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Por Laura Soto · 01 de Marzo de 2018

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El balance humanitario de la Subdelegación de Cali del Comité Internacional de la Cruz Roja (Cicr) que se publica hoy llama la atención sobre la situación de víctimas del conflicto armado y poblaciones vulnerables en el Pacífico que luego del fin del conflicto con las Farc siguen viviendo diferentes tipos de violencia de bacrim, ELN y disidencias de Farc.

Solo en el 2017 el Cicr hizo seguimiento a 550 casos de violaciones del Derecho Internacional Humanitario, y la Unidad de Víctimas reportó cerca de 77 mil víctimas del conflicto por hechos ocurridos el año pasado, siendo el Pacífico una de las regiones más afectadas, mostrando nuevamente que es la región más vulnerable a reciclar la violencia.

Estas son las principales conclusiones.

 

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A menos conflictos, más denuncias de desaparición

Entre 2015 y 2017 los casos de desaparición atendidos por el Comité para ayudar a familiares en la búsqueda de sus desaparecidos aumentó un 133 por ciento, pasando de 321 casos en 2015 a 748 en 2017.

Esto no quiere decir que haya habido un aumento de desaparecidos, sino que luego del fin del conflicto con las Farc más personas están denunciando desapariciones del pasado, porque ahora no están intimidadas por la guerrilla.

De esos 748 casos reportados en el 2017 a nivel nacional, solo en Cali (que atiende a los departamentos de Cauca, Valle y Nariño) el Cicr atendió a 400 familiares. Es decir, el 53 por ciento.

De esos casos, 219 han sido presentados a varios grupos armados para solicitar información incluidas las Farc. De esos casos pudieron establecer que 70 murieron y 29 estaban vivas. Además hicieron 8 exhumaciones o recuperaciones humanitarias de cuerpos.

Esto significa un reto grande para el posconflicto pues un punto de los Acuerdos fue implementar un mecanismo para encontrar a desaparecidos, cuyas cifras ni siquiera están consolidadas y ahora pueden crecer mucho más: mientras el Centro de Memoria Histórica reporta 60 mil personas de las que no se sabe su paradero, la Unidad de Víctimas dice que son 47 mil.

Es por eso que el Cicr llama la atención que ante este aumento de casos es necesario poner a funcionar lo antes posible la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (que ordena el Acuerdo) para que miles de familias puedan cerrar ese ciclo de violencia.

 
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El desplazamiento es una emergencia humanitaria

De las 14 operaciones humanitarias de emergencia que hizo el Cicr, es decir ayudas a poblaciones en situaciones de emergencia, 13 sucedieron en el Pacífico: seis en Nariño, tres Valle del Cauca y cuatro en Chocó. Todos los casos fueron por desplazamiento por confrontaciones entre grupos armados.

Esto revela que pese al fin del conflicto con las Farc, las comunidades del Pacífico siguen estando en medio del fuego cruzado y continúan viviendo los efectos de la violencia a manos de diferentes grupos armados que quieren cooptar el territorio dejado por las Farc.

Por eso el informe llama la atención sobre la necesidad de que el Estado ocupe esos territorios tanto con pie de fuerza como con programas sociales para contrarrestar estas acciones.

Esa ausencia estatal, según el informe,ha dado pie a que sigan sucediendo asesinatos selectivos, desplazamientos, narcotráfico, que si bien organismos como la Cicr ayudan a mitigar, es el Estado quien debe asumir este problema.

En el 2017 el Cicr atendió a 3.300 desplazados con entrega de alimentos, artículos de aseo, en algunos casos plata para la estabilización económica, tanques de agua, sábanas y adecuaciones físicas para que tengan condiciones mínimas para vivir mientras están desplazados.

La mayoría de esas familias ya retornaron, a diferencia de 170 indígenas del Chocó que siguen desplazadas en Buenaventura.

 
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La violencia urbana, en la lupa

Así como hace algunos años la labor más visible del Cicr era mediar para liberar secuestrados, ahora con el fin del conflicto abrieron un nuevo foco de atención en el Pacífico: intervenir en los barrios urbanos con altos índices de violencia.

Si bien esto ya lo habían hecho hace algunos años en Medellín, la intervención es nueva acá, donde están empezando a identificar a los actores y ayudar a los civiles que quedan en medio de conflictos entre bandas y pandillas.

Por ahora están trabajando en el barrio El progreso de Buenaventura, Potrero Grande en Cali y Viento Libre en Tumaco, Nariño.

Esto es importante pues como nos lo explicó Roberto Sarno, jefe de la Subdelegación del Cicr en Cali, con el fin de la mayoría del conflicto armado en las zonas rurales, la violencia urbana ha tomado relevancia porque allí también se dan desplazamientos, desapariciones, vinculación de menores a los conflictos, violencia sexual, amenazas y control territorial por medio de las fronteras invisibles.

Esto implica una reconfiguración del trabajo humanitario pues a diferencia del conflicto rural, en Cali, por ejemplo, no hay grupos armados claramente identificados, sino cientos de grupos atomizados. Pero esto es clave pues que un organismo humanitario entre a mediar en estos conflictos puede impactar directamente en las víctimas que muchas veces quedan en el anonimato.

Estas intervenciones le apuntan a capacitar a las personas para un empleo, y otras labores sociales, como en Buenaventura, donde fue construida una cancha para alejar a la comunidad de las pandillas del barrio.

En 2017, 1500 familias afectadas por el conflicto recibieron capacitaciones para trabajo y apoyo para que consigan un empleo.

 
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Cauca es el emblema del posacuerdo

Si bien el Pacífico es una de las regiones más afectadas por el reciclaje del conflicto, según un integrante del Cicr en la región es el Cauca el territorio en el que confluyen todos los conflictos del país, lo que lo convierte en un laboratorio en miniatura de los retos del posacuerdo.

Tienen asidero ahí los grupos residuales de las Farc, el ELN, la ruta de la coca hacia el Pacífico, los conflictos de la minería ilegal e informal y los cultivos de coca y marihuana, además de conflictos de tierras.

“Aunque nosotros ayudamos a mitigar los impactos de la violencia el problema de estas zonas es estructural y un cambio solo va a llegar con el compromiso y la implementación de políticas públicas desde el Gobierno”, nos dijo el jefe de Subdelegación Roberto Sarno.

 

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