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Por Tatiana Duque | Laura Soto · 04 de Septiembre de 2018

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Con la llegada el domingo de 400 personas al casco urbano de El Charco, al norte de Nariño y tras tres días de enfrentamientos entre las disidencias de Guacho y David, el municipio rompió con una racha de 11 años sin desplazamientos masivos por la violencia.

El hecho se dio tras nueve meses de la estrategia Hércules que llevó más de 9 mil uniformados a 10 municipios de Nariño para garantizar la seguridad en el posconflicto y un mes de mandato de Iván Duque, quien ordenó resultados como capturar a Guacho y a David para, según una fuente militar, “comparar resultados con los 100 primeros días de Santos”.

Por ahora no es claro que la orden se cumpla rápido ni que la estrategia de seguridad de Duque elimine la violencia en el departamento, y lo que ocurrió muestra de por qué es difícil que Duque pueda mostrar grandes cambios en el corto plazo.

Eso por, por lo menos, cuatro motivos

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El negocio del narcotráfico sigue boyante

No es gratis que el autodenominado frente Óliver Sinisterra que comanda Guacho haya aparecido en las veredas cercanas a El Charco desde hace dos meses y se enfrentara con sus rivales de patio, las Guerrillas Unidas del Pacífico (GUP) que comanda alias David, pues están peleando por la ruta de droga que pasa por allí

Según las primeras versiones recogidas por La Silla Pacífico con la Armada y el Ejército, el desplazamiento se debió a un combate por una ruta del narcotráfico en la que El Charco, a cuatro horas en lancha de Tumaco, es estratégico.

El municipio conecta al norte de Nariño con Argelia, en el sur del Cauca, donde se cultiva la coca y hay laboratorios de cristalización de pasta. Desde el año pasado hay presencia de grupos ilegales como GUP y el ELN, este último también con presencia en el sur del Cauca.

El Charco tiene salida directa hacia el Pacífico con cinco vertientes hídricas que se pueden subdividir en 70 salidas. Según la Defensoría del Pueblo en un informe sobre economía ilegal publicado en julio en El Charco también hay “incidencia de laboratorios de clorhidrato”.

Por eso, El Charco es clave para el transporte y salida de droga hacia Centroamérica, que ha ganado relevancia porque es alternativa a la vía por Tumaco, que tiene fuerte presencia de las Fuerzas Militares y es más compleja para los narcos, como lo muestra la incautación de 2 toneladas de cocaína de Guacho en junio y una tonelada más a David, en agosto.

Además, beneficia a los narcos que esa zona del norte de Nariño tiene canales marítimos poco profundos y manglares, por los que se mueven lanchas pequeñas difíciles de detectar por los sensores que usan las fuerzas militares, según le dijeron a La Silla Pacífico en la Armada.

De hecho, es tan atractiva que Guacho y David no son los únicos que pelean por esa ruta. Según la misma alta fuente de la Armada que no habla en micrófono por no ser vocero, también la pelean el ELN y carteles mexicanos de los que Guacho se habría distanciado por la presión militar.

Esos carteles tendrían como ficha a alias Contador que tiene nexos con el Cartel de Sinaloa.Esta organización, según inteligencia militar, está buscando tener sus propias rutas para el narcotráfico sin depender de Guacho.

“Todos tienen conocimiento de la zona, armas y necesidad de quedarse con el negocio y la población civil queda en medio de los combates”, nos dijo la fuente de la Armada.

 
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La estrategia sigue siendo militar, y hasta ahí

Un nuevo frente en la lucha por el narcotráfico implica un reto más para las Fuerzas Militares, que suelen poner censores, más militares o unidades ocultas para cortar las rutas y cambiar su forma de moverse a lanchas más pequeñas para lograr la captura o muerte de los cabecillas como pidió Duque.

Si bien eso puede dar resultados, como las incautaciones, capturas de mandos medios y bajas en combate que se dan casi a diario, como hemos contado es un reencauche de viejas estrategias que en el pasadohan dejado  a los civiles en medio del fuego cruzado.

En concreto, la estrategia de Duque ‘El que la hace la paga’ (que ya ha anunciado en Cauca, Tumaco y Catatumbo), “se enfoca en las cabezas y no en otros problemas de la región” y por lo tanto es similar a las del pasado, como nos dijo el experto en seguridad de FDI y miembro de la red Pacífico, Dylan Herrera.

“Hay una falta de calidad en estas estrategias: acabar con los grupos armados pero no proteger a la gente", nos dijo, a su turno Kyle Johnson, el experto de la Red de Paz y miembro del International Crisis Group, que estudia el conflicto. "Lo primero no incluye una presencia permanente en el territorio, mientras que lo segundo requiere estar con la población”.

El problema, según resume una alta fuente de la Gobernación de Nariño que ha estado en consejos de seguridad y trata a diario con altos mandos militares, es que la estrategia no es integral y la presencia del Estado se limita a llevar uniformados.

“Pueden traer 10 mil soldados más y no va a servir de nada”,  nos dijo el alto funcionario quien no dejó ser nombrado porque no es vocero.

Esa lógica se notó en El Charco en las últimas horas pues una vez se supo del desplazamiento por los combates, hubo consejo de seguridad, censo de los desplazados y llegaron 4 mil uniformados de la fuerza de Tarea Hércules a hacer operativos.

El miedo en la población es que, como ha ocurrido históricamente, la presencia estatal desaparezca con el tiempo.

“La presencia militar este año sólo llegó para las elecciones de Congreso con el cuento que se iban a quedar con el inicio de la operación Hércules. Solo estuvieron hasta las presidenciales y se fueron del territorio”, nos dijo un habitante de la vereda Las Mercedes, a donde llegaron las familias desplazadas este fin de semana y quien nos pidió no ser citado por seguridad.

Piden planes más a fondo como la creación de la Guardia Cimarrona, un equivalente afro a la guardia indígena que argumentan que les daría más autonomía y control de su territorio, tener presencia constante de fuerza pública (algo que según dos fuentes militares es casi imposible por la complejidad del territorio), y que lleguen los proyectos productivos que se acordaron para el posconflicto.

A todo eso se suma que ante la falta de presencia estatal es probable que los grupos armados copen espacios y recluten jóvenes a cambio de dinero, como nos dijo la fuente en El Charco en terreno.

Eso, a su vez, haría más difícil desarticular al grupo porque se podrían camuflar en la comunidad, según nos dijo una fuente de la Defensoría, o que tener informantes de los armados por temor o por necesidad, como nos dijeron en la Armada.

 
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Los cultivos y las disidencias crecen

Que en El Charco se evidencie la nueva pelea con la ruta muestra que la presencia de las disidencias se esparció por el departamento, algo que en menos escala está pasando en el país.

En el caso de El Charco, la misma Defensoría del Pueblo denunció esa presencia este viernes, cuando los de Guacho y David combatían en El Charco, en una alerta temprana enviada a la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez. La Defensoría recopiló 11 hechos violentos hasta julio, entre desplazamientos, asesinatos y combates entre los dos grupos en zonas como Roberto Payán.

AT N° 070-18 NAR-Roberto Payán by Anonymous 5dGWFZxZD on Scribd

Además, a los grupos ya existentes se sumaría el autodenominado Frente Stiven González (del que hablamos acá), que sería, según una alta fuente humanitaria en terreno, un brazo del grupo de Gentil Duarte, líder disidente del Sur, en su estrategia de revivir a las Farc y quien en Tumaco ya tenía conversaciones con Guacho.

Esa presencia puede hacer más difícil sustituir o erradicar la coca en Nariño, uno de los tres departamentos con más hectáreas de este tipo en todo el país.

Una alta fuente de la Gobernación de Nariño nos dijo que en la inteligencia militar de la región se habla “de 70 mil hectáreas de coca en el departamento”, una información que La Silla no pudo confirmar con fuentes militares y que sería un aumento de las 40 mil registradas en el más reciente informe del Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) de la ONU, de hace un año.

 
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Hay un cortocircuito entre Bogotá y las autoridades locales

Pocos gobernadores del país se han quejado públicamente de la situación de seguridad en su región como lo ha hecho el gobernador Camilo Romero, pero eso no implica que sea algo diferente a otros lugares como Antioquia, donde Luis Pérez también se ha manifestado.

Este año, Romero discutió públicamente con el saliente Juan Manuel Santos por no poner atención a la situación de seguridad de líderes sociales y en general, de su departamento.

Esto es porque, según la Gobernación, desde el gobierno central en Bogotá se confunde la presencia estatal con la visita permanente de funcionarios a región.

“El llamado recurrente de la Gobernación ha sido la presencia integral sin que se confunda eso con visitas de funcionarios: asistencia técnica para que no nos devuelvan los proyectos en DNP, inversión pública”, nos dijo el secretario de Gobierno de Nariño, Édgar Isandará.

Para Romero la situación en Tumaco y el litoral será el medidor del éxito del posconflicto en el país, por lo que el trabajo con Duque será, según Isandará, lograr más articulación.

De hecho, en el primer encuentro entre el Gobierno Nacional y el de Nariño, ocurrido hace dos semanas en el consejo de seguridad de Tumaco, el Gobernador le insistió al presidente en asumir un enfoque integral para resolver los problemas y aterrizar el posconflicto.

Según una persona presente en el encuentro, el mandatario se comprometió con conformar un equipo de trabajo permanente en la costa pacífica nariñense, que hasta ahora no ha nombrado. La Silla no pudo confirmar ese compromiso con la Casa de Nariño ni la Vicepresidencia.

 

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