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Por Laura Soto · 08 de Abril de 2018

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Este viernes la Defensoría del Pueblo lanzó un informe en el que denuncia que grupos armados como el ELN, Clan del Golfo y disidencias de las Farc controlan casi en su totalidad la explotación y comercialización del oro en Chocó, Cauca y Nariño tras la salida de las Farc.  

 

Con esta nueva amenaza se hace cada vez más lejana la esperanza de los pequeños y medianos mineros del Chocó, agrupados en la federación Fedemichocó, que por años habían sido extorsionados por las Farc, que su actividad productiva mejore y que el Estado los formalice, como lo prometió el presidente Santos.

Pese a la presencia de los grupos armados en la región tras la salida de las Farc el Estado sí ha llegado a estos territorios mineros, a través de normas y restricciones muy rigurosas para incentivar la formalización y con operativos militares para luchar contra la minería ilegal, pero algunos sectores mineros consideran que esto les ha hecho más daño, que bien.

Para el Chocó la minería es clave por varias razones.

Por un lado, es el principal eslabón económico del departamento -en 2017 representó la quinta parte del PIB luego de la inversión estatal-, junto con la explotación maderera, y es el segundo departamento productor de oro a nivel nacional; además, la minería es además una práctica ancestral de comunidades afro, es decir, tiene una implicación cultural; y por último, como Chocó es un departamento particularmente sensible en materia medio ambiental, la minería tiene un impacto importante.

Pese a las cifras y los incentivos del Gobierno para formalizar la minería en el departamento, el año pasado, la producción cayó. Según el Boletín Económico Regional del Banco de la República, en el último trimestre del 2017 se extrajeron 1472 kilogramos de metales preciosos en el Chocó, 61 por ciento menos de lo registrado en el mismo periodo del 2016.

En total, la producción cayó un 42 por ciento el año pasado y fue la más baja de los últimos ocho años.

Tanto mineros como Gobierno, coinciden en que la formalización y la lucha contra la minería ilegal fueron las razones de la disminución, porque ahora hay muchas más restricciones y prácticas como el ‘lavado de oro’ (legalizar con prácticas corruptas el mineral extraído de forma ilegal) inflaban las cifras de producción.

Pero según nos dijeron seis fuentes mineras del Chocó, estas medidas también han originado otras dinámicas ilegales de producción y comercialización de minerales.

Toda una paradoja, toda vez que mientras los pequeños mineros esperaban mejorar sus condiciones tras la finalización del conflicto con las Farc, aún no ven un aumento en su calidad de vida, sino más restricciones.

Las medidas del Gobierno

Desde el 2016 el Gobierno, en cabeza del Ministerio de Minas y la Agencia Nacional Minera han implementado varias medidas para combatir la minería ilegal, formalizarla y tener más control sobre el origen del oro, que en parte también responde a las exigencias del mercado europeo, según nos dijo el viceministro de Minas, Carlos Cante.  

Él reconoce que esto ha sido posible por la salida de las Farc de muchos territorios porque eso permitió evidenciar más casos de corrupción local de las instituciones, corporaciones, cooperativas e identificar a quienes lavan el oro o promueven la explotación ilícita. Así como ir a los territorios a verificar las condiciones de explotación de oro directamente, hablar con las comunidades y hacer más operativos militares.

Una de esas medidas fue la creación del Registro Único de Comercializadores de Minerales (Rucom), con el que el Gobierno pretende saber quién comercializa el mineral, tener más control de los topes de extracción de minerales y de dónde vienen.

Además, las comercializadoras deben presentar una resolución de capacidad económica que demuestre que son empresas de tradición y que tiene solvencia fiscal para funcionar y así evitar que sean empresas de papel.

Mientras que a los barequeros o mineros artesanales que no usan maquinaria, se les puso un tope de producción de 35 gramos mensuales o 420 gramos anuales, para controlar la legalización de oro ilegal a través de cientos de barequeros que reportaban altas cantidades que no habían sido extraídas por ellos, ni de manera manual.  

“De los 118 mil barequeros registrados antes de 2016, había 8 mil cédulas falsas y de muertos reportando de a 1000, 500, 300 gramos al mes que dejaban ganancias hasta de cien millones de pesos, contando a cien mil pesos el gramo de oro”, le contó el Viceministro a La Silla Pacífico.  

Por ejemplo en Acandí, Chocó, aparecían en el 2014 registrados 5 mil barequeros. Según el Viceministro el entonces alcalde Gabriel Olivares presentó una lista con datos del Sisbén y les habrían pagado de a 30 mil pesos a cada persona por prestar el nombre.

Ahora, con los requisitos más estrictos, en Acandí hay solamente 200 barequeros registrados.

Anteriormente el registro de un minero de subsistencia o barequero lo hacía el Alcalde con solo presentar su cédula.  

Pero a finales del año pasado se exige que los mineros de subsistencia (sin maquinaria y que no necesitan título minero) deben presentar el Rut y eso ha disminuido el número de barequeros registrados ante el Ministerio de Minas.  

De 118 mil en 2016 hoy hay con Rut un poco más de 50 mil a nivel nacional y el Viceministro cree que esos son todos pues el resto eran ‘colados’.  

A eso se suma que en el 2016 un fallo del Consejo de Estado suspendió el decreto 933 que permitía que cualquier minero o empresa minera podía hacer explotación mientras su solicitud de titulación estaba en proceso, pero ahora no podrán y pueden ser capturados.   

Para el Gobierno todas son medidas buenas porque pese que ha habido una disminución global de la producción (pasó de 61 toneladas de oro en 2016 a 41 toneladas en 2017) consideran que ha habido un aumento de la producción legal.

Como alternativas para los mineros mientras se formalizan hay dos planes: la creación de áreas de reserva especial donde se pueden adelantar estudios, producir y comercializar pequeña minería y los subcontratos de formalización que consiste en que alguien que ya tenga título minero subcontrata o arrienda con los pequeños mineros para que trabajen en su zona.

En el Chocó ya hay ocho áreas de reserva especial en Acandí, Certeguí, Medio Atrato, Condoto, Nóvita, San José del Palmar entre otras, y 50 a nivel nacional. Actualmente hay en proceso de formalización 7000 pequeños mineros.

De todas maneras, a los pequeños mineros del Chocó no les ha gustado.

“Formalización sí pero no así”

Los 8 mil pequeños mineros artesanales y barequeros, 8 pequeñas asociaciones y aproximadamente 120 empresas, agrupadas en Fedemichocó y demás asociaciones mineras del departamento eran víctimas de las Farc.

Antes del proceso de paz los frentes 57 y 34 hacían control de la minería y se lucraban de ella cobrando extorsiones, como nos dijeron tres mineros. “Cobraban el 3 por ciento de la producción diaria de oro” a cambio de una “supuesta seguridad” nos dijo uno de ellos que trabaja en Quibdó.

Con su salida, esperaban una pronta llegada del Estado para mejorar su situación de “informalidad”, pero contrario a como lo ven desde el Gobierno, las seis fuentes con las que hablamos dicen que hasta ahora ninguna los ha beneficiado.

Por un lado, dicen que todas las medidas tienen impactos sobre ellos que son el primer eslabón de producción y no para las comercializadoras que son, según ellos, los que se quedan con las ganancias del oro por ejemplo.

“Antes los barequeros recibían el 95 por ciento del pago de las comercializadoras pero ahora es el 65 hasta 40 por ciento, porque como tienen que pasar tantas barreras legales eso nos lo terminan cobrando a nosotros” dijo Ariel Quinto, integrante de Fedemichicó y ex candidato al Senado por el partido Farc.  

Según William Perea, personero del Cantón del San Pablo, la minería de subsistencia ya no se puede hacer solamente con batea o con la mano para que sea rentable o se pueda vivir de ella porque son muy escasos los sitios que aún tienen oro y no se han intervenido con maquinaria. Y cuando esto pasa las bateas o palas ya no son suficientes.

Emigdio Pertuz, representante legal del Consejo Comunitario Acandí Norte, experto en minería étnica y secretario técnico de la Mesa Minera del Chocó, dice que necesitan trabajar con maquinaria y que lo que piden es que el Estado los ayude a capacitarse en el uso de tecnologías limpias.

Pero para el Gobierno, quien trabaje con maquinaria necesita de un título y licencia ambiental o de lo contrario son ilegales y pueden ser judicializados y su maquinaria, por pequeña que sea, destruida.

De hecho según nos dijeron de la Fiscalía y la Policía de Chocó en el 2017 aumentaron los operativos a respecto al 2016 de al menos ocho operativos contra la minería ilegal que han dejado 34 capturas

Es por esto que también muchos pequeños mineros han dejado de hacer minería.

De 65 dragas que había en Paimadó en la cuenca del Rio Quito hoy quedan alrededor de 27, nos dijo Valerio Andrade, representante legal de ese consejo comunitario.

“Hemos querido sacar nuestros títulos, pero es muy difícil”, dice Pertuz, entre otras cosas porque esos trámites cuestan plata que no tienen y tiempo.

Primero, según lo reconoce el mismo Viceministro de Minas, sacar un título puede tardar cerca de dos a tres años.

Algunos de los pasos para sacar títulos mineros incluyen además, demostrar que el área que solicita está libre para trabajar, que no está restringida ambientalmente, presentar un plan de trabajo y obras, y solicitar la licencia ambiental.

Según cuentas de Pertuz el trámite puede costar hasta 2 mil millones en estudios, contratación de ingenieros, abogados, viajes, entre otros, plata que difícilmente pueden tener los consejos comunitarios o un pequeño minero, según dijo.

Además, Quinto de Fedemichocó dice que a pesar de que 181 consejos comunitarios tiene títulos (sin licencia ambiental que está en proceso), no han podido explotar porque el territorio está protegido con Ley 2da de áreas de reserva forestal, lo que les han adjudicado en tierras donde no hay material para hacer minería, o donde ya se acabó.

Aseguran que lo mismo para con las áreas de reserva especial y no comparten el idea de la subcontratación porque ellos pasarían a ser arrendatarios y lo quieren es tener sus propios títulos.

“Vemos que el gobierno no le interesa formalizar a los mineros, porque nos pone muchas trabas, les hemos hecho muchas propuestas en la mesa minera del Chocó como por ejemplo titulación diferencial pero no nos las han aceptado”, dijo el representante legal de Paimadó que también hace parte del espacio nacional de Consulta Previa.

De forma similar nos hablaron por aparte otros seis mineros de diferentes municipios que hablaron con la Silla Pacífico.

Todos en el mismo costal

Para la jefe del departamento de Estudios Sociales de la Universidad Icesi, Inge Valencia, que ha trabajado con temas de minería en Chocó y Cauca, no se debe “meter en el mismo costal a todos los mineros” ni aplicar las mismas reglas para todos, porque una cosa es un consejo comunitario que quiere hacer minería limpia, otra son los pequeños mineros que contaminan el ambiente o los que por necesidad o decisión se asocian con grupos ilegales.

“Se dan muchos casos en que el monopolio de la explotación lo tienen brasileros o paisas que subcontratan a los pequeños mineros, o los barequeros que no tendrían otra manera de trabajar”, nos dijo.

Por eso también hay la sensación de que en esos operativos de la Fiscalía caen tanto los que son como lo que no, nos dijo Federico Taborda, exsecretario de Fedemichocó e investigador.

“Claro que estamos de acuerdo que se acabe con la ilegalidad, que no se destruya el medio ambiente como también lo quiere el Gobierno, pero este camino no está funcionando”, dijo Andrade.

Haciéndole el quite a la regla

“Tenga la seguridad que donde hay oro la gente llegará con título o sin título”, nos explicó Pertuz.

Y es que según tres de los mineros con los que hablamos, estas nuevas reglamentaciones han provocado el aumento del contrabando y el trasteo de oro.

Según Federico Taborda, el oro se sigue vendiendo en el departamento clandestinamente y hacia otros vecinos como Antioquia, lo que impacta en la disminución de las regalías que entran al Chocó.

Y por otro lado según Pertuz y Quinto, que nos lo dijeron por aparte, hay oro que se reporta como extraído de ciertos lugares con título, pero en realidad llega de muchos lugares ilegales. “Se da un trasteo de oro”, nos dijeron.

Además, al menos cuatro de las fuentes coinciden en que el negocio de la minería ilegal no va a parar pese a las restricciones porque ya hay nuevos actores armados controlando el negocio como el ELN, bacrim y clan del golfo, que estarían cobrando extorsiones hasta por el 8 por ciento de la producción diaria.

Así las cosas, la salida de las Farc de territorios que tenían controlados allá hizo más compleja la situación para quienes vivían del oro. Ahora, en el posconflicto, las soluciones están lejos de alcanzarse.

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