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Por Tatiana Duque · 17 de Enero de 2018

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La imputación de cargos por parte de la Fiscalía al candidato al Senado y exalcalde de Palmira José Ritter López no alterará los planes que tiene su grupo Nueva Generación de obtener la curul y aumentar así la bancada que tiene la líder de ese movimiento y gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro. Lo que sí hace, a menos de 55 días de las elecciones, es reforzar las sombras sobre el círculo más cercano a la mandataria.

La Gobernadora tiene un proceso abierto por presunto lavado de activos; de 11 alcaldes de su cuerda política, uno está detenido y el otro ha sido denunciado públicamente por malos manejos; y José Ritter, ahora también cuestionado, es una de las dos cartas que el grupo de la Gobernadora está impulsando al Senado.

El caso del poderoso exalcalde

El nombre de José Ritter López no tiene mucha relevancia nacional, pero en el Valle político ha sido protagonista desde hace más de 20 años, principalmente en Palmira, la segunda ciudad más importante del departamento, donde nació el grupo Nueva Generación y donde Dilian se catapultó a nivel nacional.

 

José Ritter, abogado y especialista en gestión pública, inició su carrera política en el 'caicedismo' de la mano del esposo de la Gobernadora, Julio César Caicedo, y de su poderoso cuñado, Jorge, exnotario de Palmira, a quien cuatro políticos de diferentes partidos nos identificaron, por aparte, como ‘el verdadero poder’ detrás de ese movimiento. Desde entonces ha sido concejal de Palmira, diputado del Valle, y alcalde de Palmira en 2011 (uno de los tres alcaldes que ha puesto la Gobernadora en la última década).

Fue en esa administración, por cuyo trabajo fue ganador del premio al mejor alcalde del país en 2015, en la que ocurrieron los hechos por los que hoy es investigado.

López es acusado de violar el régimen de inhabilidades por haber contratado al abogado Herney Moncayo, quien está inhabilitado para contratar con el Estado, según la Fiscalía, porque fue condenado por narcotráfico en 2007 y extraditado a Estados Unidos, en una operación coordinada por la DEA en Palmira, como contó en ese momento el diario El País.

José Ritter nos dijo que aceptó darle trabajo a Moncayo en 2012 porque éste le dijo que iba a reiniciar su vida luego de haberse “descarrilado y cumplido su condena”.  Además, porque su amigo ganó una tutela para defender el derecho al trabajo, por lo que la oficina de contratación de la Alcaldía no le encontró antecedentes penales, lo que les permitió firmar un contrato de prestación de servicios.

Además, nos dijo que durante su mandato también hubo una denuncia por ese contrato “y para curarnos en salud se lo cancelamos en 2014”.

Más allá de la amistad que los unía, Moncayo apoyó al movimiento de López y Dilian en 2014, cuando le hizo campaña para las elecciones al Congreso a los entonces candidatos Roosevelt Rodríguez y Elbert Díaz, como dijo públicamente en ese momento.

En diciembre del año pasado, la Fiscalía le imputó cargos a Moncayo por falso testimonio y el lunes en la noche hizo lo propio contra José Ritter, quien dijo que argumentará en su defensa que “no hay hechos nuevos para reabrir el caso cerrado en 2015”, por lo que dice que “hay una persecución política” en su contra.

Nueva Generación comenzó a mover la versión de la persecución en Palmira desde hace poco más de un mes cuando inició el rumor de que a López le imputarían cargos, y que el candidato ha defendido en medios locales, acusando al fiscal del caso de reabrirlo irregularmente.

El teflón de la candidatura

La imputación llega en momentos en que López y Roosevelt Rodríguez son las dos cartas del grupo de la Gobernadora para ampliar su bancada en el Senado y consolidarse como la mandataria más poderosa dentro de La U (además de poner a 4 representantes).

Mientras Roosevelt apalanca su aspiración en parte del Valle (Cali, Tuluá y Buenaventura), con fórmulas en la Cámara afro y Bogotá, López lo hace en su natal Palmira donde espera una votación similar a la que obtuvo hace 4 años (y que le daría más de la mitad de lo que necesita para llegar a la curul), Pradera y Florida. Ya tiene apoyos de empresarios de Buga y ha extendido sus giras al suroccidente del país.

Por eso, tanto el candidato como una fuente de La U en Bogotá nos confirmaron, por aparte, que por esta imputación no renunciará a su aspiración, ni lo sacarán de la lista. Y dado que cuando ganó la Alcaldía sacó 56 mil votos, la mitad de lo que sacó al Senado la otra carta de Dilian para 2018 Roosevelt Rodríguez, es muy probable que llegue al Capitolio.

“Esto no es un ataque a Dilian, es un ataque a José Ritter por el crecimiento que he tenido”, nos dijo el candidato. Sin aclarar, quién específicamente, era que lo perseguía.

“La imputación no significa una condena”, nos dijo a su turno Carlos Arias, actual concejal de Cali y el primer ‘caicedista’ en esa posición, lo que muestra la expansión de esa ala por fuera de Palmira.

El senador de La U Roy Barreras,  opositor a Dilian y a su grupo, tampoco cree que esta imputación afecte la votacción de Ritter.

“Por eso a los demás nos toca salir a buscar votos por fuera del Valle”, nos dijo.

Si bien la imputación no equivale a una condena a López y él mismo nos dijo que espera que la audiencia en la que pedirá con su abogado archivar el proceso ocurra antes de marzo, lo que sí hace es mantener el manto de duda sobre las actuaciones del círculo más cercano a la Gobernadora.

La gobernadora Toro aún tiene en la Fiscalía un proceso abierto por supuesto lavado de activos por el que la Fiscalía ni la ha acusado ni ha precluido la investigación. Este caso, precisamente, fue usado por la senadora Claudia López como ejemplo de su teoría de que mandatarios regionales estarían apoyando a Germán Vargas a la Presidencia, a cambio de una ayuda en la Fiscalía con el fiscal Néstor Humberto Martínez (que es cercano a Vargas) y que, como contamos, es una acusación difícil de probar.

También está el caso del ahijado político de Toro, Eliécer Arboleda, alcalde de Buenaventura, el puerto más importante del Pacífico, a quien el exgerente del hospital municipal lo denunció públicamente por aumentar el hueco fiscal del hospital, y por las cuales recibió amenazas contra su vida. 

Además, está el de Manuel Santos Carrillo, el detenido exalcalde de Jamundí, la tercera ciudad del departamento, acusado de líos en contratación y por lo cual la ciudad está en interinidad con alcaldesa encargada.

Pese a las sombras alrededor, dentro y fuera del movimiento y entre los círculos locales se da por descontado que no habrá una debacle electoral, teniendo en cuenta la maquinaria de Dilian y la de sus candidatos, en especial la de José Ritter, que lleva años en campaña. 

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