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Por Tatiana Duque | Adelaida Ávila Cabrera · 26 de Agosto de 2019

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Con la tasa de homicidios más alta de las capitales del país, una guerra contra la guardia indígena muy cerca en el norte del Cauca, un déficit de policías que el Gobierno Nacional reiteró este fin de semana que no va a subsanar, y un corredor de drogas y armas que atraviesa la ciudad, la seguridad en Cali es una de las claves en la campaña electoral. 

Revisamos las propuestas de Gobierno que los nueve candidatos a la Alcaldía radicaron ante la Registraduría, en lo policivo (más pie de fuerza, videovigilancia, presencia de uniformados, etc.) y en prevención (inversión social, pedagogía, entre otros).

Si bien seguramente habrá más propuestas y profundizarán en las que tienen a lo largo de la campaña, revisamos estos documentos porque son los oficiales.

Casi todos hablan de aumentar, vía gestión ante el Gobierno, el pie de fuerza e invertir en más cámaras de seguridad; pocos mencionan -y muy a medias- la articulación regional, pese a que la inseguridad del norte del Cauca y sur del Valle impacta a la ciudad. Encontramos, además, promesas que salen de la órbita de lo que hace un Alcalde, como aumentar de salarios a los policías, que depende del Ministerio de Defensa.

 

 

Su estrategia está enfocada más en la prevención y es totalmente zanahoria. La zanahoria se ve en impulsar un Plan Desarme, una política pública para la convivencia, un plan para desintegrar pandillas con participación de las secretarías de corte social y ofrecer empleo, la inversión “con recursos de la Alcaldía” de drones y cámaras de seguridad (no dice cuánto ni cómo), y campañas pedagógicas para prevenir la violencia de género, eliminar fronteras invisibles y otros.

Como la mayoría de aspirantes menciona “solicitar” más policías al Gobierno y promete un plan de estudios para los uniformados.

 

Combina el garrote en lo policivo y la zanahoria en la prevención.

En lo policivo promete gestionar que lleguen más uniformados y formar unidades especiales de inteligencia para enfrentar los delitos; determinar objetivos de alto valor; hacer más controles aéreos, terrestres, fluviales y del espectro electromagnético para recuperar lo que llama “seguridad estratégica de Cali”; y delimitar microzonas convulsionadas por la violencia.

En la prevención habla de implementar el Acuerdo de Paz, promete programas para evitar el consumo de drogas con apoyo de los colegios; apoyo vecinal para enfrentar el microtráfico; reintegrar pandillas con iniciativas productivas; campañas de prevención de violencia intrafamiliar, contra la mujer y los niños; además de ampliar (no dice en cuánto) las Casas de Justicia y los programas de mediación de conflictos barriales.

Menciona el componente regional para "enfrentar redes criminales" de robos y homicidios, pero no da detalles sobre cómo lo hará.

 

Aunque no propone un aumento del pie de fuerza en la Policía, muestra garrote al prometer uniformados en parques y cerca de colegios de la ciudad y la instalación de bases de policía militar en zonas vulnerables; promete (aunque no dice con qué plata o cómo) la creación de cuatro centros de comando y control para la vigilancia de la ciudad: hacer funcionar las cámaras de vigilancia, más CAI móviles y estrategias de inteligencia con las Fuerzas Armadas para capturar a cabecillas de bandas de microtráfico.

En la prevención es más zanahoria, pero mantiene el corte conservador y cristiano de su propuesta en general para integrar a los sectores religiosos para “reconstruir el tejido social”. Promete nuevas casas de justicia y gestionar más jueces y fiscales; la creación de una app para recibir denuncias; “desmontar y desmovilizar” pandillas con proyectos deportivos y culturales, y la resocialización de los presos. 

 

Su programa está enfocado en mejorar la percepción ciudadana basado en una política de seguridad de garrote. Además de repetir la promesa de casi todos de gestionar que el Gobierno mande 2 mil policías más a la ciudad, promete crear seis “comandos élites” en los cuatro extremos de la ciudad, uno en el centro y otro en las comunas 5 y 6 en el nororiente de la ciudad y una ‘Policía Escolar’ para perseguir delitos contra menores. Además propone, sin especificar con qué presupuesto, instalar dos mil nuevas cámaras y traer 100 drones para “vigilar puntos críticos”.

En prevención, se enfoca en la creación de políticas concertadas con los ciudadanos y la creación de cuatro programas para incentivar la participación.

Propone crear cuatro casas de justicia y estimular (sin decir cómo) los centros de conciliación de las universidades y la Alcaldía para que funcionen en las nuevas localidades. 

 

Sus propuestas tienen más de zanahoria que de garrote. Promete disminuir las tasas de homicidios y lo pone como “prioridad” de su administración; “trabajar en mejorar” el sistema de videovigilancia y crear estrategias coordinadas para combatir el microtráfico y los robos.

No menciona el déficit de pie de fuerza, pero sí propone fortalecer estrategias de inteligencia, vigilancia y control para enfrentar los delitos. En la prevención promete fortalecer el observatorio de seguridad para “tener algoritmos de predictibilidad” de los delitos; así como el de salud mental para entender e intervenir en estos fenómenos.

Propone incentivar la relación entre Policía y comités barriales y exige que todos los organismos de la Alcaldía dejen claro en su plan de desarrollo cómo van a trabajar para mejorar la seguridad de la ciudad. 

 

Su propuesta va enfocada a la prevención con zanahoria y al garrote en lo policivo.

Promete mantener dos programas de prevención de la administración Armitage: gestores de paz y convivencia y el Tios (presencia institucional en los barrios) y crear un programa para la integración de pandilleros; espacios deportivos y culturales en zonas priorizadas por violentas; capacitar a la policía en derechos humanos, entre otros.

Es uno de los pocos que no menciona el déficit de policías, pero habla del fortalecimiento de la justicia como eje: promete gestionar más jueces y fiscales para la ciudad; crear un centro de mando y control (como el de Bogotá o Medellín) de la Policía; ajustar el plan cuadrantes; fortalecer la unidad de policía que patrulla el MIO y crear un “grupo de control de espacio público” para contrarrestar el microtráfico.

Sobre la integración ciudad-región, en su plan de seguridad solo habla de “gestionar que la armada nacional patrulle el río Cauca” para bloquear esa parte del corredor de armas-drogas que desemboca en el Pacífico.

 

Su propuesta es enteramente de garrote y no específica cómo llevarla a cabo ni la plata que eso costaría, teniendo en cuenta que promete grandes inversiones como la instalación de "una red de cámaras en la fachada de cada una de las tres casas” de la ciudad “vía fibra óptica de Emcali” (tiene más de 1.500 kilómetros de fibra), lo que supondría multiplicar por casi 50 el número de cámaras actuales (1.300) para cubrir las más de 500 mil viviendas de la capital.

Otras propuestas donde muestra el garrote están en la creación de 22 grupos de reacción inmediata, 15 de patrullaje rural, 22 CAI móviles, entre otros. No incluye programas de prevención en su propuesta y la única referida a la región es una patrulla medioambiental para el río Cauca.

 

Si bien hace diagnósticos de los problemas a solucionar en la ciudad, en su plan de gobierno sobre seguridad no encontramos alusión a medidas relacionadas con el pie de fuerza en la capital o policivas, como el resto de aspirantes.

Menciona la estrategia de Duque ‘el que la hace la paga’ como línea de trabajo y pone a la legalidad como una de sus banderas, pero sin dar mayores detalles. Enuncia programas de recreación y deporte para jóvenes en las comunas, una campaña pedagógica para no aceptar la cultura de la ilegalidad y procesos de contratación abiertos.

 

En su plan de seguridad enuncia cuatro puntos donde solo hay una propuesta, que es mejorar el salario de los policías de la ciudad, una tarea que no depende de un Alcalde, sino del Ministerio de Defensa, que decreta los salarios. Los otros tres son anuncios de coordinación, ayuda y contribución con el Gobierno Nacional para estrategias de defensa, seguridad y derechos humanos, pero sin decir de qué forma.

 

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