El gobierno de Gustavo Petro prometió hacer un cambio para fortalecer la primera infancia y ordenó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) eliminar los intermediarios y contratar directamente con las madres comunitarias. “Nosotros hemos propuesto que el Icbf deje de tener operadores, que se roban la plata de los niños, y que empiecen de forma directa a ofrecer la atención integral a la primera infancia”, dijo Petro durante su intervención en el Congreso Nacional Municipios, en Cartagena, el 29 de febrero de 2024.
Pero, según denuncias de 14 madres comunitarias con las que habló La Silla Vacía, la anunciada “democratización del Icbf” ha llegado con contratos más precarios, demoras en los pagos y la sensación de que el gobierno les ha dado la espalda. Por eso han organizado plantones, y mesas de acuerdo con varias instituciones que aún no les han traído soluciones.
“Queremos que el gobierno nos cumpla a nosotras y a los niños. Nunca habíamos estado tan afectadas y esta es nuestra pelea”, dice Francy Marcela Duque, madre comunitaria en la localidad de Kennedy, que se dedica a esto hace 14 años y ha liderado protestas. “¿Qué va a pasar con nosotras?”, se pregunta Sandra Milena Gerena, quien trabaja hace 13 años como madre comunitaria en el Hogar Comunitario, Los Patitos.
El Icbf no respondió a preguntas y solicitudes de entrevistas hechas durante más de dos semanas.
Demoras en los pagos a cuidadoras de un millón de niños
El 8 de mayo, al menos 500 madres comunitarias se plantaron frente a la sede nacional del Icbf por las demoras en los pagos y los cambios en la contratación. Ayer, en Medellín, otras 300 madres comunitarias salieron a protestar por lo mismo: incumplimiento y demoras en los desembolsos de recursos económicos.
En Colombia hay alrededor de 70 mil madres comunitarias, que cuidan a más de un millón de niños de entre dos a cinco años desde sus propias casas. Como cuenta Olga González, columnista de La Silla Vacía, estas mujeres han hecho un trabajo de cuidado enorme a la sociedad desde los años ochenta, cuando se creó la figura. “Ellas liberan una mano de obra para que hombres y mujeres puedan trabajar. Es decir, que si no hay ese cuidado, no hay trabajo. También son un eslabón muy importante para que la economía de la sociedad funcione y, por lo tanto, hay que valorizarlas”, explica González.
Durante más de dos décadas, las madres comunitarias solo recibieron como pago un bono y ninguna prestación social, hasta que la Corte Constitucional tuteló su derecho al trabajo. Desde 2014, el Icbf les paga un salario mínimo, con contratos por prestación de servicios a través de intermediarios, asociaciones o contratistas especializados.
Durante el gobierno Petro, el problema comenzó tras los cambios que implementó la nueva directora, Astrid Cáceres, con las demoras para recibir el sueldo del primer mes del 2024, que solo llegó hasta el 20 de febrero. “Nos pagan mes vencido y se están demorando entre 15 a 20 días para hacer el pago. O sea, se cumplen dos meses cuando hacen el pago del mes anterior”, explica Duque, quien estuvo en el plantón.
Las madres comunitarias trabajan con el programa de Hogares Comunitarios que prestan el servicio de cuidado desde sus casas, conocidas como “unidades de servicio”. Por un salario mínimo, las madres cuidan hasta 14 niños que viven en condiciones vulnerables. Sus jornadas son de 8 de la mañana a 4 de la tarde, pero empiezan antes y frecuentemente se extienden.
Esperanza Gerenas, madre comunitaria de “Mi pequeño Hogar”, en Kennedy, cuenta que su rutina empieza a las cuatro de la mañana, cuando se levanta a preparar el desayuno de los 14 niños, una con discapacidad, que atiende en su hogar. La noche anterior, ya ha dejado su casa barrida, trapeada y organizada para ahorrar tiempo y recibir a los niños sin mayor apuro. Va amaneciendo, y debe imprimir las actividades del día para cumplir con la planeación diaria que exige el Icbf. Las actividades van desde dejar plastilina en las mesas para que los niños jueguen hasta ingeniárselas para armar un teatro de títeres hecho a mano.
A las 8 de la mañana, Gerenas abre las puertas de su casa y, a partir de ahí, el trabajo no para. Se encarga hacer y servir dos refrigerios y un almuerzo, jugar a la familia, leerles un cuento, enseñarles a usar el baño, lavarles manos, los dientes, la cara, cepillarles el cabello con la mano, y cambiar pañales en una mesa improvisada. Además, de profesora, se volvió psicóloga, enfermera y asistente.
Luego, entre las 3 y 4 de la tarde, los padres de familia recogen sus hijos y la rutina se repite: barrer, trapear, ordenar juguetes, lavar los platos, y dejar la casa organizada para repetir todo el día siguiente. “Después de dejar todo organizado, saludo a mi hijo y a mi esposo. Aunque yo trabaje en mi casa, pareciera que vivimos en casas separadas”, dice.
El problema con la demora en los pagos no solo impacta los ingresos de las trabajadoras, sino también su capacidad para alimentar y atender a los niños. “Como no nos pagan a tiempo, tenemos que pedir fiado, pero ya hay proveedores que se cansaron de la situación. Yo me pregunto, ¿con qué cara le digo a los papás que no hay para la comida?”, dice Angélica Benavides Ricaurte, madre comunitaria desde hace 14 años del Hogar “Rayito de Sol”, en Kennedy.
Las madres, dice Benavides, se ven obligadas a sacar de sus bolsillos plata que no tienen para intentar cumplir con la minuta, mientras esperan el pago por parte del Instituto. “Saber que la última comida que van a recibir los niños es la que les dimos y solo hasta el siguiente día vuelven a comer es desgarrador”.
Dentro del gobierno Petro se han tirado la bola entre el Icbf y el Ministerio de Hacienda sobre el origen de estas demoras. Sin embargo, el responsable final es el Icbf.
A raíz de las demoras y las protestas, el 9 de mayo hubo una reunión entre el Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación y las madres comunitarias para llegar a acuerdos y regularizar los pagos. “El Ministerio de Hacienda ha escuchado a las madres comunitarias, ha visto el panorama y hemos llegado a un acuerdo dentro de esa regularización. El dos de cada mes se nos habilita la carga de cuentas y van a llegar los pagos correspondientes”, dijo la directora del Icbf, Astrid Cáceres, en un video publicado en la cuenta oficial de Facebook del Instituto.
La Silla Vacía habló con el Director General de Crédito Público del MinHacienda, José Roberto Acosta Ramos, quien estuvo en la mesa de acuerdo. Acosta señaló que el Ministerio no es el problema, pues se han encargado de atender como corresponde. “Uno tiene que tener cuero para manejar esas descargas de responsabilidades de terceros. El Tesoro vendría siendo el cajero automático, que mientras se digite bien la clave, da el dinero”, afirmó.
Una madre comunitaria, quien pidió no ser mencionada y estuvo presente en la reunión, cuenta que el Icbf se lavó las manos cuando ellas pidieron respuestas por las demoras en los pagos y le “cargaron el muerto” al Ministerio de Hacienda. “Según ellos, los retrasos eran porque el ministerio, no les había girado el recurso, pero realmente es dinero que se ha perdido en el Icbf, porque ellos deberían tener un control administrativo para sostenernos”, afirma.
Con el nuevo acuerdo, las madres esperan que los pagos lleguen cumplidos en junio. Entre tanto, el problema de la precarización de sus contratos se ha agravado.
“Democratización” del Icbf con precarización de las madres
Con la contratación en el gobierno Petro, ahora los contratos son más cortos. Antes duraban entre uno y dos años, pero ahora solo duran cuatro meses, y para alargarlos se hacen adiciones de uno o dos meses.
“Acabamos de firmar el contrato de mayo, otra vez por solo cuatro meses, pero cuando llegue agosto, ¿ahí qué’?”, pregunta Sandra Jiménez Pardo, madre comunitaria y representante legal de la Asociación Ricaurte, una asociación de varias madres comunitarias que contrata directamente con el Icbf y luego le paga a sus afiliadas.
Además, como son contratos por aportes, del salario mínimo que les pagan deben sacar para su seguridad social. Sin embargo, por culpa de los retrasos, las madres comunitarias terminan viéndose a gatas para mantener en pie la unidad y a ellas mismas. “Los dueños de las casas empiezan a cobrar y nos dicen: ‘si no tienen como pagar, necesito que empiecen a desocupar’”, cuenta la representante legal.
La incertidumbre por los contratos cortos es otro sentimiento común entre las madres comunitarias: “Este tema lo hemos hablado con las compañeras y nos preocupa la inestabilidad laboral que tenemos. Le hemos entregado muchos años de trabajo a la primera infancia y eso no es justo con nosotras”, dice Lidia Consuelo Urrego, madre comunitaria de la Asociación Tierra Buena y del Hogar “Mis Angelitos” en Kennedy.
Mientras las madres intentan estar en todas partes al mismo tiempo, también deben “rendir cuentas” al Icbf en la documentación que el Instituto les exige para operar. Deben hacer planeación de actividades, actas de reuniones con padres, cumplimiento en los lineamientos y manuales operativos, entre otras.
Benavides señala que cada año aumentan las exigencias por parte del Icbf con el fin supervisar la atención que se brinda en las unidades, pero las visitas se centran en tener los papeles al día y el interés en los niños queda en un segundo plano. “Puede que mi unidad esté perfecta, pero si cinco minutos antes de la visita, no llené la asistencia, para el Icbf ese jardín no sirve”, afirma.
A esta crítica, también se le une Sandra Liliana Losada, otra madre comunitaria de Kennedy, quien reitera que el acoso por la documentación es excesivo: “Ellos nos piden miles de papeles y se les olvida que estamos solas. Pero, por los niños, ni preguntan”.
Carmen Judith López, quien tiene 58 años y espera pensionarse pronto. Dice que entiende la función de las visitas del Icbf, pero asegura el trato que reciben es “inhumano”. Al tiempo que atienden a los niños, reciben correos, mensajes de WhatsApp, links de capacitaciones, planillas para llenar e inspecciones. Todo con de carácter de “urgencia”.
López recuerda que, en una de las tantas visitas, recibió una observación luego de que uno de los niños no alcanzó al ir al baño y suspendió la actividad: “Claro que tuve que suspender la actividad, como voy a seguir con la clase cuando uno de los niños tiene popó, pero eso no les importa. Y en los resultados del jardín queda escrito: ‘la madre comunitaria no estaba cumpliendo con la pedagogía’”.
