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¿Y el mea culpa?

La tragedia ambiental ocasionada por el pozo Lizama 158, tardará años en resolverse. Pese a los impactos ambientales y sociales, ninguna institución del Estado ni la propia Ecopetrol han asumido su responsabilidad sobre lo sucedido. 

Yessica Prieto Ramos
Yessica Prieto Ramos
Coordinadora de Investigaciones de Crudo Transparente
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11 de Abril de 2018

Ya ha pasado más de un mes del desastre ambiental en La Fortuna, corregimiento de Barrancabermeja, Santander. El hecho, el cual se reporta como controlado por Ecopetrol después de más de 20 días de emergencia, produjo el derrame de 58 mil barriles de crudo, lodo y otros líquidos que contaminaron 49 cuerpos de agua, entre los cuales se encuentran la quebrada Lizama, Caño Muerto y el río Sogamoso; la muerte de 2.460 animales, nueve personas enfermas y 79 reubicadas. Según expertos, los ecosistemas de la región tardarán aproximadamente 20 años en recuperarse.

 

Pese a la gravedad de la situación, nadie ha asumido la responsabilidad. Ni Ecopetrol, ni las agencias encargadas de hacerle seguimiento y control a las actividades del sector petrolero, la Agencia Nacional de Hidrocarburos -ANH, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA; tampoco los ministerios de Minas y Energía, ni de Ambiente, se han pronunciado al respecto; lo que sí se ha hecho es ordenar investigaciones para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables, como si no se supiera en este país lo rápido que avanzan dichos procesos en los entes de control.

 

Desde el 2016 la estatal petrolera sabía que el pozo Lizama 158, abandonado desde 2006, podría presentar fallas mecánicas y de revestimiento; así se lo hizo saber a la ANH, en un informe presentado ese mismo año. Ecopetrol también debía actualizar su plan de contingencia desde el 2016 y no lo ha hecho, como lo confirmó Claudia González, directora de la ANLA. El desastre se podía prevenir y nadie hizo nada para que así fuera. Fallaron las agencias estatales y también la petrolera.

 

Indigna el hecho y deja nuevamente de manifiesto que en el país hacen falta instituciones fuertes capaces de controlar las actividades del sector petrolero. Molesta la actitud de los representantes de la industria que han tildado las declaraciones de los líderes sociales y medios de comunicación de exageradas y de no condenar con la misma dureza las acciones del ELN cuando atentan contra los oleoductos del país. Y preocupa aún más que se señale de doble moralistas a los grupos ambientalistas porque están en contra del modelo extractivo, pero gozan de los artículos derivados del petróleo; como si para defender el medio ambiente tocara volver a la edad de piedra.

 

Acusaciones que demuestran el poco nivel de debate que rodea al sector petrolero y que pone en peligro a los líderes sociales, en un país que ocupa deshonrosamente los primeros lugares en asesinatos de quienes defienden causas ambientales y sociales.

 

No se escapa tampoco la condena a quienes han utilizado la tragedia para ganar réditos políticos y han acusado al fracking de la situación y propagan noticias falsas en redes sociales. Seamos claros, en Colombia no se adelantan todavía actividades de extracción de hidrocarburos por medio de esta técnica; lo que sí hay es una petición de licencia ambiental por medio de la empresa Conocophillips ante la ANLA para desarrollar proyectos de este tipo y Ecopetrol planea un piloto de fracturamiento hidráulico en el Magdalena Medio, zona cercana a La Fortuna.   

 

Hagamos memoria: en octubre de 2010, luego de la explosión de la plataforma Deepwater Horizont de la BP, ubicada en el Golfo de México y la cual ocasionó el peor derrame de crudo de la historia, Tony Hayward, presidente de la compañía, presentó su renuncia por el mal manejo que realizó de la situación.

 

Falta ver si en Colombia alguien asumirá la responsabilidad del desastre de La Fortuna o si nuevamente, aquí no pasó nada.