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Es mas fácil dejarse matar que hacer funcionar la ruta

La mayor barrera de acceso a la justicia es el desconocimiento de las medidas que establece la ley y la negligencia de las personas encargadas de proteger a las víctimas, con eso es con lo que se encuentra una mujer cuando va a denunciar. 

Patricia Franco
Patricia Franco
Docente Universidad de la Amazonía
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03 de Marzo de 2018

A pocos días de conmemorar otro 8 de marzo y después de 24 horas de asistencia a una mujer en grave riesgo de feminicidio, usando todos los contactos que conozco en las instituciones, tres llamadas a la linea 155 y un derecho de petición, sin conseguir una orden de desalojo de la vivienda y alejamiento para el agresor, un militar activo, concluyo que la mayor barrera de acceso a la justicia y la principal causa de que se mantengan las altas cifras de violencia contra las mujeres es la violencia institucional.

La negligencia y el desconocimiento de las medidas de protección por parte de las personas encargadas de proteger a las víctimas, es, mi opinión, la verdadera causa de los subregistros, la revictimización, la ausencia de denuncias y la poca efectividad en las medidas establecidas por la ley. La violencia institucional está matando a las mujeres.

¿Por qué no se va? ¿para qué denuncia y al final vuelve con él? ¿piénselo bien porque le puede arruinar la vida a él? Son algunas de las expresiones que a diario naturalizan las violencias y enjuician a las mujeres víctimas. Desconocemos no sólo los mecanismos de coerción, el miedo, la dependencia económica y afectiva que comúnmente caracteriza las relaciones de pareja violentas y dejamos toda la culpa en la víctima. Más grave aún, desconocemos la inoperancia de las rutas de atención a mujeres víctimas de violencia y creemos que si las mujeres no denuncian es un problema de falta de educación.

Pocos sabemos que cuando una mujer se anima a denunciar, debe enfrentar una especie de "paseo de la revictimización". Cuando se acerca a las instituciones encargadas se brindarle protección ante las repetidas agresiones en una relación de pareja o ante hechos de violencia sexual, para no hablar de otras formas de violencia más invisibilizadas, inicia un largo viacrucis que por lo general trae más frustración. La vida de la mujer queda en pausa: largas horas de espera, repetir una y otra vez la misma historia, acumular un sinnúmero de documentos y presentar derechos de petición y quejas que nadie atiende, ocupan la mente y el tiempo de la víctima. 

Personal de seguridad que interroga a la mujer en la entrada de las instituciones, médicos que no denuncian ante indicios de violencia y la envían a casa con una incapacidad, ausencia de mecanismos como albergues o casas refugio, acumulación de trabajo en los despachos de las personas encargadas dar atención, funcionarios de la rama judicial que se niegan a dar trámite a las denuncias o persuaden a la víctima de iniciar los trámites, procesos que se alargan en el tiempo, negativa a dictar medidas de protección, citatorios que la víctima debe entregar al agresor, falta de empatía de los funcionarios, afirmaciones y comentarios que culpabilizan a las mujeres, exigencia de pruebas a las mujeres para ser atendidas. Estas son solo algunas de la larga lista de acciones que obstaculizan el acceso de las mujeres a la justicia y perpetúan las violencias.   

Las personas y organizaciones que nos hemos dedicado a trabajar para eliminar las violencias basadas en género, invertimos tiempo y recursos en fortalecer y acompañar a las mujeres, diseñar estrategias enseñarles las rutas, convencerlas de que son sujetas de derechos, acompañarlas a hacer las denuncias, hacer marchas y plantones cada vez que hay un feminicidio, tocar puertas en las instituciones para ganarnos la sensibilidad de servidores públicos. Muchas veces nuestro trabajo es voluntario, regularmente nos financiamos con solidaridad y cooperación de la sociedad civil. Pero ante la inoperancia del Estado, parece que aramos en el desierto.

Paradójicamente, mientras no se denuncien ante organismos de control las barreras institucionales que tiene el sistema, no habrá sanciones ni correctivos. Sin seguimiento a las denuncias los procesos no avanzan. Nuestro silencio termina siendo cómplice, nuestro activismo estéril y las leyes una herramienta sin aplicabilidad.  

El Estado tiene la obligación de prevenir, sancionar y tomar medidas efectivas para erradicar las violencias contra mujeres y niñas. Esto va más allá de la creación de normas, mientras en las instituciones las personas encargadas de la atención sigan desconociendo las normas y actuando con negligencia, para muchas, como esa mujer a la que hoy un asistente de la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía, se negó a recibirle un derecho de petición de medidas de protección, será más sencillo permanecer junto a su pareja y rezar para que la próxima vez no la mate.