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Por Tatiana Duque · 11 de Noviembre de 2018

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En los casi dos años que ha funcionado la sobretasa a la seguridad en Valle, un tributo que pagan los estratos 4, 5 y 6, comercios y empresas en el recibo de energía, se han recaudado poco más de 25 mil millones de pesos y su inversión hasta octubre mayoritariamente ha sido para comprar vehículos para la fuerza pública y 121 de las 131 cámaras de seguridad que, según la fuerza pública y la Gobernación, casi 30 de municipios del departamento necesitan.

 

Así lo corroboró La Silla Pacífico al obtener copia de la respuesta de la Secretaría de Seguridad del Valle a un derecho de petición sobre la inversión de esta sobretasa hecho por la diputada uribista Juanita Cataño, quien tiene demandado el tributo y que el tribunal administrativo de Valle fallará en las próximas semanas.

Las respuestas de la Secretaría son claves porque esta sobretasa (que financia la mayor parte del fondo de seguridad del departamento) es uno de los dos puntos de la última pelea entre el alcalde de Cali Maurice Armitage y la gobernadora Dilian Francisca Toro.

(El otro punto de la pelea es político, porque, como contamos en esta historia, Armitage cree que Dilian quiere crecer electoralmente metiéndose en asuntos de la seguridad de Cali que este viernes tuvo uno de los días más violentos del año con nueve homicidios).

Al final todo apuntaría a una diferencia de percepción sobre la forma en que la plata debe ser gastada. Mientras Cali pide inversión hacia dentro, Valle dice que la están blindando hacia afuera. 

“No hemos recibido un peso por esa sobretasa y el 70 por ciento de esa plata se recauda en Cali”, dijo el alcalde Armitage hace ocho días.

“Estamos atacando los cultivos ilícitos y por donde pasan las bandas que lavan activos y extorsionan en Cali”, nos dijo el secretario de Seguridad de Valle, Jesús Antonio García. 

Revisamos los 25 de los 28 contratos y órdenes de compra que aparecen en la respuesta que fue enviada a la diputada Cataño para saber en qué se ha invertido la plata y sus principales beneficiarios.

No pudimos incluir tres contratos que suman poco más e 700 millones de pesos, porque dos no tenían información en la respuesta del derecho de petición, ni tampoco aparecían en el Secop y el tercero no tenía número de contrato ni aparecía el nombre del contratista.

Encontramos que si bien hubo $12.541 millones recaudados en 2017, solo fueron invertidos $4.390. La explicación que nos dieron en la Secretaría de Seguridad es que no fue alcanzado a ejecutar la totalidad de la plata porque ya existía un plan anual de inversiones que venía de 2016 y no se podía planear la inversión sin saber realmente cuánta plata tenían.

Lo que sobró, nos dijeron, ayuda a financiar las inversiones de este año.

A septiembre de este año el recaudo de 2018 va en $13.049 millones.

En un contrato se ha ido más de la mitad de la plata

La mayor contratación es de $13.944 millones (el 52 por ciento de toda la plata recogida en los dos años) y pertenece a un contrato para la compra y puesta en marcha de 121 cámaras de seguridad para siete subzonas que representan 29 municipios del Valle. Según el Secretario de Seguridad del Valle la distribución de las cámaras fue definida en los consejos de seguridad que encabeza la Gobernadora con alcaldes, la Policía y el Ejército para que fueran ubicadas en las entradas y salidas de las poblaciones priorizadas y sus plazas.  

Aunque en total se requieren 131 cámaras, el contrato solo alcanzó para 121 y para las 10 restantes se están buscando los recursos, de acuerdo a lo que nos dijeron en la Secretaría.

La región con más cámaras es la de Buga que comprende seis municipios del noroccidente con 32 cámaras, seguido por la de Cartago con 24 cámaras para siete municipios y la subregión del área metropolitana de Cali (Mecal) con 19 cámaras para cuatro municipios, donde no está incluida la capital.

 
 

Un contrato que no aparece en la respuesta de la Secretaría es el de la construcción de una megaestación de monitoreo para las cámaras que quedará en Buga, porque solo hasta el jueves salió a licitación.

Poco más de siete mil millones de pesos fueron invertidos para la movilidad de las fuerzas militares.

De acuerdo con la exsecretaria de Seguridad, Noralba García, quien aparece como la que firma todas las órdenes de compra hechas las camionetas, CAI móviles, motos y demás fueron compradas porque “era necesaria la reacción pronta y presencia de la Policía y el Ejército y ellos nos dijeron que necesitaban inversión en movilidad”.

Solo una de las compras indica que va directamente para Cali

Al revisar los beneficiarios por monto de contrato u orden de compra, encontramos que además de los 29 municipios priorizados, están el Ejército y la Policía, además de organismos de inteligencia, de la Fiscalía y organismos de seguridad sin especificar. Solo una de las órdenes refiere directamente a Cali, a través de la compra de cinco camionetas para traslado de cadáveres que pidió el CTI de la ciudad.

 
 

El secretario de Seguridad de Cali, Andrés Villamizar, nos dijo que de acá en adelante la idea es "coordinar en qué se invierten los recursos y examinar cuántos recursos nos pueden dar" desde la Gobernación y articular las dos estrategias del departamento y la capital.

Tanto el actual Secretario del Valle como su antecesora nos dijeron, por aparte, que el impacto de las inversiones se nota en la capital, en especial con el apoyo dado para la operación Atalanta y el fortalecimiento de batallones que patrullan las salidas de la ciudad.

Esta es la base de datos utilizada para esta historia.

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