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Por Laura Soto · 24 de Febrero de 2019

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En marzo se lanzará oficialmente la Comisión de la Verdad en el Pacífico con la apertura de las cuatro casas de la verdad en Buenaventura, Quibdó, Tumaco y Cali. La Comisión es una de las instituciones creadas por el Acuerdo de Paz encargada de contar qué pasó en los 50 años de conflicto armado en el país, por qué sucedió y señalar responsabilidades colectivas.

Su llegada al Pacífico es particular porque, junto con la región amazónica, es donde habrá enfoque étnico, que garantiza la inclusión y la no discriminación racial. Esto es importante porque el 80 por ciento de la población de la región es negra, el 12 por ciento indígena y solo el 8 por ciento mestiza.

La aplicación del enfoque se aterriza por ejemplo en la consulta previa que realizó la Comisión en enero para la metodología de trabajo y en que la conformación de los equipos de trabajo en el Pacífico son mayoritariamente afros y en Amazonas, indígenas.

Esto marca un precedente en cuanto a la inclusión de los grupos étnicos en las instituciones porque nunca antes éstas “se habían adecuado para responder a las especificidades culturales, geográficas y lingüísticas de las comunidades”, como nos explicó la comisionada indígena Patricia Tobón.

Esto contribuye, según la funcionaria, a la no repetición del conflicto, al respeto a la diferencia y a “identificar todas las verdades territoriales”, por lo que la gran apuesta acá será que los relatos y análisis que salgan de la Comisión tengan las voces y concepciones de las comunidades.

Como la Comisión solo tendrá un mandato de tres años, no abordarán casos específicos, pero sí temáticas claves para entender las causas estructurales para que la guerra se haya ensañado con la región.

Estos son algunos temas clave para las comunidades que la Comisión abordará:

 

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Racismo y abandono estatal

Según nos dijeron en la Comisión, una de las tareas será entender la relación y las consecuencias del racismo de la que han sido víctimas las comunidades y el conflicto armado que padecieron.

“Hubo una estrategia para eliminar a las autoridades tradicionales, los rezanderos, los jaibanás que son los que manejan lo espiritual y medicinal en las comunidades. Con eso se pretendía desproteger a las comunidades porque ellos son los que contribuyen a la resistencia”, le explicó a La Silla el líder de las víctimas de Bojayá, Leyner Palacios, quien hace parte de la Comisión Interétnica de la Verdad que crearon organizaciones sociales del Pacífico y colaborará con la Comisión de La Verdad.

Palacios cree que sin estas autoridades “que son las fortalezas de los pueblos”, era más fácil desplazar a las comunidades.

El líder también dice que en el conflicto ha habido planes de exterminio de pueblos indígenas como ocurre con los Emberá Katío en Chocó y los Awá en Tumaco, sobre los que incluso la misma Corte Constitucional ha advertido que están en peligro de desaparecer, a causa del conflicto.

Habrá que esclarecer, por ejemplo, si hubo un intento por desaparecer a las comunidades de Medio Atrato, en Chocó o con la masacre de Bojayá que dejó 119 muertos, agrega Palacios.

Y es que una constante entre las comunidades afro e indígenas del Pacífico es la consideración de que el racismo facilitó la llegada y permanencia de los actores armados en sus territorios.

Eso, incluido que el Pacífico ha sido históricamente abandonado por el Estado, hace que líderes como Francia Márquez expliquen que haya un racismo estructural que se traduce en el olvido de los gobiernos por estas regiones.

“Los grupos armados consideran que en el Pacífico se puede hacer cosas que no se pueden hacer en ningún otro lado, que son tierra de nadie”, le dijo a La Silla una de las personas que estuvo en las discusiones de Consulta Previa de la Comisión de la Verdad.

 
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Desplazamiento, confinamiento y despojo de tierras

La Comisión buscará establecer cómo afectaron los desplazamientos y despojos de tierras a las comunidades, y sobre todo qué intereses -económicos o estratégicos para las guerrillas- había detrás de sacarlas de estas poblaciones, teniendo en cuenta que, según la Defensoría del Pueblo, el 40 por ciento de los desplazados en el conflicto armado hasta 2016, eran del Pacífico.

El desplazamiento es especialmente grave para los pueblos indígenas y afro porque tienen una relación ancestral con la tierra que habitan.

“Hay consejos comunitarios que desaparecieron de un lugar y aparecieron en una ciudad. Eso cambia todas sus dinámicas de vida”, nos explicaba la comisionada Tobón.  

Por ejemplo, en un diagnóstico de la Defensoría sobre el Pacífico publicado en 2016, el mayor pico de desplazamiento ocurrió entre la década de 1995 y 2005, con más de 330 mil desplazados, principalmente de Chocó y Cauca, la mayoría indígenas y afro.

 
3

Violencia sexual

Este es uno de los temas más delicados y menos documentado en el conflicto armado y por lo tanto lo que pueda revelar la Comisión en este tema sería para entender cómo se usó la violencia sexual como un arma durante la guerra de las Farc y los paramilitares.

En 2017, de acuerdo con una investigación del Centro de Memoria Histórica, las mujeres afro e indígenas fueron las más afectadas del universo de mujeres víctimas del conflicto. En total, según el mismo documento, hay 15.076 víctimas de estos casos entre 1958 y 2016, y advierte que podría haber un subregistro.

Además, según supo La Silla, las víctimas han empezado a contar ante la Comisión que hubo casos de ‘esclavitud doméstica’ por parte de los grupos armados.

Es decir, guerrilleros y paramilitares convertían a las mujeres en sirvientas, en sus parejas sexuales obligatorias y las volvían sus novias a la fuerza.

“Este tema es muy complejo porque hay muchos tabúes, las mujeres que denuncian son revictimizadas”, nos dijo el líder Palacios.

 
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Intereses económicos y daños ambientales

Uno de los ejes a investigar en la Comisión es la relación entre el conflicto armado y las afectaciones al medio ambiente. Este punto es clave porque, como han reconocido las comunidades, el territorio también fue víctima de la guerra.

El medio ambiente es un eje central en el Pacífico porque es una de las regiones más biodiversas del país y hace parte de la región conocida como el ‘Chocó biogeográfico’ que llega hasta Perú y es un área prioritaria de conservación en el mundo.

El biólogo y coordinador de la macrorregional Pacífico de la Comisión de la Verdad, Jesús Arroyo, le explicó a La Silla que en todas las estrategias de guerra de los actores vinculados al conflicto siempre hubo afectación al medio ambiente.

Nos dijo que la minería ilegal de oro y otros materiales, la tala de árboles, la contaminación de ecosistemas, el desvío de ríos, los cultivos ilícitos y los atentados a los oleoductos han generado a lo largo del conflicto unas afectaciones simbólicas, culturales y sociales a los pueblos étnicos que deben ser analizadas y contadas.

“Afectar las cuencas de los ríos no es solo dañar el ambiente, es afectar las rutas de tránsito y comunicación de las comunidades, es dañar la pesca, el lugar sagrado para hacer los rituales”, explicó el coordinador Arroyo.

Además, nos dijo, analizar este tema implicará revisar las políticas públicas y los instrumentos que ha usado o dejado de usar el Estado para mitigar los daños y entender cómo funcionan los negocios ilegales que se nutren del daño ambiental. Por ejemplo saber cómo se da el lavado del oro ilegal para que pase a los mercados legales y quiénes fueron los beneficiados de los negocios ilícitos.

Además, es clave, dice Prado, pensar alternativas de recuperación de esos ecosistemas afectados.

 
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Reclutamiento forzado de menores

Otro tema prioritario para la Comisión es entender el efecto que ha generado el reclutamiento de niños y niñas por parte de los grupos armados.

Los niños son los llamados a mantener la cultura de los pueblos indígenas y por ende esto genera una descomposición de la comunidad, desconfianza entre las comunidades porque el niño termina afectando a su propio pueblo.

“Queremos entender qué intencionalidad tenían los grupos con eso”, dice el líder Palacios.

Entre 1962 y 2017 el Observatorio de Memoria y Conflicto (OMC) del Centro Nacional de Memoria Histórica ha registrado 16,894 casos de reclutamiento en el país. De esos, 2.211 fueron en el Pacífico. El departamento del Pacífico con más reclutamiento fue Cauca con 757 casos.

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