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Por Tatiana Duque | Laura Soto · 08 de Julio de 2019

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En las últimas semanas, el gobernador de Nariño Camilo Romero hizo dos anuncios públicos que van en contravía de las políticas del gobierno de Iván Duque en temas de seguridad y movimientos sociales. Son movidas en el último tramo de su mandato para retomar su camino de cara a la política nacional, sin descartar las presidenciales de 2022.

Romero ha intensificado su discurso opositor al actual Gobierno en la lucha contra el narcotráfico en su departamento, el más afectado por los cultivos ilícitos (45 mil hectáreas según la ONU) y por el aterrizaje forzoso del posconflicto; y ha movido su imagen más allá de Nariño y el Pacífico. 

Pero los procesos que tiene Romero en Fiscalía y Procuraduría por el negocio de licores, su falta de heredero para mantener a Nariño como bastión de la izquierda nacional y un polémico mandato en lo local serán retos para volver a la escena nacional.

Dos chicharrones de Duque para retomar imagen nacional...

En las últimas semanas, Romero cazó dos peleas con el Gobierno Nacional en puntos donde tienen posiciones contrarias: la sustitución de cultivos ilícitos y declarar a los campesinos como sujetos de derecho. 

En ambos temas, que impactan directamente a un departamento con 70 mil cultivadores de coca pero solo 16 mil con acuerdos individuales de sustitución (o sea que reciben plata), y con casi la mitad de población rural, está estructurando sus propios programas pilotos. 

Hace dos semanas, Romero lanzó una propuesta para crear su propio programa de sustitución piloto en Nariño, en una cumbre de gobernadores de la región en Buenaventura en el que dijo que tiene listos 100 mil millones de pesos. 

Según le explicó a La Silla el secretario de Gobierno de Nariño, Mario Viteri, lo que Romero quiere es que el Gobierno Nacional comprometa, mínimo, otros 100 mil millones para impulsar un programa de sustitución piloto en las zonas más cultivadas como Policarpa (960 hectáreas) y Tumaco (19 mil hectáreas), para asegurar nuevos proyectos productivos, infraestructura y mejora de servicios públicos, entre otras intervenciones estatales. 

Según cálculos del Secretario, con o sin visto bueno de Duque, la Gobernación espera en estos cinco meses dejar estructurado el programa piloto, y algunos proyectos que lo aterricen (con aprobación del Ocad). 

Pero reconoce que la ejecución en tan corto tiempo será difícil. 

La propuesta va muy en vía de la postura proAcuerdo de Romero. El Gobernador fue muy activo en la campaña por el Sí en el plebisicto y en su rechazo a la aspersión con glifosato sobre el departamento, uno de los primeros en los que se cumpliría la medida (si la Corte Constitucional deja asperjar).

“Sí queremos apalancar un programa de sustitución porque no se está cumpliendo el Acuerdo de Paz y porque de reanudar la aspersión puede generarse un conflicto social muy grande en el departamento”, nos dijo Viteri.  

Y en esa línea Romero ha incrementado sus pullas a Duque. 

En otro evento público con el Presidente al lado, le dijo que en los nueve años (2005-2014) donde usaron el glifosato en Nariño, el cultivo creció de 13.875 a 17.285 hectáreas, de acuerdo a sus propios cálculos. 

“Cómo puede ser que nos vayamos por el glifosato con el impacto ambiental, la vida, a la salud y ahora sabiendo que es el doble de costosa que la sustitución” dijo después a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez que estaba en el evento en Buenaventura. 

El segundo tema en el que Camilo se metió directamente es en la declaración de los campesinos como sujetos de derechos, al firmar un acta para que el departamento sea el primero en el país en adelantar políticas con enfoque a esta población.

Ese es un mandato de la ONU de diciembre de 2018, que el gobierno Duque se abstuvo de votar, lo que fue polémico entre las comunidades agrarias, políticos, expertos y académicos que promovieron la medida

A grandes rasgos (y como explica nuestro experto en la Red Rural, Carlos Duarte acá), el reconocimiento abre la puerta a políticas públicas con enfoque para esa población, soberanía alimentaria, interlocución directa con el Gobierno, acceso a tierras, entre muchos otros, similar a lo que ocurre con los indígenas y comunidades afro. 

Esa fue una de las propuestas de la Minga del Cauca de abril de este año y que terminó con acuerdos parciales para los representantes campesinos. 

Para el lanzamiento de la política, Romero hizo un acto público con tarima incluida en San Pablo, al norte del departamento, en el que invitó a campesinos, representantes agrarios y dignidades.

También lanzando pullas al Gobierno.

Y no me tiembla la mano para decir que los campesinos se respetan, que deben ser valorados como lo que son, productores, hacedores no solo de productos, sino del futuro del pueblo colombiano”, dijo en plaza pública.

El anuncio se aterriza en un proyecto de ordenanza (un proyecto de ley pero ante la Asamblea), antes del 31 de julio, según nos dijo un alto funcionario de la Gobernación que está a cargo del tema. “Habrá acciones puntuales como la promoción de derechos, comprometer recursos, un comité para estudiar asuntos campesinos”, adelantó la fuente. 

Pero no se meterá con el chicharrón: garantizar el acceso a tierra, que es uno de los núcleos de la lucha de los campesinos, porque “por la estructura de tierra del departamento no lo podemos hacer”, nos dijo la fuente.

 

Además, como arranca esos programas a solo cinco meses de terminar su gobierno, lo que dificulta que los pueda ejecutar pero no no que sean un golpe de opinión que lo impulsa como defensor de las comunidades.

Detrás de las dos propuestas hay al menos dos estrategias políticas.

La primera es retar al Gobierno y mostrar que la sustitución sí sirve como estrategia contra los cultivos y la criminalidad en una zona azotada por disidencias, ELN y narcos. 

“La idea de Romero es dejar el balón de la sustitución en la cancha del Gobierno. Que ellos pongan la plata”, le dijo a La Silla un funcionario que conoce el tema En caso de que digan que no, o no digan nada, saldría a hacer el reclamo.

La segunda es amarrar estos programas a la próxima Gobernación que, dentro del grupo de Camilo y en la izquierda en general, ven perdida. 

“Sabemos que llegará un gobierno de derecha y lo que queremos es que esos programas sigan para que se cumplan o sino que se note que hicimos algo”, nos dijo un alto funcionario del primer círculo del Gobernador.

Pese a ese impulso nacional, tres premios que ha ganado por su políticas de gobierno abierto y participativo, hacer gira en Cauca hablando con la Minga, ser el único mandatario invitado en foros lehos de sus zonas fuera de su influencia, como Barranquilla y Tolima, en Nariño su gestión tiene lunares no solo en lo administrativo, sino en lo político. 

...Y limpiar imagen local

Según dos congresistas de Nariño y un exfuncionario de la Gobernación, Romero se ha ganado un imagen de mal ejecutor reflejada en que el departamento ocupa el último puesto en ejecución de recursos de regalías a corte del cuarto trimestre de 2018. 

“En Pasto sí tiene una buena imagen. Es en los municipios que hay disgusto con él porque no se están viendo los resultados de su gestión”, nos dijo el congresista aliado de Romero. “Se jacta de que pagó las deudas, que hay plata, pero porque no ha habido ejecución”, nos dijo el exfuncionario. 

 

El problema parte de que, como nos dijo una fuente cercana a Romero, con la estrategía ´Gana´ los ciudadanos votan en qué se deberían invertir los recursos y “hace el proceso más lento, pero se garantiza la participación”. 

El otro lunar es político porque si bien llegó al poder como alternativo gobernó con políticos tradicionales. 

Dio cuotas a los congresistas que lo ayudaron a ganar en las secretarías: a los conservadores Myriam Paredes (Infraestructura), Eduardo Enríquez Maya (Educación), Liliana Benavides (Género), Felipe Muñoz (Deporte) y a La U, vía la representante Teresa Enríquez (Agricultura). 

En las legislativas como contamos el grupo de Romero lanzó candidato propio con Aulo Polo, pero también apoyó al representante conservador Felipe Muñoz, y no apoyó a su exaliado, el exgobernador del Polo, Raúl Delgado que se quemó. 

A eso se suman los procesos y ruidos judiciales de él y su familia, que rompieron cobijas políticas.

Camilo tiene una investigación en la Fiscalía y Procuraduría por irregularidades en la entrega del contrato de la venta de 80 mil cajas de aguardiente que, al parecer, benefició a un aportante de su campaña. 

Y tiene un ruido porque él y su padre, Ricardo Romero, fueron mencionados en el escándalo de chuzadas ilegales que funcionaban desde Ipiales, donde Ricardo es Alcalde.

Todo esto impactó la precampaña de octubre, porque hasta ahora la izquierda no tiene candidato fuerte para la Gobernación, en parte por las movidas de Romero.

Por el momento los precandidatos Carlos Santacruz, de la Colombia Humana, y Fabio Trujillo, del Polo, están planeando realizar una encuesta para elegir al candidato único, pero los Verdes ni tienen aspirante ni tampoco es claro si se suman a esa alianza. 

Ante esta incertidumbre en lo local, Romero volvió su mirada a lo nacional. 

2022: la apuesta y la obsesión

Romero tiene activos a su favor para volver al escenario político nacional que es lo que quiere: es un político joven (tiene 42 años) con experiencia (ya fue Senador, precandidato presidencial y Gobernador), y con un discurso alternativo que lo catapultan para una de sus apuestas a futuro: la carrera presidencial.

Dos fuentes del primer círculo del Gobernador nos confirmaron, por aparte, que quiere jugar en próximas presidenciales. “Es su obsesión”, nos dijo una de ellas.

Romero ya fue precandidato presidencial en 2014 y sacó 700 mil votos en la consulta verde, que perdió ante el hoy alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa.

Por ese case y trayectoria, en el Partido Verde también ven lógica una eventual aspiración. “Hay liderazgos importantes con los que podemos contar en el partido, como el de Camilo, ahora más que Claudia (López) va a ser alcaldesa (de Bogotá) como todos pensamos”, nos dijo el senador Antonio Sanguino. 

Otro congresista que pidió no ser citado nos dio una versión similar y anotó: “toca ver también cómo termina de salir de los líos judiciales que tiene”, nos dijo. 

Muy seguramente no será el único mandatario verde con activos políticos para gastar. Ambas fuentes nos nombraron en su baraja al gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, quien también impulsa políticas alternativas locales que impactan en lo nacional como la prohibición del plástico de un solo uso.

Este es el panorama con el que Romero comienza a pavimentar su camino posgobernación. Dependerá de cómo reactiva su capital en lo nacional y cómo acaba su mandato local para saber si la vía será destapada o tendrá baches.

CONTEXTO

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