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Por Laura Soto · 27 de Febrero de 2019

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Hace una semana el Consejo Superior de la Universidad del Pacífico, con sede en Buenaventura, removió definitivamente del cargo al rector Félix Suárez por, según el Consejo, su mala gestión mientras estuvo en el cargo marcando así lo que puede ser el punto final de la larga pelea jurídica que dio Suárez desde 2015 para llegar y mantenerse en su cargo.

Así mismo arranca una nueva historia por el control de la Universidad, pues este año habrá elecciones para elegir a nuevo rector y a nuevos integrantes del Consejo Superior.

La salida de Suárez, que por ahora parece definitiva, es una muestra de la transformación del poder en la única Universidad pública de Buenaventura que fue creada para atender a la población más vulnerable del litoral Pacífico.

Felix Suarez, magíster en lingüística, llegó al cargo en marzo de 2017 luego de haber interpuesto tutelas y demandas contra el proceso de elección de rector que se surtió en 2015 y dio como ganador a Hugo Tobar. El Consejo de Estado tumbó la elección de 2015 porque el ganador no cumplía con los requisitos legales y ordenó convocar a nuevas elecciones. Suárez demandó nuevamente a la Universidad pidiendo ser nombrado por haber ocupado el segundo puesto en las elecciones del 2015 y un Juez de Buenaventura falló a su favor tumbando el proceso de selección y ordenando posesionar en el cargo a Suárez. Desde entonces la Universidad ha venido sufriendo una crisis financiera que hasta finales del 2018 era de cerca de 6 mil millones de pesos, ha habido denuncias de excesos en contratación con injerencia de personas ajenas a la universidad y de despidos injustificados lo que generó una crisis administrativa

Salida a la fuerza

Por ahora a Suárez no le quedan más recursos en la Universidad para volver al cargo: ha dicho a su círculo más cercano que volverá como sea, pero solo le quedaría el camino de la tutela, que ya ha usado antes.

A eso se suma que si quiere volver al cargo, vía los consejeros, la tendrá más difícil porque rompió relaciones con los que tenía cercanía.

Precisamente, según nos dijeron, por aparte, dos fuentes, una del sindicato Sintraunicol y un ex profesor de la Universidad que nos pidió no citarlo para no meterse en problemas, todo comenzó porque Suárez perdió el apoyo de la mitad del Consejo.

Su salida empezó a cocinarse en mediados del año pasado a raíz de varios cuestionamientos a Suárez, como excesos en contratación, malos manejos administrativos, incumplumientos en las metas de reducción de gastos y tensiones entre algunos integrantes del Consejo y el Rector.

Y ahí comenzó un tire y afloje entre el Consejo y el Rector.

 

En junio de 2018 el Consejo lo quiso suspender pero la idea se frustró porque dos de los ocho consejeros que debían tomar esa decisión fueron despedidos por el rector Suárez, según nos dijo Alexander Iturre, consejero delegado de los directivos de la Universidad y quien fue uno de los despedidos, junto con Alberto Congo, representante de los profesores.

A finales de julio de 2018, los consejeros fueron reintegrados porque su despido había sido injustificado.

En septiembre, el Rector presentó su informe de gestión a petición del Consejo, especialmente los consejeros Hugo Fredy Ordóñez, que es del sector productivo y Johnny Casquetes, de los estudiantes. Encontraron varias irregularidades, que fueron ratificadas por el delegado de Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación.

El Consejo encontró, entre otros, poco avance en el plan de desarrollo (iba en un 32 por ciento); gastos no autorizados de plata destinada a la calidad educativa en obras de infraestructura; retrasos de ejecución en dichas obras, un déficit de poco menos de 6 mil millones de pesos y ofrecimientos de programas académicos que no tenían el permiso del Ministerio, según le dijo a La Silla la delegada del Ministerio de Educación, Heyby Poveda, secretaria jurídica de esa cartera.

Finalmente, la suspensión de tres meses se dio el 26 de octubre del año pasado. Suárez interpuso dos tutelas para revertir la decisión pero fueron negadas.

A comienzos de este mes venció el plazo de la suspensión y Suárez retornó al cargo, pero como contamos, lo esperaba una resolución del 23 de enero de 2019 del Consejo Superior notificándole su remoción.  

Suárez apeló, pero el 14 de febrero el Consejo ratificó su decisión de manera unánime.

Así fue como seis días después, el 20, llegó Dagoberto Riascos como rector encargado, un profesional en finanzas Internacionales y magíster en Gestión Pública, que era director de investigaciones en la Unipacífico y fue el único que cumplio los requisitos, como meterse en el chicharrón de ser Rector.

Riascos tiene el reto de garantizar unas elecciones democráticas y por ahora cuenta con el apoyo de todo el Consejo e incluso del representante uribista de Buenaventura Milton Angulo -el único congresista del Puerto-, que nos dijo que ha mediado en el Gobierno para que le presten atención a la Unipacífico, de donde fue profesor hasta hace poco.

La movida de sacar a Suárez y poner a Riascos consolida al Consejo como el nuevo súper poderoso de la entidad que tiene en sus manos, junto con el Rector, organizar las nuevas elecciones para elegir a un Rector definitivo a finales de este año.

Un Consejo Superpoderoso y con sombras

Los consejeros que fueron cercanos en algún momento a Suárez son Johnny Casquete, un estudiante de sociología que fue elegido por los estudiantes en 2017 e integró el colectivo ‘Unipacífico pa’lante’ que apoyó a Suárez en su pelea jurídica para llegar al cargo.

El delegado de los profesores, el matemático Alberto Congo, quien llegó al consejo sin votaciones porque fue el único candidato de ese estamento y era amigo de Suárez.

Alexander Iturre, decano de Arquitectura y consejero de las directivas; y el delegado de los egresados, Anderson Arroyo, agrónomo quien fue secretario de desarrollo económico del exalcalde de Buenaventura Eliecer Arboleda, quien está enjuiciado por corrupción.

De cómo rompieron hay dos versiones.

La primera es que al ver los malos resultados del rector Suárez decidieron apartarse y hacerle control. La otra es que el Rector habría roto algunos acuerdos burocráticos con al menos con dos de ellos por cumplir con otras personas ajenas a la Universidad.

Uno de ellos habría sido el consejero de los estudiantes Casquetes. “El tuvo hasta hace poco al jefe de recursos humanos, Marcos Valencia, que es casi su hermano”, le dijo a La Silla el consejero Hugo Ordóñez. Casquetes negó que hubiera influenciado el nombramiento. 

Los consejeros y el exrector Suárez nos negaron que hayan sido aliados. Una fuente cercana al exrector nos dijo que la ruptura se dio porque éste no quiso ceder ante las peticiones burocráticas de algunos consejeros, sin decir quiénes.

A eso se suman otras denuncias por presuntas presiones del consejero Ordóñez al exrector encargado Oscar Larrahondo para conseguir puestos para personas cercanas a él según un audio que circuló en el Puerto. Ordóñez aceptó ser el del audio, pero dijo que él nunca presionó al exrector, y que lo que dijo a su amigo fue una forma de quitárselo de encima.

La delegada del gobierno Poveda ha recibido denuncias de este tipo que salpicarían a miembros del Consejo, casi a diario. Por eso ordenó que la Secretaría técnica del Consejo las remita a la Procuraduría y la Fiscalía.

Cualquiera que sea la razón de la ruptura y de cómo avancen las denuncias, lo claro es que hoy el Consejo está unido en lograr un cambio de poder, incluyendo al delegado de la Gobernación que se había mantenido al margen de estas peleas, Luis Enrique Caicedo, y tirando para el mismo lado.

Además, el Consejo se potenció con la llegada de la nueva delegada del Ministerio de Educación, Heyby Poveda Ferro, quien, según nos dijo el consejero Arroyo -de los egresados-, ha sido imparcial y ha estado muy comprometida con la situación de la Universidad para que las cosas avancen.

El siguiente paso es elegir al nuevo Rector y cómo le dijo a La Silla la delegada Poveda, en “buscar que llegue la mejor persona y apoyar la salida de la crisis financiera”.

Luego vendrán las elecciones de los cinco consejeros (el de los egresados no puede participar porque ya se reeligió una vez) para la Universidad que tiene 3.100 estudiantes y deberá manejar 300 mil millones adicionales que le llegarán a lo largo de diez años por la Ley Pro-Unipacífico, para inversiones en infraestructura, tecnología y administración de la Universidad.

Por lo pronto, con la salida de Suárez, que parece definitiva, se abre un nuevo capítulo en la Unipacífico, que ahora, tras las elecciones, traería nuevas caras y pujas.

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