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Por Tatiana Duque | Laura Soto | Nicole Bravo · 08 de Agosto de 2018

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En el inicio del nuevo Gobierno de Iván Duque revisamos el estado en el que quedó la región en temas clave como seguridad, inversión en infraestructura, cumplimiento de los paros y la conectividad en cuatro capitales que fueron destacadas en el Plan Todos Somos Pazcífico, que fue creado por el último plan nacional de desarrollo.

Duque recibe una región que en seguridad quedó a medias, que tiene incertidumbre por los programas que implementan el Acuerdo de Paz, que muy posiblemente cortará muchas cintas e inaugurará obras de financiación con crédito internacional y que durante su mandato tendrá que cumplir la mayoría de compromisos firmados por la administración anterior con dos comités de paro cívico y minga indígena, so pena de reactivar las movilizaciones si el Gobierno incumple:

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A Duque le queda un Pacífico sin Farc pero sin paz

La gran apuesta del Acuerdo de Paz dejado por el anterior Gobierno fue llevar al Estado donde las Farc mandaron con sus armas y eso se logró en el Pacífico, que fue una de las regiones más azotadas por la violencia guerrillera (tenía tres frentes y dos columnas móviles entre los cuatro departamentos) y que además estaba más dispuesta a apoyar el proceso.

Si bien para aterrizar los acuerdos, como contamos, el Estado transformó la doctrina militar y se inventó una nueva institucionalidad enfocada en 170 municipios, en esta región el aterrizaje le llega a Duque atrasado y con una reciente intensificación de la violencia especialmente en Cauca, donde ayer hubo tres atentados en el norte del departamento que dejaron un muerto y cinco heridos, y en Chocó, donde hace una semana el ELN secuestró a cuatro uniformados.

Eso se puede ver en los planes de desarrollo territorial para las zonas más afectadas por el conflicto (Pdet) y en los programas de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos (Pnis) implementados en la región.

En los primeros, como contamos a inicios de año, tres de los cuatro Pdet, que agrupan a 53 municipios en los cuatro departamentos (incluyendo el más grande del país, que queda en Cauca), la concertación de los planes para las zonas entre el Gobierno y las comunidades arrancó con retrasos por la falta de recursos y personal y en el caso de Chocó (que tiene 14 municipios), estaba apenas andando en febrero.

En parte por estos retrasos es que el hoy expresidente Santos anunció que estarán listos solo hasta fin de año, que fijan la ruta de inversión de al menos 1 billón de pesos a 10 años.

En los programas Pnis, en el Pacífico en los últimos seis meses la acción institucional se concentró principalmente en Tumaco, el municipio del país donde hay más cultivos ilícitos, según la última medición de la ONU. Así nos lo confirmó un alto funcionario de este programa en Nariño.

En esa zona, donde se registra el 24 por ciento de los cultivos ilícitos, a julio había 16.535 familias que firmaron compromisos individuales voluntarios. De esas, 7.346, que residen en Alto Mira y Frontera, además de veredas en Llorente, ya recibieron al menos dos pagos por la sustitución.

Con acuerdos colectivos o sin pagos, están otros municipios cercanos a la cordillera con presencia de cultivos como en Policarpa, Cumbitara y Leyva. En Roberto Payán el programa avanzó hasta la identificación preliminar de las familias.

La incertidumbre en ambos programas es su futuro, toda vez que Duque ha dicho que cambiará el enfoque territorial del primero y podría volver a la sustitución forzada en el segundo, lo que pone en vilo la posibilidad de nuevos acuerdos de sustitución, como contamos que ocurre en Jamundí donde luego de un año y medio de negociaciones con la Coccam no hubo acuerdo.

“Donde el programa ha avanzado es claro que no se puede detener”, nos dijo un alto funcionario que trabaja con el Pnis de Nariño.

Pero con la salida de las Farc del territorio lo que pasó en el Pacífico, como hemos contado en varias historias, fue un reencauche del conflicto, que conllevó a nuevos hechos de violencia, que ahora Duque deberá enfrentar, especialmente con el ELN y las disidencias.  

Eso se puede ver, por ejemplo, en el avance de esta guerrilla hacia el norte del Cauca luego de que históricamente estuviera en el sur; en su llegada a zonas del Chocó que antes tenían las Farc para manejar el negocio ilegal del oro (como dice este informe de 2017 de la fundación Ideas para la Paz), y donde el ELN se adjudicó el secuestro de cuatro uniformados, y la crecida de las disidencias que, como contamos, van por 14 grupos principalmente en Valle, Cauca y Nariño.

A eso se suma la racha de asesinatos de líderes sociales, donde el Pacífico, principalmente Cauca deja la mayor parte de saldo en rojo con más de 70 asesinatos, según la Defensoría del Pueblo, en solo seis meses.

“(Santos) deja un Pacífico que necesita una estrategia nueva de intervención completa no solo militar, ni policial”, nos dijo Dylan Herrera, experto de la red de paz y analista de la fundación para el desarrollo del pacífico FDI.

Tumaco, que fue el laboratorio de paz de Santos al punto que el exvicepresidente Óscar Naranjo visitó 20 veces la región (la última vez este lunes), tuvo una nueva estrategia de seguridad (reencauchada), queda con al menos 13 bandas criminales en la zona peleando por el control de la ruta del narcotráfico, una disidencia, al mando de Guacho, que sirve como enlace con carteles internacionales que ya entraron al territorio e incluso denuncias de casas de pique.

 
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En el nuevo Gobierno sí se verían avances en Todos Somos Pazcífico

La estrategia más grande de inversión del anterior gobierno para la región quedó plasmada en el plan Todos Somos Pazcífico (TSP) que fue incluida en el plan nacional de desarrollo. Manejado por el Ministerio de Hacienda y operado por la Unidad de Gestión del Riesgo, TSP tuvo vía libre en 2015 para pedir créditos internacionales hasta por 400 millones de dólares para inversiones principalmente en energía y acueducto en Buenaventura, Tumaco, Guapi y Quibdó.

Pero solo hasta abril del año pasado fueron entregados los créditos por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, por lo que los recursos ya están comprometidos a futuro.

Todas las obras por municipio están en etapa de proyección, de diseño y algunas en etapa de ejecución, por lo que será el Gobierno de Duque el que corte la cinta de la inauguración, o los deje muy adelantados.

Que Buenaventura tenga acueducto y alcantarillado las 24 horas del día (una promesa del gobierno Santos) requiere siete proyectos (dos tanques, dos líneas de alcantarillado, un anillo de distribución y la ampliación de la planmta de tratamiento), dos de esos ya están en ejecución, pero, como nos dijeron en Gestión del Riesgo “la ejecución de los proyectos tardarán de dos a tres años”. Para eso hay un crédito de 80 millones de dólares (71 de ellos para acueducto y alcantarillado), plata que igual no ha alcanzado porque muchos diseños de las obras se han cambiado porque no eran suficientes.

En Quibdó, con un crédito de 50 millones de dólares (46 millones en alcantarillado y acueducto), las obras más avanzadas están en el incremento de la cobertura de acueducto en la capital, que solo abarca el 15 por ciento. La idea es que con las obras llegue al 51 por ciento.

Otra obra adelantada es la que mejora la estación de bombeo de aguas residuales para que no contamine a cuatro riachuelos que pasan por la ciudad, el mejoramiento de la planta de tratamiento y la construcción de un tanque de almacenamiento.

Allí la ejecución está proyectada a 4 años.

En Tumaco hay 80 millones de dólares de préstamo y donde menos se ha avanzado, principalmente por la falta de proyectos para ejecutar. Los que hay (construir las redes de distribución, la línea de aducción y mejorar la planta de tratamiento de agua) están en proceso de adjudicación y la meta es cubrir al 80 por ciento de los pobladores del puerto.

En alcantarillado, el problema, dicen en Gestión del Riesgo, es de formulación, toda vez que por la estructura del puerto (dividido en tres islas), el proyecto que estaba era muy  costoso, por lo que hacer el alcantarillado está en plena revisión.

En Guapi, donde hay un crédito de 34 millones de dólares (27 millones para acueducto y alcantarillado), esta semana concluyó la revisión del plan maestro de acueducto con la comunidad, que consiste en la construcción de dos pozos profundos y la entrega de agua se hará por bombeo.

En alcantarillado el problema es de la misma estructura de las vías de Guapi, ya que, según datos de Gestión de Riesgo, al menos el 30 por ciento de las calles del municipio son prácticamente colchones de basura y residuos sólidos que los pobladores han puesto debajo de las calles porque no hay dónde más dejarlos.

Así las cosas, sin esa extracción no se pueden poner líneas de alcantarillado.

 
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A Duque le dejan un Pacífico medio conectado en concreto

La promesa de Santos de mejorar la infraestructura vial para conectar al país benefició al Pacífico con la inversión de 16,5 billones de pesos por parte del gobierno saliente, el monto más alto en la historia destinado para la conexión vial de la zona. Como Duque prometió impulsar obras para conectar al Pacífico principalmente en vías, lo que hay le deja el cimiento para estos cuatro años.

Hasta abril de este año en el Pacífico había mil kilómetros en obras de rehabilitación y mantenimiento, 400 kilómetros pavimentados, 79 puentes construidos, 16 túneles, 30 kilómetros de segunda calzada y se hizo mantenimiento de 5700 kilómetros de la red terciaria.

Aunque terminar la vía que une la capital del Chocó con Antioquia fue uno de los compromisos del gobierno para levantar el paro cívico de Chocó en 2016, hasta abril de este año de los 115 kilómetros que tiene el corredor sólo se pavimentaron 60 y se están ejecutando otros 34.

Con respecto a la Transversal Central del Pacífico que une los departamentos de Risaralda y Chocó y que tiene 50 meses para ejecutarse, de los 185 kilómetros que comunica a los departamentos, se habían pavimentado 86 kilómetros y se estaban ejecutando otros 14 hasta diciembre de 2017.

Otro caso es el del tramo Mediacanoa-Loboguerrero de la vía Buga-Buenaventura que desde diciembre de 2016 frenó la obra y dejó 26.9 kilómetros sin finalizar. Esta obra no se ha retomado por la nulidad del contrato de concesión, la solicitud del consorcio de terminar el contrato por mutuo acuerdo y porque aún faltan consultas previas.

Sobre la transversal que pretende unir el país desde el Valle hasta Vichada y que puede tardar hasta 4 periodos presidenciales, y contamos en esta historia hasta 2017 y según el Invías, el proyecto de casi 1.500 kilómetros estaba en un 18 por ciento en ejecución (268 kilómetros), 25 por ciento de vías construidas (346 kilómetros), un 55 por ciento en estudios y diseños (819 kilómetros), y un 2 por ciento pendientes (30 kilómetros).

Por el momento hay problemas con los diseños del cruce de la cordillera porque las comunidades indígenas no han permitido el ingreso para tomar información técnica necesaria para estos diseños.

Duque recibe además un retraso en las tres vías 4G que se proyectan en el Pacífico.


En el caso de Mulaló-Loboguerrero la licencia ambiental como contamos solo quedará definida en septiembre; en la carretera Popayán-Santander de Quilichao apenas se están adelantando 6 consultas previas lo que tienen en vilo las fechas para iniciar la obra, y en la vía Pasto-Rumichaca, aunque ya se iniciaron las obras aún hay pendientes con las licencias ambientales y la instalación de un peaje que deben tratar con otras entidades del Gobierno..

 
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Tendrá que cumplir los pactos de los paros si no quiere nuevos bloqueos

La respuesta del saliente gobierno con los tres paros del Pacífico que ocurrieron el año pasado fue la firma de varios compromisos que, a hoy han avanzado a medias, por lo que será la administración de Duque la que tendrá que ponerlos en marcha y cuyo cumplimiento será en parte un medidor con las comunidades que además no lo apoyaron en campaña.

La parálisis que más presión generó al anterior Gobierno fue el de Buenaventura. El principal cumplimiento fue sacar la Ley del Fondo Autónomo que garantiza 1.6 billones de pesos anuales para invertir en el puerto durante diez años. La ley quedó lista (gracias a la presión de la bancada Pacífico en el Congreso), y con 1.6 billones de pesos asegurados.

Sin embargo, el Fondo que manejará la plata a 10 años no está andando, porque la Junta que lo administra nunca se formalizó.

Según Víctor Vidal el Ministerio de Hacienda no concretó la reunión para formalizar la Junta en el puerto por un cruce de agendas de los integrantes de la misma, pese a que los del paro cumplieron con su parte de elegir a sus cinco miembros.

Los del paro ya se reunieron con los nuevos ministerios de Interior y Ambiente y les dijeron que van a continuar con la consolidación de la Junta y la financiación del Fondo.

La otra promesa era garantizar agua potable las 24 horas y mejorar el servicio de salud del puerto. Como contamos, la promesa de dejar agua potable sí avanzó.

Quedó aprobada la inversión de 183 mil millones para la ciudadela hospitalaria y 27 mil asegurados con vigencias futuras. Las obras no han iniciado porque la administración del puerto no ha donado el lote que cumpla las especificidades técnicas. El comité del paro está en busca de ese lote junto con el Gobierno.

Con el paro en el Chocó, los tres compromisos fueron la financiación para las dos vías que conectan al departamento con el resto del país, la construcción de hospitales y dar garantías para definir la disputa con Antioquia por Belén de Bajirá (que ya aparece en el mapa de Chocó).

En vías, al final, Santos dejó financiados 433 mil millones para 34 kilómetros de la vía hacia Medellín por 340 mil millones y 14 kilómetros hacia Pereira por 93 mil millones. Ambas construcciones se licitaron en diciembre, ya iniciaron la pavimentación y el plazo para terminarlas es 2022.

Quedan faltando 13 kilómetros de la primera vía y 16 de la segunda que deberán ser pavimentados en la administración Duque, según nos dijo el Invías.  

Los tres hospitales de nivel intermedio que debían construirse en Bahía Solano, Quibdó e Istmina, financiados entre recursos del DNP y regalías del departamento aún están en planes. Según Emir Castillo, de la mesa de Salud del paro cívico, la Gobernación del Chocó contrató a una empresa para hacer los estudios de prefactibilidad, pero como aún no se sabe cuánto costarán la financiación no quedó asegurada. Consultamos al Ministerio de Salud sobre estos hospitales pero aún no recibimos respuesta.

Con el tercer paro en Cauca, el Gobierno llegó a acuerdos por aparte con la organización indígena a nivel nacional, Onic y del Cauca, Cric.

Con Onic los dos grandes temas quedaron incompletos. La firma del decreto que reconoce a los indígenas como autoridades ambientales está paralizada, según nos dijo el Secretario técnico de la Mesa Permanente de Concertación, Gerardo Jumí, porque en Presidencia consideraron que había que algunos apartes que eran inconstitucionales.

“Este tema no está parado por temas procedimentales, sino por los empresarios que están presionando para que no se firme porque no favorece a sus intereses”, afirmó Jumí. Consultamos sobre este tema al exministro de Ambiente, Luis  Murillo, pero no tuvimos respuesta.

El Gobierno debía radicar un proyecto en marzo de 2018 para modificar el porcentaje que reciben los resguardos indígenas del Sistema General de Participaciones. Debía pasar de 0.52 a 1 por ciento pero hasta ahora no ha ocurrido según Jumí.  

En los acuerdos puntuales con el Cric el Gobierno cumplió un 35 por ciento de los acuerdos, según nos dijo Henry Caballero, secretario de la mesa que le ha hecho seguimiento al tema, dato que confirmó el saliente viceministro de Interior, Eduardo Andrés Garzón.

Entre lo cumplido está el funcionamiento la Comisión Mixta integrada por autoridades del Cric, de la Gobernación del Cauca y los Ministerios donde se revisarán acuerdos pasados incumplidos. Según el integrante del Cric, no hubo muchos avances porque a las reuniones no acudían funcionarios con poder de decisión y les habrían incumplido la promesa de hacer una reunión con integrantes del empalme de Duque.

En Salud el Gobierno avanzó en la transición hacia el Sistema Indígena de Salud Propia, Sispi, aumentó el pago a las IPS indígenas del 4.81 al 12 por ciento, garantizó la gratuidad de la educación en colegios administrados por indígenas, reconoció legalmente a la primera universidad indígena de Colombia la Uaiin, financió tres Centros de Armonización (una especie de cárceles indígenas), formuló la Política Pública de Comunicaciones y aseguró la financiación con el Banco Agrario de mil viviendas.

Queda faltando la financiación para fortalecer la guardia indígena, 500 viviendas más, recursos para proyectos productivos y avanzar en las reformas necesarias para garantizar la ampliación de los resguardos y de tierras.

 

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