El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, arrancó su gobierno montado en una propuesta de referendo fiscal que hoy lo ubica como líder de una avanzada por el regreso de poder a los departamentos. Su propuesta, sin embargo, levanta críticas entre algunos congresistas y académicos, porque a simple vista luce como una movida para engordar las chequeras de los más boyantes —incluido Antioquia—, en medio de su evidente puja con el presidente Gustavo Petro.
En esta entrevista, Rendón amplía su propuesta federalista y desvirtúa que el referendo que propone vaya en detrimento de otras regiones. También comparte su postura sobre la reforma tributaria territorial que prepara el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, que busca, entre otras cosas, mejorar el recaudo en las regiones. Y deja claro que está buscando planes B para no depender de la plata que aprueben en Casa de Nariño.
Logró sentarse con Humberto de la Calle luego de que lanzara fuertes críticas a su propuesta de referendo. También se le vio con el exgobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga. ¿En qué van esos diálogos?
Ambas son conversaciones improbables. La de Humberto de la Calle, porque arrancamos divergiendo. Luego de su reacción, lo invité a un café, y terminó concordando conmigo en que los municipios quedaron en la Constitución del 91 con un sinfín de instrumentos para ser autónomos fiscalmente, pero los departamentos no. Y con el exgobernador, que es más de esta línea programática, fue una conversación que no teníamos prevista, pero terminé sumándolo al comité promotor del referendo.
Ha dicho que la primera semana de febrero estará listo ese comité, que tendrá que liderar la recolección de 2 millones de firmas válidas para darle piso a su iniciativa. ¿A quiénes más ha montado en ese bus?
Todavía no hay gerente, porque estamos buscando que sea un grupo con muy buena representación regional y de género. Tenemos que recoger por lo menos 4 millones de firmas en el país, además de buscarle financiación. Por ahora, ya tengo confirmados al exgobernador del Meta, a Carlos Gustavo Cano (exministro de Agricultura de Álvaro Uribe), a Guido Echeverri (senador de En Marcha y exgobernador de Caldas) y estoy conversando con Ana Lucía Villa, exfuncionaria del MinHacienda que es una autoridad en el tema.
Usted movió la misma propuesta en paralelo a su campaña por la Gobernación, pero los tiempos no dieron. ¿De dónde viene esta obsesión?
Los departamentos son altamente dependientes de la Nación. Por ejemplo en Antioquia, que supuestamente es uno de los más autónomos, 45 de cada 100 pesos de presupuesto lo envía la Nación. Con un agravante, y es que el 90% de los municipios del departamento dependen de lo que la Gobernación hace por ellos. Este año, como gobernador, solo tengo $200 mil millones de libre inversión. Para que lo dimensione: cuando yo fui alcalde de Rionegro dispuse de $350 mil millones anuales para 150 mil habitantes. Aquí, tengo menos para 7 millones de antioqueños. Lo que queremos es dejarles una protección constitucional a los departamentos, parecida a la que hoy tienen los municipios.
Entonces, Antioquia no es tan rica como la pintan. ¿La plata está en Medellín?
Un poco, sí. El departamento la tiene más difícil, porque tenemos 2 millones de personas en riesgo de hambre, 26 mil de 28 mil kilómetros de vías destruidas, buena parte de las 4.300 escuelas con fallas en infraestructura y sin internet. Y la mayoría de hospitales no tiene capacidad para aliviar a sus enfermos. La gente viene a morirse en Medellín.
¿Y cuál es su propuesta puntual para el referendo?
La teoría económica recomienda que los tributos directos se queden en los gobiernos subnacionales. Pasa con el predial, aquí y en Cafarnaúm. Pero en Colombia tenemos otros dos impuestos directos: renta y patrimonio. Lo que queremos es ajustar el artículo 298 de la Constitución, y agregarle un par de líneas: ‘solo los departamentos podrán cobrar los impuestos de renta y patrimonio. Y ninguno podrá tener (por cuenta de este cambio) una asignación inferior a la que hoy recibe vía Sistema General de Participaciones (SGP)’.
Con el cambio, 27 de 32 departamentos deberían aumentar sus ingresos. Antioquia, por ejemplo, recibió en 2022 un total de $5,3 billones por SGP. Si nos dejaran manejar lo que tributamos, podríamos percibir entre $13 y $15 billones. Y así todos los departamentos.
Pero cómo funcionaría el cambio: ¿el recaudo lo asumirían los departamentos directamente y no la DIAN?
No. Queremos que la DIAN siga cobrando los impuestos de renta y patrimonio en todos los departamentos, pero con las bases gravables y con las tarifas que cada uno defina.
El ajuste estimularía la competencia entre departamentos, pero es casi proporcional al riesgo de que se amplíen las brechas. Nada más el 36% del impuesto de renta nacional lo ponen Cundinamarca, Antioquia, Valle, Atlántico y Santander. Si estos departamentos se quedan con lo que recaudan, ¿qué pasaría con los otros?
Si yo tomo los $100 billones girados en 2022, y los distribuyo entre los departamentos según la riqueza que generan y la población que tienen, hay departamentos que podrían recibir más y otros menos, es cierto. Pero si tenemos que priorizar, serían cinco los que no podrían competir: Chocó, Putumayo, Amazonas, Guainía y San Andrés. Para alivianarlos, proponemos la creación de un fondo de compensación regional.
Pero hay más departamentos por fuera de estos cinco que no tienen las mismas condiciones de desarrollo. Nariño y Caquetá no tienen el mismo músculo contribuyente que los principales departamentos del centro del país.
La gente elige mejor cuando siente que su nivel de desarrollo se financia con los impuestos. ¿Por qué las ciudades, grandes y medianas, tienen menos problemas de corrupción que las regiones? Porque buena parte del desarrollo lo pagan los ciudadanos con el predial e industria y comercio. Pero el modelo que tenemos, de dependencia nacional, no incentiva eso. En Amazonas, el 90% de los ingresos son transferencias de la Nación.
El senador De la Calle dijo en un primer momento que su propuesta se leía así: “Que Antioquia crezca, y que Chocó y La Guajira se jodan”. Desde la Misión de Descentralización (adscrita al DNP) también temen por la ampliación de brechas y dicen que la cancha está desequilibrada para la competencia que usted propone.
Esa es la discusión del huevo y la gallina. Pasa con las vías. Dicen: ‘esta no puede ser a doble calzada, porque no tiene suficiente tráfico’. Pero de pronto se pierde de vista que hacer la doble calzada atraerá tráfico. El esquema que proponemos no solo mitigaría la corrupción, sino que estimulará la competencia entre territorios. Con la pandemia, Rionegro compitió con varios municipios del Valle y de la sabana de Bogotá para que VaxThera, una productora de vacunas, se asentara en su territorio. Ganó, a punta de incentivos tributarios.
Otro ejemplo: a mí me parece que el impuesto de patrimonio es antitécnico y desincentiva la inversión. Si yo pudiera definir eso, como gobernador, propondría fijar una tarifa baja para incentivar el aterrizaje de nuevas personas. Lo que hizo Ron DeSantis en la Florida. Pero esto no está pensado solo para favorecer a Antioquia, porque ningún departamento verá afectado lo que recibe por SGP, y además implica una transformación que lleva tiempo.
Algunos políticos de la región afirman que el tema divide, lo aleja a usted mucho más de Petro, y que podría desconcentrarlo de sus funciones como gobernador…
Estas conversaciones no tienen porqué ser a los insultos o a las patadas. Es un debate técnico, que no lo definirán 30 congresistas antioqueños, sino 10 millones de colombianos en las urnas. Tampoco nadie puede decir que estoy desatendiendo mis tareas rutinarias.
Esto también podría convertirse en un referendo antiPetro. ¿El presidente ha apostado suficiente por la descentralización o no?
Por el contrario, ha centralizado funciones y en sus decisiones se ve el desprecio por las regiones. No más en Antioquia: intervino Savia Salud y Comfenalco. Ahora nos quita la delegación minera, como si fuera más fácil titular y fiscalizar desde Bogotá. No quiere financiar las autopistas 4G, porque dice que son para los ricos. Y está lo de los Panamericanos, de Barranquilla, y lo de la ALO Norte, en Bogotá. Sus decisiones no son solo en contra de Antioquia, sino en contra de todas las regiones.
La reforma tributaria territorial que prepara el ministro Ricardo Bonilla podría darles músculo a los departamentos en temas de impuestos. El ministro dijo que ustedes serían vitales en esa discusión, ¿ya se sentaron?
Tenemos asamblea de gobernadores esta semana. Vamos a ver qué presenta el ministro. Pero lo cierto es que el país no necesita más tributos. Los colombianos ya pagan suficiente.
Pero uno de los propósitos es reducir el número de impuestos, y que queden unos pocos que se recauden con más eficiencia. ¿Está de acuerdo con eso?
Así, sí. Pero no más impuestos. Rebajarar sobre los existentes, y redefinir la titularidad de los tributos, como lo que yo estoy proponiendo con los de renta y patrimonio.
Cerremos con temas más locales. ¿Hay un plan para recuperar la delegación minera? La decisión incluso genera disenso en Antioquia.
A mí se me hace que el gobierno cometió un error porque no sustentó rigurosamente la decisión. Por ahora, no vamos a cesar en los esfuerzos de formalización. Y, con la bancada antioqueña en el Congreso, vamos a presentar un proyecto de ley para modificar el arreglo institucional sobre la minería en el país. Aquí cerca del 90% de las titulaciones no se explotan, y el que no lo hace debería pagar 10 veces sobre quien sí lo explota.
Y el plan de desarrollo, ¿en qué va? Ahí tendrá que conversar de alguna forma con el gobierno Petro.
Estamos en eso, pero aún nos falta, porque debemos armarlo de la mano de las regiones.Y, claro, en algunos temas tendremos que confluir con el gobierno. Pero en muchos hay divergencias, porque yo veo un ánimo de no financiar proyectos claves como el Tren del Río. Tendremos que cambiarle la naturaleza a ese tren, y convertirlo en uno de carga y pasajeros, para que llegue inversión privada y no tener que pedirle plata a la Nación.
Se está armando con planes B, justo por sus diferencias con el presidente. ¿El camino será patinar en el Congreso la plata que falta para los megaproyectos?
Será un frente muy importante. Iremos al Congreso a modificar el tema minero, pero también la ley de concesiones. Esto no solo va a resolver el cierre financiero de las vías 4G, sin usar un solo peso del presupuesto nacional, sino que permitirá la llegada de mayor inversión privada. Ahora, si el gobierno nacional se alejara de esta actitud, con la que no raja ni presta el hacha, en un evidente ánimo de fastidiar a Antioquia, podríamos recibir algunos tramos y terminarlos. Mientras tanto, estamos siendo imaginativos con alternativas que no pasen por pedirle plata al gobierno nacional, que al parecer es lo que más le duele.
Hace unas semanas el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se sentó a puerta cerrada con el comisionado Otty Patiño para hablar sobre la paz con las bandas que se negocia en la ciudad. Ese proceso incluye organizaciones que delinquen en otras jurisdicciones del departamento. ¿Lo han llamado para conversar?
No me han llamado, pero no tengo nada que agregar en ese tema. La paz total es un embeleco del gobierno nacional que les amarra las manos a nuestros soldados y policías. Mire el decreto del cese al fuego. Eso solo debilita la capacidad de reacción de nuestra fuerza pública. La paz es con seguridad y con justicia, no contemporizando con criminales.
¿Pero está dispuesto a llegar a un punto medio en esta discusión?
Yo estoy dispuesto a conversar con quien sea. Pero no tengo mayor margen, salvo mis funciones constitucionales: ser el primer agente en materia de orden público y la primera autoridad de policía en el departamento. Por eso hemos hecho ocho consejos de seguridad en menos de un mes.
