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Por Laura Soto · 14 de Febrero de 2018

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El próximo lunes el Gobierno, en cabeza del vicepresidente Oscar Naranjo y con representantes del Ministerio del Interior, hará un reconocimiento público en Buenaventura a los líderes del paro de cívico que paralizó el puerto durante 21 días en junio del año pasado. Esto como una medida de protección pues esos líderes han recibido amenazas que tienen fuerza por el asesinato de uno de sus compañeros, Temístocles Machado.

 

El asesinato de ‘don Temis’ prendió las alarmas sobre los riesgos que corrían al menos 30 líderes del paro, que lograron sentar al Gobierno para exigir inversión estatal y obtuvieron la creación de un Fondo Autónomo de 1,6 billones de pesos para invertir en el puerto, en obras como la construcción de una ciudadela hospitalaria y la primera fase del plan maestro de alcantarillado.

Entre ellos están el ex concejal del Polo Víctor Vidal y el padre John Reina, sacerdote de la Diócesis de Buenaventura y director de la Pastoral Social.

Luego del asesinato de Machado (que la Fiscalía ya dijo que tenía que ver directamente con su lucha por la tierra en la zona urbana del puerto), las amenazas arreciaron. En algunos casos la reacción del Estado, según los líderes, ha sido inmediata.

Por ejemplo, el lunes de la semana pasada el padre Reina denunció que recibió información sobre un plan para asesinarlo. “Esta amenaza no es porque hago parte de la Iglesia, sino que está directamente relacionado con mi liderazgo en el paro”, aseguró.

Tres días después, según nos contó el padre, la Unidad Nacional de Protección (UNP) le puso un esquema de seguridad. “Si así reaccionaran con todos los líderes no los matarían”, nos dijo.

Pero en otros casos la respuesta ha sido lenta.

María Miyela Riascos, también integrante del Comité del paro, denunció seguimientos ilegales. Según ella, el sábado hombres armados se posaron frente a su casa a vigilar y tomar apuntes como si estuvieran haciendo “un croquis”. Por eso llamó al 123 pero, según cuenta, le respondieron que “llame a sus amigos, que sean ellos quienes vayan a sacar esos sujetos de allá” en referencia a los líderes del paro.

Además el 29 de enero, dos días después del asesinato de Temístocles Machado, fue asaltada la casa de Adriel José Ruiz, coordinador de la organización defensora de derechos humanos Fundescoe, e integrante del comité central del paro. 

Los delincuentes se llevaron su computador y documentos personales por lo que Ruiz cree que el robo estuvo directamente relacionado con el acompañamiento jurídico que hacía, junto con otras organizaciones, al litigio de tierras que adelantaba ‘don Temis’.

Para visibilizar estas amenazas y mostrar en el puerto que el Estado está de su lado es que el Gobierno hará el acto de reconocimiento.

Revivir la movilización

El evento del próximo lunes estará acompañado de una marcha de los bonaverenses para rechazar la muerte de Machado, el asesinato de otros líderes sociales y para solidarizarse con los habitantes de Tumaco por la violencia que están sufriendo. Y es importante por tres razones.

La primera, según el padre Reina, es que ese día se conmemoran cuatro años de la primera gran marcha en la que 30 mil habitantes del puerto se levantaron contra la violencia y que, según el Padre, fue el “el germen, la marcha madre” que desembocó en el paro cívico del año pasado. Por eso, esperan que la nueva marcha reviva esa conciencia de protesta. 

La segunda razón es que, en un hecho sin precedentes, el Gobierno reconocerá la labor de los líderes y de las 117 organizaciones que estuvieron en el paro cívico y así legitima su derecho a la protesta, reconoce su vocería, los visibiliza a nivel nacional e internacional y compromete más a las instituciones para su protección.

“Ese reconocimiento es una estrategia para decirle a la gente del puerto, a nivel nacional y a los grupos armados, que somos líderes sociales, que no somos delincuentes, que tenemos todo el derecho de exigir nuestros derechos y que no debemos ser perseguidos”, nos dijo la lideresa Miyela Riascos.

Por eso, para el padre Reina este acto también será un llamado de urgencia para aplicar el decreto que firmó en diciembre el Ministro del Interior, Guillermo Rivera, y que faculta a la UNP a construir una ruta de protección colectiva de las comunidades por primera vez en el país.

Esto no significa que la UNP vaya a dar escoltas y carros blindados a comunidades enteras, sino que la entidad evaluará los riesgos y las posibles medidas colectivas de protección que mitiguen el riesgo y que deberán poner en marcha distintas entidades según sea el caso, como Ejército y Policía, según nos dijo Diego Mora, director de la UNP.

“Nosotros determinaremos si un barrio necesita cámaras de seguridad, pero la encargada de ejecutarlo será la Alcaldía. O en si el riesgo está en una comunidad por la minería ilegal nosotros le plantearemos medidas al Ejército y la Agencia Nacional de Minería”, nos dijo.

Y aunque aún la UNP sigue recolectando la información de las organizaciones y grupos que dicen estar en riesgo en el puerto de Buenaventura, la medida es un primer paso opara transformar la forma en que se protegen las comunidades y líderes sociales, lo que podría mejorar las condiciones de seguridad.

La tercera razón de la importancia del evento es que en él se instalará la segunda mesa de seguimiento a los acuerdos, que es clave para que el comité evalúe los avances y retrasos en las promesas del paro y se reactiven las negociaciones en puntos como la escogencia de la junta administradora del Fondo o las obras que serán priorizadas.

Los líderes solo podrán seguir con este trabajo social si tienen garantías de seguridad. Por eso la UNP seguirá haciendo los estudios de riesgo de 23 líderes del paro para definir si les dan chalecos antibalas, celulares o escolta según sea el caso, como ocurrió ayer con cinco de los líderes.

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