Gustavo Petro prometió transformar Bogotá así como ahora promete transformar a Colombia. Pero como alcalde demostró que le cuesta aterrizar sus ambiciosas promesas a ejecuciones concretas: no logró crear un operador público para Transmilenio , poner a rodar tranvías por la 68 o la séptima , redensificar significativamente el centro ampliado de la ciudad ni dejar firmado el contrato del metro subtérraneo.
Pero quizás el proyecto insigne de su administración fue el cambio de modelo de las basuras. Una decisión que tomó y puso en marcha en menos de un año y que como ninguna otra, mostró el nivel de su ambición y al tiempo, sus problemas gerenciales e improvisación en la forma cómo la llevó a cabo. Fue un proyecto que, sobre todo, generó un desgaste institucional y emocional en la ciudad a cambio de ninguna transformación estructural.
La Silla revisó la documentación del modelo de basuras, los fallos de los entes de control, habló con funcionarios de la administración petrista y de la siguiente que estuvieron involucrados en este episodio y también recuperó el seguimiento que le hizo La Silla Vacía en su momento para reconstruir esta historia.
Con ella, cerramos la serie de los lunares de los candidatos presidenciales.
Un cambio ligado a su visión
Cuando Petro llegó a la Alcaldía de Bogotá, las rutas de recolección de las basuras no eran un problema de la ciudad. Sin embargo, él la volvió su caballito de batalla. Se jugó el todo por el todo por desprivatizarla, acabar los contratos de los operadores —algunos cercanos a Álvaro Uribe como William Vélez, a quien Petro tildaba de mafioso— e integrar en el negocio a los recicladores, a quienes la Corte Constitucional había ordenado meter en el esquema de recolección de basuras. En ese momento, Petro no mencionó como una de sus motivaciones el cambio climático, pero en retrospectiva sí lo ha ligado a su visión ambiental.
“Los residuos que se entierran producen gas metano, un elemento 23 veces más poderoso que el CO2 a la hora de calentar el planeta —es como lo recuerda en su libro— Teníamos que desprivatizar el servicio, porque éramos conscientes de que solo así un mayor porcentaje de residuos podía ser reciclado….Pasará a la historia que el enfrentamiento más agudo con el Establecimiento se dio por nuestras políticas de mitigación del cambio climático”.
En su Plan de Desarrollo, Petro inscribió el cambio del modelo de basuras dentro de su visión de “fortalecer lo público como principio del Estado social de Derecho”, ya que su objetivo era que el Distrito entrara en el esquema de la recolección de basuras para quitarles espacio a los privados que tenían las concesiones.
Cambiar de un día para otro el modelo para que el Distrito manejara el negocio de aseo violaba la libre competencia. Así se lo advirtieron en público y en privado la Contraloría, la Procuraduría, la Comisión de Regulación de Aseo, la de Superservicios y los prestadores del servicio.
Petro ignoró estas advertencias. No fue la primera vez ni la última en que optó por desatenderlas durante su administración.
También lo hizo, por ejemplo, cuando decidió entregar a dedo el contrato de la máquina tapahuecos a Green Patcher Colombia. El Tiempo reveló en su momento los audios de funcionarios de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial advirtiendo que la decisión era “kamikaze” porque esa empresa no tenía músculo financiero y estaba recién creada.
Aún así, siguió adelante en pos de su visión.
En el mismo episodio de las basuras, cuando decidió licitar la compra de los carros recolectores, uno de los oferentes advirtió al Acueducto, en medio de la licitación, que una propuesta no cumplía con todos los requisitos.
La respuesta del Acueducto fue reconocer públicamente que ninguno los cumplía y que quienes ganaran debían firmar cartas de compromiso para adecuar sus carros a las especificaciones de la licitación, es decir, cumplir los requisitos después. En ese caso, como en muchos otros, el voluntarismo visionario de Petro se impuso.
La improvisación en la implementación
Cuando Petro llegó a la Alcaldía heredó de la administración de Samuel Moreno la recolección de basuras con contratos de concesión que habían sido prorrogados porque la Corte Constitucional le había tumbado a su administración una licitación, debido a que no había acatado su orden de incluir a los recicladores en el negocio.
A Petro le cogió el tiempo para armar una nueva licitación, porque no estaban listas las normas para incluir a la población recicladora, y tuvo que prorrogar esa concesión dos veces más: una en marzo de 2012, por seis meses., que era necesaria para que alcanzara a armar una licitación. Y otra el 18 de septiembre, por tres meses más, a pesar de que había tenido tiempo para hacer la licitación.
Según le aseguraron a La Silla en su momento funcionarios de la Alcaldía, comenzaron a contemplar no solo un modelo que fuera 100 por ciento público sino que también estaba sobre la mesa la posibilidad de que la operación fuera compartida entre privados y públicos.
Sin embargo, y sin darles previo aviso a los operadores ni conciliar la decisión con el Concejo de la ciudad ni con otras autoridades de Bogotá, a inicios de septiembre la Alcaldía anunció que crearía una empresa pública para que se encargara del aseo de la ciudad.
El primer desafío es que no existía ninguna empresa distrital con experiencia en aseo, dado que la recolección de basuras estaba en manos de privados desde 1988, cuando Andrés Pastrana liquidó la Edis.
Entre octubre y diciembre, la Alcaldía dio pasos para que una empresa del Distrito entrara al negocio: el 11 de octubre la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, Uaesp, encargada de administrar el servicio de aseo, firmó un convenio con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá para delegarle la prestación del servicio.
El Acueducto no tenía experiencia en aseo y dos meses después firmó un convenio con Aguas de Bogotá, filial suya que tampoco tenía experiencia en basuras, para que asumiera la prestación de ese servicio.
En paralelo, el Acueducto abrió una licitación para comprar vehículos compactadores para recoger basuras.
Cuando llegó diciembre, y con todos los reflectores encima, internamente la Alcaldía reconoció que no tenía capacidad de recoger basuras en toda la ciudad. Entonces, la administración de Petro se vio obligada a redoblar esfuerzos para negociar con los privados que operaran algunos sectores de la ciudad.
Los privados —que llevaban meses de ser tildados por el Alcalde de mafiosos— se resistieron.
En medio de la tensión de esas negociaciones, el 10 de diciembre Petro creó por decreto un esquema transitorio para el servicio, que daba ventajas al operador público sobre los privados. Ya era claro que el Distrito no podía asumir todo.
Tres días después, el Acueducto entregó el contrato para la compra de 278 vehículos para operar el aseo en toda la ciudad. Le costaron $78 mil millones de pesos, tras una licitación que ganaron Daewoo KMA (199 vehículos) y Navitrans (79 vehículos). Luego, le cedió los carros a Aguas de Bogotá.
Ninguno de los oferentes cumplía todos los requisitos, según reconoció el mismo Acueducto. Pero tenía urgencia de tener los carros lo antes posible.
Como era obvio, los camiones de recolección de basuras no podían llegar en semanas, y el 14 de diciembre Petro tuvo que declarar la alerta amarilla en el manejo del aseo por cuatro meses, para autorizar que en ese tiempo y mientras llegaban los camiones, se usaran volquetas para mover residuos.
Con esas volquetas, muchas descubiertas, la ciudad vivió una emergencia sanitaria sin precedentes el 18, 19 y 20 de diciembre porque el Distrito fue incapaz de recoger la basura en toda la ciudad.
El 18 de diciembre, el primer día la emergencia, los privados ya tenían el sartén por el mango en la negociación y el Distrito inició la firma de contratos con ellos para delegarles parte del negocio, como operadores y no concesionarios. Todos los contratos quedaron listos el 22 de diciembre.
En esos contratos de operación, el Distrito cambió la fórmula de remuneración de los privados. En vez de recibir un porcentaje de lo recaudado vía tarifa, les dio una tarifa fija por operar zonas. Eso, en todo caso, como contó La Silla en su momento, no representó una disminución grande para los privados. Pasaron de ganar 113 mil millones a 106 mil millones de pesos
Así, el Distrito solo inició operando el 18% por ciento de la ciudad.
Petro dijo que el reguero de basuras del 18, 19 y 20 de diciembre fue resultado de un saboteo de los privados, y que su prueba era que en días previos llevaron menos basura al relleno Doña Juana que la misma semana del año anterior.
La explicación de los operadores es que no se podían comparar las fechas porque la semana de 2011 incluía cinco días hábiles de prestación del servicio, mientras que en 2012 solo fueron cuatro días hábiles. Además, que como les restringieron la entrada al relleno Doña Juana tuvieron que suspender el servicio horas antes de lo previsto para alcanzar a disponer las basuras. La Silla reveló en su momento que les enviaron un correo electrónico a los operadores diciéndoles que después de las 11:59 de la noche no podrían entrar.
De todas maneras, Aguas de Bogotá empezó a operar, sin tener todos los equipos que necesitaba para toda la ciudad; con saboteo o sin saboteo, el Distrito no tenía cómo dar abasto.
El alquiler de equipos mientras llegaban los camiones nuevos se extendió por varios meses (por lo menos hasta mediados de 2013) .
Para finales de ese año, Aguas de Bogotá ya controlaba el 63,15 por ciento del mercado. Sin embargo, nunca tuvo capacidad de operar el 100 por ciento de la ciudad como inicialmente quería Petro.
Al final Aguas se quedó operando solo una parte de la ciudad para la que necesitaba 162 vehículos. Le quedaban sobrando 116 vehículos de los 278 que había comprado en diciembre, cuando planeaba controlar todo el negocio.
Daewoo, el mayor proveedor de camiones, sólo tenía un comercializador de repuestos autorizado en Colombia. Así, cada vez que se necesitaba el reemplazo de alguna parte, un vehículo podía durar meses parqueado. La solución de la administración petrista fue poner a circular los camiones que compraron de más. Eso desgastó toda la flota.
Además, Daewoo incumplió con sus obligaciones y 39 de los vehículos nunca funcionaron. Por eso este año —casi una década después— fue condenado a pagar una multa por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca..
Petro nunca hizo la licitación a pesar de que su esquema era temporal.
El desenlace
El 8 de diciembre de 2013 Alejandro Ordóñez, quien era el procurador General, destituyó a Petro. En respuesta promovió acciones jurídicas como una tutelatón, y en el balcón del Palacio de Liévano dio discursos durante varios meses a sus seguidores diciendo que la decisión era política.
La estrategia jurídica incluyó pedir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Cidh, que suspendiera la destitución. En abril de 2014, ese órgano decretó medidas cautelares, por lo que finalmente en abril, Petro volvió a la Alcaldía.
En 2014, la Superintendencia de Industria y Comercio concluyó que el modelo transitorio de Petro había violado la libre competencia (como se lo advirtieron varias entidades) y por eso condenó al Acueducto a pagar 61.600 millones de pesos, a la Uaesp a pagar 17.864 millones de pesos y a Aguas de Bogotá a pagar 1.330 millones de pesos. Petro, por su parte, fue sancionado con 410 millones de pesos..
Petro y sus funcionarios optaron por demandar la nulidad de esa decisión lo que suspendió las órdenes de pago. Sin embargo, con ese proceso en curso, el Distrito, ya en la administración de Enrique Peñalosa, sí pagó la multa del Acueducto y de la Uaesp y desembolsó al rededor de 78 mil millones de pesos de impuestos de los bogotanos.
Los funcionarios de Petro encargados del esquema insisten en que no violaba la libre competencia basura porque era temporal, mientras el Distrito armaba una licitación para adjudicar zonas de recolección a privados o, si era viable, asumía directamente la operación. Petro, por su parte, ha dicho que Peñalosa podría haber solicitado la nulidad de la decisión y optó por no hacerlo, para perjudicar políticamente.
En 2017, la Contraloría Distrital, por su parte, determinó que Petro compró más carros de los que necesitaba, porque nunca asumió el 100 por ciento del servicio. Por ello lo hizo responsable fiscal de la pérdida de 33 mil millones de pesos. Además, le está cobrando lo que pagó el Distrito por la multa de la Superintendencia.
Los fallos contra Petro por estos hechos están suspendidos mientras se resuelven la acciones que ha interpuesto ante la justicia alegando que le violaron el debido proceso.
En el caso de la multa, argumenta que la decisión de la Contraloría de abrir un proceso de responsabilidad fiscal por ese pago es ilegal.
En 2017, el Consejo de Estado tumbó la destitución de la Procuraduría porque se comprobó que no tuvo en cuenta sus argumentos de defensa.
En 2020 la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ordenó a Colombia revisar sus leyes pues organismos administrativos como la Procuraduría o la Contraloría no pueden tumbar personas elegidas por voto popular, pues al hacerlo desconocen la voluntad de la gente.
Como sucedió en otros episodios de su administración, varios funcionarios encargados de esta iniciativa terminaron empapelados por diferentes entes de control. Entre otros, dos gerentes de la Empresa de Acueducto Diego Bravo y Alberto Merlano. Aunque están a la espera de que haya decisiones de fondo, porque también tienen suspendidas las acciones.
En 2017, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca reversó la decisión de Petro de ampliar el objeto del Acueducto para que se encargara de la operación de las basuras por considerar que el Concejo de Bogotá era el encargado de tomar la decisión.
Ante eso, el Acueducto —ya bajo la administración de Enrique Peñalosa— decidió salir de los camiones. Un peritazgo arrojó que 145 eran no reparables y debían venderse como chatarra o desintegrarse, y 130 sí eran aptos para subastarse . Los subastó y recuperó alrededor de 5 mil millones.
Los camiones funcionaron solo cinco años, cuando la norma establece que deberían operar durante al menos 6 si trabajaban a un solo turno, y 12 si trabajan dos. La flota anterior había servido durante 13 años, según ha dicho el mismo Petro.
Es decir, además de que la administración de Petro compró el doble de carros, duraron menos tiempo del mínimo estandarizado por la Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Básico.
En 2018, Peñalosa licitó áreas de recolección de basuras. Aguas de Bogotá no se presentó porque, como contó La Silla entonces, ninguna aseguradora quiso venderle la póliza de seriedad. Así, la recolección de basuras regresó completamente a los operadores privados.
Los costos
Después de todo el desgaste que tuvo la ciudad, el esquema de recolección de basuras volvió al modelo que existía antes de la alcaldía de izquierda. Así como se regresó al mismo modelo de reparcheo de calles y a las motos policiales a punta de gasolina.
Preguntado por este episodio, el ahora candidato Petro siente que no se equivocó. Le dijo a La Silla Vacía que logró reducir la tarifa entre el 8 y el 11 por ciento y que gracias a su modelo se emplearon “14 mil pequeños operadores privados”.
Lo de la tarifa es cierto. Lo de los recicladores menos, pues su inclusión fue el resultado de un fallo previo de la Corte Constitucional que exigía cambiar el modelo de recolección.
Petro también aseguró que el “operador distrital de aseo tuvo utilidades”, aunque ese era el resultado mismo de entrar al negocio, dado que las tarifas ya incluyen las utilidades del operador, sea público o privado. Además, aseguró que el modelo sirvió para “financiar un fondo para la renovación de la flota”, pero el fondo para recuperar el dinero invertido en equipos está contemplado por la norma antes de que él fuera Alcalde.
Quizás el efecto más transformador de todo este episodio es que Gustavo Petro, que dejó la Alcaldía con una favorabilidad del 35 por ciento, fue convertido en un héroe popular gracias a la arbitraria destitución del Procurador.
Era un desenlace que el mismo Petro anticipó.
Según le contó una exfuncionaria de alto nivel de Petro a La Silla Vacía, el día que salió la sanción de la Superintendencia de Servicios por el cambio del modelo de basuras, Petro convocó un consejo de gobierno en el Acueducto, que se había tomado el sindicato.
Durante la reunión, que se extendió hasta la madrugada, Petro —según l a fuente que estaba allí— dijo que con lo que estaba pasando podían pasar dos cosas: “nos tumban y nos vamos, o termino siendo el Presidente del país.” Luego, para sorpresa de varios, agregó: “yo quiero que vayan pensando quién se va ir conmigo. Pero eso sí les advierto, no nos vamos a ir a las armas.”
Esta historia hace parte de la serie los “trapitos sucios” de los candidatos presidenciales. Aquí puede leer las otras entregas:
– Sí hay pruebas de que Rodolfo Hernández participó en un entramado de corrupción.
– La Oficina de Envigado afirmó que le ayudó a Federico Gutiérrez en su logro más viral de seguridad.
– Las seis cosas que Fajardo pudo hacer con Hidroituango y no hizo.
Contexto
