palmar donde había aproximadamente cien personas, que acababan de elegirlo Gobernador del Resguardo para 2019.

Arturo venía de ser gobernador suplente y también integraba la guardia indígena.

En el hecho resultaron heridas cuatro indígenas más.

Jesús Iván Nastacuas dice que desconcoen los motivos y los autores de los asesinatos, pero que Garcia sí había sido amenazado.

“Hace un mes ingresó un grupo de personas desconocidas al resguardo insistiendo en que querían revisar el territorio para extraer oro, hacer minería ilegal. La guardia con 17 personas se desplazó hacia el resguardo Palmar a sacarlos porque no estaban de acuerdo con el ingreso de personas desconocidas. Las personas les dijeron que verían la forma de ingresar y los amenazaron”, le contó Nastacuas a La Silla.  “Esa ha sido la única dificultad que ha habido”.

Los integrantes del cabildo solo conocieron ese hecho el lunes, cuando la familia de los líderes les contó.

A pesar de esas dudas, Camawari desmintió la declaración de un teniente del Ejército que habría dicho que las muertes fueron a causa de riñas familiares.

No es fácil saber lo que está pasando con los ataques a la comunidad indígena.

A diferencia de otros municipios cercanos como Tumaco, en Ricaurte no hacen disidencias o grupos armados, según le dijo a La Silla el Alcalde del municipio, Julián Martínez. Tampoco hay gran cantidad de cultivos de coca (aunque pasaron de 333 hectáreas en 2016 a 784 en 2017, según el último monitoreo de la ONU) o de minería ilegal, ni es una ruta del narcotráfico, según Martínez.

Sin embargo, el mandatario dice que este año sí ha habido un aumento de asesinatos selectivos en todo el municipio. Solo hace cuatro meses ocurrió el asesinato del vigilante del hospital del pueblo y de un menor de edad.

¿Un plan más rápido?

Tras las muertes del domingo, los indígenas volvieron a insistir en la petición que han hecho cada vez que matan a uno de los suyos: que necesitan planes de protección individual y colectiva, además de acompañamiento de las instituciones del Estado encargadas de protegerlos como Defensoría, Personerías y Fiscalía.

En agosto el saliente director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Diego Mora, le dijo a La Silla que estaban haciendo el estudio de un plan de protección colectiva que solicitaron los Awá y que su creación podía tomar entre tres a cuatro meses, aunque implementarlo iba a depender de quien el Presidente Duque nombrara para reemplazarlo.

Intentamos comunicarnos con Pablo Elías González, el nuevo director de la UNP; para saber en qué va este plan, pero está fuera del país y no fue posible hablar con la persona encargada.

El viceministro para la Participación e Igualdad de Derechos del Ministerio del interior, Juan Carlos Soler, le explicó a La Silla que la información que recibió de la UNP es que el plan de protección estaba programado para entregarse en marzo de 2019, pero que posiblemente tocará tenerlo para mucho antes.

“Ayer (domingo) me comuniqué con la UNP y les pedí que fueran a Nariño junto a una delegación del Ministerio del Interior para que revisaran la situación y se evaluara la urgencia de una medida de protección colectiva. Es posible que se tenga que hacer antes de marzo”, le dijo el Viceministro a La Silla.

El funcionario advierte que de todos modos “es una medida que no solo es aconsejable allí, sino para muchas partes”, porque dice que las medidas individuales son muchas y difíciles de atender en su totalidad y que lo mejor sería apostarle a lo colectivo.

A los indígenas se les acaba la paciencia con este tema.

“Nosotros hemos tenido amenazas a nombre de varios grupos y no vamos a seguir callándonos porque están poniendo en riesgo la existencia de nuestro pueblo indígena que está en riesgo de extinción”, le dijo a La Silla Nastacuas, representante legal de Camawari, quien denunció incumplimientos de la UNP en las reuniones que solicitan.

“Esperamos que con este caso podamos llegar a buenos acuerdos y compromisos en los planes de protección individuales y colectivos”, dijo.  

No es la primera promesa de altos funcionarios a las comunidades indígenas y afro de zonas en riesgo.

En julio, el entonces presidente Juan Manuel Santos lanzó un Programa Integral de Seguridad y Protección para las Comunidades y Organizaciones en los Territorios y hace menos de dos semanas el presidente Iván Duque presentó su Plan de Acción Oportuna (PAO), para la prevención y protección para los defensores de derechos humanos, líderes sociales, comunales y periodistas.

Mientras las reuniones y promesas continúan, hoy habrá una reunión entre diferentes instituciones gubernamentales y mañana miércoles un consejo de seguridad ampliado para evaluar medidas de protección.

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