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Por Laura Soto · 26 de Septiembre de 2018

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Esta semana cuatro representantes del asentamiento Brisas del Cauca en Cali cumplen siete días en huelga de hambre al frente a la Alcaldía de Cali en protesta por los desalojos de las autoridades en el marco del Plan Jarillón, una de las estrategias más ambiciosas del alcalde Maurice Armitage en materia social.

A las cuatro personas en huelga se le suman otras 60 que llevan 70 días acampando afuera de la Alcaldía, pidiendo que paren los desalojos, ser reconocidos como consejos comunitarios y ser reasentados colectivamente.

Exigencias que la Alcaldía dice que son imposibles de aceptar.

El Plan comprende la salida de más de 36 mil personas de las laderas del río Cauca al oriente de la capital del Valle para evitar que un desbordamiento cause una tragedia en esa zona.

Al chicharrón que significa reasentar a más de 8 mil familias por un riesgo inminente de inundación (que en el peor de los casos si se rompe el Jarillón dejaría pérdidas por 7 billones de pesos y afectaría a 900 mil personas, poco menos de la mitad de los habitantes de Cali), se suma que la proximidad de la campaña electoral de 2019 hace que se vuelva un tema que ya es usado políticamente.

El Plan consiste en reforzar la estructura del jarillón del río Cauca, hacer obras complementarias en 26 kilómetros del dique y hacer recuperación ecológica de la zona. Cuesta un billón de pesos y participa la Nación a través del Fondo de Adaptación que puso el 70 por ciento de los recursos, la Alcaldía de Cali, la CAR del Valle y Emcali.

Hasta el día de hoy se han reubicado 4.006 familias, el 45 por ciento del total, según el gerente del Plan Jarillón, Juan Diego Saa. Hay 18 mil metros del jarillón liberados y el 50 por ciento de las obras contratadas que deberán ser terminadas en el 2020.

El proyecto comenzó en 2012, luego de una inundación de 2011, pero ha tenido más impulso con la llegada del alcalde, Maurice Armitage, para desalojar a 8.770 familias (36 mil personas) que viven en el jarillón para evitar que la estructura de éste se rompa e inunde la ciudad.

Las voces encontradas

Aunque las críticas de las familias desalojadas no son nuevas, en los últimos dos meses se han agravado con las protestas en la Alcaldía e incluso la población ha agredido a los funcionarios que llegan a desalojar y hay denuncias de maltratos de la policía y del Esmad hacia la comunidad.

El principal desacuerdo viene de las comunidades de Brisas del Cauca (76 hogares), Raizales del Pacífico (13) y Raíces del Cauca (101) que son los grupos que solicitan constituirse como consejos comunitarios (aunque no todos son afro).

“Le hemos dicho al Alcalde que nos inscriba como consejo, pero él se ha negado diciendo que si lo hace le podemos frenar su Plan Jarillón”, nos dijo la líder Flor María Valencia, de la comunidad Raizales del Pacífico, ubicado en Las Palmas en el corregimiento de Navarro.  

”Lo que hacemos es garantizar derechos individuales a quienes cumplan los requisitos”

Juan Diego Saa, gerente Plan Jarillón

El secretario de Bienestar Social de Cali, Esaud Urrutia dice que no puede avalar la solicitud de las tres comunidades para que sean consejos por que no cumplen con las características de tener las tradiciones ancestrales afros, permanencia histórica en el territorio, que los integrantes de la junta directiva sean nativos o que vivan hace más de 10 años. Lo anterior lo ratificó un juzgado en una sentencia del 3 de abril de 2017. 

Además, porque están en zona de alto riesgo.

Unas características por las cuales el Ministerio del Interior tampoco ha accedido a aceptar esa petición.

Lo que Flor y otras dos líderes con las que hablamos y que viven hace décadas en el jarillón quieren es que el Gobierno les titule sus tierras colectivas para que luego los reasienten en otro territorio con similares características para sembrar y criar a sus animales.

“Están sacando a las familias a la brava, firme o firme los papeles de entrega voluntaria de las casas. Las tumban y no nos dan ningún beneficio”, agrega Valencia.

El gerente del Plan Jarillón, Juan Diego Saa nos dijo que las familias sí han tenido beneficios, como casas de interés prioritario, una carta cheque para que 944 familias que viven en cinco zonas de alto riesgo compren una casa con 54 millones, auxilios de 700 mil pesos trimestrales mientras encuentran casa, compensaciones, entre otros.

"Desde el Plan Jarillón lo que hacemos es garantizar derechos individuales a quienes cumplan los requisitos", dijo Saa. 

”Son nuestras casas donde hemos vivido hace más de 50 años, si salimos de acá la vida nos cambiará radicalmente”

Adriana España, líder de Brisas del Cauca.

Pero estas ayudas son solo para las familias que entran en el censo hecho entre 2013 y 2014, antes de la llegada de Armitage, y que cobija a las 8.770 familias, incluidas la mayoría de las personas en huelga de hambre y en el campamento al frente de la Alcaldía.  

Los que llegaron a asentarse después del censo no tienen derecho a ayudas.

Las cuatro líderes con las que hablamos están dentro del censo, pero dicen que no han recibido ayudas y que si lo hicieran no las aceptarían porque no están de acuerdo con ellas. 

“Es que son nuestras casas donde hemos vivido hace más de 50 años, si salimos de acá la vida nos cambiará radicalmente, no conocemos a la gente de otros barrios, no tenemos trabajo”, nos dijo Adriana España, líder de la comunidad de Brisas del Cauca.

La Silla Pacífico vio en Brisas del Cauca cuando funcionarias le ofrecían las ayudas a una de ellas, pero no las aceptó.

No las comparten porque son medidas que llegan luego del desalojo y quieren que sea al revés: primero las compensaciones y luego sí se van.

Además dicen que en el caso del auxilio es muy poco y que no les alcanza para arriendo y servicios, que no quieren vivir en los apartamentos tan pequeños, que además pueden demorar años en llegar, que la “carta cheque” no es confiable porque no les dan los recursos en efectivo, y que, de todos modos, se la han negado a quienes la han solicitado.

Esas quejas tienen sentido, para ciertos sectores.

“Cuando metes campesinos en estos apartamentos, están urbanizando comunidades campesinas. (...) ¿Cómo vas a meter a familias de 7 personas en casas de 28 metros cuadrados?, no es apropiado ni psicológica, ni socialmente”, dijo a El País hace un tiempo el sociólogo, Hernando Uribe, quien ha investigado el tema.

Independientemente de las quejas, la Alcaldía se sostiene en que el plan no tiene marcha atrás, no pueden resolver las solicitudes de los que protestan y por eso seguirán con los desalojos si las familias no aceptan la ayuda y las comunidades seguirán protestando.

Un punto muerto que llega en plena precampaña a la Alcaldía y de la cual algunos sectores pueden sacar réditos políticos.

 

El Jarillón en campaña

En medio de la crisis del Jarillón, los primeros que han hablado del tema han sido los que suenan para las elecciones de 2019.

 

El primero fue el senador del Polo, Alexander López, quien como contamos, es la principal ficha de la Colombia Humana para la Gobernación del Valle. Citó a inicios de mes a una audiencia en el Concejo de Cali para discutir el problema del Plan y otros temas ambientales.

La concejal Patricia Molina, de la cuerda de López, nos dijo que más que interés político, es un tema humanitario que afectan a las familias desalojadas.  

Dice que lo que hay detrás de los desalojos es el interés de construir al borde del río Cauca un malecón turístico y de carga que beneficiaría directamente a los ingenios y empresas que se ubican en la zona franca del norte del Cauca, incluyendo al Ingenio de Occidente en Villa Rica, propiedad del alcalde Armitage.

Lo anterior, según ella, va conectado al interés de los sectores económicos de recuperar la navegabilidad del río Cauca que se fijó el el Plan de Ordenamiento Territorial de Rodrigo Guerrero en 2014 y está vigente por 13 años.

La Alcaldía niega que haya intereses detrás de este tipo e insistió en que López y Molina usan el tema con fines políticos.

A ese apoyo desde el Concejo se suma el acompañamiento de la Colombia Humana en Valle, a través de plantones y protestas contra los desalojos.

A su turno, candidatos a suceder a Armitage como Jorge Iván Ospina quien en su primera alcaldía impulsó el Plan Jarillón, muestra su apoyo al plan; posición similar tiene el empresario y candidato Alejandro Eder, que apoyó el proyecto a través de la supervisión del proyecto que hace FDI Pacífico, la organización de la que fue director ejecutivo hasta hace menos de un mes.

Por ahora, los desalojos continuarán y la promesa del plan más ambicioso en materia social puede tener un efecto directo en el sucesor de Armitage. Si lo logra, dejará sentadas las bases para un megaproyecto de jarillón que evite un problema para Cali; si no, un tema más que sus opositores pueden usar para el debate político y ganar votos. 

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