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Por Tatiana Duque · 17 de Marzo de 2019

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Hace unos días, cuando el presidente Iván Duque y sus ministros estuvieron en Cali para hablar con cacaos y autoridades del Plan de Desarrollo, el alcalde Maurice Armitage insistió en la necesidad de que el Gobierno haga un plan especial para la capital del Valle, que pese a terminar el año con una reducción en los homicidios, sigue siendo la más violenta del país.

 

Según nos contaron tres personas que estuvieron en la reunión entre autoridades, empresarios y ministros, por aparte, Armitage dijo a Duque que el Gobierno “tiene que entender que Cali es diferente” al resto del país, porque le da 10 por ciento de los homicidios nacionales y por eso pidió una estrategia especial de seguridad.

No lo dijo de gratis. Según cifras oficiales, Cali cerró el año con 1.157 homicidios (la cifra más baja en 25 años) y durante los primeros meses del año van más de 87 muertes violentas; además en febrero con cinco días de diferencia hubo dos atentados de funcionarios públicos, ambos todavía en investigaciones.

Solo días después de la reunión, Cali volvió a aparecer en un ranking de ciudades más violentas del mundo en el puesto 31 de este estudio hecho por el Consejo de Seguridad y Justicia de México.

Por eso, como revelamos la semana pasada, la Alcaldía propondrá, vía los congresistas en el Plan de Desarrollo recursos y prioridad para construir dos comandos de la Policía (Dijín y Dipol), otro de inteligencia, un búnker de la Fiscalía, y una nueva cárcel para combatir desde lo judicial los crímenes.

A las ya conocidas particularidades de Cali, como que es un epicentro de tránsito de droga por su ubicación y la herencia narco que la hace centro de negocios ilícitos, hay al menos tres factores que hacen que la capital siga teniendo altos índices de violencia y particularidades que la diferencian de Medellín, otra capital con herencia narco.

Así nos lo dijeron, por aparte, cinco expertos consultados para esta historia entre investigadores, académicos y funcionarios que conocen del tema.

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Hay un mercado permanente de sicarios a sueldo

Las autoridades tienen identificadas 109 pandillas que pelean o tienen luchas territoriales por los barrios de Cali, un aspecto que sumado a que no existe un patrón -legal o ilegal- que controle los territorios hace difícil controlar el sicariato.

Además de vivir de rentas ilegales como extorsiones y microtráfico, hay grupos de sicariato que ofrecen los servicios de asesinatos a sueldo, que es donde encajan hechos como los de los atentados al gerente del Hospital Universitario del Valle (HUV), Irme Torres y al juez Jorge Ospina Tamayo, o éste a inicios de mes, cuando una mujer fue acusada de contratar a alguien para que asesinara a su esposo. O el jueves cuando hubo un ataque sicarial en el norte de la ciudad.

Y es que como nos dijo el secretario de Seguridad, Andrés Villamizar, el sicariato es uno de los problemas que “Cali no se ha podido sacudir desde la caída de los Rodríguez Orejuela”.

Una vez cae ese cartel, hay una “democratización del sicariato”. “Las bandas quedan huérfanas, sin figura que conjugara a todos los bandidos. Varela y Chupeta (capturados en la década pasada) eran los capos de referencia porque les pagaban”, nos dijo el investigador Alberto Sánchez, experto en conflicto en ciudades y que ha asesorado a las alcaldías de Bogotá y Cali.

A eso se suma que la ‘mano de obra’ disponible se mantiene, por dos razones: uno que siguen existiendo zonas históricamente pobres donde la delincuencia es un camino para obtener recursos, como algunas en el distrito de Aguablanca, el barrio Siloé o El Calvario en el centro

La otra, igual de compleja, es que no existe un ‘patrón’ -legal o ilegal- que controle los territorios violentos.

“En Cali no hay control territorial de grandes bandas. No tiene quién la controle toda, hay una disputa entre bandas por ciertos territorios” nos dijo el exdirector del observatorio de seguridad de Cali, Álvaro Pretel, quien en sus investigaciones sobre violencia en Cali identifica al menos seis razones para los altos índices de homicidios, entre ellos aspectos socioculturales y de convivencia, además de los ilegales.

Eso la diferencia de Medellín que, como hemos contado hay estructuras asociadas al Clan del Golfo que controlan ciertos pasos fronterizos y ofrecen seguridad a la población; o de Tumaco donde hubo una paz mafiosa a inicios de año.

Tampoco habría mucho interés en controlar la ciudad, precisamente porque el cambio de la dinámica de los negocios narco hace que los que compran la mercancía, que son carteles extranjeros “no les importan los muertos de acá”, según nos dijo un investigador.

“Un exmiembro de esos grupos me dijo una vez que para controlar a Cali se necesitaba mucha plata y matar a mucha gente, un esfuerzo que es muy caro para hacer”, nos dijo esa fuente.

Por eso en la Alcaldía creen que la reducción del año pasado no fue por pactos entre ilegales “sino por los programas de prevención social”, según Villamizar.

Si bien hay programas de intervención social para que los pandilleros de 60 grupos no hagan parte de estructuras criminales, o el patrullaje integral de Alcaldía, Fiscalía, CTI y fuerza pública en los puntos calientes como ocurrió en la comuna 18, que no se conozcan los móviles de los asesinatos también hace complejo el panorama para desarticular y encarcelar a los autores intelectuales de los asesinatos.

“Hay mucho autor material preso sin que haya razón de qué originó el homicidio. Eso es un reto porque da la sensación de impunidad que asusta a la gente y beneficia al sicario”, nos dijo el asesor Sánchez.

 
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Las armas llegan por vía legal

A que haya un mercado para matar, está también la disponibilidad de armas que tiene la ciudad, cuya cantidad no se sabe, según nos dijeron en la Alcaldía y la Sijín. En Colombia según el Ejército hay 687 mil armas con salvoconducto.

Los consultados para la historia consideran que la ciudad lleva armada al menos 30 años cuando explotó la guerra entre narcos.

De acuerdo con la Policía, de enero a octubre de 2018 fueron incautadas 1.084 armas en Cali, solo cien menos que en Bogotá el mismo periodo de tiempo. El 95 por ciento no tenían salvoconducto.

La mayoría son incautadas a bandas criminales como Los Haitianos. Más de la mitad (584) fueron de fabricación industrial, es decir, empresas que tienen el permiso legal de hacer armas. El resto son artesanales, y como reveló el año pasado El País de Cali, son fabricadas en armerías en el oriente de la ciudad y las no hechizas son alquiladas para cometer crímenes por no más de $300 mil.  

“Cali es un centro de producción de armas y eso está fuera de control. El 80.1% de los homicidios el año pasado fue por arma de fuego”, nos dijo el concejal uribista Roberto Rodríguez, que ha hecho control político del tema.

Eso da una pista del alto tráfico de armas que hay sueltas. La Policía dijo en un informe al cerrar 2018 que al menos el 91 por ciento de incautadas llegaron de forma ilegal.

“Cali ha tenido arraigo con el contrabando por (su cercanía con) Buenaventura. Tener una economía ilegal permite tener armas”, nos dijo el investigador Pretel.

A eso se suma que el Estado no tiene capacidad para recoger las armas, o hacerles seguimiento, según nos dijo una alta fuente que prefirió no dar su nombre porque no es vocero del Alcalde.

A su turno, el asesor e investigador Sánchez, nos dijo que si bien el tráfico afecta al mercado de armas “el Estado no marca las armas, ni registra los proyectiles”.

 
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A Cali la siguen dejando sola en la estrategia de la seguridad

Si bien las estrategias de intervención de la Alcaldía de Cali que van desde consejos de seguridad semanales, hasta llevar grupos conjuntos de Fiscalía, CTI, fuerzas militares y el gobierno local en las comunas más peligrosas han logrado avances como disminuir los homicidios en 2018, e incluso el modelo será exportado a San Andrés, es claro para los consultados que falta todavía que el Gobierno de turno vea la importancia que tendría para el país que bajen los homicidios en la ciudad.

“Solo Cali puede cumplir la meta nacional de disminución de homicidios, si el Estado nos ayuda”, nos dijo Villamizar, que este mes presentará al Concejo un proyecto para que Cali tenga una política de seguridad aplicable a los siguientes gobiernos para 2030.

A eso se suma que, de acuerdo con los cinco consultados, una estrategia en Cali que baje los homicidios es funcional a los intereses del gobierno Duque de mejorar los índices de seguridad a nivel nacional.

“Es tan sencillo como que si bajan los homicidios de Cali a la mitad (es decir, que la tasa quede en 25 o 26 asesinatos por cada 100 personas), baja casi un 4 por ciento la media nacional”, nos dijo el investigador Pretel.

Por lo pronto, Armitage desde el año pasado pidió 2 mil policías más para los 5 mil que hay y que no solo atienden Cali sino municipios aledaños, como Jamundí y Candelaria.

De acuerdo con recomendaciones de la oficina de la ONU contra la droga y el delito, Cali debería tener 300 policías por cada 100 mil habitantes, pero solo tiene 240 y patrullando la ciudad no hay más de 700.

Según supo La Silla Pacífico, el Alcalde tuvo un encuentro con el ministro de Defensa, Guillermo Botero hace dos semanas para definir la llegada de los oficiales, pero “salió molesto porque no hubo confirmación”, según nos dijo una fuente allegada al mandatario.

Por ahora, según nos dijo Villamizar, en las próximas semanas llegarán 400 policías nuevos pero será más un recambio de los que saldrán de patrullaje.

En general, la idea de tener una intervención estatal en Cali iría encaminada a convertir a la ciudad en un centro de inteligencia, investigación y reacción que, con la fuerza pública y la Fiscalía, identifique rutas, delitos, bandas y puedan ser atacadas con más contundencia y cuyo impacto se vería en todo el Pacífico por la utilidad de la ciudad cuadrar negocios ilegales en Buenaventura, Tumaco y Cauca.

Por eso las sedes de Fiscalía y Policía como propuso la Alcaldía, vía congresistas, en el Plan de Desarrollo busca que queden entre los proyectos prioritarios y haya plata y compromiso del Gobierno en llevarlos a cabo.

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