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Por Laura Soto · 15 de Octubre de 2018

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Un año después de que la Fiscalía imputara cargos al gobernador de Nariño, Camilo Romero, por presuntamente favorecer a una persona cercana a él para quedarse con más de la mitad del negocio de los licores del departamento, volvió a salir una nueva convocatoria que no incluye a la empresa por la cual el mandatario tiene ruidos judiciales.

Así lo corroboró La Silla Pacífico al conocer la lista de los nuevos proponentes del negocio.

Encontramos, eso sí, que de los 12 proponentes, hay un socio de la empresa que enredó a Romero, pero era minoritario.  

La docena de proponentes quiere comprar 22 de los 50 lotes disponibles de Aguardiente Nariño que suman un millón 500 mil botellas. Aún quedan 28 lotes que deberán ser vendidos en una nueva convocatoria en los próximos meses.

La distribución del licor es clave para los departamentos porque con los recursos de sus ventas las gobernaciones financian planes de salud y educación. En Nariño el negocio recibe 32 mil millones anuales.

El negocio

Cómo contamos, en 2016 y por primera vez luego de 25 años el monopolio de la distribución del aguardiente cambió de manos.

La Licorera del Sur que había tenido el monopolio se quedó por fuera y pasó a manos de La Organización de Licores de Nariño, que se quedó con el 68 por ciento del negocio.

Desde entonces la Gobernación se ha cuidado de no dejar que la distribución se concentre en pocas manos y ha hecho algunos cambios para ampliar el negocio.

Este año por ejemplo la Gobernación decidió sacar más lotes de aguardiente que el año pasado con menos cajas para que su costo fuera menor y permitiera la participación de más interesados.

En 2017, 14 comercializadores se quedaron con 30 lotes, cada uno por 4.083 cajas que sumaron un millón 500 mil botellas.  Cada lote costó en promedio 1.200 millones de pesos.

Un proponente podía quedarse con tres lotes máximo para evitar que volviera a pasar lo del 2016, cuando había monopolio.

La idea para este año fue sacar más lotes con menos cajas para que el costo fuera menor.

Así, ahora hubo 50 lotes de 2.347 botellas cada uno y un costo de 645 millones de pesos por lote. La mitad que el año pasado. Y además pusieron la condición de vender máximo siete lotes por proponente para evitar monopolios.

“Es el mismo proceso de selección abreviada (que permite hacer el negocio con varias personas y empresas) pero más ampliado”, nos dijo el secretario de Hacienda de la Gobernación, Ernesto Narváez.

Paradójicamente no llegaron más proponentes y no se vendieron todos los lotes.

Hace cinco días, la Gobernación recibió 12 proponentes (dos menos que el año pasado) interesados en comprar 22 lotes, menos de la mitad de los lotes ofrecidos.

Según le dijo a La Silla el Secretario de Hacienda esto se puede deber a que actualmente hay suficiente oferta del licor en el departamento y los distribuidores prefieren primero vender lo que tienen, antes que comprar y tener las botellas guardadas.

Los nuevos proponentes

Si bien la idea de la administración departamental es democratizar la venta del licor los 12 proponentes fueron los mismos que los del año pasado.

Aunque no aparece la Organización Licores de Nariño que la empresa es por la cual hoy investigan al Gobernador, sí está uno de sus socios: la comercializadora Mercogranos (Dicomer SAS) representada legalmente por Pedro Miguel y Pedro Norvey Bastidas Lopez, que solicitó apenas uno de los 22 lotes solicitados.

Cinco de los 12 compradores están en el negocio hace varios años: Licores Capri de Juan Carlos Portilla Ángulo y Dislicores San Juan de Pasto SAS, con un lote cada uno. Ambos hacían parte del consorcio Licores del Sur, que junto a tres distribuidores más tuvo el monopolio durante 25 años.

También está Sysco SAS, una empresa bogotana que tiene sucursales en varias partes del país y pidió cinco lotes; Sandra del Pilar Moreno Benavides, que solicitó 2 lotes y Colombiana de Comercio Corbeta y Alkosto, que pidió cuatro.

De otra empresa encontramos nexos políticos: es Merca Z, que pidió dos lotes es una pequeña cadena de supermercados de Tumaco propiedad de Pablo Zuluaga, cercano y aliado al político nariñense de La U, Germán Chamorro de la Rosa, y es presidente de una fundación deportiva Unión Pacífico Sur.

Tres de los proponentes no solo se enfocan en la distribución de licor: Oscar Jairo Muñoz Benavides de la empresa Dislicores El Rey, con un lote. Benavides tiene el negocio de distribución de combustibles con la empresa Transdepet & Carga Ltda.

En el caso de Enercomplp de Henry Eduardo López Cuastumal, que solicitó un lote, tiene como actividad principal hacer instalaciones electrónicas y comercializar computadores.

Y Segundo Hermes Champutiz Acosta, que pidió dos lotes, tiene varias estaciones de combustible en Nariño llamadas Ekipetrol Dolores.

Finalmente está Mónica Viviana Mora, que pidió dos lotes, de quien no encontramos datos. Mora presentó dos propuestas por separado por lo que cuenta como dos contratistas.

La Secretaría de Hacienda deberá revisar pronto si los interesados cumplen con las condiciones como tener los recursos para pagar y tener la capacidad de llevar las botellas a todo el departamento para sellar el negocio.  

Así, con la presión de la investigación de la Fiscalía la idea de democratizar la venta del licor sigue en marcha y, por ahora, sin meter en líos al Gobernador.

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