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Por Ana María Saavedra · 01 de Octubre de 2017

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El pacto de paz con los integrantes de las pandillas de Quidbó, firmado por el alcalde Isaías Chalá y un representante de los grupos delincuenciales de la capital chocoana es, hasta el momento, un papel de buenas intenciones porque ni tiene una ruta clara ni marco jurídico para negociar con personas que se reconocen como integrantes de bandas delicuenciales.

El pacto se firmó el pasado 17 de septiembre luego de varias reuniones entre funcionarios de la Alcaldía de Quibdó y Harold Cuesta, representante de los grupos.

Ese día, Chalá se comprometió a “incluir a la resistencia de las bandas criminales en la oferta institucional de la Alcaldía”, así como a incluir los jóvenes -que según el Alcalde son 450- en la formación académica y buscar apoyo para darles oportunidades de trabajo. En cuanto a los jóvenes, representados por Cuesta, se comprometieron a no realizar más actos delictivos y no generar más zozobra.

Con este acuerdo, el Alcalde busca frenar la violencia que azota a Quibdó desde el año pasado, cuando se presentó un aumento en los homicidios relacionados con las venganzas entre grupos delincuenciales de la ciudad. En 2016, la capital chocoana llegó a tener una tasa de 107 homicidios por cada 100.000 habitantes, una cifra tres veces mayor que la del departamento, que tuvo 35. Y los primeros siete meses de este año la tendencia al alza continuó por esta disputa entre las bandas, lo que llevó a las autoridades a iniciar un plan de choque con aumento de policías y fiscales.

El comandante de la Policía Chocó, coronel Jhon Milton Arévalo, explicó que el 60 por ciento de esas muertes obedecen a "violencia instrumental", es decir enfretamientos entre miembros de grupos delincuenciales por problemas entre ellos o disputas internas. "Quibdó no tiene problemas de narcotráfico, sino de bandas que se disputan las extorsiones en los barrios y a transportistas", dijo. 

El día de la firma del pacto, la Alcaldía entregó 30 kits de peluquería y otros 30 de manicure y pedicure. Eso es por ahora, lo único concreto que tiene este pacto, pues aún la Alcaldía no tiene ni los recursos para darles educación y trabajo a los jóvenes ni el aval de entidades nacionales e internacionales como la Diócesis de Quibdó, la Defensoría del Pueblo y la Personería, la OEA y el Comité Internacional de la Cruz Roja que, aunque sirvieron como garantes del pacto, todavía no han dado su visto bueno.

Sin ruta

El viernes pasado, estas entidades le enviaron una carta a Chalá con varias inquietudes en el proceso.

 

Uno de los firmantes fue el obispo de Quibdó, Monseñor Juan Carlos Barreto, que reconoce la necesidad de brindarle a los jóvenes de los sectores vulnerables oportunidades de estudio y empleo, pues Quibdó tiene altos niveles de desempleo (según el Dane es la segunda ciudad con la tasa más alta en el país con el 16,9 por ciento).

Sin embargo, le dijo a La Silla Pacífico que no han recibido detalles como el número de jóvenes incluidos en los planes, cuál es la ruta de atención definida, cuáles proyectos productivos se van a realizar con ellos, qué garantías de sostenibilidad tiene y cuáles son las garantías jurídicas.

Además, la OEA fue consultada por La Silla y su vocera aseguró que aún no han decidido si participan en este proceso.

El propio Alcalde, quien afrontó una campaña de revocatoria fomentada por sus antiguos aliados, pero que no prosperó, dice que este es el primer paso a la reconciliación y la paz y que buscará el apoyo de organizaciones internacionales y del Gobierno Nacional, pues la Alcaldía no tiene un presupuesto exclusivo para este plan. A eso se suma que desde febrero pasado el Municipio se acogió a la Ley 500 o de Quiebras y por tanto, tiene los recursos apretados. 

El no tener el apoyo económico y una hoja de ruta clara es una de las críticas a este acuerdo.

Una fuente de la Fiscalía indicó que esto es muy riesgoso, pues si a los jóvenes no les cumplen lo que les prometieron, su decisión de no delinquir puede revertirse y la violencia recrudecerse. Aunque Chalá atribuye a este pacto parte de la disminución de los homicidios que se ha dado en agosto y lo corrido de septiembre, el Comandante de la Policía del Chocó aseguró que la reducción obedece a los operativos e intervención policial en la ciudad.

Lo complicado de trabajar en proyectos sociales con jóvenes de alto riesgo se ha evidenciado en otras ocasiones. La propia Policía de Quibdó tiene el plan Jóvenes a lo Bien (que se realiza en todo el país) en el que grupos de 25 a 30 jóvenes son capacitados por el Sena, pero de las dos promociones que se graduaron ninguno de ellas tuvo el capital semilla para empezar su propio proyecto, solamente algunos jóvenes salieron de Quibdó y fueron contratados en Antioquia en avícolas.

Algo similar ha pasado en otras ciudades como le explicó a La Silla Pacífico Jorge Ordóñez, profesor de psicología de la Universidad Icesi, que ha trabajado con pandillas en Cali y es uno de los creadores del programa de justicia restaurativa Casas Francisco Esperanza. Su experiencia en este campo lo lleva a decir que muchos de los pactos de paz entre pandillas fracasan.

Por ejemplo, recuerda un caso, “lleno de buenas intenciones” en el que gestores de paz apoyaron un pacto entre dos pandillas que se enfrentaban en el barrio El Retiro, uno de los más violentos de Cali. Tras el acuerdo dejaron de enfrentarse y empezaron a delinquir juntas, formándose una pandilla más fuerte.

Explicó que resocializar a un pandillero incluye fortalecer una red de afecto, un proceso psicosocial que le enseñe que es parte de la sociedad, con derechos y deberes, una reinserción educativa y laboral porque “si el pacto se trata de que entreguen sus armas e inmediatamente tienen estudio y trabajo, puede que no funcione, porque no ha cambiado nada en la forma de ver la vida del pandillero”, dice el docente.

Aunque el Alcalde Chalá le dijo a La Silla que los jóvenes le manifestaron que estaban cansados de la violencia, que no se quieren seguir mantando, y que, incluso, en las Fiestas de San Pacho (que se realizan desde el 20 de septiembre pasado) están ayudando a custodiar, ese puede ser otro problema de los pactos de paz. Así ocurrió en Cali con una pandilla del barrio Mojica que brindó seguridad tras un pacto de paz pero terminaron extorsionando a los habitantes.

Un riesgo jurídico

El otro problema de este pacto es que no tiene un respaldo jurídico claro como expuso el propio Director de Fiscalías, Alberto Bohoder,  en un consejo de seguridad realizado el martes con presencia del ALcalde Chalá. 

Según una fuente de la Fiscalía que estuvo en esa reunión, si las personas que firman el pacto están en inmersas en conductas penales, la acción penal no se suspende.

A eso se suma, según la fuente que el documento firmado es muy complejo y recordó lo ocurrido con el secretario de Gobierno de Medellín, Gustavo Villegas, que fue capturado por realizar un pacto con miembros de grupos criminales.

Este antecedente hizo que el Director de Fiscalías manifestara sus reparos en el Consejo de Seguridad y enviara a sus superiores en Bogotá lo firmado para que revisaran el tema. También insistitió en que la Fiscalía no dejará de capturar a los miembros de las bandas delincuenciales.

Sin embargo, el Personero de Quibdó Henry Cuesta, quien es uno de los garantes, dice que el anuncio del pacto ha sido malinterpretado porque solamente es el inicio y que se busca vincular a otras instituciones para que den su apoyo.

Mientras garantes, autoridades y pandilleros analizan el acuerdo, el Alcalde planea nuevas reuniones para buscarle un norte al acuerdo, en el que tiene puestas sus esperanzas de una solución a la violencia que se ha enquistado en los barrios de Quibdó.

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