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Por Laura Soto · 22 de Agosto de 2018

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Solo dos semanas después de que el presidente Iván Duque ordenara a la fuerza de tarea Hércules en Tumaco desmantelar el frente Óliver Sinisterra, la disidencia que comanda Guacho, sus hombres asesinaron al indígena nasa Holmes Alberto Niscué, que era el secretario del resguardo indígena Awá, el Gran Rosario, en Tumaco, el segundo resguardo con más coca sembrada en el país con 1.302 hectáreas.

 

Niscué vivía allí hace 20 años y tenía una amenaza de muerte de este grupo.

Así nos dijeron el saliente director de la Unidad de Protección Nacional, Diego Mora, y el gobernador de ese resguardo, Jesús Ignacio Moreano.

El asesinato, que se suma a la larga lista de muertes de líderes sociales llega en momentos en que se pone a prueba la mano dura del nuevo gobierno, con una disidencia en crecimiento y con planes de coordinación nacional, como lo cuenta hoy La Santandereana.  

Bajo sentencia de muerte

Según el gobernador Moreano, quien salió de Tumaco por miedo a las amenazas desde hace dos meses, todo comenzó el 29 de mayo, cuando la junta del Resguardo convocó a una asamblea en la comunidad de Alto Palay, para anunciarles a los disidentes de Guacho que debían irse de allí.

Ésta coincidió con una reunión que llevaban a cabo allí funcionarios del Centro de Memoria Histórica sobre un proyecto audiovisual en la comunidad.

Esos disidentes llegaron en marzo a la zona. Además, en la reunión les querían reclamar por el asesinato de Pablo Emilio Moreno, otro integrante de su comunidad, el 17 de mayo.

“Ellos querían tomarse el territorio, obligar a las comunidades a que sean sus mandaderos, sus esclavos, y cobrar un impuesto a los cultivos de coca que hay en el territorio”, nos dijo el Gobernador que pertenece a la organización, Unidad Indígena del Pueblo Awá, Unipa, que integra a 40 mil indígenas.

Pese a ser el segundo resguardo con más coca sembrada, los indígenas no han firmado acuerdos de sustitución ni colectivos, ni individuales porque, según otro líder Awá, creen que eso les aumentaría el riesgo y no tienen garantías del Gobierno para protegerse.

Los disidentes no acudieron a la reunión, pero enviaron el mensaje que “con indios de mierda no quieren hablar”, según Moreano que estuvo allí. Una situación muy diferente a la que vivían con las Farc en armas, quienes “sí se iban cuando se los pedíamos, nos reconocían como autoridad y sabían que no podían asentarse en el resguardo”, contó el Gobernador.

El 4 de junio, el Ejército entró al resguardo y en un operativo mató a siete disidentes. Capturó a dos más e incautaron 11 fusiles, dos pistolas y material de comunicaciones.

Los de Guacho acusaron a los indígenas de ese operativo, dijeron que eran informantes del Ejército y amenazaron a cuatro de sus miembros: el hoy fallecido Niscué, el actual gobernador Moreano, el coordinador de la Guardia Indígena, Demesio Efrén Rodríguez y la guardia, Flor Alba García Pai.

El Gobernador dice que no tuvieron nada que ver y lo único que quieren es que no haya grupos armados en su territorio legales, ni ilegales.

Tres días después el grupo salió a Pasto, donde solo recibieron apoyo en julio cuando solicitaron ayuda a la UNP que les dio un auxilio económico para que estuvieran por fuera del territorio, además de chalecos y celulares.

En la última semana el gobernador y otros integrantes de la comunidad estaban organizando los detalles para volver a su territorio pese a las amenazas. Niscué se adelantó y regresó el domingo a la vereda la Guayacana a visitar a su compañera, donde fue asesinado con tres disparos en su cabeza a las 9 de la noche cerca a un billar.

Por ahora, el plan de los otros tres de volver se frustró porque están en la mira de Guacho, e incluso ya les advirtieron que “ya mataron a uno, pero faltan los demás” y que no van a permitir la entrada de la camioneta que UNP asignó a la comunidad, ni de otras medidas de protección.  

El nivel de alerta también lo sabe el actual Gobierno. Diego Mora nos reconoció que el pueblo Awá es uno de los más amenazados, pero también al que más medidas de protección le han dado. Al menos 40 indígenas cuentan con esquema de protección y hay en estudio un esquema colectivo que la comunidad solicitó y debería incluir, según ellos, fortalecimiento a la guardia indígena, motos, lanchas, carros y radios.

El plan puede tardar de 3 a 4 meses, aunque dependerá del nuevo director de la UNP que Duque escoja en los próximos días.

Y tener un plan para protegerlos es clave. Además de que Duque se comprometió a tomar medidas para evitar más asesinatos, otro líder Awá nos dijo que desde 2017 van 19 indígenas Awá asesinados. Otros 30 están amenazados.

“A ellos los matan por ser autoridades, por hacer control y defensa territorial y porque es una zona estratégica para el narcotráfico y para las disidencias, por ser frontera. Pero no solo las autoridades están en riesgo, es toda la comunidad, por eso tiene que haber una protección colectiva”, nos dijo Aida Quilcué, consejera de derechos Humanos y Paz de la Onic.

A pesar de la orden perentoria de Duque, Guacho con estas acciones sigue mostrándole los dientes al nuevo Gobierno. Por lo pronto seguirá bajo la mira de las autoridades, a quienes les quedan 70 días para cumplir el plazo del Presidente para mostrar resultados.

Hasta que algo nuevo ocurra, los Awá de Tumaco seguirán bajo la mira de Guacho.

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