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Por Laura Soto · 12 de Septiembre de 2018

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Dos de los cinco contratistas involucrados en el presunto desfalco de más de 5 mil millones de pesos para remodelar el único hospital público de Buenaventura, siguen contratando con el Distrito a pesar de que un juez les ordenó no seguir contratando.

 

Así lo confirmó La Silla Pacífico al revisar la contratación que se hizo en el principal puerto de la región luego del 19 de abril pasado, día en que la Fiscalía capturó a 11 personas, incluidas el alcalde Eliécer Arboleda, su hijo Kiko (ambos hoy detenidos en hospitales porque argumentan estar enfermos), funcionarios públicos y contratistas, para responder por el presunto desfalco.

Los contratistas en líos que siguen contratando son Hari Mosquera Chávez y la firma interventora de Orlando Ocoró. Ambos están en libertad condicional desde el 31 de mayo por el escándalo del hospital Luis Ablanque de la Plata.

La Fiscalía ya les imputó los cargos de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación agravado y falsedad en documento privado. Esperan la formulación de acusación o preclusión (si es el caso) por parte de la Fiscalía.

El no cumplir con los requisitos como tener estudios técnicos y planos arquitectónicos, así como la poca experiencia del contratista, según la Fiscalía, ocasionó el desplomé de las zonas remodeladas del hospital.  

Los dos contratistas se han ganado en los últimos meses más de mil cien millones de pesos en contratos de interventoría y construcción, mientras esperan su juicio.

Todo esto a pesar de que el Juez Primero Penal del Circuito de Buenaventura les ordenó no seguir contratando y no tener contacto con funcionarios públicos de la Alcaldía para no entorpecer el proceso penal, según nos dijo el jefe de Dirección Jurídica del puerto, Byron Angulo.

Los dos imputados también tenían que ceder los contratos en los que figuran como representantes legales hasta que no se solucionen sus problemas legales, según agregó el funcionario Angulo.

Hasta el momento el único contratista que lo ha hecho es Ocoró.

Hari Mosquera Chávez, como parte de una unión temporal, se ganó la licitación pública como único proponente para la construcción del Centro de Integración Ciudadana del barrio Pascual Andagoya del puerto por 1.085 millones de pesos.

El contrato se firmó el 16 de mayo de 2018, un mes después de haber sido imputado por la Fiscalía.

El segundo involucrado contrató a través de un tercero. Se trata de Orlando Ocoró González, cuya empresa, la firma Ingcsea Ltda, ganó un contrato, a través de un concurso de méritos abierto que tuvo dos proponentes, para hacer la interventoría del Centro de Integración Ciudadana en el barrio la Gran Colombia, por 76 millones de pesos.

La que figura como representante legal del contrato, firmado también el 16 de mayo, es la hermana de Orlando, Nazly Julieth Ocoró González.

Esta empresa también contrató tres interventorías y una obra de infraestructura con la Alcaldía previo a la captura masiva de abril.

Ambos contratos los entregó la entonces alcaldesa (e) Magaly Caicedo Castro, que antes de asumir ese rol fue jefe de recursos humanos de la Alcaldía y fue quien autorizó las vacaciones para el Alcalde Arboleda que estaba preso, cómo contamos.

El funcionario de la dirección jurídica nos aseguró que no tenía conocimiento de los contratos.

Las otras dos contratistas involucradas en el presunto desfalco son las hermanas Carolina Moreno Caicedo y Karina Moreno Caicedo conocidas en el puerto por ser las nuevas grandes contratistas de la región.

Aunque no han vuelto a contratar luego de su imputación, sí tenían un millonario contrato que estaba a cargo de su empresa, Ingendi SAS, por 28 mil millones de pesos para remodelar el centro de la ciudad.

El contrato lo compartían con Hari Mosquera Chávez, a través de la Unión Temporal C&K.

A raíz de la imputación de la Fiscalía, la Administración Distrital y los contratistas acordaron liquidar el contrato mutuamente porque “no tenía sentido, ni presentación que  un contrato de ese tamaño quedara en manos de un encargado por las limitantes que les puso el juez”, nos dijo Ángulo, el jurídico de la Alcaldía.

La firma interventora del contrato encontró que el proyecto necesitaba unas modificaciones técnicas que no se tuvieron en cuenta, según nos dijo el funcionario.

El Distrito ya había girado el 30 por ciento de los recursos de anticipo a las contratistas (8.548 millones de pesos que vienen de regalías) a través de una fiducia, pero se pudieron devolver al municipio porque no se habían gastado, según Ángulo.  

La Alcaldía va a presentar otro proyecto para que la plata de regalías no se pierda.

El quinto contratista involucrado, Víctor Javier Parra Jurado, no ha vuelto a licitar luego de la imputación.

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